Idas y venidas: Tacana II lleva 23 años exigiendo la titulación de su territorio

Ara Goudsmit Lambertín, Suzanne Kruyt

Décadas observando desmedidos esfuerzos, viajes, desvelos, enojos y esperanzas, esa ha sido gran parte de la vida política de cientos de personas buscando la titulación de su territorio como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II, una geografía ubicada al extremo norte del departamento de La Paz. En 2021, el Estado boliviano volvió a poner en duda la propiedad colectiva de sus tierras. Aún continúan con la espera.

Edición 113. Miércoles 13 de diciembre de 2023

Yulixa Bascopé, joven lideresa de la comunidad Las Mercedes, ha crecido viendo a comunarios y familias tacanas trabajar para conseguir los títulos de su territorio como Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Durante su niñez y adolescencia, ha sido testigo de las formas en que las comunidades organizaron para que las y los líderes puedan viajar a realizar trámites y posicionar su demanda año tras año.

Ahora, ella va encarnando la búsqueda de una vida en la que no exista el temor a que les roben su territorio. La base para ello: tener la legalidad otorgada por el Estado boliviano. Los tacana habitan estos bosques amazónicos desde tiempos ancestrales, lo gobiernan, conocen y habitan en ellos. Sin embargo, aún no cuentan con títulos oficiales que reconozcan su propiedad. 

El 12 de mayo de este año, cuenta la líder Yulixa Bascopé, se reunieron las cuatro comunidades que conforman la demanda de TCO en la comunidad de El Tigre, ubicada a ocho horas navegando por el río Madre de Dios. Ese día, dice, discutieron los temas que trabajan continuamente en sus reuniones. Punto número uno, salud. Punto número dos, educación. Punto número tres, territorio. Su principal disputa aún es saber cuándo les entregarán sus títulos de propiedad.

En el año 2000, la Central Indígena de Comunidades Tacana II del Río Madre de Dios (CITRMD) —la organización que representa a las y los habitantes— inició la demanda para ser reconocida como TCO. Este territorio está formado por cuatro comunidades tacanas: Puerto Pérez, Las Mercedes, El Tigre y Toromonas. Alrededor de 800 personas viven allí. Han pasado 23 años, y personas como Yulixa aún esperan que se consolide la titulación. 

Las comunidades comenzaron su demanda reclamando 454.469 hectáreas. Tras cuatro años, ésta fue admitida formalmente por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Desde un inicio el proceso fue lento. Recién en 2012, el Estado reconoció que sólo otorgaría una superficie total de 342.930 hectáreas, con las cuatro comunidades tacanas y otros 21 predios de terceros que allí tienen presencia. 

Como con tijeras propias de la relación entre el Estado y la tenencia colectiva indígena en Tierras Bajas, casi 100.000 hectáreas de territorio fueron disminuidas de la demanda inicial. Este proceder del INRA se repitió en el saneamiento y titulación de otros territorios indígenas amazónicos, que en muchos casos, la cantidad de hectáreas fue reducida de la solicitud original. 

Niño mostrando la ubicación de su territorio en la escuela de Puerto Pérez. Foto: Ara Goudsmit.

Presiones al territorio

Este vasto territorio no está presente dentro del imaginario paceño y boliviano, siendo lugar de frontera entre La Paz y Pando. Hasta el momento no existe camino desde Ixiamas, municipio del departamento de La Paz al que pertenece.

Viajar allí es difícil. En principio, hay que solicitar permiso para ingresar a la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi-Heath, pues para llegar al río Madre de Dios se recorre dicha área protegida. Una vez se tiene el permiso, se parte desde Cobija, Pando, para viajar durante unas cuatro horas por tierra hasta encontrar el río. Luego de cuarenta minutos en bote, se llega a la primera comunidad, Puerto Pérez. Las Mercedes está a media hora en moto desde allí. El Tigre y Toromonas son comunidades que quedan a varias horas navegando por el río. 

Puerto de Chivé. Foto: Ara Goudsmit.

No es posible llegar desde Ixiamas, un denso bosque tropical se extiende por fuera de los mapas sin carretera. Pero este territorio es proyectado con la “imperiosa necesidad” de ser “conectado” a través de infraestructura vial. A pesar de la dificultad de acceso, distintas lideresas afirman que desean que se mantenga así, sin carretera, para evitar que intereses foráneos ingresen de forma fácil en búsqueda de oro, tierras y otras lógicas extractivas del despojo.

El norte de La Paz, conformado por una selva viva y habitantes amazónicos, es un espacio pensado para industrializar. Así lo establece la “Marcha Hacia el Norte de La Paz”, proyecto económico del cual Ixiamas hace parte y, por tanto, Tacana II también. Caña de azúcar, soya, ganado, palma africana, entre otros proyectos basados en la deforestación y depredación de los bosques, hacen parte de la lógica que impone el plan. 

