* La ausencia de control efectivo y la corrupción hacen que el combustible llegue, a mayor precio, a la minería aurífera legal e ilegal que opera en la Amazonía del departamento de La Paz. Al menos cuatro instancias de Gobierno son mencionadas: YPFB, ANH, Dirección de Sustancias Controladas y Policía Boliviana. A las autoridades de todas ellas se les pidió una entrevista, solo esta última aseguró que solicitará un informe al respecto. Esta es la tercera y última entrega de una investigación periodística realizada por La Brava y Mongabay Latam, con el apoyo del Red de Investigaciones del Bosque Tropical del Pulitzer Center. en la que se revela a los actores públicos, privados como las organizaciones sociales que se benefician con el desvío del diésel subvencionado.
Edición 153. Mércoles, 11 de diciembre de 2024.
Tras diez días sin combustible, el camión cisterna llegó a las dos de la mañana del 30 de noviembre de 2023 a Tumupasa, comunidad indígena localizada en la Amazonía de La Paz. Los empleados de la estación de servicio «Tumupasa SRL» rápidamente ayudaron al conductor a conectar la manguera del primer compartimento del camión al tanque de almacenamiento. El corregidor indígena tacana Romer Vargas, que estaba vigilando junto a otros porque sospechaban irregularidades en la provisión de carburantes, notó que la válvula del compartimento estaba desprecintada y se quejó por la descarga en la madrugada, así como la falta de verificación por parte del Control Social de Combustible.
“Ése no es el procedimiento para descargar”, les reclamó.
Los empleados continuaron con la tarea. Poco después llegaron otros dirigentes del Control Social de Combustible, organización civil conformada por representantes de cinco sectores sociales en respuesta a la escasez de diésel y gasolina. Estos evitaron que se continuara con el proceso e insistieron en revisar la hoja de ruta que autoriza la compra y venta de sustancias controladas, entre ellas los combustibles. En el documento de ese camión se registraban 24.000 litros de gasolina, distribuidos en tres compartimentos de 8.000 litros cada uno.
“No había 24.000 litros de gasolina”, recuerda Romer, uno de quienes treparon a la cisterna para comprobar la existencia de tales cantidades del combustible.
Lo que vio fue un primer compartimento con 7.500 litros de gasolina que en su mayoría se habían descargado, y 8.000 litros en el segundo; es decir, había solamente 15.500 litros de gasolina, pues en el tercer compartimento se transportaba 8.000 litros de diésel.
“El diésel no estaba declarado en la hoja de ruta, lo que alertó a la gente. Ya los habíamos pillado”, relata el ahora excorregidor.
Él y otras cinco personas habían sido posesionadas en mayo del año pasado como miembros del Control Social del Combustible en Tumupasa, un mes después de que el Gobierno nacional implementara cupos de gasolina y diésel para frenar el contrabando y el desvío hacia actividades ilícitas. La función de esa organización era verificar que el suministro de combustible se hiciera sin irregularidades. Sin embargo, hasta noviembre de 2023, no pudo efectuar dicho control de manera efectiva por la falta de acceso a las hojas de ruta de los camiones cisternas. Esos documentos son emitidos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada de vender los combustibles a precio subvencionado por el Estado.
Aquella madrugada de noviembre, los dirigentes del Control Social de Combustible al fin obtuvieron pruebas de una práctica que los pobladores de Tumupasa sospechaban que existía desde hacía tiempo: el desvío de combustible.
Lo descubierto en Tumupasa no es un caso aislado, sino una práctica corriente en algunas estaciones de servicio, desde donde se desvían miles de litros de diésel al mercado negro para abastecer a los mineros auríferos en el norte de La Paz, instalados a 384 kilómetros de Tumupasa.
Así, el diésel subvencionado en Bolivia termina impulsando la minería aurífera, tanto legal como ilegal, que se expande cada vez más en la Amazonía y otras regiones del país. Esa cadena de desvío se inicia en algunos surtidores. De junio a noviembre de 2023, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intervino cuatro estaciones en el país e incautó más de 13 cisternas de diésel y más de 656.000 litros de carburantes.
La intervención
Después de su hallazgo, los dirigentes del Control Social alertaron a los vecinos con el repique de campanas. Los habitantes de la comunidad se congregaron en la estación de servicio y decidieron cerrarla. Su molestia no sólo se debía al incidente reciente, sino también a que anteriormente los empleados habían aumentado el precio de la gasolina y el diésel o lo habían entregado a revendedores durante la madrugada. Es más, ya en 2012 esta estación fue denunciada por almacenaje y compra ilegal de diésel y gas.
