Cuando los familiares de una veintena de muertos querían retirar los cadáveres de sus seres queridos del Hospital Obrero de Oruro se enteraron que éstos ya no estaban en la morgue. A partir de ese momento iniciaron una búsqueda incansable.

Unas cincuenta personas golpean las rejas verdes a la entrada del Hospital Obrero de la ciudad de Oruro. “Necesitamos saber dónde están”. “Muéstrenos las listas”. “No pueden botarlos en un basural”. Son algunas de las frases que gritan los manifestantes. Del otro lado de las rejas, el portero intenta explicarles que los cuerpos ya no están allí, pero por el barbijo que lleva en la boca no se le entiende.

Es casi el atardecer del lunes 27 de julio de 2020. Entre la multitud, que bloquea la calle, está Alicia Tupa Medina, de 37 años de edad y enlutada de pies a cabeza. Su rostro demacrado y sus ojos oscuros y hundidos reflejan la pérdida de su esposo. Esa pérdida que la une al resto de los protestantes. Todos buscan los cuerpos de sus seres queridos que fallecieron a mediados de julio en el Hospital Obrero.

Sobre los gritos se impone las sirenas de la Radiopatrullas de la Policía. Bajan siete uniformados para resguardar la puerta principal y piden calma a los manifestantes.

—Señores, por favor mantengan el distanciamiento (físico), y esperen de forma pasiva a los responsables para tener algunas explicaciones a sus peticiones, —dice uno de ellos.

—¿Dónde están los cuerpos de la morgue de este hospital? —reclama Alicia, con voz quebrantada, mientras da unos pasos adelante y eleva un archivador con papeles. —Mi esposo estaba entre ellos. Él era policía al igual que ustedes. ¡Que alguien nos entienda!

Alejandro Marañón, de 25 años y contextura delgada, se acerca para consolar a su cuñada Alicia. La agarra del brazo para que no se desvanezca y le pide que se calme, pues después del grito la mujer llora hasta el ahogo. Alrededor sucede lo mismo. El llanto inconsolable y la desesperación copa el rostro de cada uno de los familiares que demandan saber dónde están los cadáveres que, se acaban de enterar, desparecieron.

Pasaron algunas horas desde el inicio de la protesta y ninguna autoridad del hospital salió para explicar a los protestantes qué sucedió con los restos de sus parientes.

Muchos de estos murieron por razones naturales, patologías crónicas y coronavirus. Esta última enfermedad llegó a Oruro hace siete meses, convirtiéndola en la segunda ciudad en registrar casos positivos, los cuales se incrementaron este mes. Esto causó que los tres hospitales de este municipio colapsaran. Por eso, el número de fallecidos llegará —al finalizar julio— a 208, según el Servicio Departamental de Salud.

Pero a este dato hay que sumar el subregistro de los decesos. Si se toma en cuenta que en julio de 2019 se registró 277 muertes en Oruro y en julio de 2020 el registro subió a 1.025, de acuerdo con los datos que publicará más adelante el Servicio de Registró Cívico, se habla de un exceso de 750 muertes, los cuales, presumiblemente se debieron al virus.

Hace tres días se conoció del colapso de la morgue de este hospital, que es parte de la Caja Nacional de Salud (CNS) regional Oruro y que atiende solo a los asegurados. Su capacidad solo es para cuatro cuerpos y hasta esa fecha había más de 20. Esa acumulación se debió a que los parientes de los muertos no pudieron sacarlos para que los incineraran, porque el único horno crematorio del Cementerio General estaba averiado.

 “Era evidente un foco de infección para el personal de salud, porque algunos cadáveres estaban estado de putrefacción. (Algunos) tenían más de 30 días de fallecer”, informará, días después, el administrador la CNS Regional Oruro, José Verduguez, cuando admita el traslado de los cuerpos.

Precisamente, uno de los fallecidos con más tiempo en la morgue fue el esposo de Alicia, quien falleció el 11 de julio y su familia estaba a la espera del traslado del cuerpo de acuerdo a reprogramación para la cremarlo.

Los minutos avanzan rápidamente y la noche llega. Las familias que protestan están sentadas en las aceras a la espera de alguna explicación de lo sucedido. Hasta ahora ninguna autoridad de la Caja Nacional dio una explicación. Entre tanto a modo de no sentir el frío y pasar el tiempo hablan entre ellos.

Cada relato es distinto. Los manifestantes recuerdan a sus hijos, padres, suegros y esposos. Alicia escucha a Kevin, hijo de otro de los fallecidos.

