Pocas de las niñas y adolescentes víctimas de violaciones tuvieron la posibilidad de optar por la interrupción legal del embarazo, lo cual no se cumple pese a que la norma lo establece. Entre otros motivos, muchas continúan con la gestación debido a la normalización de este tipo de casos. En 2021, solo el 11,6% (271) de 2.329 menores de 15 años embarazadas ese año se acogió a la Sentencia Constitucional 0206/2014.

Edición 51. Lunes 7 de marzo de 2022

Pamela fue violada a sus 14 años por el hermanastro del esposo de la madre, a los pocos días que su padrastro muriera a causa de coronavirus y cuando su mamá estaba delicada de salud por el mismo mal. En diciembre de 2020, dos meses después de lo ocurrido, la madre se dio cuenta de que algo le pasaba a su hija, pero por más de que le preguntaba, la adolescente no le contaba nada a causa de las amenazas que le hizo su agresor. Su silencio duró hasta que la prueba de embarazo salió positiva y a causa de los golpes de su progenitora.

“Es para el tío Fabián”, le dijo y relató lo sucedido.

La madre, de 37 años, increpó al acusado, quien además era policía en su comunidad. “Arreglaremos de buena forma”, le pidió el hombre de 59 años y se comprometió a “hacerla curar” con el fin de que no lo denunciara.

Según la denuncia penal, Fabián Q. la llevó a una clínica clandestina que se encontraba en una zona entre la frontera de La Paz y El Alto. Allí el médico del lugar le saludó con un: “¿De vuelta, don Fabián?”, recuerda la madre, quien los acompañó por miedo a que  violara a su hija nuevamente. Minutos después, Pamela fue sometida a un legrado debido a que tenía un sangrado por haber tomado las pastillas que anteriormente le dio su agresor.

Pasaban los días y tanto el dolor como el sangrado vaginal no paraban. Fabián no se hacía responsable de la atención médica ni cumplía con la entrega de los víveres que había acordado con la familia a modo de reponer su delito. Meses después y de borracho, en una fiesta de la comunidad contó que él había violado a Pamela. Por ello, a mediados de marzo de 2021, los familiares y las autoridades originarias se acercaron a la progenitora y le instaron a denunciar. “No podemos permitir que haya un violador en nuestra comunidad”, afirmó uno de los mallkus.

Todos acompañaron a la madre e hija a la Defensoría de la Niñez y Adolescente (DNA) de Viacha, de donde es parte la comunidad, y denunciaron el hecho. Después de ello, el acusado fue detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro por seis meses y la madre fue imputada por complicidad y cautelada con detención domiciliaria por igual lapso. La adolescente fue llevada a un albergue transitorio de una fundación que acoge a mujeres en situación de violación. Pero antes de ese paso y a los tres meses del aborto, vivió otro hecho similar. A inicios de marzo, Andrés (37 años), un pastor evangélico de la comunidad, la hizo pasar a su tienda, adonde fue a comprar pan, y también la violentó sexualmente.

Pamela no dijo nada debido al miedo de que también su madre fuera acusada de ello y porque —explica la psicóloga que la atendió en la fundación— naturalizó que cualquier hombre la tome sexualmente. Solo lo contó a horas de que su bebé naciera, en diciembre del año pasado. Su miedo fue tanto que incluso evitó que su cuerpo, de contextura gruesa, mostrara señales del embarazo a causa de la vejación, por lo que el parto sorprendió a todos, incluso al personal de la DNA.

Pamela y miles

Pamela (nombre cambiado) es una de las más de 2.329 adolescentes menores de 15 años que dieron a luz en 2021 en Bolivia y una de las 2.078 niñas, niños y adolescentes víctimas de violación que ese año presentaron una denuncia. Es una de las madres forzadas a causa de una violación sexual, sin la posibilidad de acceder, en ambas ocasiones, a un aborto seguro y gratuito que establece la normativa.

