El bajo presupuesto ahoga la atención a mujeres violentadas en Viacha

Karen Gil

En los primeros siete meses de este año Viacha registró tres feminicidios, lo que demuestra que la violencia contra las mujeres es una problemática latente. Sin embargo, una de las limitaciones para luchar contra ésta es el poco presupuesto que tiene el SLIM de ese municipio. Hasta julio no contaba con las tres personas especializadas en la atención multidisciplinaria a víctimas de violencia y solo tenía presupuesto para contratar a una abogada.

Edición 30, 2 de agosto de 2021.

Muchas veces doña Berta, habitante del municipio de Viacha, dudó en denunciar a su marido, quien la golpeaba con frecuencia; sin embargo, esa tarde de viernes —dos días después de que su agresor intentara ahogarla— aceptó con miedo denunciarlo, a insistencias de la Fundación Esperanza de Vida. Doña Berta y el personal de esta institución, que ya le había hecho una valoración psicológica, fueron al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) para recibir asistencia jurídica y lograr su recuperación. Allí, les respondieron que la psicóloga que hace la valoración no estaba y que regresara el lunes.

“Apenas le hemos convencido a la mamá para que vaya a denunciar, pero ellos no han querido aceptar”, cuenta Kattia Mamani, directora de la Fundación Esperanza de Vida, una institución sin fines de lucro, recién creada que atiende a mujeres en situación de violencia.

La falta de personal en el SLIM de Viacha —municipio del departamento de La Paz que está a dos horas de la sede de Gobierno— dificulta la atención oportuna, de manera prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria a las mujeres víctimas de violencia. Esta situación tiene raíz en el bajo presupuesto con el que cuenta este municipio para brindar este servicio.

La precariedad

El SLIM del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha (GAMV) está en una infraestructura de tres pisos, ubicada al frente de la plaza principal, que además alberga a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA);  ambos usan los espacios físicos de la sala de terapia, psicología y trabajo social. Asimismo, desde inicios de este año, y de manera permanente, comparten a su personal para recibir las denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y también de mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

El SLIM de Viacha no cuenta con una psicóloga, y es la de la Defensoría de la Niñez quien se da modos para atender a la población no solo de Viacha, sino también de comunidades alejadas, razón por la cual no se pudo atender a doña Berta.

La psicóloga Helen Condori explica que ella y sus colegas hacen lo posible para recibir y atender todas las denuncias que llegan, porque son conscientes de que estas no pueden esperar. La profesional cuenta que muchas veces, y sin importar la hora, se quedan a prestar su servicio, pero que pese a ello no se dan abasto.

Con esta situación se encontró el nuevo director de Gestión Social, Rogelio Mamani, quien —al igual que todas las nuevas autoridades de la comuna se posesionó hace algunos meses, después de las elecciones municipales de marzo.

“No hay mucho presupuesto. El personal es muy corto, estamos con una sola abogada, (…). Entonces, de acuerdo con el presupuesto (proyectado) que tenemos es que el equipo sea completo, pero se nos ha hecho el recorte tanto de los responsables del DNA como del SLIM”, relata alarmado la nueva autoridad.

Una abogada, una psicóloga y dos trabajadoras sociales deben distribuir su tiempo dentro de sus ocho horas de trabajo; sin embargo, su horario laboral no es suficiente y muchas veces no les queda otra que alargar sus jornadas de trabajo para recibir denuncias y para hacer el seguimiento correspondiente en la Policía, Fiscalía y Juzgado.

Para este 2021 Viacha cuenta con 80.724 habitantes, y se trata de uno de los municipios intermedios en los que las mujeres sufren más agresiones. Los datos del SLIM dan cuenta de que el año pasado se registraron 228 casos, mientras que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) recibió 300 denuncias de violencia. Hasta mediados de junio de este año, a la primera institución llegaron 94 casos y a la segunda, 110.

Estas cifras evidencian la necesidad de una pronta y oportuna atención. Además, la bitácora que llevó el SLIM sobre la atención de casos durante la cuarentena rígida muestra que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 los niveles de violencia en Viacha, al igual que en el resto del país, se incrementaron de manera preocupante.

Ese incremento también se refleja en que solo en el primer semestre de este año se registraron tres feminicidios en Viacha. Estos se suman a los 69 ocurridos en Bolivia, lo que al país como el más violento para las mujeres en la región.

¿Servicio integral?

La sobrecarga de trabajo y la falta de personal impiden que el SLIM del municipio brinde un servicio integral, psicológico, de trabajo social y jurídico oportuno, tal como prevé la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348). De esta situación es consciente el secretario de Desarrollo Humano, Teófilo Choque, quien explica que para brindar el servicio integral al menos se requieren tres profesionales, cada uno en una de las áreas.

