La Brava revisó y sistematizó más de 300 publicaciones en TikTok y Facebook,  relacionadas con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y concejalas de Bolivia. En ellas las agreden o desinforman sobre su gestión y su vida privada. En general, se desconoce a los administradores de las cuentas, pero algunas de ellas se articulan mediante hashtags comunes. La violencia política y machista se ejerce desde el ciberespacio con impunidad, mientras suman las renuncias de las mujeres.

Edición 143. Lunes, 7 octubre de 2024.

Mediodía de un sábado de septiembre de 2024. Lizeth Chávez entra con paso firme a la sala de reuniones del Concejo de Irupana. Han pasado dos años desde que la autoridad municipal cruzó la misma puerta para denunciar una publicación en Facebook, que la sorprendió cuando estaba en La Paz, y que la acusaba de infidelidad marital. Aquel 7 de julio de 2022 marcó un antes y un después en su vida, y aunque transcurrieron 785 días, las cicatrices de esa información falsa persisten, al grado de que Chávez ha decidido que terminará su gestión, pero que no buscará otro cargo público nunca más.

El de Chávez no es el único caso. Tras su denuncia, conocida este año, La Brava revisó y sistematizó publicaciones referidas a lideresas que ocupan cargos públicos municipales y pudo identificar un patrón: se desconoce a los administradores de las cuentas, hay material que desacredita a las mujeres, pero sin aportar información, y así se hace viral, es decir que se comparte y comenta como si tal contenido fuese verdad.

En Bolivia, antes de la Ley Contra el acoso y violencia política 243, de 2012, se reportaron más de 4.000 denuncias contra mujeres autoridades electas. Y, entre 2021 y julio de 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había registrado 237 renuncias de concejalas.

Para Pedro Callisaya, cabeza de la Defensoría del Pueblo –institución que emitió dos informes sobre acoso y violencia política en 2023–, es muy probable que detrás de las renuncias de autoridades mujeres hubiese “ciberacoso político”, como revela una encuesta realizada a 243 concejalas en funciones. Entre quienes respondieron, el 43% reportó ciberacoso en WhatsApp, el 36% en Facebook y 2% en TikTok.  

Las redes sociales más utilizadas en Bolivia son Facebook, con 7,55 millones de usuarios, y TikTok con 7,39 millones, según el reciente estudio Situación Digital y Redes Sociales en Bolivia 2024.

También en 2023, la investigación Entre la polarización y la impunidad. Acoso y violencia política facilitada por la tecnología en Bolivia, de la Fundación Internet Bolivia y Oxfam Bolivia, concluyó que el 75% de mujeres que ejercen o ejercieron cargos públicos sufrieron violencia política facilitada por la tecnología. Experimentaron acoso o insultos en línea; el 46% dijo que fueron difundidas imágenes o videos íntimos de ellas.

Hay tres patrones temáticos de la desinformación sobre mujeres en la política boliviana, según analiza la directora ejecutiva de Fundación Construir, Susana Saavedra. Éstos tienen que ver con 1) rumores sobre su moral sexual, 2) rumores sobre su poca o limitada capacidad de asumir decisiones, “es decir, pretenden anular la imagen de la mujer como líder” y 3) rumores “que refuerzan la percepción sesgada de la mujer en una sociedad machista, por ejemplo, mujer emocional, mentalmente inestable, poco coherente o letrada para interactuar con sus pares en la esfera pública”. Tras el caso de Chávez, otras siete concejalas denunciaron en medios de comunicación acoso y violencia política. Ellas son Beby Ardaya, de Santa Cruz; Daniela Cabrera, Claudia Flores, Jhovana Beltrán y Aida Eva Rodríguez, de Cochabamba; Guadalupe Huayhua, de Beni, y Goya Fernández, de Sucre. A la lista se añade Eva Copa, alcaldesa de El Alto, cuyo caso es considerado emblemático por la cantidad de publicaciones sin respaldo que circulan sobre ella.

