El salto abrupto a un modelo de producción de maíz mecanizado sin suficiente asesoramiento técnico ni maquinaria, causó que indígenas tacanas y campesinos perdieran sus cosechas de maíz y adquirieran deudas altísimas para los recursos que generan. La falta de seguro en caso de sequía, inundación o plaga también coadyuvó al endeudamiento de más de 150 pequeños agricultores con el gobierno, a través de Emapa, precarizando la vida de sus familias.

Edición 139. Lunes, 2 de septiembre de 2024.

Rosa Villanueva camina por su chaco de cinco hectáreas de maíz aún a medio cosechar y levanta los restos de mazorcas, algunas buenas y otras dañadas, de la anterior siembra de verano, que perdió a causa de una plaga que no sabía cómo controlar. La mujer indígena tacana, oriunda de Santa Rosa de Maravilla, una comunidad de San Buenaventura en la Amazonía de La Paz, espera que la nueva cosecha de la campaña de invierno sea buena, tanto que alcance para cubrir una parte de la deuda de Bs 15.000 que carga desde hace 10 meses y que adquirió luego de apuntarse al Programa de Apoyo a la Producción de Maíz de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), dependiente del gobierno nacional.

“No conocíamos cómo era la siembra de este maíz. Primero hemos hecho desmontar todo esto, después vino la romploneadora (equipo para arar la tierra), después la oruga y luego la sembradora. A los 10 días, el maíz creció y no sabíamos cuál era la medicina para fumigar la plaga. Mientras crecía mi maíz, compré una medicina para hierba y al fumigar una hectárea maté al maíz porque el pesticida no era el correcto. Yo no sabía cuál comprar. Por eso, de nuevo me he puesto a sembrar, porque debo al gobierno”, cuenta Rosa, quien pasó de cosechar maíz y otros alimentos para el consumo personal a producir solo maíz como pequeña productora.

Darío Chuqui, corregidor interino de Santa Rosa de Maravilla, explica que el proyecto de maíz mecanizado de Emapa llegó hace dos años a la comunidad y se consolidó con por lo menos siete familias interesadas en mejorar sus ingresos económicos. En ese camino terminaron con deudas ya que la empresa estatal no cumplió con el apoyo técnico e insumos prometidos, lo que hizo que perdieran sus cosechas.

“Ellos iban a apoyar con todo: asesorar técnicamente e incluso traer los insumos que se requieren para evitar las plagas. Llegado el momento solo sembraron la semilla a cuenta del beneficiario y después nos dijeron que cada uno compre lo que necesite, como herbicida y pesticida y lamentablemente quien no tenía dinero no compró y perdió la cosecha por plaga”, contó la autoridad, quien también resultó afectada tras la siembra de maíz mecanizado en diciembre de 2023.

Según el Manual de Organización y Funciones de Emapa, la Gerencia de Producción está a cargo de llevar adelante los programas de apoyo productivo a pequeños y medianos agricultores mediante la provisión de insumos —como semilla certificada, fertilizantes, defensivos agrícolas, combustible y otros— con préstamos a cero por ciento de interés. Asimismo, apoya con el monitoreo a cultivos, asistencia técnica, fortalecimiento y capacitación permanente a los agricultores.

Sin embargo, de acuerdo con la rendición pública de cuentas 2023 de Emapa, el 0% del total de productores de maíz híbrido en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca, Pando y el Norte de La Paz durante la campaña de invierno y verano, en función a la muestra, recibieron asistencia técnica y seguimiento. “La siembra se inició la tercera y cuarta semana de diciembre debido a las precipitaciones pluviales”, detalla el informe.

“No fue como ellos lo pintaban. Vienen los proyectos y te lo dibujan bonito. Acepté entrar al proyecto y acaparé dos hectáreas de mi parcela. Vino Emapa para el desmonte, luego el ramploneaje y al mes vino la siembra. Se sembró y no venían los técnicos a ver el campo y expliqué que la plaga llegó a mi maíz. El gusano terminó mi maíz. Me dejó en la ruina y endeudado hasta ahora, porque tuve que buscar dinero y vender mis bienes para cubrir la deuda cerca de 8.000 bolivianos del primer arado por 1.65 hectáreas. Fue carísimo el desmonte con la oruga”, relata Hernán Chuqui.

