Desde 2020, la minería aurífera ilegal entró con fuerza en el Tuichi y en otros cuatro ríos. Once caminos irregulares abiertos con maquinaria pesada se ramifican y afectan tanto al Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) como al Parque Nacional, e incluso a la zona de protección estricta por la biodiversidad y por los pueblos indígenas que allí habitan. Esa apertura de caminos deforestó, aproximadamente, 378 mil metros cuadrados, equivalentes a 54 estadios. De 32 operaciones reconocidas por el Sernap, La Brava identificó 22, de estas, 11 ya han tomado la zona más sensible. 

Edición 91. Viernes 23 de junio de 2023.

Una gran pala cargadora ingresa por el estrecho camino rumbo al campamento minero del río Tuichi, que está dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Como la brecha caminera es angosta, el vehículo en el que viajamos se topa de frente con la enorme máquina. El joven conductor de la maquinaria mueve de arriba a abajo el cucharón de poco más de dos metros de ancho, a modo de pedir que retrocedamos. El chofer del auto se asusta y se arrima al lado derecho, pero el espacio es insuficiente, por lo que la pala entra en acción y derriba dos árboles altos  para pasar y continuar su rumbo.

“Éste es uno de los caminos que abrieron los mineros”, me había explicado hace un momento Luis, uno de los guardaparques con los que se habló para este reportaje y cuyo nombre real se resguarda por seguridad, lo mismo que los del resto de los entrevistados.

Vamos temprano en la mañana por esta ruta ubicada en el lado B del Madidi, municipio de Apolo. Conocida como el pasaje Limón, atraviesa el río homónimo y se dirige al sector Pintata, sobre el río Tuichi. Se trata de una brecha que hasta antes de 2021 no existía y que se abrió precisamente, poco después de que las cooperativas mineras comenzaron a ingresar a ese afluente en busca de oro.

Dicho ingreso coincidió con el año de inicio de la pandemia de coronavirus; el impacto de la cuarentena en la economía de las personas empujó a muchas hacia la explotación mecanizada ilegal de oro. Además, la crisis afectó en menor medida a la exportación aurífera, a diferencia de lo que pasó con otros metales.

En el caso boliviano, el valor de las exportaciones ascendió desde 2021, con el oro ubicado en el primer lugar. En 2022, las ganancias por la venta del metal fueron de 3.073 millones de dólares, de los cuales el Estado percibió menos del 2,5%. 

El oro es demandado en el mundo, particularmente por las inmensas compras de bancos centrales de países como Turquía, China e India (Bolivia vende principalmente a este último país). Además, es usado como conductor eléctrico en aparatos tecnológicos, como celulares, y, por supuesto, en joyería, entre otras actividades. Esa situación hace que actualmente el precio por un gramo de oro sea de 60 dólares. 

Los buscadores de este metal, nacionales y extranjeros, ingresan en nuevas áreas, incluidas las zonas protegidas. El Tuichi, donde algunos comunarios explotaban el metal de forma artesanal hasta hace unos tres años, hoy atrae a mineros que llegan con maquinaria pesada.

El río Tuichi nace en las cordilleras de Apolobamba, la parte alta del Madidi, y es uno de los cuatro afluentes de esta área protegida. Este atraviesa Apolo y San Buenaventura, dos de los cinco municipios que forman parte de este templo de la biodiversidad.

A medida que se ingresa por el camino que lleva a Azariamas (en el norte de Apolo), se encuentra el bosque seco formado por árboles delgados, altos cactus y otras especies de flora cuya banda sonora es el trinar de aves y el zumbido de insectos. Es la primera de las cinco ecorregiones de una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo, con, por ejemplo, jaguares, palkachupas, tangara intis y otros animales que requieren de grandes extensiones de territorio para sobrevivir.

El río Tuichi se encuentra en la frontera de las dos categorías del Madidi establecidas desde su creación en 1995: Parque Nacional, que debe tener la mayor protección, y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI). En esta última, las comunidades que viven dentro pueden hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales, siempre y cuando haya compatibilidad con el cuidado de la biodiversidad.

Transitar por las rutas recientemente abiertas es difícil, no tanto por los baches que dificultan el andar de los carros, sino por el permanente temor de que aparezcan mineros –que han levantado trancas que sirven de advertencia incluso para los guardaparques– y cuestionen nuestra presencia. Por ello, y por recomendación de comunarios de la zona, sólo llegamos hasta un punto desde el que, a lo lejos, se distingue el río Tuichi y dos actividades mineras.

Desde allí, y con el sobrevuelo del dron, observamos dos nuevos ramales que se desprenden de esa ruta y que llegan directamente a los campamentos mineros 3 de Mayo y Mohima. En el lugar, las construcciones precarias se unen a los espacios deforestados e intervenidos por las maquinarias para buscar oro.

