Mujeres e incluso niñas muertas o violadas, dificultad creciente para conseguir agua por efecto de megaproyectos y actividades extractivistas, con la consecuente migración y destrucción de familias. Las mujeres de los territorios de la Panamazonía que comparten nueve países están cercadas por ese tipo de violencias, por ello se articulan y demandan respuestas a los Estados.

Edición 137. Miércoles 21 de agosto de 2024

Para conseguir agua, las mujeres de comunidades de territorios de la Amazonía deben recorrer cada vez mayores distancias, pues las actividades extractivas han secado las fuentes de agua dulce o las han contaminado. Tal es la realidad que describen lideresas de San Ignacio de Velasco por las sequías que agobian a su territorio. En Perú, en cambio, la lucha de las mujeres que habitan en las riberas del río Marañón es para defender los derechos de esa fuente de vida que una represa podría destruir.

Otras lideresas de distintas comunidades de la Panamazonía, que ocupa nueve países, documentan y denuncian  las consecuencias de megaproyectos o de actividades extractivistas como las mineras y de la incursión de grupos armados que, al herir sus territorios, hieren también los cuerpos de las mujeres. 

Realidades así se han llevado ante el Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Panamazonía –un tribunal ético y político– integrado por lideresas de la cuenca amazónica y realizado en el marco de XI Foro Social panamazónico (Fospa). Su más reciente sesión tuvo lugar en Rurrenabaque (Bolivia), donde se escucharon siete casos de cinco países: Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil, y se emitió una sentencia para interpelar a esos estados: por su inacción para poner freno o por su complicidad.

En su llamado a fortalecer la unidad, Eunice Guedes, lideresa de la Articulación de Mujeres Brasileñas: “Las mujeres son como las aguas, ellas crecen cuando se juntan”.

El agua está en riesgo

Juana Menaca, lideresa de San Ignacio de Velasco, de Santa Cruz (Bolivia), denuncia los avasallamientos en su territorio. La cartografía del municipio ha comenzado a reconocer comunidades “fantasmas” en el territorio indígena chiquitano. No existían y de pronto aparecen personas ajenas reclamando tierras y sus recursos. 

Para Menaca, la palabra “ancestral” quiere decir “de nosotros”. Sin embargo, narra que varias lideresas fueron demandadas y criminalizadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por haber tratado de proteger sus comunidades frente al ingreso de personas extrañas que han pretendido asentarse reiteradas veces.

Una preocupación fundamental de su comunidad es la continua destrucción de sus fuentes agua por parte de quienes penetran para saquear madera. Una imagen satelital de San Ignacio de Velasco devela las heridas en la tierra, el desgarramiento de líneas y segmentos amarillos. Allí, la información sobre deforestación y sequías es una constante.

Las guaraníes bolivianas Milena Martínez, Mariela Melgar y Evarista Cadencia llegaron del Gran Chaco, región contigua a la Amazonía, con historias del agua y la construcción de un túnel que atraviesa la serranía del Parque Nacional Aguaragüe.

El Aguaragüe, sostienen, es el hogar de los acuíferos para toda la región. Tan sólo la realización del estudio —que no contó con un proceso de consulta previa, libre e informada— ya ha secado fuentes de agua. Hasta ahora, no han recibido información alguna del estudio realizado.

La geógrafa feminista boliviana Nohely Guzmán escribe que infraestructuras como carreteras, hidrovías o represas, cuando se construyen y penetran los territorios también incursionan en los cuerpos de quienes los habitan. Guzmán afirma que los fundamentos del capitalismo y el extractivismo se anclan en el cuerpo, pero que tales experiencias están ausentes de los discursos oficiales sobre desarrollo, integración y crecimiento económico, argumentos que sustentan la construcción de dichos proyectos de infraestructura.

Las mujeres del Aguaragüe tienen ahora que recorrer largas distancias en búsqueda de agua. Esa escasez provoca migración y vidas precarizadas en otros pueblos y ciudades. La perforación del túnel podría significar la sequedad de más de 57 vertientes que nutren la vida de más de 50 comunidades.

Desde otro punto de la Panamazonía, Mariluz Canaquiri y Emilsen Flores, integrantes de la Federación Huaynakana Kamata del río Marañón en Perú, compartieron historias de protección de ese río , y su afluente Samiria, que les provee de alimentación, agua y una cosmopráctica. 

Hasta ahora, la Federación que agrupa a las mujeres de las comunidades que viven en las riberas, ha podido defender su derecho a la consulta previa. En abril de 2024, con 20 años de lucha como antecedente, lograron que el río sea reconocido como sujeto de derechos, como el de seguir existiendo y no ser dragado, destruido y contaminado como consecuencia de la construcción de una hidrovía y una represa que figura en los planes del gobierno.