Atardecer en Puerto Pérez. Foto: Ara Goudsmit.

Además del acecho de la construcción de carreteras y la presión para la expansión de monocultivos, allí se ha impuesto la presencia petrolera y minera. La lideresa tacana Felicia Bascopé, afirma que estos intereses fueron, y siguen siendo, una razón crucial para que no se concrete la titulación de su territorio.

“Poco o nada les interesa, sólo la riqueza ven”, comenta Felicia sobre la relación del Estado con su territorio. 

Exploración petrolera

Durante el proceso de saneamiento, los intereses petroleros se impusieron y la tortuosa espera de la titulación continúo. A partir de 2013, se desarrolló una intensa negociación y entrada del Ministerio de Hidrocarburos y Energía por la puesta en marcha del proyecto de exploración hidrocarburífera Sísmica 2D “Nueva Esperanza», con el fin de encontrar reservas de petróleo y gas para su posterior explotación. 

Las y los comunarios recuerdan este evento con sentimientos contradictorios. Por un lado, sienten dignidad y fortaleza al haber obligado al Ministerio a cumplir con el derecho a la consulta previa, establecida en la Constitución Política del Estado, para tomar en cuenta las preocupaciones de las comunidades. Lograron construir un acuerdo que incluyó varias de las propuestas y demandas del pueblo Tacana.

Idas y venidas: Tacana II exige 23 años la titulación de su territorio
La añorada TCO Tacana II se encuentra en el medio una vasta Amazonía paceña.

Por otro lado, existe amargura ante las formas de actuar de los funcionarios públicos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entró de repente a las comunidades, presentando un proyecto de servicios básicos de agua potable que, tras bambalinas, servía para la exploración sísmica de petróleo. Esas mentiras, cuenta Yulixa, ocasionaron fracturas y divisiones entre comunidades. 

A pesar de los acuerdos con la empresa, vieron cómo las detonaciones de la sísmica no fueron realizadas en los lugares adecuados y acordados, afectando a vertientes de agua y árboles de castañas, base de la economía de las familias tacanas. 

En este proceso de exploración sísmica, que fue acompañado por monitoreos socioambientales tacanas, se confirmó la existencia de un pueblo indígena en aislamiento voluntario que habita esas regiones, quizás araona, toromona o mosetén. Sin embargo, el Estado boliviano no realizó ninguna declaración formal sobre las evidencias. 

Según el presidente de la CTIRMD, Rolan Mejía, el Estado tiene un “profundo miedo de hablar y discutir sobre los pueblos no contactados de la Amazonía”. Tiene miedo porque, según convenios internacionales, esta presencia implicaría detener los proyectos de desarrollo de infraestructura y economías extractivistas que allí se ansían. 

Idas y venidas: Tacana II exige 23 años la titulación de su territorio
Actual presidente de la TCO, Rolan Mejía. Foto: Ara Goudsmit.

“Sí, pero no” 

En 2021, llegó la noticia del INRA que otorgaba la resolución final y aprobaba su demanda territorial. Sin embargo, la alegría duró poco, una alegría que terminó al saber que esta instancia informaba que detenía la entrega de títulos bajo la justificación que existían pueblos en aislamiento voluntario. Esta declaración significaba que, según el Estado boliviano, se deberían realizar estudios y verificaciones antes de entregar los títulos oficiales a la TCO. 

¿Por qué en 2021, el Estado decidió admitir la presencia de pueblos no contactados?, fue la pregunta que se hicieron los comunarios.

“Esta es una excusa para modificar nuestros límites y hacer nuestro territorio más pequeño. ¿Por qué no pararon las exploraciones sísmicas de YPFB si hay indicios de grupos no contactados?”, cuestiona Yulixa.

De acuerdo con Felicia Bascopé, los mismos pueblos no contactados pueden sentir que las comunidades tacanas los protegen, pues su territorio funciona como un cinturón de contención al avance de economías y estilos de vida depredadoras.

Oro codiciado

Balsas en las orillas de la TCO Tacana II. Foto: Ara Goudsmit.

Al territorio Tacana II no sólo han ingresado intereses petroleros, sino también concesiones mineras sobre las orillas del río Madre de Dios.

Las noches en Puerto Pérez –una de las cuatro comunidades de la TCO– están vigiladas por sonidos de balsas, máquinas que extraen oro en el río. Son ruidos que imitan a los ronquidos de pulmones infectados, cuerpos vivos contaminados de mercurio, el metal que se usa para recuperar oro. El canto de aves ya no tiene presencia, éstas parecen escapar del rugido de motores que llegan a ocupar un río que aún tiene orillas en las fronteras bolivianas. 

En Perú, el desastre del Madre de Dios es conocido. Hoy es un río cuya forma va desapareciendo y dejando una catástrofe ecológica y social, álgido núcleo de la deforestación de la selva y trata de personas, principalmente niñas.