Sistematización de la violencia

La revisión de publicaciones sobre mujeres en función pública derivó en la sistematización de 336 en Facebook y TikTok, registradas entre julio de 2022 y julio de 2024, y que tienen el denominador común de la desinformación, sea porque contienen datos falsos, porque se descontextualizan datos reales o porque se lanzan afirmaciones sin respaldo alguno. De ellas, 223 están dirigidas contra Eva Copa, alcaldesa de El Alto, y 98 contra concejalas de Cochabamba, en tanto que sobre el resto de autoridades aparecen de una a seis publicaciones. El análisis se centró en publicaciones virales, es decir las que tuvieron repercusión al haber sido compartidas o muy comentadas.

Entre los hallazgos importantes está el registro de cinco cuentas: NoCorrupciónElAlto, contenidopro3, lizetpozochavez, LuisBelmonte265 y Anticorrupcionelalto, que concentraron 223 publicaciones contra la Alcaldesa de El Alto durante dos años y con dos hashtag comunes: #revocatorioevacopa y #evacopacorrupta.

Para el caso de las concejalas se identificaron 25 páginas de Facebook y cuatro de TikTok, que tienen entre 300 y 2.300 seguidores. Algunas son cochabambinosdecorazon, danielchavezflore, Camino Del Delito. 4, Verdades Amargas, El Vigilante Cochalo, Equipo Técnico Profesional Súmate y Mónica Paz Ríos. No todo el material difundido es falso o engañoso, pero en los videos se apunta a denigrar la imagen de las autoridades, apelando a veces a aspectos de la vida privada o el aspecto físico.

Eva Copa, el blanco de la desinformación digital

Desde que comenzó su gestión como alcaldesa de El Alto, a principios de mayo de 2021, Eva Copa ha enfrentado diferentes tipos de ataques y desinformación en las redes digitales.

Cuando se apunta contra su gestión. se la tilda de corrupta, turista y floja, y si el blanco es su vida, se alude a su apariencia física, su salud y situaciones personales. Detrás de esos contenidos hay elementos de violencia de dos tipos: política y machista.

“Las primeras veces sí me bajoneaba terriblemente, tenía un estado de ánimo por los suelos (y) no quería salir. Miraba mi celular, me decían que era una tal… Hasta tengo 16 maridos, te diré, no sé después de este aniversario (de El Alto) cuántos maridos ya me pongan”, dijo Copa en una entrevista en 2023.

La Brava intentó entrevistar a la autoridad para disponer de los detalles de la falsedad de algunas de las publicaciones recientes, pero, pese a los compromisos de su equipo y tras dos meses de espera, no fue posible.

Una de las acusaciones mediante TikTok surgió a raíz de una solicitud de licencia que por motivos personales y sin goce de haberes presentó Copa al Concejo alteño en julio de este año. Esa circunstancia se aprovechó para afirmar que iba a reunirse en Estados Unidos con el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa, mientras que otra cuenta dijo que Copa iba a practicarse una cirugía estética. Ninguna aporta pruebas.

En dos videos del 23 y 26 de febrero, la cuenta contenidopro3 expone imágenes de baches inundados y vehículos circulando al parecer después de una lluvia. Hay una foto sobrepuesta de Copa casi dando la espalda y un texto que dice: “La única obra de El Alto es la liposucción de la jaira (floja). La verdadera situación que la jaira Eva Copa no nos muestra. Bella Vista Distrito 7 abandonado!! Vivimos en medio de barro y lodo”.

Según la alcaldía de El Alto, en la gestión de Copa, que se inició en mayo de 2021 y con datos hasta mayo de 2024, se entregaron más de 4.280 obras. Sobre la liposucción, aun si se hubiese realizado, cuestión de la vida privada de la autoridad, no hay documentos que muestren que se usaron fondos públicos para financiarla.

Y así, la vida personal de Copa es motivo de desinformación. Varios de los videos versan sobre su supuesta relación amorosa con el tiktoker Jhojann Figueroa Meneses, conocido como “el Ken boliviano”.