“Esto quiere decir que el servicio legal integral no está cumpliendo su función, y en eso queremos ajustar nuestro POA (reformulado) para resolver que haya un servicio legal integral completo que funcione”, asegura.

Teófilo Choque, secretario de Desarrollo Humano de Viacha. Foto: Rocío Condori.

Choque explica que esta problemática se vive también en otros municipios del país donde, por ejemplo, cree que el servicio legal solo cubre el 50% de sus funciones a causa de sus bajos presupuestos.

Esta situación también se refleja en el Ranking Municipal en Igualdad y Equidad de Género, que se encarga de medir los presupuestos sensibles a género en cuanto a inversión y ejecución de los gobiernos municipales en políticas públicas a favor de la mujer en cuatro pilares: naturalización de la desigualdad, división sexual del trabajo, patrones culturales discriminatorios y violencia en razón de género.

En 2018, por ejemplo, el ranking dio cuenta de que de los 339 municipios del país solo 19 estaban calificados con ejecución muy buena, 108 con buena, 93 con aceptable, 100 con delicada y 29 crítica.

En el caso de Viacha, la falta de presupuesto afecta no solo a las víctimas de violencia de ese municipio, sino también a víctimas de comunidades cercanas. El SLIM además atiende denuncias de, por ejemplo, Corocoro, Santiago de Callapa y Santiago de Machaca, municipios que tampoco cuentan con especialistas en psicología ni en trabajo social.

Esa situación dificulta la atención especializada, tal como sucedió en el caso de doña Berta, en el que la falta de una valoración psicología evitó que se dé curso a la denuncia.

Debido a estas circunstancias, lo ideal sería que al menos una psicóloga atendiera en el SLIM central (que cubre los distritos 1, 2 y 3), y otra atendiera en la descentralizada (que abarca los distritos 5 y 7).

Si bien además de la psicóloga del DNA hay otra encargada para tratar a las víctimas, debido a su tipo de contrato esta solo atiende una o dos veces por semana. Para tratar de remediar esta situación, la comuna se alió con otras instituciones para brindar ese servicio.

Hasta mediados de julio, el personal de la defensoría de la niñez y adolescencia también atendía las denuncias de las mujeres de violencia. Foto: Rocío Condori.

Por su parte, la situación de la trabajadora social es similar: se debe encargar de hacer el acompañamiento a las víctimas para verificar las condiciones en las que vive, iniciar la denuncia legal y evaluar si es necesario sacarla del lugar.

“Somos el municipio de referencia, y con carta de la Fiscalía, FELCV y juzgados las víctimas recurren al servicio de la Defensoría de Viacha para los requerimientos que llegan con plazos de 48 horas, en el caso de la Fiscalía”, explica la trabajadora social del DNA, María Roxana Choque.

El tiempo no le alcanza porque muchas veces su trabajo significa desplazarse a diferentes zonas no solo de Viacha (más bien cuentan con un vehículo para hacerlo), sino también a otros distritos rurales de este y de otros municipios.

“Mañana tengo salida a Santiago de Callapa por un caso de violencia, entonces dejo Viacha por esa situación. Sería bueno que luchen por los municipios aledaños y que puedan poner a profesionales interdisciplinarios”, sugiere Choque.

Lo que ocurre con la especialista legal es muy parecido. Pese a que el SLIM tiene presupuesto para una abogada, aún no se formalizó el contrato. “Estoy batallando con el proceso de contratación”, afirma el Director.

Y entre tanto es la abogada del DNA la que se da modos para encargarse de la atención de este y de los otros servicios.

“Al menos necesitamos dos abogados tanto para DNA y SLIM porque además (de nuestro trabajo) estamos apoyando en la parte legal del adulto mayor y de las personas con discapacidad. Hay casos que nos remiten aquí, y tenemos que atender en nuestra dirección”, explica Mamani.

La abogada Sara Kantuta relata que en muchos casos las audiencias de los distintos casos se realizan a la misma hora, y que se tienen que desplazar entre los cinco distritos.

Bajo presupuesto y en descenso

La situación actual se debe al escaso presupuesto no solo del SLIM, sino de todos los servicios que se encargan de asegurar la igualdad y equidad de género en el municipio. Aunque estas problemáticas son más visibles ahora, este escenario se arrastra desde hace algunos años.

Según el Ranking Municipal en Igualdad y Equidad de Género, en 2015 la ejecución de la Inversión en Igualdad/Equidad de Género (IEEG) en el municipio de Viacha presentó un incremento importante que continuó hasta 2017; sin embargo, para el siguiente año hubo una bajada considerable.

En 2016 el municipio ejecutó el 5,16%, mientras que en 2018 solo ejecutó 1,26%, lo que significa que bajó su categoría en el rango de inversión. En el primer año estaba calificada como buena, pero dos años después se encontraba en la categoría de delicada.