Los pobladores decidieron castigar al conductor de la cisterna y a dos empleadas de la estación de servicio en el “cepo”, nombre que recibe una sanción tradicional indígena tacana que inmoviliza a las personas colocando sus piernas entre dos tablones de madera.
Los comunarios bloquearon la carretera que une Ixiamas y San Buenaventura durante los siguientes 20 días, exigiendo a las autoridades nacionales que resuelvan los problemas de escasez de gasolina y que investiguen las irregularidades de la empresa Tumupasa SRL.
Debido a la presión, la ANH intervino la estación de servicio el 4 de diciembre y decidió que YPFB asumiera su administración.
Durante los primeros días de las movilizaciones, los dueños de Tumupasa SRL, Alison Márquez y su esposo Iván Limachi, acudieron al punto de bloqueo para negociar con los pobladores. Los dirigentes recuerdan que el empresario —dueño de al menos siete estaciones de servicio entre La Paz y Beni y que fue identificado durante la investigación periodística como uno de los que controla el desvío del diésel en el norte paceño— ofreció obras y combustible gratis para la comunidad, a cambio de la reapertura del surtidor.
La estación de servicio Tumupasa SRL. Foto: La Brava.
A los 14 días se levantaron las medidas porque las personas ya estaban cansadas. Y a inicios de enero de 2024, los dueños de la gasolinera denunciaron penalmente a cinco integrantes del Control Social de Combustible y al subalcalde de Tumupasa, Gary Terrazas, acusándolos de robo agravado, lesiones leves y graves, y tortura sufrida supuestamente por Alison Márquez durante una de las negociaciones en el bloqueo.
Además de la denuncia penal, que sigue vigente, los dirigentes dicen haberse sentido amedrentados y vigilados con drones que sobrevolaron la protesta, lo que debilitó poco a poco las movilizaciones.
“Personas desconocidas, matones con armas de fuego, nos mostraban las armas y encapuchados entraron a mi casa (lo que nunca antes había ocurrido en la comunidad)”, recuerda aún con temor Witer Martínez, agricultor y entonces presidente del Control Social de Combustible.
Los dueños de la empresa interpusieron un amparo constitucional en la Sala Segunda del Juzgado del municipio vecino de Ixiamas contra los integrantes del Control Social. El fallo determinó que no se había seguido el proceso adecuado para imponer la sanción del “cepo”, pero también estableció que la ANH debía suspender a la empresa y que la estación de servicio permaneciera bajo custodia de los pobladores.
Al poco tiempo, los dueños de la estación de servicio presentaron un segundo amparo en la Sala Cuarta de Ixiamas, esta vez contra la ANH por la intervención de las instalaciones. Tras un juicio de una hora, según los dirigentes indígenas, la entidad nacional perdió y la justicia autorizó que la empresa retome la gasolinera desde febrero de 2024.
Una de las preguntas que se hacen todos los involucrados en el caso, incluidas las autoridades locales, es cómo la ANH —entidad encargada de controlar la distribución del combustible y velar por los intereses del Estado— perdió contra un empresario. Y más cuando los representantes del control social aportaron con evidencias que establecen no sólo el desvío de esa cisterna, sino también de al menos 435.000 litros de diésel mensualmente.
La Subalcaldía de Tumupasa accedió a documentos de la Dirección de Sustancias Controladas —dependiente del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas—, encargada de autorizar los cupos (cantidad de combustible de acuerdo a la demanda para las estaciones de servicio). Según esos documentos, se autorizó a Tumupasa SRL un suministro mensual de 475.000 litros de diésel y 516.000 litros de gasolina desde principios de abril hasta mediados de diciembre del año pasado.
No obstante, estos datos no coinciden con lo que marcaron los medidores de los expendedores de diésel de la estación de servicio. Desde que se instauró el control social, los representantes verificaron cada fin de mes cuánto se había vendido. Encontraron que, de julio a noviembre, en promedio se vendió legalmente tan solo 40.000 litros de diésel.
“Si usted resta 40.000 litros de los 370.000 litros, faltan 330.000 litros. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron?”, preguntaba Witer Martínez, a más de cuatro meses después del incidente.
