Decenas de miles de personas se concentraron en Quito, Ecuador, durante 18 días, para exigir mejores condiciones de vida. Provenientes de todo el país, estaban reunidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un lugar altamente simbólico para la lucha del movimiento indígena. Antes de albergar a los manifestantes, este lugar fue el escenario de una requisa por parte de fuerzas del orden, nunca antes vista en democracia.
Edición 62. Lunes 18 de julio de 2022
Aquel jueves 30 de junio, unas horas después de la firma del acuerdo entre movimiento indígena y gobierno ecuatoriano, que puso fin a 18 días de paro nacional en Ecuador, miles de manifestantes reunidos en Quito se encontraron una última vez en la Casa de la Cultura. Centenares de manifestantes llegaban de diferentes barrios de la ciudad, a pie y con sus banderas ecuatorianas, hasta ese punto neurálgico de la movilización
Al llegar frente al edificio “de los espejos”, el principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los asistentes se apuraban para entrar en el ágora, para no perderse el discurso de Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Alrededor de ese lugar simbólico para el movimiento indígena, los conductores sonrientes tocaban bocina, aliviados por el fin de los bloqueos, pero agradecidos por las conquistas logradas.
Durante las más de dos semanas de paro, la entrada de esta Casa estuvo en constante movimiento de indígenas, estudiantes, obreros y quiteños solidarios con la movilización. Adentro, en el anfiteatro, durante las tardes tranquilas algunos músicos tocaban canciones frente a los manifestantes cansados por la movilización. Pero cada vez que Leónidas Iza subía al escenario para motivar a seguir el paro, el ambiente era otro: su discurso se entrecortaba con aplausos y gritos entusiastas.
Este hombre carismático, vestido siempre de su poncho rojo y su sombrero negro, de nacionalidad kichwa —quien ya había encabezado las marchas de octubre de 2019— fue de nuevo el centro de atención de todos los ecuatorianos durante los 18 días del paro general.
Él dirige la Conaie, la organización indígena más importante del país. Llegó a Quito con sus “compañeros” del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y de la Confederación Nacional de Organizaciones, Indígenas y Negras (FENOCIN), para exigir la aplicación de las 10 demandas presentadas hace más de un año al gobierno liberal de Guillermo Lasso, entre ellas, la baja de los precios de la gasolina.
“Este gobierno solo entiende la presión, sino hubiéramos venido a la capital, no nos hubieran escuchado”, explica Juan Belisario, dirigente indígena que llegó desde la provincia del Cañar. Como él, miles de indígenas y campesinos llegaron para hacer escuchar sus voces, e exigir sobre todo la mejora de su situación económica. Muchos llegaron de lugares alejados a una ciudad que no tenían dónde dormir, ni cómo comer.
La casa, el corazón de la movilización
La Casa de la Cultura—ubicada en el centro de Quito y que alberga obras de arte, restos arqueológicos, archivos, etcétera— ofreció su techo a los manifestantes indígenas. Así se convirtió en un lugar clave, en el corazón de la movilización.
“Desde el principio de los movimientos indígenas en el 1990, la Casa de la Cultura siempre fue un lugar de acogida —explica Fernando Cerón, el director de dicha casa—. Inicialmente la casa es un lugar de hospedaje para los manifestantes que a veces vienen de la Amazonía, y para ellos el clima de Quito, a 2.800 metros de altura, es muy hostil”.
Desde las manifestaciones de octubre de 2019, en las cuales la policía impidió el acceso al parque El Arbolito colindante, el ágora se usa para organizar la movilización, donde se dan los discursos y se hacen las reuniones.
“Es un lugar de referencia”, añade el director de la Casa de la Cultura. Razón por la cual, pareciera, las autoridades buscaron apropiárselo antes que el movimiento lo haga.
Requisa
El domingo 19 de junio, la policía, después de allanar el espacio durante cinco horas, buscando armas sin éxito, requisó la Casa de la Cultura para usarla como base para su personal. Los policías pasaron por encima de las rejas para instalarse en lo que serviría de “albergue para el personal de la Unidad de operación del mantenimiento público”, como lo explicó en conferencia de prensa el comandante de la policía, Fausto Salinas.
La imagen impactó: hombres con armas y pasamontañas impedían el ingreso al edificio, donde habitualmente los quiteños van a ver un concierto o una muestra de arte. Si bien en ese momento todavía los indígenas no se habían instalado en la Casa de la Cultura, estaba previsto que lo hicieran pronto.
Esta requisición se dio a pesar de lo que prescribe el artículo 379 de la Constitución ecuatoriana de 2008: “Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles.” Una tal situación solo se vio una vez en el pasado, en 1984 durante el gobierno autoritario y represivo de León Febres Cordero (1984-1988).
El escándalo fue inmediato, el mundo de la cultura, al igual que muchos habitantes de Quito, se indignaron por esta requisición.
“Es una decisión absolutamente errada por parte del gobierno —cuenta Cerón— si el gobierno hubiera actuado más inteligentemente, el paro no hubiera escalado tanto. Y además no les han quitado a los de la Conaie dónde llegar”.
Efectivamente, cuando se anunció la requisición, dos universidades de la capital, la Universidad Central y la politécnica salesiana, anunciaron abrir sus puertas para acoger a los manifestantes.
El rector de la Salesiana, padre Juan Cárdenas Tapia, “fiel a los valores del Evangelio” considera esta decisión como “humanitaria”. “¿Cómo podríamos dejar miles de personas, con niños, en las calles?”, pregunta el eclesiástico. Pero insiste, esta elección “no tiene nada de político, no nos ponemos del lado de un sector o del otro”.
Durante dos semanas el campus se volvió “zona de paz”, un espacio seguro donde los manifestantes venían a pasar la noche. Con aproximadamente 3.500 personas a diario, “hasta 7.000 algunos días”, precisa una trabajadora de la universidad, se tuvo que organizar un dispensario, guardería y, obviamente, cocinas.
El otro campus, el de la Central, a pesar de ser “zona de paz” fue atacado el 21 de junio con gases lacrimógenos, mientras sus ocupantes estaban en plena festividad del Inti Raymi, ceremonia andina en honor del sol, que se realiza cada solsticio de invierno.
Pese a que la Casa de la Cultura fuera “devuelta” a los manifestantes unos días después, la represión y la criminalización de las marchas de este movimiento se dieron con fuerza.
Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, es implacable con lo sucedido: “El Estado no tiene límite, actúa con impunidad en la represión de los manifestantes. Pero el artículo 98 de la Constitución garantiza el derecho a la resistencia.” En cuanto a la Casa de la Cultura Vivian precisa “alberga el patrimonio de todos los Ecuatorianos, entonces nadie se puede apropiar de eso”.
Siete muertos en 18 días: seis manifestantes y un militar. Además, de varios detenidos; el mismo Leónidas Iza fue detenido 24 horas por “paralización del tránsito” al principio del paro.
“Otro error por parte del gobierno” según Fernando Cerón, “esta detención dio magnitud a la movilización”.
Un paro que se terminó el 30 de junio en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un discurso emocionado de Leónidas Iza, en el que pidió perdón por no obtener todo de las 10 demandas, pero invitó a no perder la esperanza para construir “sociedades más justas e incluyentes.”
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Foto portada: Priscila Soriano, radio La Calle.