El también indígena tacana afirma que por falta de conocimiento y apoyo técnico no supo controlar la plaga. Asimismo, detalla que para no perder la época de siembra de verano en diciembre del 2023 compró nuevamente bolsas de semilla certificada, cada una a Bs 500, al mismo precio que comercializa Emapa, pero de otros agricultores a los que les sobró el producto.

“Lo sembré a pulso y el maíz no dio como debía dar. Debían ser cinco toneladas por hectárea y solo me dieron 27 quintales en la hectárea y media, pero tenía que salir más, entre 50 a 80 quintales. Cada quintal lo vendí a 70 y conseguí Bs 2.700 bolivianos con lo que no cubrí mi deuda. El maíz en Ixiamas se lo vende a ese precio porque la gente no quiere el maíz de Emapa, porque tiene mucho químico y dicen que hasta la gallina deja de huevear. No vendí a Emapa porque los técnicos alzaron las manos y nos abandonaron”, lamenta el pequeño agricultor.

Chuqui agrega que, ante el incumplimiento de compromisos como la falta de apoyo técnico en la primera siembra, logró un acuerdo con la empresa estatal, a finales de marzo del 2024, para que la cosecha de la campaña de invierno sea recogida a tiempo.

“El maíz va a estar en cosecha y si no viene la máquina en su debido tiempo, no me haré responsable. Solo voy a mantenerlo hasta la cosecha, no esperaré una semana ni un mes”, explicó.

Sobre los casos de endeudamiento en Santa Rosa de Maravilla del municipio de Ixiamas, el gerente de Emapa, Franklin Flores, dijo a La Brava: “Vamos a ir reprogramando (los créditos), no podemos endeudar. Seguimos apoyando con semillas. Hay asesoramiento técnico no solo de Emapa. La producción primaria está a cargo de una entidad específicamente de Desarrollo Rural y Tierras, nosotros (nos encargamos) de la producción con transformación, pero de todas maneras a las personas que más requieren seguimos apoyando no solo en maíz y ahora entramos con soya”.

Sin embargo, pese a las alternativas expuestas por Flores, los pequeños productores continúan con deudas que podrían empeorar su seguridad alimentaria y su situación económica.

La directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Pamela Cartagena, explica que la experiencia en la producción de maíz en Santa Rosa de Maravilla “entristece e impacta” debido a que los créditos que superan los Bs 15.000 –por el uso de maquinaria e insumos agrícolas– se destinan a familias cuyos ingresos anuales solo alcanzan los Bs 30.000.

“Esto es una bola de nieve porque han tenido una mala cosecha, entonces vuelven a sembrar y se vuelven a endeudar este año con la maquinaria y la cosecha que es más baja en producción y con malísimos resultados. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno?”, cuestiona.

Datos oficiales del programa de maíz en 2023 refieren que Emapa apoyó con insumos y monitoreo de cultivos en 53.097 hectáreas de maíz y consiguió 261.554 toneladas de producción en seis departamentos. Por otro lado, favoreció con mecanización agrícola en 586 hectáreas.

Apoyo a pequeños y medianos productores de maíz

La plaga de deudas se expande

Los casos de los indígenas tacanas Rosa, Darío y Hernán de Santa Rosa de Maravilla no son aislados; también se extienden a otras comunidades indígenas como Buena Vista, Altamarani, Capaina Baja y Bella Altura, según los datos del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta).

Además, un panorama similar se da entre las familias campesinas de otras comunidades de los municipios amazónicos de Ixiamas y San Buenaventura en el Norte de La Paz, que son las que más participaron en el proyecto de maíz de Emapa. 

“Lamentablemente hay comunidades que están arrastrando la deuda desde el año 2021, especialmente la comunidad Esmeralda donde sus terrenos son más bajíos y no han podido sacar ninguna cosecha del 2021. El primer año fue mucha lluvia, luego la sequía y ahora este año están con esa esperanza de cosechar su campaña de invierno, aunque no sembraron el grano en su totalidad y eso es lo preocupante”, reportó la ejecutiva de la Federación Intercultural de Mujeres Productoras de Abel Iturralde (FESMAI), Justina Cordero.

Frente a las adversidades externas como la sequía, inundaciones y las plagas, Cordero refiere que los productores no gozan de algún seguro que los proteja. En consecuencia, las pérdidas son asumidas en su totalidad por los “beneficiarios del programa de maíz” sin ningún perdón en la deuda con el gobierno.

“Hicimos el reclamo de por qué no implementar un seguro agrario en nuestra provincia ya que en Santa Cruz hay ese seguro. No sólo pierde el productor sino Emapa”, explicó la dirigente.