Además, los datos sobre las hojas de ruta del combustible despachado por la planta de Senkata de YPFB —ubicada en la ciudad de El Alto, encargada de almacenar y distribuir el combustible importado— muestran que entre mayo y agosto se enviaron cerca de 1,2 millones de litros de diésel, distribuidos en 50 cisternas, a la estación Tumupasa SRL.
Martínez recuerda también que en el mes de octubre de 2023, cuando esa parte de la Amazonía ardía a causa de los incendios forestales y se necesitaba diésel para las cisternas que combatían el fuego, la dirección de Sustancias Controladas autorizó el envío de 18 cisternas al surtidor de Tumupasa, con una capacidad de 24.000 litros cada una, y solo llegó una.
Tumupasa es un distrito de San Buenaventura y capital del Territorio Indígena Tacana 1 y tiene vocación agroforestal. Foto: La Brava.
Este equipo periodístico obtuvo también documentos que detallan los cupos de combustible otorgados por la Dirección de Sustancias Controladas a las estaciones de servicio de San Buenaventura y de Ixiamas, municipio aledaño, durante el mismo periodo. En ambos casos, la mayor cantidad de combustible asignado fue diésel. Sin embargo, se registró escasez en estas dos zonas.
José Beyuma, el nuevo responsable de la estación de servicios Tumupasa y exmiembro del Control Social durante el conflicto, aseguró en junio a este equipo periodístico que la venta de carburantes era regular y que se estaba cumpliendo con el «compromiso de la propietaria de la empresa de no dejar que falte gasolina». Sin embargo, el administrador William Laime explicó que se estaba racionando por la escasez de combustible que se vivía en ese momento y que no se llegaba a vender los 120 litros permitidos por persona, sino sólo 20.
Las pruebas y el trabajo del control social de Tumupasa no fueron suficientes para presentar una denuncia penal contra los dueños de la estación de servicio. El amedrentamiento que sufrieron los dirigentes, quienes además terminaron demandados, llevaron a la disolución de la entidad. Ahora, es la Subalcaldía de la comunidad la que se encarga de controlar las hasta cuatro cisternas, las que hasta junio reciente llegaron mensualmente. Sin embargo, según el subalcalde Terrazas, la verificación se realizó a ciegas, ya que no hay acceso a la información para confirmar la cantidad despachada por YPFB debido a la falta de datos proporcionados por las instancias competentes.
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Una operación minera trabaja en el cauce del río Kaka. Foto: La Brava.
“Todos están metidos”
La tarde del sábado 16 de agosto de 2024, los vecinos de Mayaya se alarmaron ante un fuego que comenzó a propagarse. El incendio, según un informe policial, se desató mientras se trasvasaba diésel de una cisterna a una bodega donde se almacenaba combustible, frente a la cancha principal. Las llamas alcanzaron dos viviendas y un vehículo. Gracias al esfuerzo de más de 50 personas, que con baldes, mangueras y tierra combatieron el fuego, se logró evitar que alcanzara a otro depósito de combustible aledaño.
Ese almacén es uno de los muchos que habría en Mayaya, donde al igual que en Guanay se acumula combustible para revenderlo a los mineros auríferos que operan en el río Kaka, además de a los propietarios de autos sin placa.
“Amurallan las casas y compran un tanque de 20 mil litros y lo entierran y por encima (colocan) otro tanque más todavía; son 40 mil (litros)”, cuenta un cooperativista del sector.
Él dice haber identificado al menos cuatro almacenes de ese tipo, además de otros en depósitos cerrados, como el lugar donde ocurrió el incendio, ninguno de los cuales tiene medidas de seguridad indispensables.
La presencia de revendedores en Mayaya se incrementó en los últimos cinco años debido al auge de la minería, principalmente a cargo de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente, operan al menos 20 de ellas en nueve concesiones de cooperativistas.
El uso de diésel es evidente en la navegación por el río Kaka, cuyas aguas llegan de los ríos de Guanay y desembocan en el río Beni y, posteriormente, en el Amazonas. Los botes descienden por el río cargados con 10 y 20 turriles de combustible, los que son destinados a los yacimientos mineros controlados principalmente por empresas chinas.
