Desde 2020, la minería aurífera ilegal avanza en Caranavi, puerta de la Amazonía y cuna del cotizado café boliviano, con impactos en ríos y preocupación por su expansión hacia zonas productivas y turísticas. De acuerdo con imágenes satelitales, la actividad extractiva se realiza al menos en las orillas de los ríos Coroico y Broncini. Aunque el municipio cuenta con una ley que busca restringir la actividad, aún no la aplica plenamente y el sector minero ha solicitado su anulación.
Edición 182. Jueves 22 de octubre de 2026
El aroma de café envuelve el centro de la capital de Caranavi. Este sale de las distintas cafeterías que hay alrededor de la plaza y que ofrecen café de altura producido en el municipio conocido como la capital cafetalera de Bolivia. Hay oferta para todo gusto y bolsillo. Se puede encontrar en grano o molido; ya preparado: solo o con leche, caliente o frío. Este último es uno de los más solicitados, pues ayuda a hacerle frente a los 25 grados que regularmente se sienten en la llamada puerta de la Amazonía boliviana.
A cinco cuadras de la plaza ya no se siente el aroma, pero el río Coroico tiene algo en común con el café: durante julio y agosto, sus aguas cristalinas se oscurecieron hasta adquirir un tono chocolatoso. Esto ocurrió después de que, en el municipio vecino de Coroico, la minería del oro removiera tierra de la orilla y arrojara sedimentos al río. Pero la minería aurífera no solo afecta a Caranavi desde fuera de sus límites. La actividad también ha avanzado por el municipio y ha penetrado con fuerza en al menos dos de sus cantones, ubicados a orillas del mismo río, además de que ha afectado al otro río de nombre Broncini.
“Los mineros del lado de la provincia Larecaja han empezado a trabajar en el río, no pensábamos que iba a afectar también al cantón Alcoche. Sucesivamente han ido subiendo y han empezado a afectar esas playas que teníamos, donde se producían plátanos. Entonces, paulatinamente han afectado hasta el cantón Santa Fe, a 20 minutos de (la capital de) Caranavi”, explicó el asambleísta departamental Jerónimo Payhuanca.
En una revisión de imágenes satelitales de Caranavi, realizado por La Brava, se identificaron tres zonas donde se evidencia un avance de las huellas de la minería del oro mecanizado, caracterizada por la remoción de la capa vegetal y la alteración del relieve natural. Esa afectación se concentra en los cantones de Santa Fe y Alcoche, a orillas del río Coroico, y, en menor medida, en la ribera del río Broncini.
Por el momento, las actividades mineras se concentran cerca de las orillas de los dos, es decir en la parte baja del municipio; pero hay temor de que se extienda a otros sectores. La principal preocupación de productores y habitantes de Caranavi es que la minería impacte en la producción del café agroecológico y en el turismo, dos actividades que aportan a la economía local.
El avance de la minería aurífera
Así quedó el primer punto entre los ríos Zongo y Coroico, donde comenzó la actividad minera, tras seis años de explotación. Fuente: Imagen satelital de Google Earth, registrada el 12 de agosto de 2026.
Lo que antes era un balneario que ofrecía una piscina en medio de la naturaleza para que turistas y locales se refresquen, ahora luce sin vegetación. En lugar de la alberca hay al menos dos pozas grandes que dejó la minería aurífera, de acuerdo con imágenes satelitales. De su pasado solo queda el nombre: El Encuentro. Ese fue uno de los primeros lugares donde ingresó maquinaria pesada en búsqueda de oro entre 2019 y 2020.
Así llegó la fiebre del oro a Alcoche, a la altura del encuentro de los ríos Zongo y Coroico, y comenzó a diseminarse sobre la ribera de este último, donde se cultivaba plátano y arroz. El avance fue facilitado por los convenios que los empresarios mineros hicieron con los dueños de los lotes y las comunidades, explican las personas entrevistadas para este reportaje.
“Ya lo han destrozado prácticamente Alcoche (…) y lo dejan pues como cráteres, grandes agujeros que no lo tapan. Ellos (los mineros) lo único que quieren es explotar y después irse, explotar nuestro oro que no es renovable (…)”, dice el secretario del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi (GAMC), David Vargas.
