Entre los inmigrantes de Bolivia se respira inquietud cuando ven cómo se restan recursos a instancias creadas para frenar actos de xenofobia y discriminación en Argentina. Desde el Gobierno, a través de redes digitales, se alientan discursos contra esos migrantes para justificar recortes en planes oficiales de ayuda a la población empobrecida.
Edición 138. Lunes, 26 de agosto de 2024.
Algunos bolivianos migrantes en Argentina están pensando en cuál sería el siguiente lugar para irse. Así lo afirma Delia Colque Quillca, costurera y comunicadora social en Buenos Aires, que sabe que la crisis económica en su país de origen tampoco le da la opción de volver. «Tal vez tengamos que ir a Brasil a probar suerte», dice.
Quizás, sin embargo, lo más difícil para los inmigrantes bolivianos en estos momentos, en la Argentina de Javier Milei, sea regularizar su situación. Esto debido a que antes, para iniciar el trámite, los migrantes del Mercosur pagaban 3 mil pesos, hoy deben erogar más de 50 mil: el costo se ha multiplicado en 1.500%.
Además, se habla del cambio de requisitos para obtener la ciudadanía argentina. Abogados que trabajan con este trámite recomiendan hacerlo cuanto antes.
La situación general para los inmigrantes bolivianos no es fácil de explicar y muchos no quieren hablar públicamente de lo que les inquieta. Hay rumores y desinformación. Y miedo, como el que despierta la reactivación de la Secretaría de Inteligencia de Estado que había sido cerrada en 2015 por su estrecha relación con la dictadura cívico militar de la década de los 70. O por los ataques virtuales de los seguidores de Milei que se han vuelto virulentos.
“Boliviano” como insulto
“Este Michelo es un boliviano”, insultan por TikTok al salteño que, lejos del estereotipo, tiene la piel blanca. “¿Cuál es el problema con ser boliviano? ¡Si son nuestros hermanos! A mí me recopa su caporal…”, responde Michelo, quien rechaza el odio que él cree que por razones políticas se promueve contra sus vecinos bolivianos.
Como sus detractores no pueden llamarlo “kuka” –forma de nombrar despectivamente a quienes militan el kirchnerismo–, a Michelo le dicen “boliviano”.
Con la coalición La Libertad Avanza en el poder, y con Milei a la cabeza, se han desfinanciado programas de políticas públicas contra la discriminación, racismo y xenofobia. El clima que se vive en las redes sociales digitales, donde anida el discurso oficialista, es explícitamente negacionista de la dictadura cívico militar de 1976 y del cambio climático, antifeminista y contrario a los derechos humanos, por ejemplo los de los migrantes de países vecinos.
El community manager de Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, el 27 de marzo hizo un post en X festejando el haberle “bajado el plan” a 22 mil bolivianos. Esta información que salió en un boletín oficial el 23 de febrero, fue difundida por Daniel Parisini –que es como un jefe de comunicación del gobierno y que actúa como un troll en redes – quien celebraba el dato como gran hazaña de reducción del gasto público.
El uso de “bolita” como insulto no es nuevo. En la década de los 90, durante los períodos del gobierno conservador de Carlos Menem, la situación se agudizó para los migrantes que habían cruzado la frontera atraídos por el 1 por 1 (programa de conversión monetaria en el que un peso argentino era lo mismo que un dólar americano). El rechazo y la discriminación de ese tiempo motivó al cineasta argentino Adrián Caetano a reflexionar al respecto en la película Bolivia estrenada en 2002.
La situación, exacerbada por la crisis de principios de siglo, se moderó durante el primer gobierno de Néstor Kirchner. Pero hoy, nuevamente lo boliviano parece concentrar el rechazo. Como se lee en redes, la gente que se siente ofendida califica al supuesto ofensor no con un “colombiano” “senegalés” o “chileno”. Dice “boliviano” casi invariablemente.
A nivel de medios tradicionales, las noticias relacionadas con la comunidad boliviana en ese país suelen tener tintes de crónica roja. Fue así que se informó sobre un incidente en el barrio de González Catán, donde bolivianos fueron engañados con la venta de terrenos para construir viviendas. “Toma de tierras sale mal, disparan a cinco bolivianos en enfrentamiento”, tituló la prensa. En realidad, las víctimas de González Catán eran personas que habían comprado esas tierras y estaban en una reunión barrial porque querían conseguir servicios básicos. Su objetivo era que el municipio se involucrara en resolver las necesidades del nuevo barrio, pero quienes les habían vendido los terrenos –una mafia que primero vende para luego echar al comprador y revender– no estaban de acuerdo y fueron los que empezaron a disparar; no hubo enfrentamiento sino un ataque premeditado.
