Desde el 28 de abril, las calles de varias ciudades de Colombia se llenaron de jóvenes, indígenas, mujeres, campesinos y otros, que protestaban contra la intención impositiva del Gobierno, que iba en contra de los intereses de la mayoría de los colombianos, y por la mala gestión del COVID-19. Pero también se llenaron de represión y sangre, lo que dejó al menos 27 muertos en manos de las fuerzas del orden y cientos de desaparecidos.

Foto portada: Lucas Rodríguez.

Edición 25. Lunes 10 de mayo de 2021

Colombia ha estado maltratada históricamente por gobiernos que saquearon, asesinaron y masacraron a la población civil y aumentado la brecha de desigualdad social. En medio de una crisis sanitaria mundial, el pueblo colombiano permanece agitado y sufre la repetición de la violencia y el crimen de Estado.

La pandemia actual fue uno de los agravantes a nivel económico y social, sin embargo, también permitió que el gobierno nacional la utilice como excusa para justificar el desfalco económico, el déficit fiscal y la deuda pública. Así surgió el proyecto “Ley de solidaridad sostenible” siendo la principal, pero no la única de las causas para que desde el 28 de abril la población colombiana se movilice en las calles y manifieste en contra de este atropello.

El proyecto de Ley de solidaridad sostenible, como ha decidido el gobierno nacional denominar a esta reforma tributaria, consiste en recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales, por medio del aumento de bases de recaudo, con la finalidad de mitigar el riesgo internacional, la institucionalización de la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.

En el papel parece ser una buena manera de enfrentar la crisis económica del país, empero, la mayoría de la población movilizada ve que es una vulneración directa a la calidad de vida de la clase media, baja y que enriquece a la clase más alta del país. Esto último, porque el 73% de lo recaudado será de personas naturales y solo el 27%, de las grandes empresas.

La reforma tributaria pretendía aumentar el IVA (Impuesto de Valor Agregado) en 19% a bienes y servicios necesarios para la vida diaria de los y las colombianas como lo son los servicios públicos (agua, luz y gas), también un alza en el costo del servicio de internet, los servicios funerarios, la creación de peajes internos en las ciudades, gravamen de gasolina y el ACPM (diésel para corriente), los cuales ya cuentan  con impuestos.

Esas medidas, a su vez, desencadenarían el aumento del transporte público y el transporte de los alimentos, además de elevar los costos de producción agrícola, pues los insumos necesarios en el campo también tendrían IVA. Además de ello todas las personas que tengan ingresos superiores a $2.420.000 deberán declarar renta.

La movilización ciudadana, que tomó fuerza desde el 28 de abril, generó un fuerte presión al gobierno nacional, por lo cual, el presidente Iván Duque debió retirar la reforma del Congreso de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 5 de 1992.

Si bien el retiro de esta ley fue motivo de celebración para muchos, se sabe que este documento será modificado y permitirá al Estado gravar nuevas disposiciones que serán presentadas más adelante como una alternativa para mitigar el déficit económico del país.

Diferentes senadores y congresistas de la oposición denunciaron que aún no se realizó los trámites pertinentes para el retiro del proyecto de ley. El día 3 mayo de 2021 renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien fue artífice de dicha ley. Como responsabilidad al llamado de la población colombiana, debía pasar una carta al Congreso para garantizar el retiro del ante proyecto de ley, al emitir su renuncia, pero hay una mora por parte del Gobierno en presentar dicho documento ya que tanto el ministro del interior, Daniel Palacios, o Duque pueden realizar dicho acto para retirar la reforma tributaria.

.La salud, una demanda latente

Otra de las exigencias de la ciudadanía colombiana se direcciona a un derecho fundamental: la salud. Colombia es uno de los países más vulnerables y azotados por la pandemia. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud se registraron más de 2.800.000 casos y 73.000 muertes hasta finales de abril. Asimismo, el retraso en el Plan Nacional de Vacunación, pues, hasta abril solo 4.700.000 personas habrían recibido la primera dosis; lo que representa menos del 10% de la población. Por ello, también se exige transparencia en la entrega de datos del plan de vacunación y la ampliación de las dosis.

La protesta social también reclama por el proyecto de Ley 010 de 2020, en la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud y el sistema general de seguridad social, por medio de reformar  la Ley 100 de Salud.

Pero la finalidad directa es acabar con el régimen exceptuado y privatizar la salud (aún más), pues la salud ya no pertenecerá al Estado sino a las AS (Aseguradoras de Salud), encargadas de cobrar cuotas moderadoras y copagos con el fin de “autofinanciar la salud” y la eliminación de la clínica cancerológica del país que atiende a personas de bajos recursos, esto para crear la clínica de oncología Carlos Sarmiento Ángulo, quedando la salud a merced de uno de los hombres más poderosos del país con nexos políticos evidentes en las campañas  presidenciales de los partidos tradicionales y precarizando el derecho a la salud. Dicho proyecto está apoyado por el gobierno nacional y 50 senadores, evidenciando que la salud en Colombia no es un derecho fundamental sino una mercancía y su valor radica en lo económico.

Muertes

Dentro del marco del paro nacional, la jornada de protesta también trajo consigo gran agitación y a su vez, represión por parte del Estado, que no garantiza el derecho a la protesta enmarcado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.

Desde el 28 de abril del 2021, los manifestantes se congregaron en las principales ciudades y vías del país. Realizaron marchas, actos simbólicos y artísticos para mostrar su inconformidad al gobierno nacional.

Con el transcurrir de los días más personas se sumaron a la movilización y con ello la vulneración a los derechos humanos, según la Human Rights International, al 3 de mayo se reportaron 941 desaparecidos,1.082 civiles heridos, 21 homicidios a manos de la fuerza pública, cuatro víctimas de violencia sexual por parte del Escuadrón Antidisturbios y la Policía Nacional y alrededor de 1.175 detenciones arbitrarias. En cuatro días los muertos subieron a 27, según datos de la Defensoría y la Fiscalía.

Pero estas cifras son aproximadas, ya que, se desconocen el número de víctimas en ciudades como Cali, en donde la protesta social fue reprimida con las nuevas armas que el Gobierno nacional ha adquirido: 10 mil millones en camionetas, 2 millones de dólares en tanquetas, entre otros gastos militares. Hasta la anterior semana se tenía previsto que se gastaría, aproximadamente, 14 billones de pesos colombianos en aviones de guerra.

Estos gastos formaban una de las razones más fuertes para los manifestantes y los senadores de la oposición, quienes reclaman sobre los despilfarros de este gobierno que favorecen las clases más ricas del país y promulgan el empobrecimiento de la población civil.

Cada rincón del territorio colombiano hace llamados a la comunidad internacional que permitan defender la vida, el derecho a la protesta y la dignidad de los y las colombianas.