La devastación se ve desde lo alto, pues la mancha minera afecta a casi la mayor parte del cantón, donde se aprecian huecos abiertos por maquinaria pesada incluso cerca de las casas y en medio de sembradíos. De acuerdo con las imágenes satelitales históricas, esta actividad se intensificó entre 2024 y 2026, tanto a orillas del río como cerca de las serranías.
Las imágenes muestran que el mayor impacto se concentra en los alrededores del pueblo de Alcoche, en el límite con Teoponte, como se observa en el video anterior. Sin embargo, también se identifican actividades mineras al otro lado, en el límite con Santa Fe.
El recorrido que hizo La Brava por el cantón permitió evidenciar que el impacto de la minería está tanto en la parte urbana como en la colonia de Alcoche, que era uno de los lugares agrícolas y principales de producción de arroz. Además, la minería se ha extendido a ambos lados de la carretera intermunicipal: desde las áreas cercanas al río hasta la parte alta, donde también hay vertientes.
A la altura del río Coroico, el panorama es más complicado, pues éste no solo sufre el embate de la minería en la parte de Alcoche, sino también al frente, en Zongo, distrito del municipio de La Paz con el que colinda. Debido a la actividad minera, el agua se ve turbia y, en lo que antes eran playas del río, ahora hay piedras de distintos tamaños que quedaron al descubierto tras la remoción del suelo.
De a poco, la minería mecanizada avanzó y pasó al cantón vecino de Santa Fe, a 20 minutos del centro de Caranavi.
Tal panorama hace que desde Santa Fe la verde Amazonía comience a desdibujarse. Retroexcavadoras remueven sin pausa la tierra donde antes se cultivaba arroz y plátano, mientras que camiones de alto tonelaje llevan los sedimentos para ser lavados en el río en búsqueda del oro.
En el caso de Santa Fe, las imágenes satelitales permiten identificar al menos cinco lugares donde se ha deforestado, principalmente donde está la comunidad, pero también al otro lado del río Coroico. A diferencia de Alcoche, la explotación minera aún no ha atravesado la carretera hacia el monte.
Otra de las zonas con minería es la que está en la ribera del río Broncini. Debido a la distancia no es visible desde la carretera, pero gracias a las imágenes satelitales, es evidente que su rastro ha cambiado los bordes desde 2020, aunque no en la escala que afecta al río Coroico.
Es probable que esos cambios se deban a que en el lugar operan al menos dos mineras preconstituidas, es decir, anteriores a la promulgación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014. La Central de Cooperativas Mineras Auríferas Caranavi Unificada, afiliada a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), dice que éstas forman parte de su organización y cuentan con autorizaciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Las cooperativas legalmente establecidas aportan alrededor de 400.000 bolivianos anuales a Caranavi, según datos del Concejo. Ese monto es bajo en relación con la cantidad de operaciones auríferas presentes, opinan los concejales.
La Brava intentó durante un mes y medio obtener de la AJAM información sobre la cantidad de actividades mineras registradas legalmente en Caranavi, pero no recibió los datos solicitados, pese al compromiso de respuesta.
De acuerdo con datos de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz —cuyos representantes accedieron al mapa de la AJAM— en Caranavi figuran solo tres actividades mineras registradas legalmente, dos de ellas amparadas en derechos preconstituidos. Sin embargo, no se ha podido establecer con claridad dónde se encuentran esas operaciones auríferas.
En contraste, un informe preliminar elaborado por autoridades legislativas identificó al menos 60 actividades auríferas en el municipio, aunque la cifra aún no ha sido verificada.
“Hay unas 60 ilegales, inclusive ya algunas están acabando de explotar (…) No dan nada aquí, solamente vienen a aprovechar, a explotar”, afirma el concejal Vargas.
La presencia de minería ilegal no se limita a Caranavi. En los Yungas paceños, municipios como Coroico, La Asunta, Irupana y Coripata enfrentan conflictos por actividades mineras que afectan cultivos y generan rechazo entre sectores agrícolas y parte de la población.
En una breve entrevista con La Brava, el asesor general de la AJAM, Gustavo Arteaga, mencionó que hace unos siete años no se firman contratos administrativos mineros, pese a que los trámites fueron remitidos a la Asamblea Legislativa. Según explicó, la falta de aprobación deja sin formalizar operaciones cuyos responsables ya invirtieron en maquinaria, aunque aclaró que ello no justifica trabajar al margen de la ley.