Por su lado, el ejecutivo de la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (Fespai), Abraham Mamani Paco, en coincidencia con Cordero, dijo que la falta de maquinaria es otro factor que juega en contra.

“Tenemos un limitante ya que la empresa no tiene maquinaria suficiente, sólo tiene una máquina cosechadora y hasta llegar al municipio de Ixiamas tarda mucho. La empresa tampoco tiene oruga y si tuviera los costos también bajarían”, destacó.

La dirigenta intercultural recalcó que por falta de maquinaria algunos productores no pudieron sembrar ni cosechar a tiempo debido a la demora en el traslado, entre Ixiamas y San Buenaventura, de las dos sembradoras y una cosechadora que deben abastecer a los más de 200 productores de ambos municipios.

El sistema de Emapa

¿Cómo funciona el crédito-deuda del programa de maíz? El ejecutivo de la Fespai explicó que Emapa brinda la maquinaria, insumos agrícolas y ayuda técnica, cuyos montos económicos se suman por servicio prestado y se convierten en la deuda que el productor debe cancelar solo con los quintales de maíz que obtenga de la cosecha.

La pérdida-deuda se genera cuando hay un déficit en la producción por sequía, plaga, inundación o falta de maquinaria. Entonces, como relataron los indígenas tacanas, para saldar las deudas, el productor vuelve a sembrar el grano con la esperanza de producir más quintales que ayuden a cubrir la deuda total, ya que el crédito otorgado por Emapa solo puede ser cancelado con producto y no en efectivo.

De acuerdo con los datos de la Fespai, en San Buenaventura hay 62 beneficiarios campesinos con 151 hectáreas de cultivos de maíz y en Ixiamas son 79 beneficiarios con 161 hectáreas. Cada mancomunidad tiene un contrato que establece tarifas para el quintal de grano de maíz que oscilan entre los Bs 80 y Bs 110.

“Hay desmotivación ya que, de toda la cosecha, Emapa se lleva el grano para cubrir la deuda. En un ampliado una compañera dijo: ‘Desde que llegó Emapa ni quisiera puedo le comprar por lo menos un zapato a mi hijo’. Es muy lamentable, por eso en una reunión pedimos al hermano Franklin que lo producido 50 vaya a la deuda y 50 al productor para que por lo menos tenga la satisfacción de comprar algo para su familia”, refiere la ejecutiva de la Fesmai, quien reportó que del 100% de los productores, el 50% está haciendo los pagos y el otro 50 sigue “recargando” su deuda.

El gerente de Emapa aseguró que ante “la bola de nieve” de deudas que refieren los indígenas y campesinos productores de maíz, beneficiarios de los proyectos Emapa, se asumirán alianzas y estrategias.

“Por ejemplo, el año venidero (planeamos) que la semilla la dé (el Ministerio de) Desarrollo Rural, ellos tienen producción a fondo perdido porque nosotros como empresa no podemos hacerlo, pero sí Desarrollo Rural con un programa de maíz puede hacerlo y que financie esa producción. Por otro lado, la mecanización (puede financiarse), por ejemplo, (con) los créditos ‘Sí Bolivia’ para compra de maquinarias (por cada productor o de forma comunitaria) porque (ahora) los hermanos todavía no tienen equipos ni maquinaria y Emapa hace su prestación como empresa estratégica”, resaltó Flores.

Mamani, de la Fespai, afirma que los productores de maíz están luchando contra las adversidades climáticas y falta de servicios. No quieren repetir lo ocurrido con la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), que dejó el rastro del fracaso de la producción de la caña de azúcar afectando a cientos de indígenas con deudas millonarias como explica el reportaje “EASBA: azúcar amargo e indígenas endeudados” del medio La Nube.

Entre el desmonte y el modelo de desarrollo “engañoso”

“No estábamos acostumbrados a lo mecanizado, todo era natural y artesanal con hacha y machete. Todo era para el consumo y lo que sobraba se vendía”, explica Roxana Terrazas, vicepresidenta del Cipta, sobre la subsistencia de los tacanas antes de que formen parte del Programa de Apoyo a la Producción de Maíz de Emapa.

Aunque para las 23 comunidades de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana 1 fue más agresivo el cambio de modelo de producción de maíz, no fue la única población que se vio obligada a sortear las dificultades del trabajo agrícola mecanizado. Los productores de la Fespai refieren que para ellos también fue difícil transitar a otro tipo de producción, ya que por las grandes extensiones de hectáreas, desmontadas desde 2021, dependen de la maquinaria para la siembra y la cosecha.