En el lapso de al menos dos horas, este equipo periodístico contabilizó desde el Puerto de Mayaya hasta la más lejana operación minera al menos 40 yacimientos; en la mayoría se trabaja dentro del río y en otras pocas en plataforma. La presencia de las dragas chinas es la principal; entre todas consumen al menos 25.000 litros mensuales de diésel, además de gas.
Esa alta demanda intensifica el desvío, por lo que a este lugar llegan cisternas y camiones con diésel, por ejemplo desde Guanay. Durante la investigación, el equipo periodístico de La Brava y Mongabay Latam pudo ver un camión cisterna estacionado por la noche, a pesar de que en la zona no hay ninguna estación de servicio.
Tres dragas chinas operan en el río Kaka, que atraviesa parte del Territorio Indígena Leco. Foto: La Brava.
Al igual que en el municipio vecino, la comercialización del producto hacia las mineras se hace a la luz del día, sin mayores controles. Lo que no es nuevo, pues “siempre han desviado —afirma un cooperativista de Mayaya—; la ANH tiene conocimiento y ellos están metidos”.
Esta última afirmación es de las que más repiten los entrevistados en las tres entradas a la zona: cooperativistas legales e ilegales, revendedores de combustible, transportistas, fuentes policiales y autoridades locales, entre otros. Todos consideran que no hay un control efectivo para frenar el desvío de diésel hacia la minería, porque se trata de un “negocio millonario” que beneficiaría a funcionarios de entidades del Estado.
Al menos cuatro instancias de Gobierno son mencionadas: YPFB, ANH, Dirección de Sustancias Controladas y Policía Boliviana. A las autoridades de todas ellas se les pidió una entrevista, pero no respondieron hasta el cierre de edición, con excepción de la ANH y la Policía que contestaron escuetamente algunas preguntas.
Pese al constante movimiento de combustible, en Guanay y Teoponte no hay una oficina de la ANH, lo que limita su accionar de control. La oficina más cercana está en Caranavi, a tres horas de distancia. Lo mismo sucede con la Dirección de Sustancias Controladas.
Estas instancias sólo llegan cuando hay mucho reclamo debido a la escasez. “La ANH tiende a hacer controles muy poco, muy rutinario (sic)”, confirma el alcalde de Guanay, Víctor Ticona (MAS-IPSP).
“Todos están metidos. Una mafia es en Bolivia, la mafia del diésel es bien jodida, no la puedes controlar. Es bien difícil esto, entre medio está la plata, la plata es la que manda”, dice un dirigente minero aurífero que pide reserva por razones de seguridad.
“Hay monstruos arriba”, en la ANH por ejemplo
“La ANH, Yacimientos y Sustancias Controladas realmente dan mucho que desear, (están) totalmente corrompidas. En realidad, la corrupción es desde arriba, o sea, tenemos grandes monstruos”, afirma el secretario general de la Central Única de Transporte Larecaja, Jhonny Divico, en su oficina en Guanay.
Dirigentes mineros coinciden con lo dicho. Explican que en varias reuniones con la ANH se hicieron denuncias, con fotografías incluso, pero que hasta la fecha no se sabe de ninguna investigación formal. “No ha cambiado nadie”, afirma el dirigente minero.
Tal información es confirmada por una fuente del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, quien, bajo condición de reserva por motivos de seguridad, dice que se iniciaron investigaciones internas, pero no avanzaron significativamente debido a posibles irregularidades dentro de la ANH.
«La ANH está podrida desde la cabeza hasta los pies”, dice la fuente que considera que las personas involucradas en el desvío de diésel tienen influencias en el sistema judicial y que manejan a jueces y fiscales a través de sobornos y presiones.
Los actos irregulares de la ANH están relacionados con la falta de autorizaciones para otras estaciones de servicio que deseaban operar en la zona el año pasado.
La fuente del Ministerio de Hidrocarburos asegura que cuando Franklin Molina ejercía como máxima autoridad, la entidad pidió en más de una oportunidad la renuncia de Jiménez, pero él sigue en el puesto.
El diputado Héctor Arce, del MAS y del ala Evista, denunció al director de la ANH, Germán Jiménez, por actos de corrupción. Dijo que el hombre tiene palos blancos para hacer los cobros y mencionó a José Luis Iriarte, dueño de una de las estaciones de servicio de Guanay y de otras tres en La Paz y Beni.
“Tengo los nombres de los surtidores en los Yungas de La Paz, donde este José Luis Iriarte es el que cobraba 30.000, 40.000 y hasta 50.000 dólares”, dijo Arce en una conferencia de prensa en junio de este año.
