Bolivia mantiene bajos índices de criminalidad general en la región, pero sigue siendo particularmente violento contra las mujeres: siete de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En ese escenario hostil más de dos mil mujeres se han organizado para actuar. Las promotoras comunitarias operan en 155 de los 342 municipios del país. Ellas trabajan en el rescate de víctimas de violencia ayudándoles a romper ciclos de abuso, denunciar, buscar justicia y reconstruir sus vidas. Conocen todo ese trayecto porque lo vivieron en carne propia.

Edición 170.  Martes, 31 de marzo de 2026

Afuera cae una lluvia torrencial que golpea los ventanales sin piedad y el viento helado intenta ingresar por las rendijas. Adentro, en el tercer piso del edificio del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, nada de eso interrumpirá la primera sesión del 2026 de las promotoras comunitarias de la ciudad de El Alto, Bolivia, un lugar ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Las promotoras comunitarias son mujeres bolivianas que pasaron de ser víctimas de violencia de género a sostener a otras. Se trata de un modelo de acompañamiento entre pares que se formalizó en 2013 con la promulgación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Con esta normativa como sombrilla las promotoras se forman para asistir a mujeres que denuncian violencia.

Las 17 mujeres de este grupo entran al edificio, sacudiéndose el agua, se saludan con abrazos y, una a una se colocan sus chalecos de color violeta. Lo ajustan sobre sus hombros como si fueran capas de superheroínas. Algunas visten polleras y mantas, prendas típicas de las mujeres indígenas y otras pantalones y chompas de lana para combatir el típico frío del altiplano.

Dominga Quispe Quispe, de 46 años, es una de ellas. Esta promotora comunitaria desde hace tres años sabe lo que es el desgaste en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en los pasillos de tribunales judiciales y las duras noches de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. “Hoy empezamos de nuevo, hermanas. Ni la lluvia ni el frío de El Alto nos paran”, dice con una sonrisa que es a la vez desafío y ternura.

La promotora Dominga Quispe en entrevista. El Alto, Bolivia. Foto: Gustavo Ticona

Dominga es comerciante, artesana y defensora. “Sufrí violencia psicológica de mi familia después de la muerte de mis papás. Mis hermanos me insultaban, me desconocían todo. Entré aquí pensando que no tenía nada que ver con la violencia física… hasta que entendí que la psicológica duele igual y no sana fácil”, cuenta mientras se acomoda en una de las sillas de plástico antes del inicio de la reunión.

Dominga es madre de una niña de 12 años y un varón de 15. Ella asegura que en su casa rompen el machismo y reparten las tareas del hogar sin distinción de género. Reconoce que es un trabajo paulatino. Ella recuerda que un día, al salir de casa para una capacitación como promotora comunitaria, olvidó su chaleco violeta —el distintivo del grupo— y su hija la llamó desde la puerta para decírselo.

—Mamá, te olvidaste tu capa.

—Sí, hija, voy a luchar contra la violencia, le respondió y se puso su chaleco.

Al rescate de víctimas de violencia

Las promotoras comunitarias empezaron, sin saberlo, en la década de 1980, cuando dieron rienda suelta a los primeros hilos de una red de mujeres que se ayudaban entre sí. Los grupos de apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG), como el Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”, fueron el germen. En un círculo de mujeres compartían sus dolores y al escuchar que otras habían roto el ciclo, encontraban la fuerza para intentarlo ellas también.

Mónica Gutiérrez, directora ejecutiva de Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”, explica que las promotoras comunitarias son parte del ADN de esta institución que es punto focal para la defensa de derechos de las mujeres. 

“Ellas son lideresas porque fortalecen el tejido social mediante orientación, acompañamiento. Son el punto clave de relacionamiento con instancias municipales y de salud para erradicar la violencia basada en género”, explica.

Un grupo de promotoras comunitarias en la primera sesión de capacitaciones del año. El Alto, Bolivia. Gustavo Ticona

El origen del cambio

Jenny Luz Portugal Dura es la responsable del Área de Psicología Forense de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de la Policía en Bolivia. Para ella los orígenes de las promotoras son claros: “Surgieron de los grupos de ayuda impulsados por las ONG. Esa red de apoyo es el soporte esencial para romper el ciclo (de violencia)”.

Portugal estuvo en esos inicios, no formaba parte de la Policía, trabajaba como psicóloga. “El acompañamiento entre mujeres es fundamental porque quien ha vivido la violencia comprende el miedo, la discriminación y el rechazo que enfrentan las víctimas”, resalta.

