Décadas observando desmedidos esfuerzos, viajes, desvelos, enojos y esperanzas, esa ha sido gran parte de la vida política de cientos de personas buscando la titulación de su territorio como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II, una geografía ubicada al extremo norte del departamento de La Paz. En 2021, el Estado boliviano volvió a poner en duda la propiedad colectiva de sus tierras. Aún continúan con la espera.

Edición 113. Miércoles 13 de diciembre de 2023

Yulixa Bascopé, joven lideresa de la comunidad Las Mercedes, ha crecido viendo a comunarios y familias tacanas trabajar para conseguir los títulos de su territorio como Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Durante su niñez y adolescencia, ha sido testigo de las formas en que las comunidades organizaron para que las y los líderes puedan viajar a realizar trámites y posicionar su demanda año tras año.

Ahora, ella va encarnando la búsqueda de una vida en la que no exista el temor a que les roben su territorio. La base para ello: tener la legalidad otorgada por el Estado boliviano. Los tacana habitan estos bosques amazónicos desde tiempos ancestrales, lo gobiernan, conocen y habitan en ellos. Sin embargo, aún no cuentan con títulos oficiales que reconozcan su propiedad. 

El 12 de mayo de este año, cuenta la líder Yulixa Bascopé, se reunieron las cuatro comunidades que conforman la demanda de TCO en la comunidad de El Tigre, ubicada a ocho horas navegando por el río Madre de Dios. Ese día, dice, discutieron los temas que trabajan continuamente en sus reuniones. Punto número uno, salud. Punto número dos, educación. Punto número tres, territorio. Su principal disputa aún es saber cuándo les entregarán sus títulos de propiedad.

En el año 2000, la Central Indígena de Comunidades Tacana II del Río Madre de Dios (CITRMD) —la organización que representa a las y los habitantes— inició la demanda para ser reconocida como TCO. Este territorio está formado por cuatro comunidades tacanas: Puerto Pérez, Las Mercedes, El Tigre y Toromonas. Alrededor de 800 personas viven allí. Han pasado 23 años, y personas como Yulixa aún esperan que se consolide la titulación. 

Las comunidades comenzaron su demanda reclamando 454.469 hectáreas. Tras cuatro años, ésta fue admitida formalmente por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Desde un inicio el proceso fue lento. Recién en 2012, el Estado reconoció que sólo otorgaría una superficie total de 342.930 hectáreas, con las cuatro comunidades tacanas y otros 21 predios de terceros que allí tienen presencia. 

Como con tijeras propias de la relación entre el Estado y la tenencia colectiva indígena en Tierras Bajas, casi 100.000 hectáreas de territorio fueron disminuidas de la demanda inicial. Este proceder del INRA se repitió en el saneamiento y titulación de otros territorios indígenas amazónicos, que en muchos casos, la cantidad de hectáreas fue reducida de la solicitud original. 

Presiones al territorio

Este vasto territorio no está presente dentro del imaginario paceño y boliviano, siendo lugar de frontera entre La Paz y Pando. Hasta el momento no existe camino desde Ixiamas, municipio del departamento de La Paz al que pertenece.

Viajar allí es difícil. En principio, hay que solicitar permiso para ingresar a la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi-Heath, pues para llegar al río Madre de Dios se recorre dicha área protegida. Una vez se tiene el permiso, se parte desde Cobija, Pando, para viajar durante unas cuatro horas por tierra hasta encontrar el río. Luego de cuarenta minutos en bote, se llega a la primera comunidad, Puerto Pérez. Las Mercedes está a media hora en moto desde allí. El Tigre y Toromonas son comunidades que quedan a varias horas navegando por el río. 

No es posible llegar desde Ixiamas, un denso bosque tropical se extiende por fuera de los mapas sin carretera. Pero este territorio es proyectado con la “imperiosa necesidad” de ser “conectado” a través de infraestructura vial. A pesar de la dificultad de acceso, distintas lideresas afirman que desean que se mantenga así, sin carretera, para evitar que intereses foráneos ingresen de forma fácil en búsqueda de oro, tierras y otras lógicas extractivas del despojo.

El norte de La Paz, conformado por una selva viva y habitantes amazónicos, es un espacio pensado para industrializar. Así lo establece la “Marcha Hacia el Norte de La Paz”, proyecto económico del cual Ixiamas hace parte y, por tanto, Tacana II también. Caña de azúcar, soya, ganado, palma africana, entre otros proyectos basados en la deforestación y depredación de los bosques, hacen parte de la lógica que impone el plan. 