Tanto en Viacha (municipio intermedio de La Paz, a dos horas de la sede de gobierno) como en el país, los abusos sexuales contra mujeres, principalmente, niñas y adolescentes, no cesan y pocos son castigados. De acuerdo con los datos de la DNA de esa población, de 2020 a enero de 2022 se denunciaron 10 violaciones a niñas y adolescentes que oscilan entre los 12 y 16 años. De estos casos, cuatro tuvieron sentencias, uno está en juicio oral y tres, en etapa preparatoria. En la mayoría de los casos, los agresores son familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Estas violaciones son las que llegan a las instancias establecidas por ley, pues la mayoría no se denuncia, afirma el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Viacha, Juan Carlos Quisbert. Por ejemplo, en el caso de Pamela se conoce que aproximadamente hace dos años su tío Fabián violó a otra de sus parientes. Aquella vez, él y los mallkus de turno “solucionaron” en la comunidad y la adolescente de 13 años dio a luz a un niño.

Entre 2020 y 2021, la FELCV recibió 10 denuncias de adolescentes de 13 a 16 años que fueron vejadas. Si bien no hay datos de cuántas de ellas quedaron embarazadas, la DNA conoció el caso de dos. El primero es el de Pamela, quien dio a luz en diciembre pasado, y el segundo, de una niña de 13 años, quien mantenía una relación con un hombre mayor con el “consentimiento” de la familia; sin embargo, la normativa considera que es una violación y la DNNA abrió el proceso como tal. Ella ya lleva seis meses de gestación.

En 2020, en ese municipio se registraron 257 embarazos de niñas de 10 años a adolescentes de 19 años, de las cuales 12 casos se tratan de menores de 15 años, según el Ministerio de Salud y Deportes. Esta información se obtuvo de los controles prenatales que se hicieron, pero muchas, como Pamela, no llegan a hacerlo.

Por estos motivos no tienen la posibilidad de optar por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), garantizada en el Código Penal para mujeres víctimas de violación. En Viacha solo se realizó una en seis años, según el informe Situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres, de la Defensoría del Pueblo, mientras que la FELCV recibió 31 denuncias entre 2015 y 2021.

El responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y de la DNA de Viacha, Gonzalo Vasco, explica que uno de los problemas para que las víctimas no opten por un ILE es que las denuncias a la DNA llegan cuando el tiempo de gestación es de más de seis meses o incluso ya dieron a luz. Esto, según su criterio, se debe a que las familias aún no denuncian a tiempo por dos motivos: por el hecho a ser revictimizadas por contar lo sucedido a extraños y porque no hay la costumbre de denunciar, principalmente en las comunidades rurales, de donde es Pamela.

El desconocimiento es otro problema tanto de la población como de las autoridades. “No hay una obligación de que nosotros podamos darle una posibilidad a la menor”, afirma Vasco, pero añade que dará la instrucción al personal de la DNA de dar la opción al aborto asistido.

¿Violaciones y embarazos?

Distintos estudios que se realizaron sobre los casos de embarazo en niñas y adolescentes no determinaron si son a causa de violaciones debido a que las instancias que atienden estos hechos no hacen el cruce de datos. Sin embargo, tanto el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como los informes defensoriales infieren en que la mayor parte de las madres adolescentes sufrió violencia sexual.

La defensora del Pueblo a.i., Nadia Cruz, explica que en Bolivia se registró una tasa preocupante de este delito en contra las mujeres, y en el caso de las niñas y adolescentes las cifras fueron en aumento.

“No podría aducir que es por la pandemia de Covid-19, pero esta situación de encierro y la convivencia cercana con los agresores las ha puesto en una situación de desprotección muchísimo mayor”, afirma.

Durante 2021, el Ministerio Público reportó 5.652 casos de violencia sexual, de los cuales 2.078 fueron a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y 1.548 estupros (relación de una persona mayor con una menor de 18 años).