La Asamblea Legislativa frenó en 2024 las aprobaciones de los contratos debido a que, de acuerdo con informes de asambleístas, esos contratos podrían afectar las fuentes de agua, además de que no contaban con un estudio ambiental con enfoque multisectorial.
Arteaga también reconoció las dificultades para controlar la minería ilegal: cuando las autoridades acuden a verificar una denuncia, los operadores suelen dejar en suspenso sus actividades. A esas dificultades, dijo, se suma la falta de recursos para los operativos.
Las limitaciones también alcanzan al Gobierno municipal. El director de Medioambiente, Fernando Salinas, atribuye la falta de inspecciones en Santa Fe y Alcoche a la transición de gestión, los bloqueos registrados en La Paz entre abril y mayo y la escasez de personal. Aunque dice conocer la situación de ambos cantones, añade que la anterior administración no dejó información sobre la actividad minera y que hasta julio la Alcaldía no tenía denuncias oficiales.
Salinas precisó que el municipio no se opone a la minería como actividad económica, sino a las operaciones que funcionan sin controles ambientales.
“La minería tiene que ser una minería legal. Nadie está en contra de la minería, pero (…) cuando es ilegal no tiene ningún control, no tiene ningún compromiso o un documento o una licencia ambiental”, dijo a La Brava.
El director explicó que la Alcaldía tuvo dificultades para acceder a información sobre solicitudes y contratos mineros. La AJAM les habría dicho que deben pagar por esos datos, así que buscan establecer un convenio para obtenerlos.
El oro acecha la producción del café
Miles de frutos de café reposan sobre camas africanas, absorbiendo el sol que ilumina las montañas de Taipiplaya, a una hora del poblado de Caranavi. Allí se encuentra la finca de Marco Cabrera, donde se produce café de especialidad y exportación. Productores como él temen que la minería aurífera que avanza en Santa Fe y Alcoche se extienda aun más.
Hace una década que Cabrera se dedica a la producción de café. En sus dos hectáreas de cultivo, situadas a 1.500 metros sobre el nivel del mar, produce las variedades catuaí, pacamara y castillo, cuyos granos se comercializan en mercados internacionales por sus características de sabor, cuerpo y aroma.
“El cultivo es orgánico, es una producción ecológica que convive y es amigable con el medioambiente. Conserva la biodiversidad; la caza y la pesca son reducidas en el sector”, señaló Cabrera, integrante de la Asociación de Caficultores y Productores de Café (Asocafé).
Según datos oficiales, Caranavi se caracteriza por un bosque húmedo subtropical premontano, una topografía accidentada, montañas que alcanzan los 2.000 metros de altura y una red de ríos, arroyos y vertientes. Esas condiciones naturales favorecen el cultivo del café, una actividad que marca la economía y la identidad del municipio, declarado en 2006 la capital cafetalera de Bolivia.
Entre 2018 y 2023, Caranavi era el principal municipio productor de café con más de 15 mil hectáreas de superficie cultivadas, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Eso permitió que a 2025, La Paz concentrara aproximadamente el 95 % de la producción nacional, se lee en los datos de la Cámara de Exportadores (CAMEX).
El peso del café paceño también se refleja en el comercio exterior. Entre 2023 y 2025, La Paz concentró el 99,61 % del valor de las exportaciones bolivianas de café registradas a nivel departamental, según CAMEX.
Bolivia comercializa café verde y tostado en 28 países. Entre los principales destinos del café verde figuran Estados Unidos, Chile, Francia y Australia, según CAMEX. Así, el cultivo conecta a las zonas productoras con mercados internacionales y sostiene una actividad económica que va más allá de las fincas.
Alrededor de 17.000 familias dependen actualmente del cultivo en el municipio, estima Asocafé. Su importancia alcanza a la ciudad de La Paz, donde el producto de Caranavi se sirve en cafeterías de especialidad.
El valor económico y cultural del café tiene en frente el avance de la minería aurífera ilegal mecanizada, cuya presencia bajo esta modalidad no se había observado antes de 2020.