Mariluz comenta que sus “ríos son libres y fluidos, no son sólo agua, son seres; debajo del agua hay seres que viven y mantienen el agua”.  Emilsen sostiene que la vida digna es disponer de agua limpia. Terminan ambas: “Basta de atropellos, ¡lucha!”

Violencia armada

Del cuerpo de Zully Rivero, lideresa del pueblo nasa de Colombia, cuelga un bolso con un pañuelo rojo y verde del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Guardia Indígena y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, organizaciones que han defendido la lucha por autonomía y la educación territorial. 

Rivero menciona: “Estamos poniendo a nuestros hijos en una guerra que no nos corresponde”. Hace una pausa, traga saliva, retira el micrófono de sus labios. Espera un momento y toma aliento. Continúa diciendo que las personas de su territorio son perseguidas y asesinadas. Hace otra pausa y vuelve a hacer el mismo gesto. Con las hojas de papel que tiene en la mano se ventea el rostro, no habla. A Zully Rivero le caen lágrimas. Los aplausos llegan, le dicen, “fuerza, fuerza, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardia, guardia”. Una compañera se acerca, Rivero abre los brazos, recibe agua floral en su cuello y en su pecho y continúa su relato: “Me da mucha pena con ustedes, pero es que es una realidad que la vivimos a diario; son asesinados nuestros hermanos indígenas, nuestras hermanas, nuestras mujeres; las mujeres de nuestro territorio aparecen tiradas”. 

Grupos armados criminales, que ella afirma que son tantos que ya no sabe cuántos hay ni cuáles son, se adentran en los territorios para llevarse a jóvenes y controlar comunidades alrededor del narcotráfico y la minería.

Esa penetración desplaza a familias, las arranca de sus espacios y mata a líderes y lideresas que buscan organizarse para defender sus geografías de vida. Rivero considera que ésa es una violencia cosmogónica: asesina también la forma de vida con una madre Tierra específica. 

Titulación de tierras

Al pueblo Wayoro en Brasil, también conocido como Uaiora, Ajuru, Ayurú, Wayurú o Wajaru, aún no se le han titulado sus tierras. Vive en el Estado de Rondonia, en afluentes de la margen derecha del río Iténez (o Guaporé). Lleva más de veinte años reclamando la titulación de sus territorios para dar freno a la violencia que continúa adentrándose. Durante esas dos décadas, el 25% de la selva de Rondonia fue eliminado. Es el tercer Estado con más deforestación en Brasil. 

La lideresa de ese pueblo brasileño, Walda Wajuru, iba a estar en Rurrenabaque para argumentar ante el Tribunal sobre la urgencia de la titulación de sus tierras y denunciar la violencia hacia sus cuerpos. Eunice Guedes tuvo que suplir su voz luego de explicar que la empresa aérea LATAM no permitió que Wajuru abordase el avión.

Es difícil saber más de esa mujer y su pueblo. Horas de navegación en la web arrojan al fin un video. Walda Wajuru está hablando en la Universidad de Campinas, en São Paulo. Se explica que no sólo es lideresa política, sino también pajé, chamana. 

En el video, Walda Wajuru viste un saco blanco, una blusa brillosa de color turquesa y una corona de plumas blancas y azules. Tiene sus manos sobre la mesa, una sobre la otra, de vez en cuando mueve los dedos. Habla sobre el embarazo y el parto, el problema de las cesáreas, de las consecuencias que trae la rapidez y adormecimiento presentes en la cirugía. Dice: “Somos mujeres guerreras, por eso es que sobrevivimos todos estos tiempos… Todas las mujeres tenemos el potencial de un cuerpo fuerte, y nosotras mismas no estamos reconociendo el cuerpo que nosotras tenemos…”

Megaproyectos  

Fanny Keatat, del pueblo shuar arutam de Ecuador, viste un cinturón, un brazalete y collar de mostacillas en forma de rombos y triángulos. De ese cuerpo sale una voz que cuenta sobre megaproyectos mineros que obligan a desalojar su territorio, que desarticulan familias, que incrementan la inseguridad y que criminalizan las protestas. Una vez, en el año 2016, relata Keatat, dos mil policías desalojaron a ocho familias para dar paso a las empresas mineras. 

Keatat lee con seguridad el informe que trae en sus manos. Anuncia que su territorio ha llevado a cabo la demanda contra el Estado por no respetar su derecho a la consulta previa e informada. Pero ninguna de sus demandas fue admitida. La respuesta del sistema de justicia fue que, supuestamente, no habían demostrado el daño de la omisión de la consulta previa. No sólo es el desalojo o la contaminación lo que daña, es la respuesta misma: no reconocer que ese derecho existe y, sólo por existir, debe mirarse con respeto. Estas demandas vienen desde hace más de dos décadas. Desde finales de los años 90 ha habido conflicto en su territorio, con constantes pausas y reactivaciones de las empresas y, con ellas, las entradas del ejército. 