En el río Madre de Dios, dentro del territorio boliviano, muchas balsas mineras exhiben relucientes banderas nacionales. Bolivia encarna, una vez más, la imaginación de ser Estado-minero colonizando sus propias fronteras y visiones de sí misma. 

Balsas en las orillas de la TCO Tacana II. Foto: Ara Goudsmit.

La situación es más complicada. Hace varios años, comunarios tacanas comenzaron a explotar oro no sólo para esquivar la precariedad, sino como forma de hacer presencia y evitar que sean otros quienes entren a trabajar allí.

Tierras deseadas

Cerca al fogón donde cocinan almuerzos colectivos, en Puerto Pérez, el presidente de la CTIRMD, Rolan Mejía, también cuenta que en la última década han existido otro tipo de intentos de apropiación de sus territorios. En tres ocasiones, grupos de la región andina buscaron hacer asentamientos, sin éxito. Las cuatro comunidades se organizaron en distintos sectores del río para que no ocurran dichos avasallamientos..

“Llegan con todo, carpas, machetes, rastrillos, palas, todo para armar su comunidad. Vienen años tratando de meterse. El territorio se pelea, se cuida. Por eso no dejamos entrar a cualquiera”, narra Yulixa Bascopé, sosteniendo a su hijo entre los brazos.

“Han venido hasta con planos de calles y edificios, para hacer una ciudad aquí”, añade Felicia Bascopé.

Carretera principal, Chivé. Foto: Ara Goudsmit.

Se siente en el ambiente y en las conversaciones la tensión entre lo que se nombra como ser “andino” “versus” ser “amazónico”, un conflicto que en Bolivia crece sin miras a encontrar acuerdos.

Si con títulos legales de protección y auto-gobernanzas ya existen saqueos e invasiones, como en el Parque Nacional Madidi o en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), es posible imaginar cuánto más vulnerable se pone la situación sin ellos. Ante la negación del Estado de otorgar sus títulos, Mejía advierte la posibilidad de iniciar procesos legales en cortes nacionales e internacionales, e incluso iniciar una marcha junto al apoyo de más pueblos indígenas.

¿Qué viene con la titulación?

La esperanza es que con la titulación de territorios indígenas, además de generar una protección contra la entrada de actores y amenazas externas, sea más fácil conseguir proyectos para el bienestar colectivo. Lo que es denominado como “proyecto” es, en realidad, la activación de derechos ciudadanos fundamentales, como beber agua limpia, tener espacios para que niñas, niños y jóvenes cultiven saberes, y la prevención y sanación adecuada de cuerpos enfermos. Hoy, en Tacana II, este ejercicio de derechos es precario.

Escuela construida por las comunidades. Foto: Ara Goudsmit.

Felicia Bascopé pone al centro de su discurso la necesidad de mejorar las escuelas. Las infraestructuras fueron hechas por los mismos comunarios y están muy deterioradas. Muchos de los profesores, quienes llegan de partes lejanas, “son una tira de borrachos”, menciona Felicia, y no tienen interés en enseñar al estudiantado. 

Otro problema es el acceso a la salud. Los comunarios deben llegar hasta Chivé, comunidad ubicada al otro lado de las orillas del río y perteneciente al departamento de Pando, para acudir al centro de salud más cercano para las comunidades de la TCO. Cuando van para ser atendidos, encuentran rechazo y puertas cerradas arguyendo que el centro de salud radica en Pando y ellos son de La Paz. 

“Es triste, ver cómo en Bolivia la salud tiene fronteras”, menciona Felicia.

El municipio de Ixiamas, al que por ahora pertenecen, no cumple con el equipamiento anual de entrega de insumos al centro de salud en Las Mercedes, que no cuenta con luz, así que no hay refrigeradores para muchas medicinas y vacunas. 

Las personas de Tacana II compran combustible en Chivé para sus generadores eléctricos. Foto: Ara Goudsmit.

En realidad, ninguna de las cuatro comunidades cuenta con electricidad instalada. Estas utilizan generadores de electricidad que funcionan a base de gasolina. Una vez cada mes llega una cisterna a Chivé y todos los habitantes se amontonan en algunas lanchas llenándolas de sus bidones. Hacen fila buena parte de la mañana y, luego, vuelven con sus bidones pesados por las orillas fangosas sin ningún puerto, otra vez para retornar en lanchas. 

A pesar de que hay una subvención estatal a esta gasolina, el costo para las familias es alto. 

“Yo soy madre soltera y tengo dos hijas que van a la escuela. Prendo la luz en la noche para que puedan hacer su tarea y cargamos el celular. Pago más de 200 bolivianos al mes en promedio por unos 50 litros de gasolina que requerimos para este uso”, comentó una mujer de Las Mercedes. 