Este dato refuerza la delicada situación que vive el país, que se ubica en segundo lugar con la tasa más alta de violación sexual en Sudamérica. Además, Bolivia también está en los primeros lugares de embarazo adolescente.

Las interrupciones legales no se cumplen

En el país no hay datos oficiales de cuántas menores de 15 años embarazadas se acogieron a la ILE, la Defensoría del Pueblo habla de 350 abortos legales, entre 2015 y 2019, pero el Ministerio de Salud arroja el dato de 332 ILEs, entre 2014 y 2018, lo cual para la Defensoría “no refleja la realidad del aborto en Bolivia” y evidencia la “deficiencia de la norma”. En ambos casos, no desglosan las edades de niñas, adolescentes y mujeres que se realizan la ILE.

En cambio, el monitoreo de la organización no gubernamental IPAS-Bolivia reportó 214 ILE, en menores comprendidas entre 10 y 15 años, de 2016 a 2021, lo que equivale a 35 abortos legales por año (o tres abortos por mes).

A esto se suma el dato del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud que arroja que solo en 2021 se registraron 271 ILES, siendo la mayoría por la causal violación. Si bien, este número es superior al promedio anual anteriormente citado aún es bajo frente a los 2.329 embarazos en menores de 15 años reportados por el Ministerio de Salud, el año pasado. Esto significa que solo el 11,6% de las 2.329 menores se acogió a la Sentencia Constitucional 0206/2014.

Además, el número de las ILEs es igualmente bajo en relación a las 2.078 vejaciones registradas el año pasado.

Para el responsable de Salud Materna del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Gustavo Tapia, estas 271 menores de edad que accedieron a la ILE refleja la persistencia de las prácticas nocivas contra adolescentes de 10 a 14 años. “Estamos hablando de embarazo y maternidad infantil forzadas, porque todavía se las está obligando a ser madres o a llevar el embarazo”.

En la misma línea, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresa su preocupación, pues la cantidad de ILEs no se acerca ni de lejos a la cantidad de embarazos adolescentes y violaciones sexuales.

Para Mónica Bayá, coordinadora de la Alianza Libres sin Violencia, estos datos muestran que un mínimo porcentaje de mujeres menores de 15 años embarazadas, que seguramente fueron víctimas de violencia sexual, accedió a la ILE al menos en hospitales estatales.

“Esta brecha también pudiera significar que directa o indirectamente muchas de ellas fueron obligadas a continuar con el embarazo, pues no informar adecuadamente a las víctimas sobre su derecho de acceder a los servicios de salud que incluye la ILE es una forma de imponer la maternidad. Además, dada la edad, varias pueden haber estado en riesgo obstétrico, sobre todo las niñas, lo que permitía acceder a la ILE por causal salud”, observó Bayá. 

Otra de las posibilidades del bajo porcentaje de las ILEs es que algunas de las muchachas hayan recurrido a abortos clandestinos, como sucedió con Pamela la primera vez.

En ese sentido, UNFPA cree que, si bien el año pasado hubo 271 ILEs que fueron “captadas por el sistema”, quiere decir que hay un número más, afuera de las que no se captan.

El hecho de que el país no garantice que las niñas violadas no accedan a un aborto asistido llamó el año pasado la atención a la ONU Bolivia, a raíz de que se polemizó la aplicación de la ILE en una niña de 11 años, que fue vejada y embarazada. Por ello, mediante un comunicado, instó al Estado a “intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género que se constituyen en actos de tortura”.

Cinco causas impiden la ILE

En Bolivia, antes de 2014, los hospitales exigían una autorización judicial para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero la Sentencia Constitucional 0206/2014, vigente desde enero de 2014, establece que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en los casos en que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud corra peligro.

En estos casos no es necesaria una querella o acusación formal, solo es necesaria la presentación de la denuncia de la violación, incesto o estupro y el consentimiento de la víctima. La copia de esta denuncia es el único requisito que la o el médico debe solicitar para proceder con la interrupción legal.

