Las comunidades del sur del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sienten el avasallamiento de los cocaleros. Éstas no cuentan con agua potable y los ríos, arroyos y vertientes de los que se abastecen al menos 15 comunidades, ya no tienen el mismo caudal de antes. Dirigentes aseguran que las nacientes de los cursos de agua se han visto afectadas por la deforestación para sembrar coca. Un equipo periodístico de La Brava y Mongabay Latam viajó hasta la zona y comprobó la invasión de cultivos ilegales al interior del parque y comunidades indígenas.
Edición 78. Miércoles 25 de enero de 2023.
“Está seco”, dicen al unísono las comunarias, al ver el canal por medio del cual se distribuye el agua a la mitad de las familias de la comunidad San Antonio de Moleto, ubicada al sur del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Hasta hace dos años, el arroyo que abastece el canal y que desciende desde la serranía era uno de los más abundantes del lugar, pero ahora apenas tiene líquido.
“Esto antes no se secaba, estaba lleno de agua. Por eso vieron hacer el canal aquí”, recuerda una indígena yuracaré, aún agitada después de trepar por medio del bosque más de media hora.
Por razones de seguridad, nos referiremos a ella con el nombre ficticio de Cecilia. Lo mismo haremos con varios comunarios de distintas comunidades que solicitaron el resguardo de su identidad.
La presa, donde normalmente se acumula el agua para luego ser distribuida por el canal, fue construida en 2012 por iniciativa de un párroco para abastecer a 15 familias, pero hace mucho no cumple su objetivo. Similar situación se da con el segundo canal que abastece a la otra mitad de la comunidad.
La cabecera de estos arroyos se encuentra a pocos kilómetros, en el límite que divide San Antonio de Moleto con el sector cocalero. Dicho sector, conocido como Polígono 7, se formó en la década de 1980, cuando los productores de hoja de coca penetraron esa parte del área protegida. En ese momento, aquel sector del parque también era territorio indígena y estaba habitado por indígenas yuracarés y mojeñas trinitarias. Hoy, si bien el Polígono 7 continúa siendo parte del parque nacional TIPNIS, ya no es territorio indígena, a excepción de algunas comunidades, como Santísima Trinidad, que resistieron y continúan siéndolo puesto que tienen propiedad colectiva de la tierra y organización indígena.
Las indígenas consideran que la deforestación y los chaqueos [quemas controladas para preparar la tierra para el cultivo] que desde hace 30 años se realizan sistemáticamente en ese lugar para sembrar coca, causaron que las nacientes de los arroyos y vertientes de alrededor se sequen poco a poco.
—¿Se puede llegar allí?, pregunto.
—No. Más allá no caminamos, dice Brígida, otra comunaria.
La falta de agua es uno de los problemas que preocupa a los indígenas, pues no solo afecta a San Antonio de Moleto, que es precisamente una de las comunidades que colinda con el Polígono 7, sino a la mayoría de las 15 comunidades que hay en el sur del TIPNIS. De todas ellas, cinco pertenecen a las organizaciones indígenas de la Subcentral del TIPNIS y otras 10 al Consejo Indígena del Sur (Conisur), una organización que fue creada para contrarrestar la invasión cocalera, pero que en algunos momentos también fue penetrada por los productores de coca.
De acuerdo con datos del Conisur, las comunidades que más sienten la escasez de agua son Carmen, Tres de Mayo, Juan Bautista, San José de Langosta y San Antonio de Moleto.
“¿De aquí a 10 años qué va a pasar? Tengo miedo. Tenemos que ver la solución para tener agua”, lamenta Leonardo Vargas, secretario de juventudes del Consejo Indígena del Sur (Conisur), quien acompaña el recorrido por los arroyos.
¿Qué relación existe entre esta severa escasez de agua y la deforestación para abrir más campo a los cultivos de coca? Un equipo periodístico de La Brava y Mongabay Latam ingresó al TIPNIS para responder a esta pregunta. Lo que encontró fue mucho miedo de las comunidades para declarar y una pérdida de bosque que no se detiene alrededor de las nacientes de los ríos que abastecen a más de 15 comunidades que viven dentro del sector sur del parque.
La deforestación avanza sin freno
Cuatro sindicatos, como se denomina a los asentamientos de colonos, rodean a la comunidad indígena Santísima Trinidad, aquella que resiste en medio del Polígono 7.