—No llamaron cuando falleció. Mi padre no estaba con COVID-19; tenía otra enfermedad. Tuvimos que darnos modos para averiguar si estaba vivo o muerto. Se internó varios días y no pudimos verlo. Los cuerpos estaban apilonados en bolsas negras, algunos con identificación, otros no. Ahora (los rumores de los familiares) dicen que están en un basural, —cuenta Kevin.

Alicia, entre lágrimas, recuerda a su pareja, el suboficial Walter García Gonzales, un hombre de 67 años. Rememora que este no faltó ni un día a su trabajo y que estuvo en primera fila ante la llegada de la pandemia, donde contrajo esta enfermedad mortal.

Cuando la salud de Walter empeoró, Alicia hizo lo posible para salvarlo. Aún no puede borrar de su mente el momento que ingresaron al hospital. De un brazo le agarraba ella y del otro Alejandro.

—Quédate amor aquí. Te van a curar. Conmigo te vas a salir. No estarás solo en ningún momento, —le dijo a su esposo en la puerta.

A Walter le costó aceptar ingresar, como si presintiera que no volvería a salir de allí. Lo internaron en terapia intermedia y antes de ser entubado falleció a causa de que sus pulmones colapsaron a una hora de su arribo al hospital.

“El dolor es de doble partida. No entienden muchas personas. Verlo fallecer en mis brazos, después de toda una vida que vivimos hace 19 años que yo estaba con él. Solo nos teníamos a los dos. Él no podía vivir sin mí y yo sin él. No sé qué destino me espera después de esta pesadilla”, dice Alicia mientras llora.

Apenas puede hablar, el llanto impide que salgan más palabras. Le duele la sola idea de no velar el cuerpo de su amado ni de darle un último adiós. Pero ese dolor le impulsa a buscar los restos de su esposo.

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Alicia sostiene un cartel que dice: “Exigimos la exhumación de nuestros seres queridos”. Es la mañana del 11 de agosto y ella y los otros familiares trasladaron su demanda al frente de la Fiscalía departamental, donde bloquean el paso a los vehículos. Protestan pese al temor a contagiarse del virus.

Las vigilias de los familiares no cesaron desde aquel día que se enteraron de la desaparición de los cuerpos. La anterior semana estuvieron en la Alcaldía y lograron saber que los cadáveres fueron enterrados en una fosa común, en un trabajo conjunto entre la CNS y el Gobierno Municipal.

Las autoridades ediles explicaron, a los medios de comunicación, que cumplieron los protocolos en coordinación de retirar los cuerpos de la morgue y enterrarlos en la fosa común, para que no sea un foco de infección, porque entre ellos había fallecidos por coronavirus. Argumentaron que la Guía de Procedimiento para el Manejo y Disposición de cadáveres de casos de Covid-19 del Ministerio de Salud les autoriza dicha acción.

Frente a las presiones de los familiares, las autoridades dieron luz verde para que se realice un proceso legal para pedir la exhumación de los 24 cuerpos, pese a que al inicio se habló de 30 cadáveres.

Ahora, piden acelerar una respuesta de la Fiscalía, para que los cuerpos sean exhumados lo antes posible. “Llegaremos hasta las últimas instancias, no podremos vivir sin dar un digno último adiós a nuestros seres queridos”, dice uno los familiares, quien prefiere mantener su nombre en reserva.

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Una fila de carros fúnebres de distintas funerarias está sobre la avenida Circunvalación en la entrada del Centro de Acopio de Residuos Sólidos Cares Itos, que es un relleno sanitario del oeste de la ciudad de Oruro. Dentro del enmallado se encuentran los 24 cuerpos enterrados en una fosa común.

Son las seis de la tarde del 25 de agosto y es el día que los familiares esperan rescatar a los cuerpos de sus seres queridos y luego incinerarlos. Unas 35 personas están cubiertas desde los pies hasta la cabeza con trajes de bioseguridad para precautelar su salud. Están bien protegidas porque saben que estarán cerca de los cadáveres, muchos de ellos con más de 45 días en descomposición.

Pasaron dos semanas desde de la última protesta de los familiares en la Fiscalía y cuatro días de cuando ésta dio la orden legal de la exhumación. Por eso, las familias contrataron, con altos costos, el servicio de las funerarias para que llevaran a cabo esta tarea riesgosa.

“Esperemos que el personal de las funerarias esté tomando recaudos para manipular los cuerpos, ya que existen fallecidos en estado de putrefacción. Como trabajadores antiguos del cementerio, tenemos experiencia y es difícil manejarlos”, afirma el administrador del Cementerio General, Juan Iriarte, con un tono molesto.