Por ahora, las operaciones mineras se concentran en las orillas de los ríos, pero los caficultores temen que se extiendan hacia las serranías donde se encuentran sus cultivos.
Según especialistas en la temática, el riesgo no depende únicamente de la distancia entre las explotaciones mineras y los cafetales. También es necesario conocer de dónde proviene el agua que abastece a las zonas productoras y si existe una conexión entre esas fuentes y las áreas intervenidas por la minería.
Ángel Mujica, gerente en Bolivia de la certificadora Bio Latina, advierte que la contaminación del agua es uno de los principales riesgos que la minería aurífera puede representar para la producción agrícola. Aunque la entidad no ha evidenciado el problema en las zonas cafetaleras que supervisa en Caranavi, considera importante conocer el origen de las fuentes de agua, incluso cuando se trata de manantiales.
Los productores y comunarios están conscientes de los riesgos y por eso se organizaron. En el cantón Taypiplaya, la segunda semana de octubre de 2026 se expulsó a personas foráneas que buscaban oro en el río homónimo. Aunque las operaciones no tenían la escala ni el grado de mecanización de las que se realizan en Alcoche, los pobladores rechazaron su presencia.
Advirtieron también que decomisarán la maquinaria que ingrese para realizar actividades mineras y se declararon en estado de emergencia, según relató un dirigente a La Brava, quien prefirió mantener el nombre en reserva por seguridad.
El estado de alerta se debe a que conocieron que la cooperativa Rincón del Tigre, afiliada a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz R.L. (Fecoman), tiene la intención de ingresar a la zona y que ya habría iniciado su trámite en la AJAM.
“No estamos permitiendo que ingresen los mineros. Han intentado; recién están aplanando sus terrenos para asentarse, pero no estamos permitiendo que entren”, dijo la fuente.
Según relató, temen que la actividad minera contamine los afluentes, como ocurrió hace algunos años, cuando recibieron aguas turbias y con grasa provenientes del municipio de Coripata.
Un destino turístico bajo presión
Una cascada de aguas cristalinas cae desde las alturas en medio de la vegetación. Es el Rincón del Tigre, un atractivo turístico ubicado en un área municipal protegida en Taipiplaya. A cuatro horas de La Paz, Caranavi busca consolidarse como destino turístico gracias a sus ríos, cascadas y paisajes naturales.
En los últimos cinco años, el turismo, atraído por el paisaje natural, ha ganado importancia como fuente de ingresos para el municipio, que solo en 2023 recibió a 256.608 visitantes, según datos de la Alcaldía. Y, en 2024, el 37 % de los turistas eligió el destino Rincón del Tigre, dice la Unidad municipal de Turismo.
“La demanda estaba orientada principalmente hacia naturaleza, cascadas, aventura, café y experiencias vinculadas con la cultura local”, detalló a La Brava la responsable edil del área, Gabriela Soto.
La presidenta de la Cámara Hotelera Provincial de Caranavi, Dani Álvarez, explicó que ciertamente la minería acerca también a extranjeros, como chinos que se alojan en los hoteles y generan cierto movimiento económico, pero es su actividad la que preocupa por la contaminación que conlleva. Hay recelo de que el río afectado aleje al turismo de naturaleza y navegación en kayak, por ejemplo.
El concejal Evert Villca, de la Comisión de café y turismo del Concejo Municipal, comparte esos temores. Por ello, en septiembre reciente se aprobó la Ley Municipal de Turismo Integral, Sostenible y Responsable, orientada a promover y preservar lugares como el Rincón del Tigre, los ríos y las cascadas.
En riesgo la ley que protege a Caranavi de la minería
Ante la preocupación por el avance de la minería en Caranavi, sectores sociales y productivos impulsaron, entre 2024 y 2026, una iniciativa para proteger el territorio. La propuesta surgió en Taipiplaya y, posteriormente, sumó el respaldo de otros sectores del municipio hasta convertirse en una demanda colectiva.
A finales de abril de 2026, el Concejo saliente aprobó la Ley municipal, cero de actividad y contaminación minera en el municipio de Caranavi, cuyo objetivo es “proteger las fuentes de agua, las cuencas hídricas, los ecosistemas y la vocación productiva y turística del territorio, además de garantizar el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano, protegido y equilibrado”.