Apenas algunos guardatojos, pequeñas aves amarillas y negras, sobrevuelan su lindero. Luisa, indígena mojeña, dice que son lo más cercano a animales silvestres que se ven por acá, pues, a causa de la deforestación, el resto habita mucho más adentro del monte.
La diferencia entre el sindicato y la comunidad es notoria. Al lado derecho cocalero se extienden los distintos chacos en terrenos recién deforestados. Del otro lado aún hay árboles sobrevivientes. Cerca de un arroyo, al interior de Santísima Trinidad , hay tres chacos continuos con pequeñas plantaciones de coca.
“Esos son de los colonos”, dice Luisa.
Muestra, a lo lejos, el bulón (estaca de cemento) que delimita el territorio de la comunidad. Dicho Bulón fue colocado en 2006, sin embargo, según los comunarios que realizaron una inspección hace algunas semanas, la estaca fue removida por los colonos y reubicada más hacia el interior del territorio indígena. Dicho de otro modo, el límite se movió en favor de los cocaleros, aseguran.
El problema del avasallamiento es continuo. El corregidor de la comunidad, Francisco Saavedra, dice que actualmente todos sus vecinos invaden un poco. En algunos casos han intentado encontrar soluciones mediante el diálogo, asegura, pero esto no siempre funciona. Por ello, recurrieron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para delimitar los perímetros dentro de la comunidad. Sin embargo, según Saavedra, dicha institución no les dio ninguna solución. “Existe corrupción”, dice el corregidor. Este medio solicitó información al INRA mediante una carta y llamadas telefónicas, pero tras un mes de espera e insistencia no obtuvo respuesta.
Similar situación se da en San Antonio de Moleto, donde la colonización ingresó en 1997 con fuerza. Ese año rebasó la zona donde están las viviendas y penetró hasta el sector conocido como La boca del río. Después de reclamos y la intervención del INRA, los cocaleros salieron, aunque no fuera de la línea roja que, en 1992, había sido consensuada como límite de la colonización.
Una comparación a través de imágenes satelitales entre la línea roja y la ubicación del asentamiento cocalero, aledaño a San Antonio de Moleto, muestra que el avasallamiento se encuentra dentro del territorio indígena. Es precisamente ahí donde se deforesta.
Las imágenes satelitales permiten ver también cómo se incrementó la deforestación progresivamente de 2004 a 2020, siendo 2013 el año que comenzó a acelerarse. Esta deforestación se ve, principalmente, en el Polígono 7, que cubre el 12% del TIPNIS.
En este lugar está permitido el cultivo de hoja de coca hasta un cato por productor. Un cato es un pedazo de tierra de 1.600 metros cuadrados donde se siembra coca; sin embargo, en muchos casos se sobrepasa ese límite y se siembra dentro del territorio indígena, donde está prohibido, asegura la dirigencia del CONISUR.
El Informe Anual de Monitoreo de Coca, publicado en agosto de 2021 por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), señala al TIPNIS como una de las seis áreas protegidas afectadas con cocales. En 2020, se encontraron 1.373 ha al interior del Polígono Siete, un 27% superior al año anterior. Lo más grave, sin embargo, son las cifras que se registraron ese año al interior del territorio indígena, donde está prohibido el cultivo de coca: 27 hectáreas (ha), equivalentes a 38 estadios de fútbol.
Según Luisa, quien acompañó al equipo periodístico durante el sobrevuelo con el dron, la deforestación se da por partes. “Son varios pedazos que se van sumando”, dice. Así lo evidencian las imágenes.
Para este reportaje se solicitó información al Sernap sobre el avance de la deforestación, el avasallamiento y las presiones en el parque, pero la dirección nacional no dio respuesta alguna. El director del TIPNIS, por su parte, al momento en que fue contactado por este medio informó que estaba ingresando a una inspección, pero no volvió a responder nuestras llamadas.
Un trabajador del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que pidió mantener su nombre en reserva, dijo que en el sur del parque aumentaron los desmontes y chaqueos en los últimos años, y que en muchos casos estos se dan en las nacientes de las fuentes de agua.
“Cada año ellos (los colonos) chaquean, y este año se ha notado más que otros años la sequía”, resaltó.
Según las autoridades indígenas, los guardaparques del Sernap, encargados del cuidado de las áreas protegidas, no tienen la logística necesaria para frenar los avasallamientos ni la deforestación.
Desde la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) confirmaron que los guardaparques no cuentan con los materiales necesarios y que las condiciones laborales son deficientes, pues no se les dota, siquiera, suficiente equipos para acampar y hacer patrullajes largos; mucho menos con cámaras fotográficas u otro material tecnológico.