Los comentarios ante esos hechos son reveladores: “Encima que vienen a vivir de los planes del Estado, vienen a robar tierra, Argentina qué país generoso”, dice alguien. “Hay que matarlos a todos, tienen que volver a su país”, afirma otro.
Ese tipo de comentarios solían ya aparecer en redes sociales digitales, pero ahora sin pudor y más cuando desde niveles de gobierno se lidera la discriminación.
“Este gobierno de Milei fomenta los discursos de odio”, apunta Johana Arce, fotoperiodista argentina de rasgos andinos que trabaja en el medio antirracista Sisas, con base en Buenos Aires: “Se profundiza la vulneración de derechos y las personas migrantes o racializadas nos encontramos con la ausencia de herramientas para contrarrestar los discursos que, como en los 90, incurren de forma sistemática en que seamos chivos expiatorios con ataques de odio racista”.
En los años 90, en pleno neoliberalismo y mientras la privatización dejaba en la calle a la ciudadanía argentina, una oleada de bolivianos cruzó la frontera. Fue una gran inmigración y muchas personas recalaron en el trabajo textil, espacio con mucha demanda de mano de obra y de explotación y discriminación también.
“Los migrantes limítrofes se transforman en un perfecto chivo expiatorio en los momentos de crisis y así nace una fuerte discriminación”, dice la argentina Lucía Bachi. Esta antropóloga especializada en las radios bolivianas de Buenos Aires considera un error el reciente desfinanciamiento de entidades como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), pues se hace muy difícil visibilizar el fenómeno y, por tanto, ponerle un freno o aplicar la ley argentina 23.592, que prevé prisión de hasta tres años para quien participe de alguna acción que justifique la discriminación o la propaganda de superioridad racial.
El bolita
A pesar del estigma que encierra la palabra “boliviano” o “bolita”, la comunidad en Argentina tiene como cualidad principal y reconocida la de ser muy trabajadora.
Si en los lugares de feria comercial se ven grandes camionetas que se sabe cuestan unos 30 mil dólares, no es raro que un argentino comente: “Debe ser de un boliviano”.
La abundancia caracteriza las celebraciones de los inmigrantes, por ejemplo en las bodas donde los novios lucen billetes prendidos en sus trajes. Son costumbres y prácticas cotidianas en Bolivia que resultan extravagantes en Argentina o, como adjetivan los locales para descalificar: son actitudes de bolitas, grasas, ordinarias, kitsch.
“Aquí en Capital (Buenos Aires) me han gritado en distintas ocasiones ‘bolita de mierda’ o cosas por el estilo”, relata Delia Colque, integrante de la colectiva feminista Ni una migrante menos y del Bloque de Trabajadorxs Migrantes. Ella dice que “el hecho de ser de ascendencia aymara o quechua –lo que nos da los rasgos que más se notan: nuestro color de piel y que somos chiquititos–, hace que la situación se ponga compleja en un país donde la mayoría se siente descendiente de europeos y que invisibiliza a la propia gente originaria de su territorio”.
Se suele creer que el rechazo más fuerte viene de los bonaerenses; pero, cuenta Delia, a ella han llegado a reclamarle otros migrantes internos, argentinos de provincia, por supuestamente estarles quitando trabajo. Le han preguntado qué no se vuelve a su país.
Argentina se reconoce a sí misma como un “crisol de razas” sobre el cual se construye la argentinidad blanqueada europeizada; sin embargo, los migrantes que hay en Argentina son hoy en 70% de Latinoamérica.
El planero
Johana Arce recuerda cómo en los años 90 era normal echar la culpa de todo lo malo a los inmigrantes, a los que señalaban, como pasa hoy, con el calificativo de “los planeros”.
Los planes sociales son iniciativas impulsadas por el Estado para favorecer a la población en situación de vulnerabilidad. El analista internacionalista Mateo Terceros, asesor en programas con financiamiento externo del ex Ministerio de Desarrollo Social, explica que la pobreza en Argentina, desde los 90 hasta la actualidad, nunca estuvo debajo del 25%. Esto significa que por lo menos un cuarto de la población no pudo acceder a servicios fundamentales, con picos como el de 2001, cuando el “corralito” elevó la pobreza al 65%. Según un estudio reciente, en agosto de 2024 el 55,9% de la población argentina es pobre.
Uno de los programas o planes de asistencia es el de la Asignación Universal por Hijo, AUH, por el que las personas responsables del hogar reciben una suma de dinero si avalan que los hijos menores de 18 años están escolarizados y que tuvieron un chequeo anual de salud. Aquí surge el mito de “se embarazan por un plan”, aunque la fórmula del programa alcanza hasta cinco hijos y el monto es mínimo.