Se fueron al hotel Río Selva de Coroico “con todos los impuestos de los alteños”, se publicó y se atribuyó a Copa palabras en las que admitía la relación con Figueroa. En esos dos casos, las cuentas de TikTok NoCorrupciónElAlto y contenidopro3 usaron como base, el 4 de enero y 16 de febrero de 2024, respectivamente, un video de marzo de 2023 de Copa y Figueroa entrando por una puerta.

El tiktoker aludido publicó un video el 23 de junio de 2023 para desmentir cualquier relación amorosa con la alcaldesa alteña. Y, como en algunas publicaciones se afirma que Figueroa aprovecha su cercanía con la primera autoridad de El Alto para obtener contratos de publicidad, él exhibió cartas de invitación del Gobierno Municipal para promocionar aspectos culturales, tal cual hace, argumentó, con otras entidades estatales como EPSAS, Ministerio de Deportes y ABC, y con empresas privadas. “Nunca en toda mi carrera tuve un quilombo de este tamaño”, expresó.

Violencia política y violencia machista

En Bolivia, tres de cada 10 mujeres candidatas o electas se han enfrentado a campañas de difamación o desprestigio en las que se divulgó información manipulada, fuera de contexto o falsa. Se trata de “agresiones sistemáticas y planificadas con el fin de dañar la imagen de las mujeres y desacreditarlas debido a sus visiones políticas e ideológicas”, se lee en el documento Mujeres libres en política. Guía para combatir el acoso y la violencia política digital publicado por el Órgano Electoral Plurinacional en 2021.

En el estudio Entre la polarización y la impunidad: acoso y violencia política facilitada por la tecnología en Bolivia (2024), se afirma que en los últimos años, para el caso de Copa y otras políticas, las redes digitales utilizaron su imagen “sin consentimiento” y con fines de desprestigio. Se busca, según el estudio, “poner a la víctima en un lugar de extrema vulnerabilidad, con el fin de alejarla del espacio público digital, dañar su reputación, afectar su imagen pública y profesional”.

Lo más usual es generar rumores, ataques e información descontextualizada, “que procuran anular la capacidad de la mujer para asumir liderazgos”, explica la abogada Saavedra de la Fundación Construir.

Asimismo, la violencia facilitada por la tecnología es distinta según se trate de hombres o de mujeres. La apariencia física, dice el texto impulsado por la Fundación Internet Bolivia y Oxfam, es motivo de ataque contra ellas. “Más allá del contenido del mensaje que ellas traten de transmitir a través de redes sociales, las respuestas suelen ser insultos relacionados con su aspecto”.

Si bien la Ley 243 Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres no contempla explícitamente situaciones emergentes o radicadas en las redes sociales, sí define actitudes identificadas en el presente trabajo periodístico.

En el artículo 8 de dicha normativa se establece que es acoso y/o violencia política la discriminación por estado civil, condición de salud, apariencia física y la divulgación de información falsa relativa a funciones político-públicas con el objetivo de desprestigiar su gestión y obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan.

Al respecto, casi el 25% de las publicaciones en TikTok identificadas inicialmente incluían la palabra “revocatorio”, con o sin hashtag. En efecto, hubo una campaña para impulsar el revocatorio de Copa que el Tribunal Electoral Departamental de La Paz decidió rechazar.

Entre junio de 2022 y junio de 2024, Bolivia Verifica abordó nueve publicaciones sobre la alcaldesa alteña: siete fueron etiquetadas como falsas y dos como engañosas, según la editora en jefe del portal, Patricia Cusicanqui.

A la periodista le llama la atención “el sesgo sexista” de un par de contenidos verificados. En ambos casos, “los bulos afectan la vida personal de la alcaldesa y uno de ellos daña su imagen y su honra (una violación de sus derechos según la Ley 348)”.

En el análisis Noticias falsas y género: ¿Cómo se construye la imagen de las mujeres con la desinformación?, de Chequea Bolivia, publicado en 2020, se hace notar que cuando se desinforma sobre Eva Copa, y otras mujeres en el poder, no sólo se distorsiona su papel político, sino que se busca mostrar que son malas mujeres, ambiciosas, vanidosas y que han tenido aventuras sexuales.

“Estos temas no generan noticias falsas cuando se trata de figuras públicas masculinas, a menos que se haya descubierto un posible escándalo real en el que estén involucrados”, destaca el informe.

