Después de 12 años de iniciar el proceso, recién en septiembre de 2022, el Senado aprobó la Ley de Unidad Territorial del Territorio Indígena Multiétnico, que es el último paso para instalar la autonomía indígena. El estatuto autonómico llegó hasta esta instancia gracias al esfuerzo y empeño de los indígenas, que tuvieron que batallar y superar al menos ocho trabas estatales. Pese a ello, aún están a la espera de la consolidación de su anhelado autogobierno.

 Edición 76. Jueves 22 de diciembre de 2022.

Basilio Noza aún recuerda el cabildo de corregidores en la comunidad de San José de Cabitu que decidió ir por la Autonomía Indígena, en 2010. Aquel momento él no imaginó que este proceso duraría 12 años. Este dirigente mojeño trinitario es uno de los pocos indígenas antiguos que soñaron con el proceso y que aún sobreviven; muchos fallecieron sin conocer la ley que reconoce el autogobierno del Territorio Indígena Multiétnico, ubicado en la Amazonía del departamento de Beni.

“Esto se ha pensado mucho, a nosotros mismos, la autoridad, el cabildo, pensamos, sería mejor que se consolide, que seamos autónomos (…) porque si seguimos así, siempre seremos lo mismo”, dice Noza, al referirse al agobiante trámite que vivieron los indígenas del TIM.

Noza —78 años y padre de nueve hijos— es el líder histórico de la Primera Marcha Indígena en 1990, aquella que movilizó a más de 2.000 personas “Por Territorio y Dignidad”. Ya ese año pensaban en ser autónomos.

El TIM está entre los municipios de San Ignacio de Mojos y Santa Rosa de Yacuma del departamento de Beni. Se trata de una extensión de medio millón de hectáreas tituladas, en el que habitan cinco pueblos indígenas: mojeños trinitarios, mojeño ignaciano, tsimane, yuracaré y movima, distribuidos en 26 comunidades.

Una de ellas es San José de Cabitu, situada a una hora y media de San Ignacio de Mojos, donde las mañanas de domingo transcurre apacible. Allí los muros de las casas de madera dejan ver la actividad de sus habitantes sin temor alguno y afuera el trinar de las aves da la bienvenida a las visitas a la sede del TIM.

En esta población, en octubre de 2010, un cabildo de corregidores del TIM, en el ejercicio de su libre determinación —establecido la Constitución Política del Estado (CPE)—, decidió por voto unánime acceder a la autonomía de base territorial, recuerda el subalcalde del distrito del TIM, Bernardo Muiba.

El TIM es uno de las 39 autonomías indígenas que inició su proceso por territorio, que en este caso abarca dos municipios, y no por conversión municipal, la otra modalidad para iniciar el proceso autonómico.

¿Por qué acceder a la Autonomía Indígena?

Esta es una pregunta recurrente que recibe Petronila Ipamo, que dejó el cargo de vicepresidenta de la Subcentral de Mujeres del TIM en noviembre pasado, a lo que ella siempre responde: “Para que todas las comunidades sean atenidas”.

Para la joven dirigente no existe una atención al TIM, en el tema de salud. Por ejemplo, en nueve centros de salud, dos micro hospitales y cuatro centros de referencia que existen en las 26 comunidades, seis tienen un médico y un auxiliar, el resto solo auxiliares, pero en todos, sus equipamientos son deficientes. Por ello, cuando una persona se enferma es trasladada a San Ignacio.

Durante la pandemia del coronavirus, el abandono a los territorios indígenas fue más visible, porque las autoridades se concentraron en las ciudades pobladas donde el sistema sanitario colapsó en todo el país.

En educación, algunas comunidades cuentan con escuelas construidas rústicamente. Allí un maestro enseña a cuatro o 10 estudiantes; pero, en otros casos, como en una comunidad chimán no tiene ni maestro ni infraestructura, reclama Ipamo.

Cree que, con la autonomía indígena, esta realidad cambiará. “Hay varias comunidades que están en el centro del TIM que ni siquiera pueden ser atendidas, la visión es llegar hasta el último rincón del territorio para que la gente reciba atención”, añade.

Para el subalcalde del distrito TIM Bernardo Muiba, la atención en salud y en educación se logrará con la administración de recursos propios. Ése es un anhelo del TIM luego de que se consolide la autonomía indígena.

En esta misma línea, el presidente de la Asamblea Territorial del TIM, Darío Matene, asegura que la ley autonómica significa una seguridad territorial, porque se establece los límites territoriales y para los cinco pueblos indígenas es concretar la lucha de los antepasados.