La crítica contra los planes empieza en las clases altas, pero permea a todos los sectores. Lo que se cree es que el “planero” elige tener hijos sin control y decide no trabajar para que el Estado lo asista con un plan social. A ello hay que sumar la xenofobia latente que considera que el inmigrante es el mayor beneficiario.
“Cuando se empiezan a mezclar esos discursos surgen conceptos como, por ejemplo, el del boliviano planero que vive del Estado argentino”, destaca Mateo Terceros. En realidad, por ejemplo el gasto estatal del programa «Potenciar Trabajo» en los migrantes, y no sólo de origen boliviano, ronda el 10% de una Argentina de 46 millones de habitantes, según datos oficiales.
El villero
Gran parte de los barrios periféricos de Buenos Aires alberga a los inmigrantes y sus descendientes. Existe una evidente frontera que marca la diferenciación entre «nosotros» (los argentinos) y «ellos» (los extranjeros), lo que genera discriminación en términos de clase. Esos barrios están vinculados, en el imaginario, con la «invasión de las drogas» y la violencia urbana. Hay abandono del Estado, explica la antropóloga argentina Natalia Gavazzo, lo que genera desconfianza, miedo y hasta humillación que llevan al aislamiento de esas zonas.
Ser “villero” se superpone al ser «bolita» o “paragua” y se supone que justifica las incursiones policiales o militares conocidas como razzias. “La violencia estatal está presente en las razzias esporádicas dirigidas especialmente contra los jóvenes de sectores populares”, dice Natalia.
El reciente 14 de junio, una feria de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, barrio Padre Ricciardelli, se vio irrumpida por las fuerzas del orden que entraron con violencia a una tienda de celulares. En el camino hirieron a varias personas con balines de goma y gases lacrimógenos. A un adolescente le dispararon en el ojo. Los comentarios de la gente a la noticia apuntan a dudar de la argentinidad del chico herido por su apariencia, por su supuesta “bolivianidad”.
Los barrios como Villa Celina o los de Lomas de Zamora se hicieron y organizaron gracias a la colectividad boliviana. Todo lo que hoy es Barrio Lima, en inmediaciones de La Salada, era parte de una fábrica de gas que echaba allí sus residuos, cuenta Lucía Bachi. Los inmigrantes de Bolivia construyeron esos barrios, “cada vecino ponía su parte y construía su calle”, dice, y hoy el lugar luce casas y negocios.
Si bien las villas legalmente son conocidas como barrios populares o barrios en emergencia, el “villero” no es solamente quien habita allí, sino cualquiera cuya “portación de cara” lo delate: no blanco. Muchos talleres clandestinos de textiles se encuentran en villas o en zonas periféricas.
A Gregorio Laferrere, localidad del partido de La Matanza, Delia llegó a trabajar en 2005. Esta mujer fue madre en 2006. “Con los papeles de mi hijo no tuve problemas porque es argentino; el problema fue conmigo porque empecé a tramitarlos ese año 2006, después del incendio del taller clandestino de Luis Viale”.
En esa textilera trabajaban bolivianos; cinco menores de edad y una mujer embarazada fallecieron a causa de la precariedad laboral. La tragedia movilizó al gobierno argentino que trazó el plan Patria Grande, con la posibilidad de legalizar la situación de migrantes indocumentados. Delia considera que la idea era muy buena, pero las trabas y la desinformación fueron más.
El proceso de hacer la “precaria”, documento que avala la estadía legal por tiempo corto, tomó dos años. Delia, embarazada, fue al hospital Durand para hacerse los controles, pero no la quisieron atender porque la “precaria” no era suficiente. Luego se enteró de que ella tenía derecho a ser atendida.
Su hijo enfrentaría problemas de discriminación, de “bullying por su color de piel, por ser hijo de bolivianos, agresiones incluso físicas de sus compañeritos que lo obligaron a aislarse”.
Por causas así, Delia es activista. Junto a migrantes de otros países de Latinoamérica trabaja para generar más conciencia y salir de ese lugar del migrante víctima. “Si bien denunciamos toda forma de racismo, discriminación, xenofobia, también creemos que es importante visibilizar todos los aportes que hacemos en la sociedad argentina”. Desde el Bloque de Trabajadorxs Migrantes en Argentina se brinda asistencia legal —se informa sobre la ley 25.871 que declara la migración como derecho humano—, se trabaja en economía popular, hay talleres, acompañamiento psicológico, etc.