Keatat se detiene. Deposita las páginas sobre la mesa y mira al público. Podría seguir y seguir leyendo el contexto de la violencia, dice, pero ella quiere compartir su análisis: los proyectos mineros causan divisionismo entre las familias. “Las empresas compran conciencias”, asegura, y se refiere a la corrupción de algunos dirigentes de las comunidades.

La impunidad es la herida

Cuando Seferina Justo Dupis, lideresa del pueblo awajún de Perú hace su denuncia, sólo es posible entender palabras como “quinientos”, “Santiago” o “sida”, pues ella habla en su idioma. Se expresa con rabia, casi gritando. Al terminar, Rosemary Pioc Tenazoa, también lideresa awajún, toma el micrófono para traducir esa historia que no es “un cuento, ni una película, es algo real que está pasando”. La denuncia es sobre violaciones sexuales contra cientos de niñas indígenas, perpetradas por más de 500 maestros en la provincia de Condorcanqui. Niñas de cinco años murieron de sida y hay más de 60 chicas embarazadas. Todo esto sucede, según Pioc, desde 2017. Como el exceso no recibe freno, la violencia sexual se hace impune, como muestra la investigación del periódico El País: 

“Apenas cuatro profesores fueron cesados temporalmente y solo 111 fueron destituidos. Setenta y dos fueron absueltos, 195 consiguieron la prescripción de sus casos, nueve fueron al archivo y a los restantes o no se les aplicó ningún proceso administrativo disciplinario o sus casos aún están pendientes de investigación”. Y podrían ser más, pero se perdieron miles de expedientes en un incendio en las oficinas educativas de Condorcanqui en 2022. 

¿Cómo ese tipo de agresiones está relacionado con el pensamiento de que el cuerpo es el territorio y que el territorio es el cuerpo?  Diversos feminismos ya lo han dicho: el cuerpo es la más íntima geografía. El Tribunal es un espacio para volver a escuchar que una violación es la forma de penetración violenta al territorio más propio. 

En cambio, el Estado otorga concesiones mineras, forestales, petroleras y otras de carácter extractivista. Cuando hay oposición, militariza los territorios creando altos grados de violencia, como mencionó Fanny Keatat. Otro ejemplo es la masacre del Baguazo, donde las Fuerzas Armadas peruanas se movilizaron en 2009 contra manifestantes indígenas que reclamaban por decretos que iban contra el derecho a la consulta previa y por las concesiones que estaban siendo otorgadas a empresas mineras. 53 personas indígenas awajún fueron detenidas y 23 civiles y 10 policías murieron en el enfrentamiento. 

Pero la respuesta estatal no es contundente cuando se denuncian violaciones a cuerpos de niñas indígenas en Condorcanqui. Los ministros de Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura y de Educación se negaron a asistir a reuniones convocadas por las organizaciones y el responsable de la última cartera llegó a afirmar que las violaciones son parte de “la cultura indígena”. Pioc afirmó en el Tribunal su rechazo a la discriminación y la estigmatización: “Desde nuestra cultura no hemos practicado la violencia sexual, en ningún espacio se acepta”.

Si la respuesta gubernamental es casi inexistente, la cobertura mediática ha tenido rasgos negativos, como denunciaron ante el Tribunal. En un canal de noticias de Perú entrevistaron a Pioc, pero para cuestionarla. Le plantearon que, si ella está en contra de la violencia, por qué no había dicho nada sobre una denuncia similar contra su hermano. Pioc explicó que ese caso radica en Lima, y ella conocía que era sobre cuotas de alimentación, pero que en cualquier caso su hermano es quien tiene que responder y que eso no hará que ella deje de denunciar la violencia que hay en su territorio. En esa entrevista quedó diluido el caso de las niñas. 

En vigilia

Sabedoras de que las heridas que se infligen en la tierra también marcan sus cuerpos, un lema articula las luchas de las mujeres amazónicas: “Nuestros cuerpos y territorios no se tocan, no se violan, ¡no se matan!”.

Doce de ellas tomaron el escenario el 14 de junio en Rurrenabaque, entre lideresas que realizaron las denuncias y quienes formaron parte del Tribunal. Las juezas –dijeron– «somos conscientes de que los testimonios presentados en este Tribunal representan sólo algunos ejemplos de cómo las políticas de los estados y actividades empresariales afectan la vida, salud, soberanía alimentaria, cuerpos, territorios, bienestar de las mujeres y, en general, sus derechos humanos”.

Además de incluir una recomendación para cada caso, la sentencia dejó asentado que el Tribunal tiene un compromiso: acompañar las demandas presentadas para que la sociedad las conozca y los poderes estatales no las desoigan.