Según el dato preliminar que alimentará el Ranking Municipal en Igualdad y Equidad de Género de 2019 —realizado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, que aún está en revisión y al que accedió La Brava—, el presupuesto ejecutado para IEEG de esta comuna descendió de 1.506.394 bolivianos, en 2018, a 1.126.851, en 2019.

Si bien este monto es el total de los presupuestos sensibles a género, el relacionado con la lucha contra la violencia en razón de género —que tiene que ver con el funcionamiento de los servicios legales— fue uno de los más afectados. La ejecución del presupuesto del SLIM bajó de 370.322 bolivianos, en 2016, a 69.054 bolivianos, en 2019.

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Según los datos del GAMV, para la gestión 2020 la ejecución subió 23 bolivianos; sin embargo, este informe debe ser avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aún realiza el análisis de las ejecuciones municipales.

Es importante aclarar que, si bien el municipio cuenta con un presupuesto inicial, lo que se ejecuta es menor. Por ejemplo, en 2020 se presupuestó Bs 119.800 para el SLIM, de los que se ejecutaron Bs 69.077; además, el presupuesto proyectado para 2021 bajó a Bs 59.600, y es probable que su ejecución sea menor.

El titular de la Secretaría Municipal Administrativa Financiera, Ruddy Alvarado, dice que las reducciones se deben a la disminución de los ingresos por la coparticipación de los Impuestos Directos de Hidrocarburos (IDH) que reciben los municipios. Asimismo, Alvarado precisa que, si bien el presupuesto proyectado en 2020 era de Bs 66 millones, la transferencia fue de Bs 49 millones. “De lo programado nos daban menos”, afirma.

Para 2021 se proyectó Bs 48 millones, pero este puede bajar hasta fines de año. A ello se suma que el municipio de Viacha tiene una deuda financiera de Bs 36 millones, que data de periodos administrativos anteriores, esto debido al déficit que hubo entre la protección de 2020 y la transferencia y recaudaciones.

La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, considera que los presupuestos se verán aún más afectados a causa de la política de austeridad del país ante la crisis que significó la pandemia del coronavirus.

“Habrá una reducción drástica de presupuestos de los municipios y gobernaciones, lo que se va a traducir en programas que van destinados a la igualdad. Ha ocurrido antes: siempre que hay una reducción de los presupuestos, los que sufren reducción son los programas de desarrollo humano y los planes de desarrollo social”, alerta.

Otros problemas

Viacha no solo sufre la deficiencia de personal y presupuesto en el SLIM, esta situación también se siente en la FELCV, lo que evita una coordinación adecuada entre ambas instancias, como establece la Ley 348.

El director de la FELCV de Viacha, Juan Carlos Quisbert —quien ocupa el cargo desde marzo— explica que solo cuenta con dos personas en cada turno, quienes no se dan abasto para atender los casos. A su vez, Quisbert cuestiona que no haya un médico forense en el municipio, y que las víctimas tengan que viajar dos horas hasta El Alto para ser atendidos.

El certificado forense fue un impedimento para que doña Berta pudiera hacer su denuncia en la FELCV, donde llegó después de acudir al SLIM. Por ello, y por el miedo que tenía, doña Berta escapó con la ayuda de la fundación a otra ciudad, donde además de sus familiares hay una institución que le ofrecía terapia psicológica.

Quisbert es consciente de que, en muchos casos, en la ruta hacia forense, las mujeres desisten de acudir a instancias legales. Aunque explica que, si bien la ley permite denunciar sin el documento forense, la Fiscalía da ocho horas para presentarlo y dar curso a la denuncia; sin embargo, a veces, por la sobrecarga laboral del médico forense de El Alto, este tiempo es mayor por lo que la demanda no procede.

Voluntad política

Para Mónica Novillo, las deficiencias que ocurren en el SLIM podrían resolverse con la voluntad política de las autoridades de todos los niveles estatales, en este caso municipales.

“Todo presupuesto te dice cuáles son los temas importantes para los gobiernos, y esto tiene que ver con la concepción del desarrollo del municipio. Para nosotras, el seguimiento a los presupuestos nos permite medir la claridad política”, asegura la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.

Además, Novillo advierte que no todo depende del cumplimiento de los decretos reglamentarios de la ley —que establecen que los gobiernos municipales dispondrán del 10% del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, mantenimiento y atención en los SLIMS—, sino de que se puedan destinar mayores montos para paliar esta situación.

Por su parte, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), Wendi Pérez, asegura que aún hay una mirada patriarcal que no permite brindar la atención necesaria.