Niñas jugando en Chivé. Foto: Ara Goudsmit.

La titulación no sólo permitiría acceder a un mejor bienestar en salud y educación. También podrían generar otras formas de protección de su territorio y sus bosques de castaña, selvas amenazadas con contaminación minera, ríos con orillas que van siendo destruidas, montes invadidos por actores externos y perseguidos por la crisis climática.


Las casas conversadas: diseñar viviendas sociales desde los territorios
Las casas conversadas: diseñar viviendas sociales desde los territorios

En el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) del departamento de Beni, la Agencia Estatal de Vivienda ha construido casas sociales en más de diez comunidades, según calculan los dirigentes. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Qué piensan quienes las reciben, y quienes estudian sus arquitecturas?

El corazón de algunas casas es una mesa larga de madera, testigo de alimentos y de palabras, el desayuno con joco, el zapallo dulce de la selva, la antesala de las ideas.  Conversamos en mesas ubicadas en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), en el departamento de Beni, Amazonía boliviana. Allí, la Agencia Estatal de Vivienda, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, ha construido viviendas sociales en más de diez comunidades, según calculan los dirigentes. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Qué piensan quienes las reciben, y quienes estudian sus arquitecturas? Hacia estas respuestas vamos.

El comienzo

Para llegar a la comunidad de Santa Ana de Museruna hay que pasar haciendas ganaderas, una tras otra, y atravesar, y saludar al río Apere y Cuberene. Está ubicada en el TIM, a una hora del pueblo de San Ignacio de Moxos.

Don Malaquías Rossell, corregidor de la comunidad, detuvo el revocado de su casa para conversar. Sus manos están llenas de ampollas. Él es parte de la construcción de cuatro viviendas sociales: la de sus dos hijas, que son madres solteras, su hijo, y la suya. Hace cinco años ya habían intentado obtener casas construidas por la AEV. El primer planteamiento lo hicieron través de asambleístas departamentales. Sin resultado. Luego, cuando aún no eran un gobierno autónomo indígena, exigieron viviendas al municipio de Santa Ana del Yacuma. Tampoco funcionó.

Malaquías Rossell, corregidor de la comunidad de Santa Ana de Museruna. Foto: Ara Goudsmit.

La solicitud fue aceptada, finalmente, en 2024. Tenían cupo para sesenta viviendas, pero el Estado los puso a prueba: primero debían hacer cuarenta y, luego, si todo iba “bien”, construirían las veinte faltantes.

“Estamos agradecidos”, “queremos estas casas”, “tenemos el derecho a ellas”, son algunas de las expresiones alrededor de las viviendas de la AEV. El piso de cerámica se contrapone al suelo de tierra. El ladrillo es más duradero, escuché decir, y más efectivo para que los animales no ingresen al hogar. En época de lluvia, los mosquitos se llenan como nubes negras que rondan tras los cuerpos, las manos deben trabajar arduamente para ir espantándolos y traen enfermedades. Por eso, las mallas de protección contra insectos para las ventanas constituyen un elemento central en la construcción de viviendas sociales en la Amazonía.

Una casa en proceso de construcción en Santa Ana de Museruna. Foto: Ara Goudsmit.

En Bolivia, el derecho a la vivienda fue reconocido como un derecho fundamental en la Constitución Política del Estado de 2009. Pero, para acceder a este derecho, hay distintos programas. Museruna no entró al programa de Viviendas Nuevas de la AEV —donde todo está financiado, por eso las llaman “con llave en mano”—, si no al de “Vivienda Cualitativa” o, mejor dicho, de “autoconstrucción”. El Estado contrata a una empresa, ésta lleva los materiales y, en teoría, debe capacitar a las familias para que construyan las casas con sus propias manos. La contraparte es la mano de obra.

En la comunidad pensaron que sería más o menos fácil y posible, pues acordaron procesos de formación y la entrega a tiempo de los materiales. Pero cuando los acuerdos no son cumplidos, contamos una historia de trampas.

Con tiempo y sin insultos, por favor

La oficina de Pedro Medina, director de la AEV regional Beni en Trinidad, tiene aire acondicionado. El cuarto es amplio y frío. Él fue la única autoridad estatal contactada que accedió a tener una entrevista. Ahí aseveró que, cuando las viviendas son de autoconstrucción, las empresas contratadas realizan una capacitación en albañilería a las familias beneficiarias. Sólo así es posible culminar el proyecto entre tres y cinco meses.

Las casas de Museruna no tienen aire acondicionado y son de un solo cuarto, aunque hay familias con ocho hijos, y se supone que la evaluación social de la AEV debería considerar estos factores para construir diseños con uno, dos o tres cuartos. Además, tuvieron que exigir el cambio del primer diseño “socializado”, porque tenía muy pocas ventanas, iba a ser una casa oscura donde no iba a poder entrar la brisa. Llevan más de diez meses tratando construir las viviendas.