El asambleísta Arce, en un segundo video publicado en su cuenta de Tik Tok, involucró también a una funcionaria de la ANH, a quien denominó “la reina de los Yungas de La Paz” y dijo que ella cobra hasta 100.000 bolivianos de las estaciones de servicio.
La implicada, también en Tik Tok, respondió al diputado y dijo que ella encabezó controles que dieron como resultado el decomiso de 150.000 litros de combustible en tres meses.
“Por qué no pone en su mural a uno de los peces gordos, por qué no pone. Porque usted está siendo presuntamente sobornado para denigrarme y que yo pueda salir del norte paceño y ustedes puedan seguir cometiendo sus fechorías”, afirma la mujer.
Se intentó hablar con la funcionaria, pero no aceptó la entrevista. Sin embargo, una fuente en reserva afirmó a Arce de estar involucrado con Iván Limachi. En la segunda entrega de este reportaje se publicó una foto en la que ambos están en un mismo evento de una organización social. Al respecto se solicitó una entrevista al legislador Arce, pero él no respondió el mensaje y desde su equipo de comunicación dijeron que no podría dar la entrevista porque estaba con actividades.
Otro de los cuestionamientos es que la entidad hace un débil control de los surtidores y de las cooperativas que tienen hojas de ruta. Dicen que tampoco implementó operativos efectivos contra los revendedores. Un minero comentó que, durante las reuniones, incluso se proporcionó a la entidad las ubicaciones de los almacenes, pero no hubo respuesta.
El Gobierno lanzó en 2022 el Plan Soberanía “Lucho Contra el Contrabando”, con el objetivo de combatir el desvío de combustible, especialmente en las fronteras. En su segunda fase, el plan se amplió a otras regiones del país. Los operativos se llevan a cabo en colaboración con las Fuerzas Armadas.
Durante la primera fase del plan, se logró prevenir el desvío de 282.000 litros de combustible, de los cuales el 95% era diésel. Además, se detuvo a 148 personas y se incautaron 129 vehículos, según datos del viceministro de Defensa y Cooperación de Desarrollo Integral. La segunda fase fue lanzada en julio de este año y aún no hay datos sistematizados, aunque entre el 11 de junio y el 7 de julio se decomisaron 37.399 litros de combustible.
No obstante, los cooperativistas mineros consideran que esos controles no son efectivos y no se están llevando a cabo de manera sistemática en las zonas mineras. La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) ha propuesto realizar operativos conjuntos, como se hizo en años anteriores. Sin embargo, Eloy Sirpa, presidente de la federación, cuenta que la ANH organizó un operativo en junio sin tener en cuenta sus sugerencias.
Respecto a los hechos de corrupción, el director distrital de La Paz de la ANH, Iván Colque, afirma en una rápida entrevista con este equipo periodístico que esa institución tiene un área de transparencia certificada, para evitar esos hechos y que mayor información debiera dar el director nacional. Sin embargo, pese a las cartas solicitadas no brindó información al respecto. Y, al filo del cierre de esta edición, la responsable de comunicación dijo que no se halló denuncias formales en el sistema.
“Todo empieza en Senkata”
Los mineros critican a YPFB por no despachar combustible de manera eficiente desde la planta de Senkata, en El Alto. Aseguran que, debido a la escasez de combustible, existen preferencias en el despacho de diésel, las cuales estarían vinculadas al pago de sobornos a los responsables de la distribución.
Francisco, cooperativista que opera en el río Coroico de Guanay, cree que la corrupción empieza en Senkata, donde se harían cobros irregulares. Coinciden con él los dirigentes del sector transporte y minero que señalan a la Unidad Distrital Comercial de YPFB como la instancia que facilita los trámites irregulares.
“Para que los despachen rápido los mineros aflojan 9 mil (bolivianos) por cisterna”, contó un cisternero que esperaba su turno en la planta.
En diciembre del año pasado, YPFB detectó el robo de 91.000 litros de gasolina en la planta de Santa Cruz y descubrió una red de corrupción que cobraba para beneficiar a ciertos transportistas con la entrega de combustible, por lo que anunció la realización de una auditoría, que aún no fue pública.