Pero esta sentencia constitucional no se cumple a cabalidad, lo cual es confirmado por el informe defensorial, publicado en 2020 con base en la información obtenida de 44 establecimientos de salud del país.

Problemas de equipamiento

La investigación evidenció el incumplimiento del procedimiento técnico para las ILEs, es decir que la mayoría de los hospitales visitados no cuenta con la infraestructura, el equipamiento, medicamentos e insumos para un aborto legal, así como salas independientes de Aspiración Manual Endouterina (AMEU), espacio necesario cuando se requiere este tipo de procedimiento para una ILE.

En el caso del hospital de segundo nivel de Viacha, por ejemplo, la mesa de ginecología estaba en mal estado, al igual que los equipos y herramientas. La normativa y protocolos establecen que la ILE debe ser brindada por los servicios de salud de los tres niveles, pudiendo ser el procedimiento medicamentoso o quirúrgico. 

Desconocimiento generalizado

A esto se suma el desconocimiento sobre la ILE de los prestadores de salud, quienes no recibieron capacitaciones de las instancias rectoras. Asimismo, hay un desconocimiento de la Sentencia Constitucional 0206/204, ya que los entrevistados en el informe consideraban que la autorización judicial es aún un requisito para la realización de la ILE, lo cual no es cierto, ya que el procedimiento se debe realizar dentro de las 24 horas de solicitado el servicio.

Jimmy Frías, coordinador de la Red 6 Salud (que abarca Achocalla, Mecapaca, Palca y Viacha y es dependiente de la Gobernación de La Paz), dice a La Brava que la ILE tiene que ser con autorización de la Fiscalía y de padres de familia que hayan tenido que denunciar a los agresores.“Si hubo una violación tendrá que venir con orden fiscal para que podamos realizar el seguimiento”, afirma.

No obstante, asegura queexiste una capacitaciónal personal de salud sobre los alcances de la Sentencia Constitucional 0206/2014, pero afirma que solo se entera de que una muchacha haya sido vejada si hay denuncia.

“Hablamos sobre eso, si hay una violación tiene que recurrir al SLIM, a la alcaldía, a la policía, pero normalmente una persona nunca acude para decir ‘me han violado’, lo único que dicen es ‘estoy esperando familia‘, nos enteramos que es menor de edad y que los papás nunca han hecho la denuncia, sino que más bien ellos tranzan con la persona agresora y no sabemos si la niña tuvo al bebé. Nosotros perdemos el rastro sobre lo que pueda ocurrir después”, detalló Frías.

Sin embargo, la Defensora del Pueblo dice que los centros de salud y cualquier persona que conozca el caso de una niña o adolescente que esté embarazada por violación tiene la obligación de denunciar y de informar sobre la ILE.

Para contrarrestar este desconocimiento, la Defensoría envió a las alcaldías la sentencia y ya son 100 de los 340 municipios del país que tienen la información.

Y si el personal de salud no conoce los procedimientos de esta posibilidad, menos aún las personas de a pie. Por ejemplo, la mamá de Pamela (37 años), con estudios de primaria, no sabía que si denunciaba la primera violación que sufrió su hija, esta podría abortar, aunque sí tenía clara la idea de que la adolescente no podía que asumir esa responsabilidad.  

La objeción de conciencia, un gran obstáculo

A la falta de condiciones en los establecimientos de salud para el procedimiento de una ILE y la poca o ninguna información sobre procedimiento se suma la objeción de conciencia a la que apelan los profesionales en salud de hospitales, el moralismo y la falta de denuncias penales.

El artículo 153 del Código Penal remarca que la objeción de conciencia es individual y no institucional, por lo que los servicios de salud públicos que velan por el bien público deben asegurar que, si uno de sus médicos se niega a realizar un aborto, habrá otro dispuesto a realizarlo.