La maquinaria pesada llega con varios minutos de retraso de la hora planificada y rápidamente comienza a remover la tierra. Su trabajo no cesa durante horas continuas, pues tiene que cavar cinco metros de profundidad.

Los familiares miran con desagrado y tristeza desde las rejas. “A dónde vinieron a parar nuestros seres queridos”. “Esto es un basural”. “Sacaron bolsas, plásticos, maderas partidas y hasta cadáveres de perros”. Lamentan entre ellos.

Alejandro, quien también contempla la labor de la retroexcavadora, recibe la llamada de su cuñada Alicia.

—¿Ya sacaron los cuerpos? —pregunta ella—. Estoy aquí en el cementerio esperando para incinerarles.

—No, aún falta, pero ya son más de las once de la noche. No creo que acabemos hoy la exhumación, —responde Alejandro.

El conductor de la retroexcavadora luce agotado, pero continúa su trabajo. Sabe que no puede parar hasta lograr su objetivo.

Al poco rato los trabajadores de la Alcaldía, que eran los que guiaban la faena, avisan de que ya se observan los cuerpos.

Los familiares están emocionados y el personal agotado. Todos están urgidos por sacar a los cuerpos, pero existe un problema: no hay presencia de ningún funcionario de la Caja Nacional de Salud, que debía estar presente. Para no vulnerar el acuerdo firmado, las familias intentan comunicarse con el administrador sin éxito.

Ante la falta de respuesta, ven que no hay otra opción: la fosa común se quedará abierta toda la noche, lo que pondrá en riesgo a las personas que están alrededor. Los familiares, entre ellos Alejandro, harán vigilia en las afueras del relleno sanitario en resguardo de los cadáveres.

***

Tras 12 horas de que se abrió la fosa común, los funcionarios de las funerarias recién pueden sacar a los cadáveres. Esta acción se da a un día de cumplirse un mes desde que los muertos desaparecieran de la morgue del Hospital Obrero.

Los familiares lograron su cometido gracias a que muchos de los que durmieron afuera del relleno sanitario protestaron, a primeras horas de la mañana, en las afueras de la casa del administrador de la Caja Nacional de Salud. Y gracias a ello, el administrador mandó a un funcionario para que presencie la exhumación.

Alejandro se hace pasar por personal de la funeraria; quiere verificar el cuerpo de su cuñado. Salta a la fosa y con pala en mano comienza a limpiar la cal. Él y los otros observaban ataúdes embalsamados y con palas retiran la tierra de los cajones tratando de ver la identificación.

Cerca de las tres de la tarde, gritan nombres de los primeros cuatro muertos. En el último ataúd está el esposo de Alicia. Alejandro se alegra y con mayor fuerza cava más profundo para sacar el cajón.

Una vez que el féretro está en la superficie, los encargados de la funeraria lo abren y Alicia, quien está a dos metros de distancia, reconoce el cuerpo que está embalsamado con un plástico transparente. La emoción vuelve al rostro de esta mujer y lo traslada al carro fúnebre.

Los restantes 20 cuerpos solo están embalsamados y no dentro de ataúdes. Los familiares lloran al ver los cadáveres de sus seres queridos solo en bolsa plástica. Algunos de los cuerpos se desmiembran al moverlos y meterlos a los cajones.

Alejandro, agotado y sin miedo de contagiarse de coronavirus, termina de ayudar a recuperar todos los cuerpos, tarea que durará hasta cerca de las seis de la tarde.

“El olor era insoportable, nauseabundo, putrefacto. No se podía respirar aire puro, pese a que nos roseaban con desinfectantes fuertes. Al salir de la fosa, el olor seguía en mi nariz”, dirá más adelante.

Dos de los 24 cuerpos de la lista de desaparecidos no fueron encontrados en la fosa común pese que la maquinaria removió una y otra vez el lugar. Uno de estos aparecerá después de unos días en la morgue del Hospital Obrero, con más de 40 días de descomposición; mientras que el otro continuará desaparecido.

El resto de los cadáveres serán incinerados en tres días y, al fin, los familiares darán cristiana sepultura a las cenizas de sus seres queridos.

“Todo valió la pena, los desvelos, las marchas, vencer al miedo, hasta caminar en búsqueda de aportes para realizar contrato con la funeraria que nos rebajó casi mil bolivianos después de conocer que no teníamos recursos económicos”, dice Alicia.

Esta noche, ella conciliará el sueño, gracias a que los restos de su esposo estarán en un campo santo, gracias al apoyo de su cuñado, su hermana y todos familiares de los fallecidos que no se detuvieron para recuperar los cuerpos desaparecidos en plena pandemia.