En la zona, es usual quemar motacú para alejar a los mosquitos. Foto: Ara Goudsmit.

Don Malaquías hace una pausa del trabajo e ingresamos al lugar que será su antiguo comedor, en una casa de madera:

—Los técnicos que envía la empresa no sirven para nada. No quieren que nosotros aprendamos. Mandaron tres para cuarenta casas. Porque se creen técnicos ya no quieren agarrar un ladrillo, agarrar mezcla. Venían a decir “está mal” y lo derrumbaban. Era un trabajo perdido, casi como hacerse la burla. Levantábamos un metro, decían “está mal” y lo volvían a tumbar. Son autoridades que, si bien son profesionales, respeto que hayan estudiado, pero deberían tener respeto también por la gente con la que están trabajando, los comunarios. No saben ni saludar estos señores, ni siquiera piden: “¿por qué estás atrasado?, ¿qué es lo que te pasa?”.

El don de la palabra, que es la gracia del tono y ritmo, y de la sencillez y claridad, lo tiene don Malaquías, quien continúa indignado:

— Son autoridades que, si bien son profesionales, respeto que hayan estudiado, pero deberían tener respeto también por la gente con que están trabajando, los comunarios, no saben ni saludar estos señores, ni si quieran piden: “¿por qué estás atrasado?, ¿qué es lo que te pasa?”. Llegan nomás y dicen: “ustedes están atrasados, ¿por qué no trabajan? Ustedes son unos flojos”. No se tiene que ser así. Ser más humanos. Era gente mañosa, que promueven el desánimo.  Eso es lo triste. A lo mejor uno está rendido, adolorido, uno se enferma también. Hace unos cuatro días vino el dueño de la empresa. Ni se bajaba de su movilidad. Fue un compañero y le dijo: “bájese pues, conversemos”.

Y el empresario le dijo que él debería estar construyendo su casa, que cómo tenía tiempo para ir a mirar lo que él hacía allí, que era un flojo. El comunario respondió que ellos estaban haciendo su casa de acuerdo a su posibilidad, y que no es posible que les digan flojos sin saber por lo que estaban pasando. Don Malaquías menciona que, al menos, necesitan tres días de la semana para ir a trabajar en su chaco, donde cultivan sus alimentos, no ganan un sueldo y también necesitan ir a cazar y pescar. 

— Eso, elay, nos está pasando —concluye el corregidor.

Clara Rossell Amblo, secretaria de Tierra y Territorio del TIM. Foto: Ara Goudsmit.

Clara Rossell Amblo, actual secretaria de Tierra y Territorio del TIM, ex presidenta de la Organización de Jóvenes Indígenas Mojeños (OJIM) y representante legal de Museruna ante la AEV, mencionó que sólo una vez tuvieron un taller sobre cómo asentar cimientos.

— El ingeniero lo mostró y zas, y listo y todo mundo miró. La sufrimos harto.

Su hermana, Sara Rossell Amblo, presidenta de la Subcentral de Mujeres del TIM, añadió que no tardaron más de cinco minutos en explicar el revoque. En su familia hacen turnos para construir. Tres días una casa, luego la otra. Sólo así es posible avanzar.

En abril debían haber empezado, pero la empresa no cumplió con los acuerdos: el material llegó dos meses después, en junio. Traían las cosas de forma incompleta, como a picotazos. Llevaban ladrillo, pero no cemento, llegaba el cemento, pero no la arena. A pesar de que el atraso era de la empresa, las familias recibían notificaciones, regaños y malhumor por no tener adelantos.

La dirigente Clara, contundente, dice que la AEV necesita volver a evaluar el tiempo de construcción con las familias que no saben cómo construir.

Rossell señala en la maqueta la primera ventana que hicieron aumentar en el diseño para tener más ventilación y luz. Foto: Ara Goudsmit.


 Escuchar al territorio

En una mesa larga y rojiza, de patas de madera de mara y tablas de cedro, con más de cuarenta años ordenando la compañía, la familia Muiba Inchu comparte sus ideas. Las voces están mezcladas con los sonidos de sapos y ranas que parecen decirle algo a la lluvia que no paró durante toda la tarde. Es de noche y el coro que nos acompaña refleja el sonido agudo de un maullido de gato al ritmo de una ambulancia, mbiuaaauuu, mbiaaauuu. Ante las conversaciones de estos anfibios, es necesario alzar la voz para escucharnos.

