El acoso digital no siempre termina en la pantalla. En muchos casos, se extiende fuera de ella y condiciona lo que las periodistas y presentadoras pueden —o no— contar. Aunque la violencia digital afecta a hombres y mujeres, en el caso de ellas adopta formas misóginas, sexuales y personales que buscan desacreditarlas más allá de su trabajo y empujarlas fuera del espacio público.
Edición 172. Miércoles, 22 de abril de 2026
Gabriela tiene 27 años, es periodista de un medio digital en tierras bajas de Bolivia. Tiene una voz firme, acostumbrada a la cámara y a reportear en la calle. Su trabajo la mantiene frente al micrófono y en constante movimiento, en una profesión donde la exposición es parte de la rutina. Allí comenzaron los ataques, como un murmullo en las transmisiones en vivo.
“Chola de…”, “puta”, “revolcada”, eran algunos de los insultos misóginos y racistas que le llegaban , mientras leía noticias o salía a reportear. Además, los mensajes hacían alusiones a que habría conseguido su trabajo por una relación sentimental o sexual con alguien de poder. Al principio, Gabriela —nombre cambiado— intentó ignorarlos, como quien deja pasar un ruido lejano.
Pero el murmullo se volvió martilleo. Primero fueron memes en Facebook e Instagram; luego, mensajes en TikTok y WhatsApp. Restringió sus cuentas, pero no bastó: el acoso encontró nuevas grietas. Los mensajes se volvieron más íntimos y violentos: hablaron de su cuerpo, su vida privada y su hijo. El golpe final llegó cuando una de sus cuentas fue hackeada.
Durante tres meses guardó cada rastro mientras el desgaste crecía. Dos días después de denunciar ante su gremio, que le pidió pruebas, fue asaltada en la calle y le robaron el celular: allí estaban las capturas y los rastros del hostigamiento. Todo desapareció en segundos, como si el martilleo borrara su huella.
Sin pruebas, el miedo cambió de forma: ya no era solo por el ataque, sino por la duda de no ser creída. El acoso continuó por seis meses con mensajes desde cuentas anónimas a cualquier hora del día, como un eco que no se apaga.
Con el tiempo, la violencia salió de la pantalla. Llegó a su casa una carta anónima con advertencias sobre su hijo. En las coberturas aparecieron miradas y presiones. Después vinieron amenazas desde sectores policiales. La violencia dejó de ser virtual: tuvo cuerpo y cercanía.
“Ya no es digital. Ahora es físico”, resume. También empezó a ser apartada de las coberturas que antes realizaba. La recomendación de sus superiores fue directa: no investigar, no incomodar, no exponerse.
Como en este caso, los ataques digitales contra periodistas en Bolivia se perpetúan y se desarrollan de forma sistemática. Aunque afectan a hombres y mujeres, en el caso de ellas incorporan insultos misóginos, violencia sexual y alusiones a su vida privada que buscan desacreditarlas más allá de su trabajo y afectar a su dignidad.
En el caso de la violencia digital, las huellas suelen ser difíciles de borrar de internet. Así ocurrió en situaciones de exposición y violencia en redes vinculadas a agresiones de carácter sexual, como las sufridas por las presentadoras de televisión Paola Belmonte y Anabel Angus.
En el caso de Belmonte, quien sufrió extorsión y la posterior difusión de imágenes sin su consentimiento, más de diez años después continúa enfrentando agresiones a su integridad con comentarios misóginos y desinformación en redes sociales, tras en un proceso penal que por momentos la apartó de la esfera pública.
“La violencia digital es cualquier acto que, mediante tecnologías, afecta la dignidad, la seguridad o la vida privada de una persona —explica la investigadora en violencia digital Cielito Saravia—. Desde una perspectiva feminista, es la continuidad de la violencia de género que ya existía fuera de internet”.
Esa continuidad —advierte— no siempre es evidente. La violencia puede iniciar con comentarios aislados, convertirse en ataques coordinados y derivar en amenazas o exposición de datos personales. Las consecuencias más extremas son lograr apartarlas de la vida pública y la censura.
“Cuando se quiere desacreditar a una mujer periodista, casi siempre se recurre al componente misógino y sexual. “No se la ataca por su trabajo, sino por su condición de mujer”, explica la presidenta del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, Patricia Flores.
“Hay una doble vulnerabilidad –añade la periodista y politóloga Miroslava Fernández–. Las mujeres periodistas son atacadas por su profesión y por su género, en un contexto donde estas agresiones se sostienen en una cultura que normaliza la violencia”.