Paulina Noza, expresidenta de la Subcentral Mujeres del TIM, quien vive en Natividad del Retiro, habla de una autonomía indígena que cuidará a su territorio, porque si antes la amenaza eran los ganaderos hoy son las carreteras. “Ahora trabajan maquinarias, eso pasa aquí, dentro del territorio; hay gran amenaza en Natividad del Retiro, Monte Grande, una vez se abra la carretera y entren personas ajenas.

En la visita a Natividad del Retiro, efectivamente, había máquinas y obreros sobre la carretera, que es parte del tramo dos de la carretera por el TIPNIS, que une San Ignacio de Moxos y Villa Tunari (Cochabamba). Sobre esta ruta están las comunidades El Salvador, Jorori y Naranjal, donde viven indígenas chimanes, una cultura considerada en primer contacto con el Estado y altamente vulnerable.

Estas tierras, en la década del 90 fueron amenazadas por empresas madereras que despojaron de sus tierras a las familias para la explotación de recursos naturales. Este atropello fue el detonante para realizar la primera marcha indígena “Por Territorio y la Dignidad”.

Aquella caminata inició el 15 de agosto con abuelos, padres, madres, hombres y mujeres del pueblo mojeño que se concentró en San Ignacio de Mojos y se sumaron indígenas de tierras bajas. La marcha de las 2.000 personas por 34 días logró la promulgación de cuatro normativas, entre ellas el Decreto Supremo 22611 que reconoce a los pueblos indígenas del TIM y dispone el retiro de empresas forestales una vez finalizado los contratos.

Para el subalcalde Muiba, el reconocimiento de espacios territoriales fue un tema de discusión entre ganaderos y pueblos indígenas por avasallamiento, lo que dio inicio, en 2010, a pedir la titulación de tierras. Ese año terminaba los contratos de las empresas forestales y el compromiso del Gobierno era entregar las tierras a los indígenas; pero no lo cumplió y las convirtió en tierras fiscales.

Pasaron nueve años, para que, en agosto de 2019, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregara al TIM la resolución de titulación de tierras del “Bosque Ancestral Chimán”, en la comunidad Santa Rosa del Lepere. Para Muiba esa fecha fue memorable porque se cumplió con una de las demandas históricas.

Las trabas burocráticas del Estado 

Después de octubre de 2010, los indígenas del TIM trazaron una ruta para consolidar el autogobierno, pero no imaginaron pasar por un proceso engorroso, lleno de trabas en la obtención de los requisitos exigidos por la Ley de Autonomías.

Algunos de esos son: la Certificación de Condición de Territorio Ancestral, Certificación de Viabilidad Gubernativa y Verificación de Base poblacional vía Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). A ellos, además, se sumaron otros obstáculos que retrasaron por 12 años el acceso al autogobierno.  

En 2011, los asambleístas territoriales de las 26 comunidades, hombres y mujeres, comenzaron a estructurar el contenido del Estatuto Autonómico y debían demostrar, con la Certificación de ancestralidad, que eran indígenas habitantes del territorio antes de la Colonia.

Esta situación “indignó” y “molestó” a los indígenas, dice la vicepresidenta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originario Campesinas (CONAIOC), Rosalía Matene, ya que Estado preguntó si son ancestrales y originarios, cuando los derechos los pueblos indígenas están protegidos por la CPE y convenios internacionales.

Pese al pedido de anulación de la Certificación, el TIM obtuvo en 2013 el certificado de ancestralidad para que el Estado reconociera la existencia de los pueblos indígenas dentro del bosque.

Matene también cuestiona al Estado, de por qué el TIM debía demostrar con el Certificado de Viabilidad Gubernativa “si tienen la capacidad de autogobernarse” o con la Verificación Poblacional, que exigía entregar datos de la cantidad de habitantes al Instituto Nacional de Estadística (INE), “para ver si cumplimos para ser autonomía indígena”.

Según Martín La Mar, director General de Organización Territorial del Viceministerio de Autonomías, los requisitos fueron aprobados en la nuevas CPE y debatidos con los del TIM.

“Si vienen otros que quieren ser autonomía indígena y no tienen estos documentos (cómo demostrarlo), por eso hay certificado de nacimiento y Carnet de Identidad, hablando de personas, en el tema de autonomías indígenas es lo mismo”, dice.