Ser marrón
David Gudiño se golpea la cara como diciéndose que no sea tonto, que se dé cuenta de que el problema es el color de su piel. Empieza a golpearse más y más fuerte y la escena pasa de ser un chiste a representar un castigo. El momento es parte de su obra de teatro El David Marrón, que narra el fracaso de una relación con un blanco “cheto” (jailón), pues David termina siempre en problemas por su color de piel: la policía que lo detiene para exigirle documentos, por ejemplo. “Son cosas que me pasaron”, afirma el teatrista que forma parte del colectivo Identidad Marrón.
«Me parecía denigrante, me sentía mal», reflexiona sobre la primera vez que se percató de que lo estaban insultando. Él, originario de Salta, asistía a la universidad en Buenos Aires; aquel día iba en bicicleta cuando escuchó que le gritaron: “boliguayo”, una mezcla de boliviano y paraguayo. Fue hace tiempo ya, pero lo marcó. Por eso, ahora y desde las redes digitales suele problematizar el uso de “boliviano” como insulto, algo que, lo sabe este argentino, basta para descalificar lo que quiera que se diga o haga.
La dinámica entre la blanquitud y la experiencia de ser percibido como «marrón» atraviesa por situaciones de trato diferencial en espacios públicos, explica; ser una persona racializada significa ser menospreciada o ser sospechosa de robo y sujeto de registros injustificados.
La diplomacia boliviana
El cónsul boliviano Darío Marcelo Gareca asumió funciones este año. A través de una respuesta escrita a La Brava, sobre cuáles son las actuales políticas públicas o programas para ayudar a la comunidad boliviana de más de dos millones de personas, explica que el Consulado “presta servicios en documentación y atención de casos sociales a connacionales”. Pero afirma que “tiene delimitado su campo de acción por la Convención de Viena, por tanto, también tiene limitaciones en el Estado receptor”.
Acerca de la discriminación, dice que “sectores o grupos de la sociedad se apropian y materializan las posiciones asumidas por sus respectivos gobiernos” y que “normalmente, cuando se habla de reducción del ejercicio de derechos, grupos minoritarios asumen posiciones radicales de discriminación, odio y xenofobia”.
Respecto de los sucesos del 15 de enero en González Catán, el Consulado “no tiene conocimiento directo debido a la falta de ejercicio de funciones en esas fechas específicas”.
Trabajo político
En 1993, Marcelina Meneses fue empujada junto a su pequeño hijo a las vías del tren, mientras su agresor gritaba “boliviana de mierda”. Eso pasó un 10 de enero, fecha en la que ahora se conmemora el Día de las mujeres migrantes en la ciudad de Buenos Aires.
Más de 30 años después van perdiéndose medidas y espacios de protección e información. Así como se cerró el INADI, también pasa con medios de comunicación que cubrían los temas de derechos humanos.
Pero, qué hace la comunidad boliviana migrante para tener peso político. Si bien hay personas que tuvieron participación, ninguna llegó muy lejos. Eso no significa que no haya gente motivada, como José Zambrana, dirigente autoconvocado del partido de La Matanza.
Zambrana tiene muchas observaciones al trabajo de las autoridades bolivianas en Argentina. Muchas veces él tuvo que gestionar ayuda para gente en necesidad.
Una propuesta de Zambrano es que los argentinos hijos de bolivianos trabajen en el consulado, pues, dice, hay excelentes profesionales que conocen muy bien cómo funciona Argentina, a diferencia de funcionarios que llegan por cuatro años.
José destaca el nombre de Gustavo Morón, abogado argentino hijo de bolivianos, que tiene el medio Yo Opino 2.0 y que está muy comprometido con la colectividad. Hace unos 20 años que Gustavo realiza programas en radios dirigidas a dicha colectividad en Buenos Aires. Su trabajo se orienta a ver que las políticas públicas funcionen para disminuir la discriminación, por ejemplo a través de la currícula escolar. Pero la masificación del término «los extranjeros» en este último tiempo preocupa a Gustavo, pues el abogado sabe que el estereotipo tiene a los bolivianos como “tomatierras” y que el trabajo de construcción de tolerancia hacia ellos y su descendencia en Argentina corre riesgo.
Y así van surgiendo personas de la colectividad boliviana que trabajan en pos de un bienestar común. Un caso paradigmático es el de Bety Quispe, promotora territorial de Barrios de Pie, que murió durante la pandemia. En el legislativo de la ciudad de Buenos Aires, Laura Velasco presentó un proyecto de ley para crear la figura de las promotoras y promotores territoriales de Géneros y Diversidad y para reconocer el trabajo de lucha en los barrios contra la violencia de género y las desigualdades. Esta propuesta de ley lleva el nombre de Bety Quispe.
Foto de portada: Rodrigo Vallejos.