La Ley 348 reconoció formalmente su rol en su artículo 29: “las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación”.

Hoy son más de dos mil promotoras certificadas en 155 de los 342 municipios del país. El 90% de ellas han enfrentado situaciones de violencia. Ellas trabajan sin sueldo fijo, cubriendo pasajes, llamadas y tiempo dinero propio.  Las promotoras que trabajan en El Alto pertenecen al 80% de mujeres que son parte del trabajo informal; no cuentan con salarios ni beneficios laborales. Esta es una ciudad con alta presencia indígena aymara.

En zonas rurales, las promotoras comunitarias han logrado abrirse espacio en la lucha contra la violencia. Forman parte de la Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK), integrada por mujeres del altiplano. Este grupo, formado por 25 integrantes, se ha especializado en el acompañamiento del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de otras mujeres.

Tras el fallecimiento de la presidenta de la OMAK, la organización atraviesa un proceso de reestructuración. Antes de esta etapa, las promotoras recorrieron distintos municipios rurales con un megáfono, llevando información sobre la Ley 348 y sobre cómo denunciar casos de violencia machista.

Vista panorámica de una feria de comercio en la ciudad de El Alto, Bolivia. Foto: Alcaldía El Alto

Según datos del Ministerio Público y el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer en 2025, Bolivia registró 81 feminicidios y46.213 denuncias por delitos enmarcados en la Ley 348. El país reconoce 16 tipos de violencia. En promedio 126 mujeres cada día son víctimas de alguna de estas categorías, según datos del año pasado.La violencia familiar es el delito más frecuente con cerca del 70% seguida de los delitos sexuales. El subregistro persiste: siete de cada 10 bolivianas han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, pero muchas callan por miedo, dependencia económica o desesperanza en la justicia.

Dominga y sus compañeras son el primer eslabón de acompañamiento cuando el Estado llega tarde o aparece con un servicio deficiente y revictimizante. En ese momento, las promotoras comunitarias inician su acompañamiento, gracias a que las mujeres las contactan por recomendaciones de otras víctimas o por medio de ONG.

La ruta de atención en temas de violencia inicia con la atención médica en cualquier centro de salud. A este punto las víctimas llegan con acompañamiento de las promotoras. El segundo escenario es el de la FELCV. Existen 117 oficinas de esta entidad en el país lo que implica que muchas zonas no cuentan con una. También se puede acudir a los Servicios Legales Integrales Municipales que dependen de las alcaldías, se trata de 183 oficinas a nivel nacional.

La peregrinación por esas oficinas para las víctimas puede ser un vía crucis Es allí donde las promotoras comunitarias apoyan porque ya han realizado esas denuncias hasta llegar a las instancias judiciales. El poco personal y la falta de presupuesto obstaculizan la ruta, pero es donde víctima y promotora están juntas.

Rebeca Aguilar Pilaze, de 27 años, trabajadora social y promotora en prevención de violencia, recuerda el caso que más la marcó. Una adolescente de 15 años violada por sus hermanos, con la madre al tanto.

“La niña llegó llorando, había intentado suicidarse varias veces. Confió en mí después de semanas de sesiones. Denunciamos, pero la Defensoría no hizo nada. La mamá la cambió de colegio y me amenazó. Hoy no sé dónde está esa niña”.

Rebeca misma fue víctima de violencia institucional y acoso en la universidad pública. Esos fueron los episodios que la impulsaron a formarse como promotora de salud y luego en violencia.

Rebeca Aguilar responde a la entrevista. El Alto, Bolivia. Foto: Gustavo Ticona.

Maruja Caparicona, de 43 años, promotora en el Distrito 5 (zona rural de El Alto), enfrentó violencia psicológica y a la vez su madre, golpeada por familiares por disputas de un terreno. “Luché siete años con mi mamá para que le dieran justicia. La golpearon y le querían quitar su casita. Lo logramos luego de años. Por eso digo a las compañeras cuando las acompaño: no se aguanten, denuncien”.

Muchas veces el solo ahínco por denunciar no es suficiente. Hubo un caso que no olvidaré. Una niña de cuatro años fue violada por su padre. Maruja la llevó personalmente al forense, pero ese día no había atención. “Me traumó, pero también me dio fuerza para seguir”, explica.

Maruja Copiracona porta el chaleco que identifica a las promotoras comunitarias. El Alto, Bolivia. Foto: Gustavo Ticona.