Por ese motivo, tampoco hay un monitoreo actualizado de todo el parque, aseguran. El funcionario que pidió mantener su nombre en reserva, explicó que desde 2010, cuando las organizaciones no gubernamentales dejaron de financiar al Sernap, ya no cuentan con el equipo necesario para hacer un mejor control.
“No tenemos la logística, nos habrán dotado de una motocicleta, pero no nos dotan de combustible ni repuestos de la moto. Falta apoyo del Estado, porque como Sernap no tenemos recursos”, aseguró.
Vargas, quien también es guarda territorio [indígenas que hacen revisiones de sus tierras, muchas veces junto a los guardaparques] cuenta que en un recorrido a la comunidad de Fátima, en el mes de octubre, encontraron un asentamiento cocalero en el lugar donde los guardaparques del Sernap tenían su campamento. Este último había sido destruido.
Los indígenas y su sobrevivencia
“Todos trabajamos con coca”, confiesa Luisa, en medio de su chacra en Santísima Trinidad, donde revisa las yucas que plantó hace unos meses para su autoconsumo. Explica que la mayoría de los indígenas trabajan como cosechadores en los catos de coca de los sindicatos.
Ella va con toda su familia a trabajar. Ganan un boliviano por libra de coca cosechada, por eso, para obtener entre 130 y 150 bolivianos al día, se debe cosechar más de ocho horas, parando únicamente para tomar agua. A diferencia de los cocaleros y algunos comunarios, Luisa no pijcha (mastica) coca para ganar fuerzas en el trabajo, pues no es parte de su cultura.
Además de ser jornaleros, varios comunarios desde hace algunos años también producen coca en sus tierras, asegura Luisa aunque precisa que lo hacen en chacos pequeños.
La otra noche, Benito, vecino de la comunidad, contaba que debido a la falta de recursos económicos inició la siembra y, al igual que muchos, se afilió al sindicato para tener un mercado seguro.
“Viendo que ellos tenían recursos, nosotros hemos tenido que hablar con los dirigentes para afiliarnos”, relató.
Luisa cuenta que hace años sembró un poco de coca, pero que ahora prefieren no hacerlo.
La investigadora y socióloga Sarela Paz —quien desde finales de la década de los 80 investiga la dinamicidad de la colonización y sus consecuencias en el TIPNIS— explica que la producción de coca está relacionada con una dinámica sociocultural que se da con agresividad hacia a los indígenas y apunta al etnocidio.
“No solamente ingresan y avasallan y toman tierras, sino que el tono con el que se relacionan con la población indígena es un proceso de etnocidio en el sentido en que los mojeños y yuracarés tienen que dejar de ser mojeños y yuracarés para convertirse en productores de hoja y esta agresividad viene de los productores y sindicatos”, afirma.
Esta agresividad de la que habla Paz se refleja, principalmente, en el miedo que tienen los comunarios de opinar distinto a la visión de desarrollo que prima en el lugar. Por ejemplo, los indígenas de la comunidad que intentaron oponerse a la carretera que atraviesa el TIPNIS recibieron amenazas de que sus casas serían quemadas o de ser expulsados de la comunidad. En muchos casos, principalmente los dirigentes indígenas, recibieron agresiones físicas. “Hay una variable más básica que resistir que es sobrevivir”, dice Paz.
Además, en los lugares donde existen factorías o laboratorios de cocaína, la violencia se agudiza. Por eso hay comunidades, como Mercedes de Lojojota, Teresa del Isiboro entre otras, a las que no se puede ingresar fácilmente, aseguran los comunarios.
También hay otro tipo de violencias sutiles. Un habitante de Santísima Trinidad, a quien por razones de seguridad simplemente llamaremos Pablo, cuenta que hasta hace unos 10 años, solo en las escuelas de los sindicatos se podía cursar secundaria y que los estudiantes quechuas —principal cultura que colonizó el TIPNIS— se burlaban de cómo hablaban los yuracarés y mojeños. Por ello, al igual que ocurrió en las comunidades indígenas que había en el Polígono 7, muchos de los habitantes están transformando su modo de vida para adaptarse. De hecho, los idiomas mojeño y yuracaré ya no se escuchan con frecuencia porque solo lo hablan las personas mayores.
Lo mismo sucede con la vestimenta. La primera vez que vi a Cecilia, de San Antonio de Moleto, vestía una pollera quechua. Solo las mujeres más ancianas conservan aún su vestido típico.