La Mar está consciente de que es un trámite burocrático para los pueblos indígenas, pero que, con la experiencia del TIM y otras, se aprobaron dos resoluciones ministeriales con nuevos reglamentos que reducen los plazos de “meses a días”.  

A los pueblos indígenas del TIM les llevó dos años (julio de 2013- octubre de 2015) tramitar los certificados ante el Viceministerio de Autonomías, el INE y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según datos de la Viceministerio de Autonomías, hasta octubre, Charagua Iyambee, Raqaypampa, Uru Chipaya, Salinas, Kereimba Iyaambae y Jatún Ayllu Yura “consolidaron” su autonomía indígena, mientras que otras siete solicitudes están en “proceso de consolidación” y 26 están “en proceso”.

Un estatuto autonómico, por usos y costumbres

Los asambleístas territoriales iniciaron a elaborar el proyecto del estatuto autonómico en 2011. Para este trabajo recogieron y sistematizaron las demandas de los cinco pueblos indígenas. La aprobación de la redacción de ese documento fue en 2016.

Para la declaración de constitucionalidad, Darío Matene —en ese entonces presidente de la Subcentral del TIM— solicitó al TCP la revisión del proyecto autonómico. Si bien en 2017, el TCP declaró compatible, observó nueve de los 95 artículos, los cuales fueron subsanados por la organización. Nuevamente el documento volvió al TCP, instancia que dio la luz verde para su aprobación.

Tras una serie de cuestionamientos de varios pueblos indígenas de Bolivia que estaban en el proceso autonómico a la aprobación de los estatutos por referéndum, en julio de 2019, el Gobierno promulgó la Ley 1198, que modifica la Ley Marco de Autonomías.  Esta nueva norma resuelve la aprobación del estatuto autonómico por normas y procedimientos propios. Además, establece que si un territorio cumple con los requisitos es suficiente para la creación de la unidad territorial, que deberá ser aprobado en un plazo de 90 días por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Bajo esta figura, el TIM demandó al TSE aprobar el proyecto autonómico por procedimientos propios y no por referéndum. Para ello, el 25 de noviembre de 2020 —cuando el país se preparaba para la segunda ola del coronavirus en el país— una delegación de 26 representantes indígenas arribó a La Paz para hacer una vigilia frente al TSE y así exigir lo que dice la Ley 1198.

A los siete días de la vigilia, Muiba —quien era presidente del TIM— dijo a los medios de comunicación que mantendrán el plantón frente al TSE hasta “llevar a las bases una respuesta positiva”. A las dos semanas de iniciarla medida, hubo un acta de acuerdo donde el Tribunal se comprometió a que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) acompañe la aprobación de su estatuto bajos sus propios procedimientos, el 21 de diciembre de 2020.

Es así, que la tarde del 21 de diciembre de 2020, con la presencia de 23 representantes de las 26 comunidades de los 5 pueblos indígenas del TIM, las más de 200 personas reunidas en Natividad del Retiro aprobaron su Estatuto Autonómico por usos propios. Ese documento da las líneas para ejercer el autogobierno.

Pero aún faltaba que el TCP declare la constitucionalidad del estatuto, por lo que dirigentes del TIM se trasladaron a la ciudad de Sucre, el 28 de enero de 2021, para pedir se agilice el tratamiento del estatuto.

Pasaron siete meses y el pedido no fue escuchado, por lo que 15 de agosto de 2021 los pueblos indígenas del TIM bloquearon por tres días la carretera San Ignacio-San Borja.

“Eso fue una gran experiencia, con el apoyo de las bases, de las comunidades, de la gente, se logra muchas cosas, y así fue que empezamos a tener más acercamientos con las autoridades, aunque nos costó”, recuerda Aurora Limpias, exvicepresidenta del TIM.  

Después de cinco años de trámites burocráticos y medidas de presión del TIM, el 8 enero de 2022, el TSE entregó la Resolución 0464/2021, que aprueba el Estatuto Autonómico del TIM.  

“Queremos ser parte el Estado Plurinacional, decirles a las autoridades que nuestra autonomía será una realidad, queremos ejercer este año nuestra autonomía”, dijo emocionada Limpias durante el acto de entrega de la Resolución.   

Según Alejandra Anzaldo, directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) Beni, institución que acompaña en el proceso autonómico del TIM, el paso más dilatorio en el proceso de la autonomía indígena fue lo del Estatuto Autonómico y la titulación de las exconcesiones forestales.