Flores explica que las agresiones digitales son una forma de «disciplinamiento”, que buscan silenciar, desacreditar y apartar a las mujeres del espacio público.
En Bolivia no existen datos oficiales ni una normativa específica que permita registrar estos casos de violencia digital. La información disponible proviene principalmente de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de periodistas, y presenta limitaciones.
Entre enero y noviembre de 2025, el Observatorio de Derechos Humanos de Unitas documentó 25 vulneraciones al ejercicio periodístico en el ámbito digital. De ese total, seis casos corresponden a mujeres periodistas: tres por ciberacoso y tres por estigmatización.
“Este registro es un subregistro”, advierte el periodista Rodolfo Huallpa, exresponsable del observatorio, debido a que muchos ataques no se denuncian o se asumen como parte del oficio.
Casos que no se denuncian y la angustia silenciosa
La falta de registro limita la respuesta institucional. Sin datos, el problema queda fuera de las políticas públicas. Sin embargo, ahora se impulsan dos proyectos de ley para que el acoso digital y la violación a la intimidad sexual en entornos digitales sean incluidos como delitos en el Código Penal.
Entre tanto, cuando las periodistas se animan a denunciar, suelen recurrir a figuras como la difamación o, cuando hay chantaje —por ejemplo, con la amenaza de difundir imágenes íntimas a cambio de dinero—, la extorsión.
“La mayoría de las colegas no quiere que las denuncias avancen –explica Patricia Flores–. Hay miedo a perder el trabajo, a la estigmatización, a poner en riesgo su integridad y su vida familiar”.
La también especialista en género agrega que a esto se suma la debilidad de los mecanismos de protección.
“Los niveles de indefensión son muy altos. Iniciar una denuncia (penal), implica tiempo, recursos y exposición. Muchas prefieren detener el proceso antes que enfrentarse a un sistema que puede revictimizarlas”, acota.
El impacto, sin embargo, es inmediato y sostenido. “Ocurre en el momento en que lees el mensaje” –dice Cielito Saravia —. El cuerpo reacciona: hay miedo, ansiedad, estrés. No hay una frontera clara entre lo digital y lo físico”.
Las consecuencias pueden incluir ataques de pánico, insomnio, hipervigilancia o abandono de redes sociales. A largo plazo, se registran cuadros de depresión, estrés postraumático y afectaciones laborales. Una de las respuestas más frecuentes es el silencio.
“La autocensura es muy común. Muchas mujeres prefieren dejar de publicar o investigar ciertos temas para proteger su seguridad”, explica Saravia.
Cuando la amenaza se acerca
Esa frontera difusa entre lo digital y lo físico también marcó la experiencia de Laura —nombre cambiado—, presentadora de televisión en La Paz.
El acoso comenzó con una cuenta falsa en TikTok que utilizaba su nombre e imagen para difamarla. Desde ese perfil se difundían versiones sobre su vida personal, incluyendo relaciones inexistentes.
Las consecuencias no tardaron en salir de la pantalla.
“Me empezaron a llamar para preguntarme por qué estaba comentando cosas que nunca había escrito”, recordó en una nota de RTP.
El hostigamiento se extendió durante meses.
Un día, el agresor fue sorprendido tomando fotografías desde la calle, frente al canal donde ella trabaja. Cuando fue increpado por la comunicadora y sus colegas, frente a las cámaras, reconoció haber creado la cuenta falsa y haberla seguido.
Laura contó que el hombre la observaba desde hacía tiempo y que su comportamiento se volvió cada vez más invasivo.
“El impacto ha sido psicológico, para mí y para mi familia. Soy una persona casada, tengo hijos. Ha sido muy difícil soportar esto durante tanto tiempo”, relató, ante cámaras, el mismo día que confrontó a su acosador.
El caso terminó con intervención policial. Pero el efecto emocional permanece.
“No se queda solo en lo digital”, advierte Fernández. “Las amenazas pueden escalar y materializarse en hechos concretos, poniendo en riesgo la integridad física de las periodistas”.
El costo de seguir informando
La periodista de investigación Silvana Vincenti, con más de una década de experiencia y que hace cobertura a temas ambientales, dice que muchas agresiones se han normalizado como “gajes del oficio”.
Durante su trayectoria, relata, ha enfrentado amenazas, difamación, procesos judiciales e intentos de hackeo tras publicar denuncias. La violencia —dice— se intensifica cuando el trabajo incomoda.
“Mientras más estorbás, empiezan las agresiones”, dice la periodista cruceña.
En febrero de 2023, el director de la organización Oré, Leonardo Tamburini, publicó en Facebook una acusación sin pruebas en su contra, afirmando que habría recibido dinero para publicar determinadas noticias. Vincenti le inició un proceso penal.
