Durante los más de 50 días que duró el conflicto social en el país, integrantes de la población LGBTIQ+ enfrentaron la pérdida de ingresos, dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud, y la interrupción de servicios públicos dirigidos a esta población. Activistas y organizaciones también denuncian retrocesos en derechos y espacios de atención. La Alcaldía de La Paz niega el cierre de la Unidad de Diversidades Sexuales y asegura que se encuentra en “reestructuración”, aunque continúa sin operar completamente.

Edición 177 / Miércoles 29  de julio de 2026 

En el punto más crítico de los bloqueos y las protestas sociales en Bolivia, el estallido de una dinamita detonada por los manifestantes que se enfrentaron al gobierno reventó la puerta de vidrio de la oficina jurídica donde Athena M. S. F., una  mujer trans, funge como  colaboradora. Tras la explosión, cerraron la persiana para evitar más daños, el ingreso de los manifestantes y en cuanto pudieron, evacuaron a los asustados clientes.

En los días siguientes el personal decidió clausurar el local preventivamente por causa de las confrontaciones entre los protestantes y los cuerpos de seguridad en el centro de La Paz, así como por la suspensión de trámites en juzgados y oficinas administrativas.

“No se podía trabajar con normalidad”, dice la también estudiante de derecho y activista trans de 26 años de edad.

Por más de 40 días el despacho se quedó sin actividad, lo que limitó los ingresos económicos. Para paliar la crisis, Athena debió vender ropa que ya no usaba, realizar bordados de trajes china morena  y hacer otros trabajos de los que prefiere no hablar para generar algún ingreso.

“Han sido unos días bastantes pesados, difíciles en especial para mi persona ya que en muchas oportunidades he tenido que, literalmente, realizar actividades que no nos enorgullecen a muchas de nosotras para poderme sostener para poder sobrevivir, para obtener algún tipo de ingreso y generar algo”, comenta a La Brava.

Al igual que el resto de la población, ella se enfrentó al incremento de precios y escasez de los alimentos, combustibles y la imposibilidad de movilizarse, así que no tuvo más remedio que ajustarse a la situación.  

Entre los meses de mayo y junio, el país registró un extendido conflicto, que pedía la renuncia del presidente Rodrigo Paz y frenó la mayoría de las actividades económicas, educativas, sociales y culturales. 

Las autoridades reportaron hasta 94 puntos de bloqueos en las principales carreteras de los departamentos de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Beni. A raíz de las acciones, el transporte quedó paralizado e impidió la movilización de personas, materias primas, productos de primera necesidad y el paso de ambulancias con emergencias. En La Paz, decenas de locales comerciales, dependencias estatales y sectores productivos cerraron o limitaron sus funciones, mientras tanto, los estantes en los supermercados lucían vacíos.

Athena se privó de comer carne, pollo, verduras y recibió una ración de la Defensoría del Pueblo alimentos para sobrellevar la situación de no tener que comer. 

“Si en los días normales las personas trans no tenemos acceso a muchas cosas, no tenemos facilidad como la tendría otra persona, imagínese en estos días que ha afectado no solo a las personas trans, sino a toda la sociedad. A nosotras nos ha afectado el doble”, afirma.

Poblaciones vulnerables y retrocesos

Aunque el conflicto social azotó a todo el país en diferentes niveles, provocando daños a la economía en 2.000 millones de dólares —según estimaciones oficiales—, las repercusiones más duras fueron percibidas por las poblaciones más vulnerables y excluidas.

La desigualdad, la pobreza y el difícil acceso a los alimentos es un tema persistente en el país. El informe “Pobreza en Bolivia” de la Fundación Jubileo estima que de los 12,7 millones de habitantes, casi 6 millones de personas viven en pobreza. Un 12,8% de los bolivianos están en pobreza extrema y no logran cubrir el costo de la canasta básica, provocando inseguridad alimentaria.

Los días de conflictividad solo hicieron mayor énfasis en el fenómeno, dejando al descubierto la realidad a la que se enfrentan miles de ciudadanos cotidianamente.

Dentro del universo de las poblaciones diversas, las personas transgenero o transexuales son el segmento que sobreviven en condiciones de mayor precariedad, generalmente como consecuencia de su identidad de género, puesto que no pueden ocultar su personalidad como ocurre con las personas gais, lesbiana y bisexuales. 

“Al no poder ocultar nuestra identidad somos más discriminadas, somos más rechazadas, eso genera, de cierta forma, una doble, triple, cuádruple discriminación que la que existe en la Población LGBTIQ+”, dice Luna Humérez, presidenta de la Organización de Travestis, transgéneros y transexuales de Bolivia (OTRAF).