Sin embargo, seis meses después de su aprobación, la norma no ha sido reglamentada ni ha entrado en aplicación. Según la Alcaldía, la unidad encargada debe atender varios temas a la vez. Entre tanto, la protección que esperaban los sectores que impulsaron la iniciativa aún no se ha concretado.
Pablo Solón, especialista en medio ambiente, explicó a La Brava que, para avanzar en la aplicación de una norma de estas características, el Gobierno Municipal de Caranavi debe presentar ante la AJAM los planos georreferenciados que delimiten las áreas donde se busca restringir la actividad minera.
“El municipio tiene que pedir amparo en la ley y tiene que decirle a la AJAM con planos georreferenciados de dónde a dónde quiere que se restrinja la actividad minera”, explicó Solón.
El especialista citó como antecedente a Palos Blancos y Alto Beni, municipios productores de cacao que en 2021 aprobaron normas restrictivas. Según Solón, después de una acción judicial, un juez exhortó a ambos gobiernos municipales a comunicar formalmente a la autoridad minera las áreas que buscaban proteger. Los municipios presentaron sus planos y, de acuerdo con el especialista, la AJAM tuvo que cumplir el fallo.
En Caranavi, ese procedimiento está pendiente. El Concejo ha solicitado al Ejecutivo acelerar tanto la reglamentación de la norma como los trámites necesarios para su aplicación. Para ello, remitió al menos dos peticiones de informe escrito y uno oral al alcalde Marco Antonio Mamani, quien también es empresario minero.
Según Vargas, el Informe Oral no fue aprobado por el Concejo y contempla otras medidas administrativas. Además, se emitió un pronunciamiento solicitando la intervención de las autoridades departamentales y nacionales para que realicen inspección a las áreas intervenidas por la minería ilegal.
Mientras la norma sigue sin aplicarse, el sector minero busca que sea anulada. A finales de septiembre de 2026, la Central de Cooperativistas Mineras Auríferas de Caranavi R.L., afiliada a Fecoman, solicitó al Concejo Municipal dejar sin efecto la norma. En su petición, argumentó que el municipio invade competencias exclusivas del nivel central del Estado y vulnera los derechos laborales y de explotación que, se sostiene, están legalmente reconocidos.
La disputa por la norma ocurre en un contexto de preocupación por la posible expansión de la minería en el municipio. Una de las señales que alimentan esa inquietud es un mapa de la AJAM que, según precisó el asambleísta departamental Jerónimo Payhuanca, las autoridades pudieron consultar. En él identificaron áreas marcadas en tres colores, que interpretaron como distintas etapas de los trámites mineros. Sin embargo, no pudieron precisar cuántas solicitudes existían.
“Había un montón de solicitudes; ya hemos hecho constar eso y nosotros vamos a dar responsabilidad a la AJAM y, si sigue autorizando o saneando estos ríos, ellos van a ser absolutamente responsables de lo que puede pasar (…) Las de color verde estarían en procesos de armado de su carpeta y las amarillas estarían en solicitudes. Eso es lo que nos han dado a entender”, explicó Payhuanca.
Además, el presidente de Ferreco, Wilson Alanoca, cuestionó la demora en la aprobación de nuevos contratos administrativos mineros, un proceso que involucra a la AJAM y a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Informó asimismo que existen ocho solicitudes mineras de cooperativas afiliadas a su organización que esperan respuesta.
“Por eso que estamos exigiendo como Ferreco que de una vez el Estado otorgue los contratos, no pueden estar 10 años solicitando (…) Para nosotros es importante que se apruebe una (nueva) ley minera y, si de alguna manera tienen que legalizar (a las ilegales) y si van a cumplir con la norma y aportar, por qué no”, dijo Alanoca a La Brava.
Así, mientras las organizaciones mineras buscan abrir espacio para sus actividades, los productores de café continúan cuidando sus cultivos, atentos a una expansión minera que podría poner en riesgo las fuentes de agua y los territorios de los que depende su producción. La falta de aplicación de la ley mantiene abierta la incertidumbre sobre la protección de esos recursos.
Portada: Una retroexcavadora remueve tierra en las orillas del río Coroico en Santa Fe, Caranavi, en búsqueda de oro. Foto: Nelsol Rentería.