El caso concluyó en agosto de 2025, que le daba la razón a la periodista y que mandó a que Tamburini realice una retractación pública. Sin embargo, los costos del proceso legal fueron asumidos por la propia periodista.
Las agresiones que sufrió Silvana no se limitaron a lo digital. Tras investigar el caso Kailasa —un Estado ficticio que buscó acuerdos perpetuos sobre las tierras de comunidades indígenas en Bolivia—, personas vinculadas al grupo la esperaron fuera de su oficina y tomaron fotografías.
Antes, había recibido un mensaje de audio con una advertencia: “Niña, te metiste con la nación equivocada. No sabes con quién te has metido”.
Los intentos de hackeo llegaron después, cuando empezó a denunciar a actores del sistema judicial y ambiental. En poco tiempo, registró cuatro intentos de acceso no autorizado a sus cuentas.
Para Vincenti, quien vio amenazada su seguridad personal, la violencia digital forma parte de un ecosistema más amplio de silenciamiento.
“No tiran bombas. Te ponen una soga en el cuello y te dejan sin recursos. Te dejan sin trabajo”, agrega.
La violencia digital y las otras violencias
Los datos refuerzan lo que muestran los testimonios. Según el Sistema de Monitoreo para Protección de Periodistas (SISMOPP), de los casos registrados de enero a octubre de 2025 casi dos tercios de las agresiones responden a patrones de obstrucción, intimidación o violencia directa contra periodistas.
El 80% de los hechos reportados implica un riesgo físico, psicológico o profesional inmediato para los afectados. El 39,2% de los casos presenta un claro componente de género, con agresiones físicas, acoso o violencia sexual focalizados en mujeres periodistas.
La investigadora en comunicación, Karina Herrera, identifica tres características en este tipo de violencia hacia las periodistas: es personalizada, es decir, apunta a nombres y rostros; estructural, porque reproduce desigualdades existentes; y sostenida en el tiempo.
“Las mujeres periodistas enfrentan tipos específicos de agresión que no son comunes para sus homólogos masculinos”, resalta el informe, “incluyendo violencia sexual y acoso digital”.
Este patrón no se explica solo por dinámicas individuales. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, advierte que las vulneraciones al trabajo periodístico tienen múltiples dimensiones y responden a condiciones estructurales.
En un contexto de precarización laboral, la violencia que empieza en redes sociales encuentra menos barreras para escalar fuera de ellas.
A esto se suman las agresiones en contextos de conflictividad política y social. Alanes advierte que, en estos escenarios, la violencia contra periodistas se ha intensificado y, en el caso de las mujeres, incorpora elementos de descalificación por género, amenazas y, en algunos casos, agresiones de carácter sexual.
El último dato disponible sobre quienes ejercen el periodismo en Bolivia da cuenta que 6.032 personas tienen esta actividad como ocupación laboral: 2.261 son mujeres y 3.771 hombres, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012.
Agresiones digitales y la afectación a la libre expresión
El entorno digital amplifica estas dinámicas. “Se ha convertido en un espacio de alto riesgo”, –explica Alanes–. “Las mujeres no solo son atacadas por lo que informan, sino por el hecho de opinar”.
Las consecuencias son visibles. Muchas periodistas optan por restringir su presencia en redes, evitar ciertos temas o, en casos extremos, abandonar espacios de exposición pública.
La respuesta institucional, sin embargo, sigue siendo limitada. Las redacciones no cuentan, en general, con protocolos de protección digital, y las medidas recaen en las propias periodistas.
El impacto no es solo individual. Cada periodista que deja de investigar por miedo es una información que no llega a publicarse.
“Cualquier vulneración a un periodista constituye una vulneración a la libertad de prensa. (…) La libertad de expresión y la libertad de prensa son condiciones esenciales para la democracia”, recuerda Alanes.
Mientras tanto, las especialistas en género y violencia digital coinciden en una urgencia: la seguridad digital no puede seguir siendo una responsabilidad individual. Debe ser una política de los medios y una obligación del Estado.
El acoso digital no termina cuando se apaga la pantalla. Permanece en los comentarios que no desaparecen, en las cuentas falsas que reaparecen, en el miedo que antecede a cada publicación y la angustia de las consecuencias que esta provoca. En algunos casos, cruza esa frontera: sale de las redes y se instala en la calle, en el trabajo y en la vida cotidiana.
Portada: Ilustración Ana Huiza.
*Este texto se realizó con el apoyo del Fondo de Mujeres de Bolivian Apthapi – Jopueti.