En el periodo de tensiones, la Defensoría del Pueblo conoció principalmente “perjuicios” hacia personas trans, quienes ofrecen sus servicios en locales de venta de comida, venta de ropa y arreglo personal. 

Las personas afectadas contaron sobre dificultades para trasladarse hasta sus emprendimientos, complicaciones para abrir o realizar su trabajo, especialmente en horas de la noche por miedo a saqueos o actos de violencia en su contra, la poca afluencia de clientes y dificultades para conseguir insumos como carne para preparar el menú que ofrecen.

Ante las necesidades, la institución entregó 400 raciones de alimentos a grupos vulnerables de La Paz y El Alto —los lugares más impactados—, entre ellas, a mujeres trans, personas con discapacidad, adultos mayores, personas que viven con VIH.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ni organizaciones por la defensa de los derechos de personas diversas tienen un estimado de las afectaciones económicas del sector.

Servicios para la población LGBTIQ+ en vilo 

Otro de los impactos se produjo en el acceso a servicios públicos dirigidos a esta población LGBTIQ+. El 8 de mayo, la Unidad de Diversidades Sexuales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, creada en 2015, dejó de operar. Como consecuencia, la psicóloga Tatiana Shadé Mamani recibió un memorándum de Recursos Humanos para “agradecer los servicios” que prestaba como jefa de esa dependencia.

Desde hace tres años, la unidad brindaba gratuitamente asistencia psicosocio-legal y atendía entre 50 y 60 casos anuales, incluidos casos complejos de ideación suicida, depresión y ansiedad, principalmente a adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, tras el cierre, los usuarios dejaron de recibir estos servicios. 

El documento, visto por La Brava , afirma que el cese de funciones se debe a una “condición de funcionario provisorio y la necesidad de la nueva reestructuración” de parte de la administración del alcalde, César Dockweiler, posesionado a inicios de mayo.

Si bien activistas e integrantes de la población LGBTIQ+ reconocen que en los últimos años Bolivia ha avanzado significativamente en materia de derechos y representatividad, denuncian que actualmente se registran retrocesos debido a la visión de las nuevas autoridades en la función pública.

“Nos damos cuenta que podemos tener todo el avance necesario, todo el avance posible legislativo, normativo, pero cuando no hay voluntad política no hay nada. Ahorita no se está cumpliendo esos proceso”, expresa Mamani, también activista lesbiana de 35 años de edad del colectivo Wiñay Wara DSG.

El lunes 1 de junio, el alcalde Dockweiler pidió disculpas a las poblaciones diversas en un acto público, donde negó el cierre de la unidad; sin embargo, hasta la fecha, la sección seguía sin operar, desamparando a quienes se beneficiaban de la asistencia psicosocio-legal, denunciaron las organizaciones GLBTQ+.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz confirmó a La Brava que la dependencia se encuentra en un proceso temporal de reestructuración administrativa y técnica.

“Esta medida tiene como objetivo optimizar los servicios, adecuar los programas de atención a la población LGBTIQ+ y garantizar una atención más eficiente y coordinada dentro del marco institucional de la nueva gestión”, comenta la Secretaria Municipal de Cuidados y Derechos, Marynés Salazar Gutiérrez.

La funcionaria agrega que, aunque el espacio físico de la unidad ha estado ajustando su dinámica operativa, los canales de atención están habilitados para recibir trámites, solicitudes o denuncias urgentes. 

“La reestructuración no implica el cierre definitivo del área ni la suspensión de las políticas públicas destinadas a la defensa de los derechos de la diversidad sexual, sino un fortalecimiento de sus competencias. Se tiene previsto concluir este proceso técnico a la brevedad posible para retomar la atención presencial con el personal asignado”, declara.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo dice que ha tomado contacto con activistas y defensores de derechos Humanos de la población LGBTIQ+ para conocer su situación y problemáticas que estarían atravesando en los días de conflicto social

“Algunas personas trans han manifestado su dificultad de poder circular y llegar hasta los centros de salud y continuar con sus tratamientos o consultas médicas programadas, por lo que se vieron obligadas/os a reprogramar el servicio o no acudir hasta que se normalice la circulación”, menciona una respuesta de la  Defensoría enviada a  La Brava.

Mientras tanto, la presidenta de OTRAF comenta que enviaron notas al Estado central, a María Urquidi, esposa del presidente Paz, quien maneja gestión social del gobierno para solicitar ayuda a la población trans afectada, pero no han obtenido respuesta.