La Dirección de Sustancias Controladas y los “inversionistas” de la Policía
“Está claro que las mismas estaciones son instruidas por el gobierno, por las direcciones, para cobrar un sobreprecio y ellos perciben cada mes creo, no sé, comentaban, arriba de 50.000 dólares. Entonces todas las instituciones son pues: Yacimientos (YPFB), (Dirección de) Sustancias Controladas y ANH”, afirma un dirigente del sector de cooperativas mineras de La Paz.
La dirección de Sustancias Controladas es la que se encarga de aprobar hojas de rutas, pero además de realizar los controles con su brazo operativo que es la Policía.
Los entrevistados explican que efectivos de la Policía Boliviana cobran por el paso de los vehículos que transportan diésel sin hoja de ruta.
Un cooperativista contó que cuando él trasladó una cisterna a Tipuani, cuya hoja de ruta solo decía para Guanay, fue a la estación de policía para pagar primero a la Policía Fronteriza y luego a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), cuya oficina está en el segundo piso del mismo edificio.
“Voy a ser bien claro porque yo también he pagado. Cobran los de la FELCN 3.000 (bolivianos) y la policía 2.000 por cisterna que no tiene hoja de ruta. Te anotan la placa, el (nombre) del chofer y, bueno, pasas normal (la tranca); 5.000 pagas por una cisterna chuta”, confiesa.
Explica que ese pago es para una tranca, pero si la cisterna pasa más de una debe pagar otros montos.
En reportería se contabilizaron seis trancas desde Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto, hasta Guanay, a las que se suman otras si se va a Mapiri, Tipuani o Apolo.
Según el afiliado del Sindicato de Transporte Tiguamate, involucrado en la reventa de diésel, los policías tienen asimismo acuerdos con los revendedores sindicalizados, lo que les permite sellar sin reparos las hojas de ruta, a pesar de que estos se dirigen a destinos distintos de los que figuran en el documento.
“El sindicato te respalda a pasar a la Policía (sic). La Policía, Umopar, les saca grave (dinero a otros revendedores), en cambio nosotros tenemos convenio. No nos molesta, y también nos avisa cuando están viniendo en batida”, explicó a una persona que preguntó cómo ser parte del negocio del diésel.
Como el negocio beneficia a la policía, según los entrevistados, los efectivos asignados a Guanay y otras zonas mineras pagarían una suma de dinero a quienes gestionan dichas asignaciones.
Dos fuentes policiales, que pidieron mantenerse en reserva, confirmaron que esos pagos son una práctica común dentro de la Policía Boliviana para asegurar sus destinos. Los pagos pueden oscilar entre 2.000 y 10.000 dólares, lo que les permite residir al menos un año en algunas de las unidades. A los policías que pagan se les conoce como «inversionistas».
Entre las unidades operativas más solicitadas de la institución, además de Tránsito, se encuentran la Policía Rural y Fronteriza, de la que dependen las comisarías del norte de La Paz.
Las fuentes policiales aseguran que Guanay, Mapiri y La Asunta son los destinos preferidos por los policías debido al movimiento lleno de irregularidades que caracteriza la explotación y comercialización del oro. Sin embargo, dado que en el área rural solo se puede permanecer una o dos semanas antes de ser reasignados, la modalidad de pago tiene sus peculiaridades.
“En la Rural y Fronteriza es diferente, tienes que pagar mensual como alquiler, es decir ‘ya, yo quiero que me mantengan en la Asunta, entonces mensualmente voy y me reporto’, afirma. El dinero pagado se recupera con los sobornos y todos salen ganando.
Al respecto, el comandante de la Policía Boliviana, general Augusto Russo, en entrevista con este equipo periodístico dijo que de ser verdad lo descrito, los cooperativistas deben presentar denuncias tanto ante el Comando de la Policía como ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Según la autoridad, tales denuncias surgen porque tanto la Policía como la ANH están intensificando los controles, lo que ha resultado en el decomiso de miles de litros de diésel.
“No pueden hablar de extorsión cuando ellos son los que buscan generar acciones ilegales”, subrayó y dijo que solicitará informes internos para verificar si existen indicios de corrupción dentro de la Policía Boliviana.
«Deben presentar una denuncia formal. No pueden hablar a la ligera de extorsión, y si hay extorsión, es necesario desmantelar cualquier organización criminal que pueda estar formándose», concluyó el general Russo.
El cooperativista de Teoponte dice que los conductores de cisternas que son atrapados por la Policía son aquellos que se negaron a “abonar”, como se llama a pagar sobornos. “Quienes caen, son los que son machitos, los que dicen que tienen amistades acá y allá», afirma.