“Hemos visto que son muy pocos los gobiernos autónomos municipales que le dan la debida importancia al tema de (la lucha) contra la violencia a la mujer. Entendemos que el sistema patriarcal es todo un sistema y que la mayoría de los alcaldes en la gestión pasada fueron hombres”, afirma.

Ante el reporte del Ministerio de Gobierno —que afirma que la denuncia que más se presenta en la Policía es de violencia contra la mujer—, Novillo precisa que es urgente asegurar que todas las acciones que establece la Ley 348 sean acompañadas por una asignación justa de presupuesto.

“Una ley con una política que no tiene presupuestos para asegurar su implementación, es una política que no sirve”, asevera Novillo.

Al respecto, Pérez asegura que en el proyecto de modificación de la Ley 348, que se espera entregar a la Asamblea Legislativa a fines de julio, hay un capítulo específico dedicado a presupuestos.

Falta de confianza

La directora del Sepmud, Wendi Pérez, resalta que la falta de presupuestos afecta, además, a la institucionalización de su personal, el cual en casi todos los casos tiene contratos temporales. A su vez, Pérez considera que por eso hay una sensación de desconfianza al trabajo del SLIM, y que muchas mujeres prefieren no acudir a esa instancia o deciden no regresar para no ser revictimizadas al tener que contar nuevamente su experiencia.

Además, destaca que, por contar con bajos presupuestos, en varios municipios no se contrata a personas con experiencia que puedan atender estos casos con calidad y calidez.

Al respecto, la trabajadora social de la Fundación Esperanza de Vida, Daysi Carvajal, cuenta que muchas de las mujeres que acuden a esa institución les dijeron que no volvieron al SLIM porque allí no les dieron una respuesta oportuna, ese es el caso de Ana (nombre cambiado).

Según cuenta Ana, en 2019 acudió al SLIM de Viacha para presentar una denuncia, sin embargo, no quisieron recibir su proceso. Ella explica que su exesposo trabajaba en la Alcaldía, y que además es familiar de una alta autoridad de la anterior gestión. Relata que su expareja trató de atentar contra su vida en dos oportunidades, después del divorcio y que ahora ejerce violencia psicológica contra ella y sus dos hijas.

Proyecciones de las autoridades

De los montos presupuestados para el SLIM de Viacha, una gran parte es para pagar el alquiler (Bs 57.000) del espacio donde funciona este y el DNA. Por ello, una de las prioridades del gobierno municipal de Viacha es proyectar la construcción de una infraestructura propia, que tenga el espacio suficiente para garantizar un servicio adecuado. Además, el dinero con el que se paga el alquiler podría cubrir el sueldo de especialistas.

El director de Gestión Social, Eugenio Mamani, relata que, en coordinación con las juntas vecinales, se busca un terreno apropiado en predios municipales, y que para octubre habrá un proyecto de construcción para el cual se buscará financiamiento. Mamani asegura que el proyecto se llamará Casa de la Mujer, y espera que además del SLIM haya un espacio de acogida estatal para víctimas de violencia, del cual se carece actualmente en el municipio.

Por ahora, entidades privadas cubren esta deficiencia de la Gobernación, es el caso del Hogar Los Andes y del albergue de la Fundación Vida Esperanza, que se inauguró en marzo de este año. Esta última tiene capacidad para 24 personas víctimas de violencia y sus dependientes.

La Fundación Vida Esperanza no solo tiene un espacio donde las mujeres víctimas de violencia y sus hijos pueden vivir temporalmente, sino también les ofrece acompañamiento psicológico y orientación legal; además, ahí las mujeres aprenden oficios. En poco tiempo este albergue se convirtió en un refugio para las mujeres que no hallan una respuesta estatal en Viacha.

Charla motivacional a mujeres que se refugian en la casa albergue de la Fundación Vida
Esperanza. Foto: Rocío Condori.

*Esta investigación fue realizada gracias al Fondo de Fomento al Periodismo “Mujeres tus derechos en el presupuesto”, impulsado por OXFAM Bolivia, con el apoyo del Gobierno de Canadá.


Karen Gil es periodista de investigación, especializada en temas relacionados a derechos humanos, esencialmente, de las mujeres y pueblos indígenas.  Es autora del documental «Detrás del TIPNIS» (2012), del libro «Tengo Otros Sueños» (2018) y coautora de «Días de Furia» (2020). Ganó el premio nacional periodismo de la APLP, en su categoría digital (2016).
Karen Gil es periodista de investigación, especializada en temas relacionados a derechos humanos, esencialmente, de las mujeres y pueblos indígenas. Es autora del documental «Detrás del TIPNIS» (2012), del libro «Tengo Otros Sueños» (2018) y coautora de «Días de Furia» (2020). Ganó el premio nacional periodismo de la APLP, en su categoría digital (2016).