Simón Muiba es hijo del río Apere, cuerpo de agua que da vida y sustenta a varias comunidades del TIM. Es un líder joven, con palabra afilada y sin temor a hablar desde su pensamiento. Para él, lo más importante es abrir el camino “para mirar, donde puedas reflexionar”. Esa mirada es una que ve hacia adentro, ¿qué quieres? Y luego, hacia afuera, ¿qué queremos y qué es posible? El problema, para Muiba, es que los proyectos ya vienen diseñados:

—Dicen, “esto tenemos para acá” y listo. No ceden esa oportunidad y uno, a veces, por la necesidad, acepta. Los espacios de las viviendas sociales son como de la ciudad y vienen con un solo diseño, sobre todo que no vienen pidiendo, digamos, si les gusta este modelo o qué le pueden mejorar. Por ese motivo, yo digo que es colonizador, porque vienen ya imponiendo y que, si la gente lo acepta, que lo acepte, y si no, no, ya no hay nada.

Simón Muiba Inchu frente al río Apere. Foto: Ara Goudsmit.

Simón y su madre, doña Victoria Inchu, otra lideresa de corazón inquebrantable, sienten que su territorio es la historia de la amplitud:

—Nada es chiquitito, no es como en el pueblo, eso es comprado, uno lo compra por metro y así cabalito van las casas, medidito, en cambio nuestro vivir no es así. En el campo, estás libre, tienes gallinitas donde escarbar, no está medido por metrito, no hay límite en nuestro vivir en el campo —narra Victoria, y Simón apoya a esta idea.

—Siempre hemos vivido en espacios grandes. Nuestro territorio es amplio. La verdad es que nuestro ambiente es abundancia y nuestras familias son numerosas, no somos reducidos.

Don Bernardo Muiba, actual presidente del TIM, presenció el inicio de las viviendas sociales en el TIM, también como presidente entre 2016 y 2018. En esos años, las autoridades indígenas ya rechazaron un diseño presentado por la AEV, pues el tamaño era muy pequeño:

— Las primeras viviendas que eran construidas acá en Moxos, eran unas casitas que no tenían sentido de poder vivir una familia cómodamente. Nosotros hemos observado y hemos llamado la atención a la Agencia Estatal de Vivienda, que no era adecuado para los pueblos indígenas. Pero gracias a Dios se logró modificar el proyecto, con un monto más elevado, pero ya con una vivienda que es adecuada.

Adecuado es la cercanía con lo justo.

En 2018, solicitaron que los techos sean de jatata, una palmera del bosque amazónico, sin éxito. Según don Bernardo, la jatata tiene la misma duración que la calamina, si está bien hecha. La diferencia es que la jatata es fresquita y en Moxos hace calor.

Techo de motacú con estructura de tacuara. Foto: Ara Goudsmit.

El eco de la voz del director Medina resuena en contraste, pues dice que la calamina es escogida porque tiene más duración y evita que se queme el techo en los incendios. En los últimos cinco años, la AEV Regional Beni tiene planificado construir 8.526 viviendas en 19 municipios y en el gobierno autónomo indígena del TIM. Les faltan 1.777 para completar este objetivo.

Geraldine Gene, abogada con tres décadas de experiencia en derechos humanos, afirmó durante una entrevista que, sin la pregunta a cada comunidad sobre qué es importante para ella, el derecho mismo no está siendo respetado: uno de los siete principios necesarios para que se cumpla el derecho humano a la vivienda, según la ONU, es la adecuación cultural. Es decir, muy parecido a lo que piensa Simón Muiba. ¿Habrá que escuchar?

Sentado en la cabecera de la mesa larga, Don Pastor Muiba, al frente de su hijo Simón, tiene una memoria sobre la arquitectura indígena de Moxos:

— Cuando estaba pequeño, mis hermanos mayores conversaban y yo los escuchaba. Vamos a hacer una casa de veinte metros, decían. Terminaban de conversar y ellos le avisaban a papá: “Papá, vamos a hacer una casa de veinte metros”. “Bueno hijos, ¿cuándo vamos a comenzar?”. “Mañana”. “¿Y de cuánto va a ser la anchura?”. “De cinco metros”. “Guau”, dije yo, “¿cómo serán los palos que van a sacar?”. Miren, de veinte metros se hacían las casas, de altura de cinco metros. Sumuqué, chonta y chuchío había por allá por el lado de San Borja. Ellos lo tumbaban, lo cortaban y lo partían, y yo ahí con mi machete, ¡meta a sacar astilla! Y así, mire, antes era pura hacha, sin motosierra. Y ya empezábamos a cercar, ya cada uno con sus cuartos. Luego hacíamos la cocina, una casa grande también. La madera era de piraquina, los horcones de chonta, del corazón mismo. Cuando ellos subían los palos arriba, era con soga. Yo con mi palito ayudaba a empujar. Ahí no se siente la calentura, le cuento. Bien fresquito. Antes grandes eran las casas. Si nosotros conocemos, si nosotros somos arquitectos. Eso sería un poquito lo que le puedo contar.