Isabel Atecio Beltrán, con décadas de experiencia en …., vivió en carne propia el riesgo de acompañar. En 2021, mientras ayudaba a una joven a recoger sus cosas, fueron amenazadas por el agresor. “Llamé a mi hijo gritando la dirección para que el tipo supiera que no estábamos solas. Sentí el mismo terror de antes de cuando me pegaban a mí, pero esta vez lo enfrenté, pero por otra mujer”.

Las promotoras comunitarias asisten a víctimas de violencia lo que las pone en situaciones de peligro ya que muchos de los agresores se resisten. No son Batman ni Superman, sino heroínas de la vida real que enfrentan peligros con sus recursos y coraje.

Mónica Bayá, representante de la Comunidad de Derechos Humanos en Bolivia, lo resume con crudeza: “Cuando presentas la denuncia de un robo de partes de tu auto te dicen ¿dónde está el video?, ¿por qué se compró ese equipo de radio para provocar a los ladrones? ¡No! Es el Ministerio Público el que debe cumplir ese trabajo. Pero a las mujeres se las juzga y señala. Todo esto ocurre porque debajo de esos edificios donde se habla de justicia hay un tejido antiguo y fuerte llamado patriarcado”.

Desde la acera gubernamental la directora de Igualdad de Oportunidades, Durby Andrea Blanco, dependiente del Ministerio de la Presidencia, resaltó la importancia de fortalecer el rol de las promotoras comunitarias. “Lo que se está trabajando en muchas ciudades, por ejemplo, son las alianzas con las instituciones locales”.

La autoridad reconoció las deudas estatales con las promotoras y resaltó la necesidad de “abrir un espacio laboral para que todas las mujeres que están brindando el servicio puedan ser reconocidas de alguna manera”.

La importancia el acompañamiento

Todas coinciden en las barreras que enfrentan. La burocracia judicial demora años, los policías preguntan “¿lo pensaste bien?, ¿quieres denunciar?”; faltan recursos para pasajes y abogados, y también se da la violencia vicaria: amenazas a las promotoras o a sus hijos. “Hay justicia para quien tiene plata. El agresor sale libre y la víctima se esconde”, dice Rebeca.

Marité Guisbert, presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias, agrega: “Ser promotora no nos blinda contra la violencia. Seguimos expuestas porque los agresores amenazan, insultan, empujan. Para mí eso es violencia vicaria porque quieren hacernos daño por defender. Sabemos de compañeras en el área rural donde quieren expulsarlas de sus comunidades porque ayudan a otras mujeres. El sistema judicial también te expulsa porque pone todas las trabas para que una denuncia no termine en sentencia”.

Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, refuerza el diagnóstico colectivo: “La ley explica todo biencito, pero mucha gente no conoce. Nosotras como promotoras tenemos que saber a la perfección porque nos van a preguntar y tenemos que dar respuestas. Estamos para incomodar. A veces quieren que estemos calladas, pero como tenemos los conocimientos y ya perdimos el miedo no nos pueden someter. Nos dicen que queremos romper la familia. Al contrario, la ley no es para eso, es para que en esa familia no haya violencia”.

En esas adversidades Dominga recuerda con orgullo el caso de una mujer; cuenta que al inicio ella decía “no puedo vivir sin él, aunque me pegue”, pero después de meses de acompañamiento, talleres y apoyo psicológico, volvió empoderada: “Ahora tiene otra actitud, ya no depende emocionalmente. Hasta su hijo dejó de replicar la violencia”. “Eso te llena el alma. El agradecimiento de una mujer que sale del círculo es la moneda más valiosa”, dice Dominga.

Maruja ha visto mujeres que, tras denunciar, logran asistencia familiar en dos o tres meses. Rebeca gestionó sillas de ruedas y ayuda humanitaria para familias en hacinamiento. Isabel sigue formando nuevas promotoras. “De granito en granito vamos cambiando vidas”, repite Dominga.

Así junto a sus compañeras inauguran las actividades de acompañamiento a mujeres que sufrieron violencia. Las capacitaciones pueden durar desde seis meses a dos años y se aplican con protocolos en diferentes niveles.

Mientras la lluvia sigue cayendo sobre El Alto ellas continúan tejiendo estrategias de lucha, de contingencia e ideando formas para continuar aun sin presupuesto ni tan siquiera una oficina propia, pero con valentía y cambio de chip: de víctimas a defensoras.

Este texto es una versión adaptada y editada por La Brava de un reportaje publicado originalmente en Alharaca.