La ciberrealidad demanda una ley actualizada

Lo sucedido con la concejal Lizeth Chávez es un ejemplo de lo que revela el 47% de 243 concejalas encuestadas por la Defensoría del Pueblo en 2023. La mencionada mentira difundida por la página de Facebook Verdades Amargas, relacionada con una supuesta infidelidad, desencadenó el acoso digital tan virulento, que la lideresa se encerró por días en su habitación. No podía salir a la calle, menos ir al trabajo, por miedo al juicio de la gente.

La mentira se diluyó, pero Lizeth, que ha recuperado su hablar firme, teme que la calumnia reflote si sigue en política. Su temor tiene fundamentos, pues el 37% de sus colegas concejalas aseguran haber sido víctimas de acoso por redes sociales durante periodos electorales.

A la autoridad edil también la desmotiva que la unidad de CiberCrimen de la Policía nunca entregara el resultado de la investigación, así que no se sabe quién promovió la publicación. En el papel queda el artículo 8 de la Ley 243, en el que se definen y sancionan los actos de acoso y violencia política, por ejemplo, la difusión de información falsa con el objetivo de desprestigiar u obtener renuncia contra la voluntad de la autoridad política.

Para Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Policía y la Fiscalía pueden investigar, mediante peritos informáticos, y saber quiénes están detrás de las páginas o perfiles de redes sociales usadas para el acoso político contra las mujeres. Sin embargo, no lo hacen; un claro indicador de la deficiencia del órgano judicial es que, del total de denuncias en más de una década, ni el 2% llegaron a sentencia ejecutoriada.

“El acoso o violencia política ya no es de forma directa como antes, ahora se camuflan en páginas y perfiles falsos de redes digitales; desde ahí denigran y acosan políticamente a las autoridades mujeres”, dice Chuquimia. “Tanto hemos luchado a fin de tener una ley, concientizar y que las compañeras denuncien ese tipo de actos, para que lamentablemente la Justicia no haga su trabajo”, lamenta.

Acoso y violencia por doquier

Acoso y violencia política contra mujeres pueden encontrarse en todos los rincones de Bolivia, sea en Irupana, que tiene unos 17 mil habitantes, o Cochabamba y sus más de 600 mil personas. En este municipio se identificaron tres páginas de Facebook con la mayor carga de posteos en contra de dos concejalas: Claudia Flores y Daniela Cabrera del partido político SUMATE.

Las páginas Cochabambinos de Corazón y el Vigilante Cochalo se crearon, una tras otra, el 27 y 28 de noviembre de 2022. Como Ojo Crítico, que data de julio de 2021, publican videos editados, mezcla de fotos y audios de inteligencia artificial, con el objetivo de presionar para que las concejalas renuncien por haber llegado a la directiva del legislativo con votos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El Vigilante Cochalo difundió, por ejemplo, un video en el que se dice que la concejala de Cochabamba Claudia Flores fue candidata a diputada plurinacional de Oruro por Unidad Nacional el año 2009; pero ella no figura como tal en los documentos del Tribunal Supremo Electoral.

Otro factor común es que se desconoce la identidad de los administradores de las páginas. Al respecto, Callisaya, el defensor del Pueblo, considera que la Ley 243, al tener más de una década de vigencia y dado el avance de las tecnologías de la información, necesita actualizarse, principalmente para prever realidades como el ciberacoso impune.

Como institución ya se tiene una línea trazada, afirma Callisaya, y la encuesta de 2023 es una base para avanzar en la propuesta de reformas.

La presente sistematización periodística confirma lo dicho por la abogada Saavedra: las formas de desinformación en redes constituyen no sólo un tipo de amenaza frecuente contra las autoridades mujeres, sino que, “constituyen conductas naturalizadas en el escenario político y la sociedad que no cuestiona la desinformación y la acepta de manera normal”.

Además de la impunidad que permite el anonimato, la viralidad –el compartir sin cuestionar y menos verificar las publicaciones– fortalece esa arma con que se ataca a las mujeres en función pública.

*Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).