Ello no sucede. A fines de 2021 el Hospital Bracamonte de Potosí no garantizó el derecho de una niña de 12 años, víctima de violación sexual, a acceder a una interrupción, debido a la objeción planteada por médicos de ese establecimiento. Solo se hizo posible con la intervención de la Defensoría del Pueblo.

Moralismo

Desde el caso mediático de la “niña de Yapacaní”, que ocurrió en noviembre de 2021 y mostró la ausencia de la protección de instancias del Estado y el drama de miles de niñas menores de 15 años que fueron agredidas sexualmente, la Defensoría del Pueblo intervino en al menos tres hechos.

Sobre este caso mencionado, la menor, que fue agredida sexualmente por un hombre de 60 años, padre de la nueva pareja de su madre, fue sometida a una ILE. Eso sucedió tras mucha polémica iniciada por algunos medios de comunicación, sobre todo televisivos, y luego de la intervención e injerencia de la Iglesia Católica para evitar el procedimiento en curso y la decisión de la niña.

No es el único caso del que se pronunció la Iglesia, también lo hizo en junio de 2015, cuando se determinó que una niña de 10 años víctima de violación se someta a la ILE.

Arreglos fuera de la norma

Otro de los motivos por los que las adolescentes no pueden optar por el aborto asistido es porque hay una naturalización de la violación que, en la mayoría de los casos limita las denuncias, ya que se prefiere arreglar o “tranzar” de forma interna.

Como al inicio ocurrió en el caso de Pamela, es común que, principalmente, en las comunidades rurales arreglen por su cuenta las violaciones.

El director de la FELCV de Viacha comenta que es normal que las denuncias no lleguen a las instancias policiales y que solo lo hacen cuando los tratos internos no se cumplen.

Niñas madres desprotegidas

Mientras que no se generan las condiciones para que las niñas y adolescentes violadas y embarazadas opten por un aborto asistido, la mayoría concluye la gestación y en muchos de los casos cuidan a sus hijos en situación de desprotección.

Ese es el caso de Pamela, quien ya cumplió 16 años, pero de acuerdo con la valoración psicológica tiene un pensamiento de una niña de 10 años debido al poco estímulo que recibió en su niñez. Por muchos años su madre (el padre las abandonó) no la inscribió en la escuela, por lo que ella recién cursa el quinto de primaria.

“Ella dice yo quiero a mi hijo, pero no hay responsabilidad por su parte. Se le ha guiado, por ejemplo, sobre los controles médicos. Ella le está viendo como un muñequito”, cuenta la psicóloga Geraldine García.

Eso se nota al solo verla con el bebé de un mes de edad. Apenas sabe cuidarlo y no conoce los modos de cómo calmar su llanto, producto del dolor que le causó la vacuna pentavalente. Y aún no tiene noción de cómo le mantendrá, una vez que salga desde la casa de acogida.

Ella aún está en un hogar transitorio, pese a que ya pasaron 11 meses de la denuncia. Según la norma, lo que corresponde es que la DNNA busque una familia ampliada; pues el Estado le quitó la custodia a la madre de ella y sus hermanos, debido a la imputación de complicidad.

Entretanto, el acusado de la primera violación se encuentra con detención domiciliaria y en espera de la respuesta a su pedido de sobreseimiento de la demanda penal, y el imputado del segundo caso fue detenido después de más de un mes de la denuncia.

Esta ineficiencia de la justicia se repite en la mayoría de las denuncias de violación en el país. Ello se refleja en la conformación de la Comisión de revisión de casos de violación y feminicidios, que tiene el fin de hacer una auditoría debido a que muchos procesos fueron beneficiosos para los imputados. Mientras tanto, como Pamela, las niñas y adolescentes víctimas de vejación continúan desprotegidas y muchas obligadas a culminar su parto y ser madres forzadas.

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Foto portada: Rocío Condori.

*Este reportaje se hizo en el marco del Fondo de investigación periodística 2022 “Aborto, clandestinidad y pandemia”, organizado por Católicas por el Derecho a Decidir.