Simón Miuba rellena el piso de su casa para evitar inundaciones. Foto: Ara Goudsmit.

En contraste a esta memoria, el director de la Agencia Estatal de Vivienda del Beni comentó:

— Ahora, un arquitecto me podría decir: “¡ah, perfecto, descolonicemos!” Pero muéstreme un diseño precolonial de vivienda en el Oriente, no existe. Tal vez modos de vida, pero “esta es la vivienda amazónica que existía”, no existe. Por lo poco que he podido apreciar, nuestros ancestros han sido nómadas. Íbamos moviéndonos. Esta vivencia no nos permite decir, ¡este es el tipo de vivienda amazónico! Tratamos de hacerlo con algún tipo de madera o con viviendas elevadas.

Medina no escuchó la voz que dice “somos arquitectos”. A pesar de este vacío, el director es consciente sobre las necesidades que existen dentro de la construcción de viviendas sociales: la técnica crea formas sesgadas de entender la arquitectura, no tienen equipos de antropólogos ni metodologías sensibles para crear otra forma de diseños, hay grupos que no hablan español y no saben cómo explicarles los talleres de albañilería, la logística es complicada en las comunidades más alejadas, y el presupuesto es su ley.

Ladrillo, material de construcción de las viviendas sociales. Foto: Ara Goudsmit.

La belleza de pensar

Existen los apasionados, que son quienes hacen las cosas con amor. En la jerga convencional los llaman “expertos”. Pero hay arquitectas y arquitectos que entregan no sólo su inteligencia, sino también su corazón, y es desde ahí que comparten su conocimiento.

Natalia Serrano es arquitecta y una apasionada por los diseños colaborativos y participativos con distintas comunidades, como barrios sin espacio público. Ella dice que es necesario dejar de pensar que las viviendas sociales son regaladas: es a costa de la mano de obra no remunerada que pone cada familia, que se sigue capitalizado a las industrias y al sistema financiero de construcción. El trabajo no pagado engorda a los dueños de empresas.

Paisaje desde el interior de una vivienda. Foto: Ara Goudsmit.

Otro problema de la vivienda social es que está vista como un producto global estandarizado. La ideología del objeto y el consumidor se juntan para evadir, en palabras de Serrano, “los sentidos de la materialidad, ni explorar las posibilidades que tiene cada territorio, ni pensar en un laboratorio de nuevas formas y capacidades de explorar esa materialidad”. Lo que podría estar en juego es una investigación sobre cómo pensar el espacio de acuerdo a lo que está disponible y crear fuentes productivas locales. Así, “los costos pueden ser mucho menores, son recursos que están disponibles en cada lugar. El problema no es el dinero, no, es una carencia creativa y de voluntad”. Para Serrano, las viviendas son relaciones, no objetos.

Miriam Chugar, doctora en Arquitectura por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), también comentó que las viviendas podrían ser hasta un 50% más económicas si se reducen los costos de transporte. El proceso participativo, además de incluir serios espacios de formación, podría evitar que el Estado invierta en viviendas que no son utilizadas, como los edificios vacíos que nadie habita. Esto significaría, según Chugar, dejar de lado la centralización de las decisiones y el pensamiento de producción masiva “en serie”.

El otro apasionado de esta historia es Santiago Zubieta, arquitecto y sociólogo, con larga experiencia de construcción en la Amazonía, especialmente escuelas y viviendas para maestros en las fronteras del país. En 2021, ganó un concurso que propició la AEV junto al Colegio de Arquitectos de Bolivia, con la perspectiva de que las obras seleccionadas sean implementadas en el país. Éste tenía la lógica de los pisos ecológicos: hacer viviendas sociales distintivas para el altiplano, los valles y llanos. Su diseño resultó ganador para llanos (Amazonía):

—El comedor estaba afuera. Era como el altar, el elemento central. La casa no es una caja donde hay que meter todo adentro. Te sofocas, es insufrible muchas veces. Mi premisa era que no puede ser más caliente adentro que afuera. Diseñé torres de viento para una climatización pasiva; es decir, que no emplee combustibles fósiles. Las otras propuestas ni por asomo tenían esa concepción. Nadie pensó en el clima, ni en las formas de vida. Todos pensaban que climatizar era con tecnología moderna, proyectos costosos, impracticables. El mío era simple, nada complicado. Había sistemas de recolección de agua de lluvia por las cubiertas, con tanques de almacenamiento, para utilizar, a partir de esos tanques, el agua reciclada. Tenía áreas de cultivo, con especies de la zona. Lo lamentable es que nunca nadie más me llamó de la Agencia Estatal de Vivienda. No se ejecutó.