El minero, al igual que el resto de los entrevistados, considera que las detenciones sirven para aparentar que existe un control por parte de la ANH, en coordinación con la Policía, cuando en realidad dicho control es ineficaz.
La falta de control efectivo, en un contexto en el que se ha detectado el desvío millonario de diésel, se evidencia por la falta de procesos. De hecho, el anterior ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, recriminó en agosto de este año al entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por no combatir eficientemente el desvío de carburantes subvencionados para el contrabando y la minería ilegal.
Este equipo periodístico solicitó en más de dos oportunidades a la unidad de comunicación de la Fiscalía de La Paz información sobre los procesos por desvío y comercialización ilícita de combustibles, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Control social perforado
A principios de septiembre último, alrededor de 100 mineros de diferentes localidades del norte paceño marcharon en Guanay y tomaron las tres estaciones de servicio de la zona durante dos días. Demandaban un control eficiente.
En su asamblea extraordinaria declararon que no permitirían la operación del Sindicato de Transporte Tiguamate –que es uno de los actores que revende diésel–, y exigieron a los surtidores que vendieran el combustible a un precio justo.
Tras dialogar con los administradores de los surtidores, los mineros levantaron la medida. El acuerdo alcanzado establece que las estaciones de servicio venderán el combustible directamente a las cooperativas, a un precio más elevado que el de subvención, que es de 3,72 bolivianos, pero dejando de lado a los revendedores agrupados en Tiguamate.
“Sólo fue un convenio simbólico, porque las tres estaciones se han hecho la burla. Hemos puesto incluso un precio, para que ellos nos puedan vender sin hoja de ruta, de 6 bolivianos. Sólo duró unos 15 días”, afirma un dirigente de Ferreco que pide no ser identificado.
Además del convenio, las cooperativas implementaron puntos de control en el puente Coroico, que divide el camino a Guanay y Teoponte, para evitar el paso de revendedores. Sin embargo, según la fuente, sí dejaron pasar a los vehículos que tenían contrato previo con una cooperativa afiliada a las centrales de Ferreco. “Las mismas cooperativas han tenido que salir a buscar para poder seguir trabajando en el área”, asegura.
Durante el tiempo que duraron los controles, se redujo el tránsito de los vehículos con combustible “chuto” y también el precio del diésel en el mercado negro.
Durante sus controles encontraron vehículos con carburantes en la carretera. Uno de ellos fue una camioneta cargada con turriles de diésel. Cuando tres mineros preguntaron si tenía hoja de ruta, el conductor respondió que no, tal como se ve en un video grabado por uno de los mineros a los que accedió este equipo periodístico.
“No hay hoja de ruta para las camionetas, ni las cisternas tienen. Y al final de cuenta nosotros somos los que les llevamos a ustedes. ¿Sí o no?”, les enfrentó y luego arrancó el auto. Antes de que el coche acelere se escucha a una voz exigiendo: “que pague”.
De acuerdo con dos fuentes de Guanay, los mineros que controlan este punto piden un monto a los conductores de motorizados que llevan diésel sin hoja de ruta.
“La corrupción ha llegado hasta allí”, afirma una de las fuentes.
Un dirigente minero de Guanay confirma que escucharon esas denuncias, aunque nunca se presentaron pruebas. También afirma que su central no buscaba recibir extorsiones en dinero, pero a veces les ofrecían «coquita, refresco, e incluso una cajita de cerveza».
La escena relatada del video evoca las declaraciones de varios entrevistados, quienes creen que el negocio del desvío es tan vasto que resulta incontrolable, que implica incluso a organizaciones sociales e instituciones estatales.
El auge de la minería del oro en la Amazonía boliviana, que está contaminando ríos, devastando territorios y afectando pueblos, se ha convertido en uno de los principales impulsores de una corrupción que se multiplica sin control. El desvío de combustibles, el diésel sobre todo, es una de sus facetas, como se muestra en esta serie de reportajes de La Brava y Mongabay Latam.
*Esta es la tercera y última entrega sobre el desvío de diésel a la minería aurífera en la Amazonía paceña.
*Esta es una investigación conjunta de La Brava, Mongabay Latam, en colaboración con la Red de Investigaciones del Bosque Tropical del Pulitzer Center.
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