La larga espera

Con el Estatuto Autonómico aprobado, el siguiente paso fue activar el tratamiento del proyecto de Ley de Unidad Territorial del TIM en la ALP. Esta normativa permitirá tener la certeza del espacio geográfico en el que ejercerán su jurisdicción, una vez conformado gobierno indígena.

El proyecto de Ley de Unidad Territorial del TIM ingresó a la ALP en 2020, pero fue observado con las coordenadas de los límites territoriales. Por ello, en abril de 2021, una comisión del territorio llegó a La Paz, para subsanar las observaciones.

Una vez que el proyecto de Ley estaba en el Senado, su tratamiento se paralizó cuando los legisladores observaron que la norma despojaría de tierras a los ganaderos, cuando el Estatuto da garantías de derecho propietario. Otro obstáculo fue cuando un grupo de personas del TIM, que parcelaba tierras en territorio, rechazó la autonomía indígena bajo la justificación de que no fue consultado, recuerda Rosalía Matene.

A principios de 2021, los indígenas del TIM consensuaron con alcaldes de los municipios de Yacuma y San Ignacio para que coadyuven en el proceso de transición a la autonomía vía territorial, lo cual significó tres meses de reuniones y finalizó con una firma de convenio en junio 2022.

Después de 12 años de espera, desde que el TIM decidió acceder a la autonomía indígena, el 28 de septiembre de este año, en una sesión de dos horas de lectura en detalle del trazo de la línea limítrofe, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Consolidación de Unidad Territorial de Territorio Indígena Multiétnico (TIM) del departamento de Beni.

Para atestiguar este logro, una comitiva del TIM estuvo presente en la sesión de la Cámara de Senadores, en la que participaron Rosalía Matene, Petronila Ipamo y Aurora Limpias.

Fueron sentimientos de tristeza y alegría, confiesa Aurora Limpias, presidenta de la Subcentral del TIM hasta noviembre de este año. “Esa es la emoción que me anima a seguir luchando por la gente más vulnerable, la gente más olvidada que está en el último lugar del territorio (…), dice”. 

El senador Luis Adolfo Flores admitió que el proyecto de Ley debería aprobarse hace cuatro o cinco años.

Aquel día, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anticipó que en un mes el documento pasará a la Cámara de Diputados para elevar luego a la ALP, pero pasaron tres meses y el proyecto de Ley sigue estancado.

Falta de experiencia estatal

Para Rosalía Matene, el proceso pudo avanzar si no fuera por el desconocimiento de los técnicos del TSE que los asesoran, pues, al final, son ellos quienes observan y ponen un sinfín de trabas, eso se vio en estos dos años. “Más que procedimientos burocráticos fueron criterios de algunos técnicos que desconocen o que no se preocupan siquiera en conocer qué son las autonomías indígenas”.

Incluso, por un error de coma, el trámite regresaba a fojas cero, sumado a todo lo que pasamos, en el proceso de la Autonomía Indígena, fue “muy pesado” y con “muchas dificultades, observa Muiba.

Para Martín La Mar, director General de Organización Territorial, el tema de autonomía es nuevo en el país y que no existe ni una carrera profesional para aprender la temática. “Los técnicos que trabajan en entidades públicas, incluso aquellos que trabajan en las autonomías que asesoran, no conocen el 100 por ciento”.

El funcionario considera que la “alta burocracia” y el tiempo que se toma en acceder a la autonomía viene de los dos lados, del Estado y del solicitante. Sin embrago, asegura que la experiencia del TIM y otras autonomías ayudará a mejorar los procesos autonómicos.

Para Anzaldo, lo valioso de estos 12 años, es que hay avances en la construcción de un gobierno indígena que les permitirá implementar su estatuto orgánico, y sus decisiones serán deliberadas en asambleas con la participación de hombres y mujeres de 26 comunidades de cinco pueblos indígenas del TIM.  

Otro aspecto positivo, es el liderazgo femenino en pueblos que han reproducido históricamente la cultura machista. “El TIM, en particular, avanzó mucho en esto, pero fue un proceso de lucha persistente de parte de las compañeras mujeres para poder, no solo lograr el reconocimiento de la subcentral de mujeres, sino consolidar y mostrar que hay muchos liderazgos”, apunta Anzaldo.

Pese a los 12 años en los que los pueblos indígenas del TIM hicieron trámites burocráticos, cruzaron el país para exigir atención a su demanda y realizaron bloqueos, aún están a la espera de tener en sus manos la Ley de Consolidación de Autonomía Indígena promulgada por el Gobierno para consolidar su autonomía.