Previamente, la organización ha hecho peticiones para pedir cupos laborales o bonos extra, sobre todo para población adulta mayor trans a fin de darles una vejez digna.

Precariedad laboral

La crisis de los más de 50 días encontró a la población LGBTIQ+ en un contexto económico ya adverso. A las dificultades estructurales de acceso al empleo y a ingresos suficientes se suman los efectos de la crisis económica que atraviesa Bolivia desde hace al menos dos años, marcada por la escasez de divisas, el incremento de precios y la pérdida del poder adquisitivo. En este escenario, la conflictividad social profundizó las dificultades para quienes ya se encontraban en condiciones de mayor precariedad.

Una aproximación a esta realidad se encuentra en la Primera Encuesta Virtual para Personas con Diversa Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, realizada en 2022 por la Defensoría del Pueblo. Según sus resultados, el 24% de las personas participantes se encontraba inactiva económicamente, el 72% estaba activa y el 4% se encontraba desocupada al momento del levantamiento de la información.

Sin embargo, el informe aclara que la condición de ocupación no es sí misma una ventaja para las poblaciones diversas, ya que pueden estar ocupadas, pero los ingresos no necesariamente pueden ser suficientes para cubrir sus necesidades básicas cotidianas.

Las estadísticas del estudio reflejan que el 59% de las personas encuestadas reporta ingresos por debajo de 2.000 bolivianos al mes, es decir, una cantidad menor al salario mínimo vital de Bs. 2.250, en trabajos que, en su mayoría, se desenvuelven en ventas y servicios, profesionales independientes o en labores construcción y manufacturas.

Es el caso de Alejandro Mamani, un hombre trans de 21 años que pudo resistir la embestida de la crisis por el respaldo económico, laboral y alimentario de su madre.

Mamani se desempeña como mesero en eventos y fiestas, por lo cual percibe entre 100 y 120 bolivianos por día. Con taladro en mano también ofrece instalaciones de televisores, muebles y repisas. En otras ocasiones, sus compañeros de universidad le solicitaron sus servicios de ediciones de video o diseños gráficos, pero todas esas actividades quedaron suspendidas durante el conflicto, así que sus ingresos dejaron de llegar con regularidad y sus ahorros comenzaron a agotarse.

“La economía afecta a todo”, expresa el estudiante de comunicación y activista por los derechos LGBTI+, quien antes de los conflictos llegaba a ganar mensualmente hasta 1.000 bolivianos para cubrir sus necesidades.

De igual forma, Satine Matheson Saez, una mujer trans, cuenta que abría la puerta de su refrigerador y no encontraba nada para alimentarse. De la heladera solo emanaba un aliento frío que le golpeaba el rostro y la enfrentaba a viejos fantasmas de escasez que vivió en su natal Venezuela, de la que escapó en busca de mejores oportunidades.

La decoradora de interiores de 35 años de edad fue despedida temporalmente de su trabajo junto a otros ocho compañeros, debido a que el negocio “se vino a pico” por la falta de proyectos, insumos y la irregularidad en el servicio de transporte. Sus jefes ya no podían desarrollar más actividades ni pagar la nómina de empleados.

“Fue una situación muy fuerte. Me hiere sentimentalmente porque en muchos casos lloré, porque en mi casa no teníamos qué comer, me pasó. Vivir estas circunstancias dos veces, como las viví en mi país, en Venezuela, vivirlas acá fue muy fuerte para mí”, dice la activista, quien llegó hace nueve años a establecerse a Bolivia, después de probar suerte en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

Ante la agudización de las afectaciones contra la población LGBTIQ+ y los retrocesos en la administración pública, los activistas quisieron salir a la calle para defender los espacios ganados, sin embargo, la crítica situación de los bloqueos los hizo replantearse.

“Teníamos reivindicaciones y demandas bien completas que no han podido ser visibilizadas. Nos encontrábamos entre la espada y la pared para mantener nuestra lucha, que en ese momento era lo último que la población en general iba a apoyar. Cuando hay hambre los derechos pasan a otro plano”, comenta Gabriela Blas, educadora y activista del colectivo Wiñay Wara DSG. 

Además, menciona que debieron suspender la marcha de las diversidades en La Paz y en El Alto por el 28 junio Día del Orgullo LGBTIQ+, puesto que realizarla representa un gasto económico para los participantes, y las personas recién comienzan a recuperarse de la crisis.

“No estamos en condiciones de salir a las calles con reivindicaciones. Tampoco estamos en condiciones de celebrar frente a los retrocesos”, expresa Blas, también presidenta del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género de La Paz.

Portada: Athena, estudiante de derecho y  activista trans. Foto: Nelson Rentería / La Brava.