Además del acecho de la construcción de carreteras y la presión para la expansión de monocultivos, allí se ha impuesto la presencia petrolera y minera. La lideresa tacana Felicia Bascopé, afirma que estos intereses fueron, y siguen siendo, una razón crucial para que no se concrete la titulación de su territorio.

“Poco o nada les interesa, sólo la riqueza ven”, comenta Felicia sobre la relación del Estado con su territorio. 

Exploración petrolera

Durante el proceso de saneamiento, los intereses petroleros se impusieron y la tortuosa espera de la titulación continúo. A partir de 2013, se desarrolló una intensa negociación y entrada del Ministerio de Hidrocarburos y Energía por la puesta en marcha del proyecto de exploración hidrocarburífera Sísmica 2D “Nueva Esperanza», con el fin de encontrar reservas de petróleo y gas para su posterior explotación. 

Las y los comunarios recuerdan este evento con sentimientos contradictorios. Por un lado, sienten dignidad y fortaleza al haber obligado al Ministerio a cumplir con el derecho a la consulta previa, establecida en la Constitución Política del Estado, para tomar en cuenta las preocupaciones de las comunidades. Lograron construir un acuerdo que incluyó varias de las propuestas y demandas del pueblo Tacana.

Por otro lado, existe amargura ante las formas de actuar de los funcionarios públicos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entró de repente a las comunidades, presentando un proyecto de servicios básicos de agua potable que, tras bambalinas, servía para la exploración sísmica de petróleo. Esas mentiras, cuenta Yulixa, ocasionaron fracturas y divisiones entre comunidades. 

A pesar de los acuerdos con la empresa, vieron cómo las detonaciones de la sísmica no fueron realizadas en los lugares adecuados y acordados, afectando a vertientes de agua y árboles de castañas, base de la economía de las familias tacanas. 

En este proceso de exploración sísmica, que fue acompañado por monitoreos socioambientales tacanas, se confirmó la existencia de un pueblo indígena en aislamiento voluntario que habita esas regiones, quizás araona, toromona o mosetén. Sin embargo, el Estado boliviano no realizó ninguna declaración formal sobre las evidencias. 

Según el presidente de la CTIRMD, Rolan Mejía, el Estado tiene un “profundo miedo de hablar y discutir sobre los pueblos no contactados de la Amazonía”. Tiene miedo porque, según convenios internacionales, esta presencia implicaría detener los proyectos de desarrollo de infraestructura y economías extractivistas que allí se ansían. 

“Sí, pero no” 

En 2021, llegó la noticia del INRA que otorgaba la resolución final y aprobaba su demanda territorial. Sin embargo, la alegría duró poco, una alegría que terminó al saber que esta instancia informaba que detenía la entrega de títulos bajo la justificación que existían pueblos en aislamiento voluntario. Esta declaración significaba que, según el Estado boliviano, se deberían realizar estudios y verificaciones antes de entregar los títulos oficiales a la TCO. 

¿Por qué en 2021, el Estado decidió admitir la presencia de pueblos no contactados?, fue la pregunta que se hicieron los comunarios.

“Esta es una excusa para modificar nuestros límites y hacer nuestro territorio más pequeño. ¿Por qué no pararon las exploraciones sísmicas de YPFB si hay indicios de grupos no contactados?”, cuestiona Yulixa.

De acuerdo con Felicia Bascopé, los mismos pueblos no contactados pueden sentir que las comunidades tacanas los protegen, pues su territorio funciona como un cinturón de contención al avance de economías y estilos de vida depredadoras.

Oro codiciado

Al territorio Tacana II no sólo han ingresado intereses petroleros, sino también concesiones mineras sobre las orillas del río Madre de Dios.

Las noches en Puerto Pérez –una de las cuatro comunidades de la TCO– están vigiladas por sonidos de balsas, máquinas que extraen oro en el río. Son ruidos que imitan a los ronquidos de pulmones infectados, cuerpos vivos contaminados de mercurio, el metal que se usa para recuperar oro. El canto de aves ya no tiene presencia, éstas parecen escapar del rugido de motores que llegan a ocupar un río que aún tiene orillas en las fronteras bolivianas. 

En Perú, el desastre del Madre de Dios es conocido. Hoy es un río cuya forma va desapareciendo y dejando una catástrofe ecológica y social, álgido núcleo de la deforestación de la selva y trata de personas, principalmente niñas.

En el río Madre de Dios, dentro del territorio boliviano, muchas balsas mineras exhiben relucientes banderas nacionales. Bolivia encarna, una vez más, la imaginación de ser Estado-minero colonizando sus propias fronteras y visiones de sí misma. 