Ideas, como la lejanía del baño, son importantes para diseño de casas en la Amazonía. Foto: Ara Goudsmit

Don Malaquías Rossell piensa muy parecido a Santiago Zubieta, pues conciben la importancia de la sencillez: hacer diseños sin tantas esquinas y recovecos. Y, como también afirma Natalia Serrano, Simón Muiba sostiene que es necesario que las relaciones de construcción no estén alejadas de los lugares y las labores de las personas:

— Me genera una tristeza, un dolor como persona, si tengo el mejor material dentro de mi comunidad. Está bien que ellos pongan algunas cosas, pero otros que sean del lugar. Tenemos materiales. Los recursos se van para las empresas. ¿Y los indígenas? Nada. La plata se la dan a los que tienen plata. Los ladrillos lo traen de Trinidad o Santa Cruz. Por ejemplo, tejerías existen aquí. Hay una donde hacen ladrillos cerámicos que queda por el lado del matadero [de San Ignacio de Moxos].

Y no sólo eso: las empresas llevan materiales fallados. Clara Rossell cuenta que las maderas que llevaron a Museruna estaban podridas, huecas como canoas. Exigieron que sean cambiadas. Son sus casas, quieren tenerlas bien hechas. Igual a ella le parece un poco ridículo traer ese material de lejos, cuando en su territorio árboles y las personas conocen bien cuáles tienen buena madera.

Distintos materiales son utilizados para la construcción de casas en Moxos. Foto: Ara Goudsmit

El otro tema es la temperatura. Un sol calientísimo impacta sobre los techos de las casas. El machimbre es la cobertura interna del techo, que tiene como objetivos crear una buena apariencia, y la protección y el aislamiento de las temperaturas. En Museruna, las viviendas sociales están siendo hechas con machimbre de plástico. Para el solazo que hace, comenta Clara, no es adecuado, no es justo, se reseca rápido y calienta el hogar. De hecho, el mejorar material para que el machimbre otorgue frescura es la madera y distintos tipos de bambú.

Desde la perspectiva de las líderes Clara, Sara y Simón, los techos, sea cual sea el material, necesitan ser más altos. Por lo menos de cinco metros. Según la información otorgada por el director Medina, actualmente los techos son de 3,8 metros en la Amazonía y 2,3 para el Altiplano.

Sara Rossell Amblo, presidental de la Subcentral de Mujeres del TIM. Foto: Ara Goudsmit

Otra idea: el baño puede estar retirado de la casa. Como dice Sara Rossell:

— Es muy crítico que nos pongan el baño tan cerquita de la cocina. Nosotros estamos acostumbrados a que sea retirado. Desde mi punto de vista, no es muy recomendable. Si nos hubieran preguntado…

Al fin y al cabo…

Aunque a Clara Rossell le hubiese gustado un techo de jatata, por ser más friíto, reconoce que hay muchas personas que prefieren materiales industriales como la calamina. Como ella misma dijo: “es, como decir, viendo”, viendo qué piensan las personas. Antes que nada, hay que escuchar:

—La agencia debería ver cómo queremos nuestras casas, realmente, hasta ahorita no creo que se hayan sentado con ninguna comunidad para ver cómo quieren su casa. Directamente llegan con su diseño. Eso sería bastante interesante, yo creo, si se lo planteara a la comunidad. Pero ya, ya está —y termina— igual la gente está feliz.

Tiempo y espacio son necesarios para esas mesas largas donde caben el pensamiento y las historias, luego de tomar chocolate caliente con pan de arroz. La empresa llamó «flojas» a las familias de Museruna. Pero hay voces que han llegado hasta aquí para señalar que la verdadera flojera es no hacer el trabajo de la pregunta.

Una vivienda en construcción en Santa Ana de Museruna. Foto: Ara Goudsmit.

*Este artículo es parte de la serie de publicaciones resultado del Programa de becas de ColaborAcción edición Hábitat, ejecutado con el apoyo de la Fundación Gabo, Fundación Avina y Hábitat para la Humanidad.

Ara Goudsmit Lambertín es investigadora y escritora colaboradora con distintos medios de comunicación. Trabaja en torno a saberes y memorias territoriales en contextos extractivistas. Cuenta con estudios en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, Colombia; y una maestría en Geografía/Estudios del Antropoceno de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Ara Goudsmit Lambertín es investigadora y escritora colaboradora con distintos medios de comunicación. Trabaja en torno a saberes y memorias territoriales en contextos extractivistas. Cuenta con estudios en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, Colombia; y una maestría en Geografía/Estudios del Antropoceno de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Suzanne Kruyt se dedica al estudio antropológico de los movimientos sociales, procesos territoriales y derechos colectivos en América Latina. Es investigadora feminista y forma parte del Centro de Estudios Populares (CEESP).
Suzanne Kruyt se dedica al estudio antropológico de los movimientos sociales, procesos territoriales y derechos colectivos en América Latina. Es investigadora feminista y forma parte del Centro de Estudios Populares (CEESP).