“Recién están reportando estos problemas porque como no practicaban el trabajo agrícola mecanizado no producían grandes extensiones. Antes solo era para el consumo, ahora tienen arriba de cinco hectáreas. Incluso el uso de la maquinaria no es como una sembradora manual. Los productores están sufriendo ese cambio”, informó el ejecutivo de la Fespai, Abraham Mamani.

Para la directora del CIPCA, Pamela Cartagena, en las comunidades indígenas de la provincia Abel Iturralde se implantó un modelo “que no es explicado sin asistencia técnica adecuada y que arrastra una deuda para el país porque todo está subvencionado”.

En el caso de Rosa Villanueva, la tacana arrastra una deuda de Bs 15.000. Antes de ingresar al programa de Emapa, ella se dedicaba a la producción de maíz, yuca, arroz, plátano y chocolate, priorizando su consumo y destinando el sobrante a la venta. Su primera cosecha fue afectada por la plaga debido a la falta de conocimiento en el uso de herbicidas e insecticidas y por el insuficiente apoyo técnico.

“Son proyectos que no van con ellos y tampoco con el medio ambiente porque al final los bosques, aunque fueran bosques, entre comillas, ‘pobres’ cumplen una serie de servicios ecosistémicos. Este es un modelo impuesto, inconsulto y encima mentiroso que no te da todas las condiciones de toma de decisiones como TCO Tacana 1”, lamentó Cartagena quien visitó la zona en el marco del XI Foro Social Panamazónico (Fospa), que se realizó en junio en Rurrenabaque y San Buenaventura.

La también ingeniera agrónoma dijo que muchas familias se adhieren al proyecto porque ven posibilidad de generar ingresos, sin embargo, al siguiente año se endeudan con 15 mil y 18 mil bolivianos “por una o dos hectáreas que han sido manejadas por mecanización y que no volverán a ser bosques”.

El sector que está entre San Buenaventura e Ixiamas es un piedemonte de la Amazonía y es un lugar rico en agua. La riqueza natural es extraordinaria, con fuentes de agua que atraviesan debajo de los 11 puentes que hay a lo largo de la carretera y extensas áreas de bosques. Además, cuenta con una diversidad de animales silvestres y tierras propicias para el cultivo, que desempeña un papel importante en la economía local.

Según datos de los dirigentes interculturales e indígenas, para la siembra de diciembre de 2023 se desmontaron entre 20 a 25 hectáreas en Santa Rosa de Maravilla y 312 hectáreas en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura. El reporte de Emapa de la gestión 2023 establece que 959 hectáreas en el Norte de La Paz fueron usadas para el cultivo de maíz.

La investigadora socioambiental Marielle Cauthin considera que la producción de maíz -impulsada por Emapa en el TCO Tacana 1- es tendiente al monocultivo, pero sin estándares de calidad.

“Hay que exigir, de forma transparente, estudios de evaluación de impacto ambiental, aunque sea para algo que te pueda parecer inocuo como la semilla de maíz y arroz que toda la vida se ha sembrado en la zona. Emapa aparentemente ha entrado con semillas en gran cantidad, deforestando y para cultivar muchas más hectáreas de arroz y maíz. Lo que ha provocado con su mala semilla no sólo son bajos rendimientos, sino que también está, en la versión de las comunidades, vinculada a la aparición de plagas que en la zona no eran conocidas”, explicó la especialista que trabajó en al menos cinco comunidades tacanas.

Asimismo, Cauthin afirmó que otro de los factores preponderantes que causan afectaciones al medio ambiente es el cambio en el modelo productivo. Como ejemplo, mencionó el impacto de EASBA en el Norte de La Paz, generando incentivos a la deforestación y a la ampliación de la frontera agrícola desde hace 15 años, como se refleja en el reportaje “La caña de azúcar devora el territorio indígena tacana” de La Brava.

Primero fue la caña de azúcar, luego el arroz y el maíz, hoy se aproxima la palma aceitera y se proyecta la llega de la soya a la Amazonía del Norte de La Paz. Aunque las proyecciones de “desarrollo” muestran prosperidad, el costo medioambiental parece ignorarse pese al gran impacto de la sequía y las inundaciones por falta de bosques.

Con reportería de: Karen Gil.