La situación es más complicada. Hace varios años, comunarios tacanas comenzaron a explotar oro no sólo para esquivar la precariedad, sino como forma de hacer presencia y evitar que sean otros quienes entren a trabajar allí.

Tierras deseadas

Cerca al fogón donde cocinan almuerzos colectivos, en Puerto Pérez, el presidente de la CTIRMD, Rolan Mejía, también cuenta que en la última década han existido otro tipo de intentos de apropiación de sus territorios. En tres ocasiones, grupos de la región andina buscaron hacer asentamientos, sin éxito. Las cuatro comunidades se organizaron en distintos sectores del río para que no ocurran dichos avasallamientos..

“Llegan con todo, carpas, machetes, rastrillos, palas, todo para armar su comunidad. Vienen años tratando de meterse. El territorio se pelea, se cuida. Por eso no dejamos entrar a cualquiera”, narra Yulixa Bascopé, sosteniendo a su hijo entre los brazos.

“Han venido hasta con planos de calles y edificios, para hacer una ciudad aquí”, añade Felicia Bascopé.

Se siente en el ambiente y en las conversaciones la tensión entre lo que se nombra como ser “andino” “versus” ser “amazónico”, un conflicto que en Bolivia crece sin miras a encontrar acuerdos.

Si con títulos legales de protección y auto-gobernanzas ya existen saqueos e invasiones, como en el Parque Nacional Madidi o en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), es posible imaginar cuánto más vulnerable se pone la situación sin ellos. Ante la negación del Estado de otorgar sus títulos, Mejía advierte la posibilidad de iniciar procesos legales en cortes nacionales e internacionales, e incluso iniciar una marcha junto al apoyo de más pueblos indígenas.

¿Qué viene con la titulación?

La esperanza es que con la titulación de territorios indígenas, además de generar una protección contra la entrada de actores y amenazas externas, sea más fácil conseguir proyectos para el bienestar colectivo. Lo que es denominado como “proyecto” es, en realidad, la activación de derechos ciudadanos fundamentales, como beber agua limpia, tener espacios para que niñas, niños y jóvenes cultiven saberes, y la prevención y sanación adecuada de cuerpos enfermos. Hoy, en Tacana II, este ejercicio de derechos es precario.

Felicia Bascopé pone al centro de su discurso la necesidad de mejorar las escuelas. Las infraestructuras fueron hechas por los mismos comunarios y están muy deterioradas. Muchos de los profesores, quienes llegan de partes lejanas, “son una tira de borrachos”, menciona Felicia, y no tienen interés en enseñar al estudiantado. 

Otro problema es el acceso a la salud. Los comunarios deben llegar hasta Chivé, comunidad ubicada al otro lado de las orillas del río y perteneciente al departamento de Pando, para acudir al centro de salud más cercano para las comunidades de la TCO. Cuando van para ser atendidos, encuentran rechazo y puertas cerradas arguyendo que el centro de salud radica en Pando y ellos son de La Paz. 

“Es triste, ver cómo en Bolivia la salud tiene fronteras”, menciona Felicia.

El municipio de Ixiamas, al que por ahora pertenecen, no cumple con el equipamiento anual de entrega de insumos al centro de salud en Las Mercedes, que no cuenta con luz, así que no hay refrigeradores para muchas medicinas y vacunas. 

En realidad, ninguna de las cuatro comunidades cuenta con electricidad instalada. Estas utilizan generadores de electricidad que funcionan a base de gasolina. Una vez cada mes llega una cisterna a Chivé y todos los habitantes se amontonan en algunas lanchas llenándolas de sus bidones. Hacen fila buena parte de la mañana y, luego, vuelven con sus bidones pesados por las orillas fangosas sin ningún puerto, otra vez para retornar en lanchas. 

A pesar de que hay una subvención estatal a esta gasolina, el costo para las familias es alto. 

“Yo soy madre soltera y tengo dos hijas que van a la escuela. Prendo la luz en la noche para que puedan hacer su tarea y cargamos el celular. Pago más de 200 bolivianos al mes en promedio por unos 50 litros de gasolina que requerimos para este uso”, comentó una mujer de Las Mercedes. 

La titulación no sólo permitiría acceder a un mejor bienestar en salud y educación. También podrían generar otras formas de protección de su territorio y sus bosques de castaña, selvas amenazadas con contaminación minera, ríos con orillas que van siendo destruidas, montes invadidos por actores externos y perseguidos por la crisis climática.