El avance lento pero certero de la carretera
En 2012, la comunidad indígena más accesible del sur del TIPNIS era San José de Langosta, que queda antes de San Antonio de Moleto. Para ingresar, luego de atravesar territorio cocalero con la autorización de los productores de hoja, había que caminar media hora y luego cruzar el río San Antonio por bote. A San Antonio de Moleto solo se podía ir navegando o a pie por medio del monte. Todo eso cambió. En los últimos años se abrió un camino, desde Ichoa, el último sindicato del Polígono, hasta allí.
Lorenzo, un mojeño trinitario y habitante de San Antonio de Moleto, asegura que los costados de la brecha están “llenos” de tierras de colonos. “Todo está loteado”, dice.
No solo cambió ese acceso, sino el ingreso al parque. Hace 10 años, y en época de lluvia, solo se podía viajar en unimok, un camión grande, resabio de la Segunda Guerra Mundial, que permitía, gracias a sus grandes llantas, cruzar el río Isiboro. Ahora, sobre ese afluente se impone un puente que se suma a otros dos y que forma parte del segundo tramo de la carretera San Ignacio de Moxos y Villa Tunari, por medio del corazón del TIPNIS.
La construcción de estos puentes se realizó silenciosamente desde 2017, luego de la anulación de la Ley 180 que declaraba la intangibilidad del TIPNIS, y pese a que el Gobierno del entonces presidente Evo Morales afirmó que la edificación de la carretera estaba paralizada.
Pablo, de Santísima Trinidad, explica que si bien la construcción del tramo se paralizó en los últimos años, el camino preexistente entre Isinuta (la entrada al TIPNIS) y el sindicato Ichoa, constantemente es mantenido con maquinaria de la Autoridad Boliviana de Carreteras y del municipio de Villa Tunari.
“Anteayer ha salido una máquina que estaba ampliando la carretera. El trabajo es permanente”, asegura.
La investigación “Nueva ley pone a zona crítica de biodiversidad boliviana en camino a la deforestación”, publicada en la revista científica Current Biology, alertó en 2017 que, entre 2000 y 2014, el TIPNIS perdió 46.000 hectáreas de bosque, que representa el 3.6% del total del parque.
La publicación resalta que las carreteras en los bosques tropicales a menudo conducen a la conversión del hábitat, y que en el TIPNIS, más del 58% de la deforestación se concentra a cinco kilómetros o menos de los caminos ya existentes hasta 2014.
La escasez de agua
Las mujeres de San Antonio de Moleto se abastecen con baldes de la poca agua que aún lleva un delgado arroyo que baja hasta la entrada de la comunidad. Así intentan garantizar el recurso para el consumo familiar, aunque dicen que no es suficiente. Para bañarse y lavar ropa recurren al río Moleto, que bordea San Antonio y otras comunidades. De las 31 familias de la comunidad, son contadas las que tienen extractores a motor que bombean agua de pozos y que llenan sus tanques. Toda el agua de acá y de los alrededores no es potable.
Las demás comunidades que pertenecen a la Subcentral del TIPNIS viven la misma situación. Por ejemplo, en Santísima Trinidad hay dos tomas de agua que si bien no tienen el mismo problema que las de San Antonio, brindan un suministro cada vez más bajo.
“En Santísima no escaseaba, pero ya hace dos o tres años lo hace. Es cada vez más prolongada la falta de agua”, cuenta Pablo. Incluso en este mes de enero, que normalmente debiera ser lluvioso, no ha llovido las cantidades de años anteriores, aseguran otros de los habitantes del lugar.
El río Sesejsama, que está a unos minutos de la comunidad, en esta época solía tener tanta agua que dificultaba el paso de motorizados, pero ahora los autos no tienen mucho problema para atravesar el caudal. Tanto el Sesejsama como otros dos ríos desembocan en el Isiboro y luego al Sécure. Esos afluentes también sienten la escasez de agua, aseguran desde la Subcentral del TIPNIS.
El Conisur informa que demandó al Gobierno nacional que cumpla con su compromiso de dotar de agua potable a las comunidades. Esa fue la promesa que la autoridad comprometió cuando se hizo, en 2012, la consulta a los indígenas para construir la carretera que pasa por medio del TIPNIS. Hasta ahora esa promesa no se ha cumplido.
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Fotografías y videos: Marcelo Pérez del Carpio.
Infografías: Rocío Condori.
*Este reportaje es una colaboración entre Mongabay Latam y la revista La Brava.