Al menos once ramales abiertos en tres años

Una de las estrategias de los mineros para facilitar su trabajo ha sido abrir rutas alternativas a las dos establecidas en el lado B del Madidi: la que va de Santa Cruz del Valle Ameno, puerta del parque, hasta Mohima, y la de Apolo a Azariamas. Por los nuevos ramales los cooperativistas acceden directamente a las operaciones mineras, tal como vimos en el pasaje Limón.

“Han hecho aperturas por todo lado”, me dijo hace unas semanas el guardaparque Leonardo. Como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no publicó la información de las nuevas rutas, La Brava hizo trabajo de campo. Con el apoyo de imágenes satelitales, identificó 11 caminos abiertos en los últimos tres años. 

Ocho de esas 11 vías se encuentran en ANMI y dos en el Parque Nacional, cerca de los ríos Motosolo y Mojos; una atraviesa por ambos lugares, pues va en forma de zig zag. La mayoría conduce a distintos puntos del río Tuichi, aunque dos llegan al arroyo Taruzani y dos al río Amantala, donde también se explota oro. 

Dos de esos caminos llevan a una actividad recién instalada, ubicada en la cabecera del río Amantala, sector de Charopampa, al encuentro del río Laji. Uno de ellos, abierto hace un año, mide 29 kilómetros y bordea el área protegida; es decir, entra por la carretera que va de Apolo a La Paz, en la comunidad de San Andrés, y se conecta con el río Amantala.

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A partir del análisis de las imágenes satelitales, se calcula que los 11 nuevos ramales miden, aproximadamente, 126 kilómetros de largo. Si esa cifra se multiplica por los tres metros de ancho que dichas vías miden en promedio, se habrían deforestado 0.378 km2 de bosque, equivalentes a 54 estadios. El cálculo considera sólo las rutas largas, pues, si se contabilizan las cortas ―como las observadas gracias al dron en el campamento 3 de Mayo―, la zona deforestada es seguramente mayor.

Esas rutas representan además las afectaciones extendidas de la minería, según el exdirector interino del Parque y actual jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni, Marcos Uzquiano.  La actividad extractiva “causa impacto también por la apertura de caminos; ¿cómo (los mineros) llegan al río Tuichi? (…) Se sabe que ésta es una puerta para que otras actividades de impacto ingresen al Parque”, expresa el experto su preocupación.

Quien no está muy preocupado es Einar Chávez, secretario de relaciones de la federación provincial de Apolo Tupaj Katari —una de las organizaciones campesinas cuyos afiliados cambiaron de actividad y ahora explotan oro—. Chávez asegura que estos nuevos caminos facilitan el contacto entre las comunidades que habitan alrededor del río Tuichi. “Hemos visto que han ingresado maquinarias; en algunos casos hemos visto que hay apertura de caminos, porque algunas comunidades necesitan (…). La carretera siempre es para que las comunidades puedan progresar, para que puedan exportar sus productos hacia la población (de Apolo)”, dice.

No obstante, de acuerdo con comunarios, ninguno de esos caminos se encuentra cerca de las comunidades, sino que van directamente a los yacimientos mineros. Además, según lo investigado por este medio, esos caminos no cuentan con estudios de impacto ambiental. 

Más de 30 actividades mineras ilegales 

El dron puso en evidencia que a la vía del campamento minero 3 de Mayo se suman otras, hacia arriba y hacia abajo. Esos ramales forman parte de los caminos que invaden la parte alta del río Tuichi y de otros afluentes. Las operaciones mineras van desde el encuentro del río Amantala y río Laji (parte alta del Madidi) hasta Azariamas; es decir, corren a lo largo de aproximadamente 123 kilómetros. 

La situación es “muy delicada”, afirma Rodrigo Herrera —abogado ambiental y patrocinante de las acciones legales de defensa del Madidi— quien sopesa las implicaciones de las 32 operaciones mineras, la mayoría ilegales, sobre las que ha informado el Sernap para junio de 2023. Por eso, dice, la prioridad es revertir el ingreso de tales actividades. 

Es posible que algunas o muchas de las 32 operaciones ya no estén activas. Las mineras van recorriendo el río para encontrar el metal y explotarlo hasta que se agota. “Una cooperativa entra a un lugar y, aunque fracase, ya ha dejado el daño”, describe Leonardo. 

La Brava identificó el nombre y la ubicación de 22 mineras, casi todas a cargo de cooperativas que, en la mayoría de los casos, tienen contratos con empresas mineras. Salta a la vista la presencia de dos empresas chinas. De éstas, la Compañía Minera Amazonas Bolivia (Comabol S.A.) tiene permiso de exploración y se encuentra en la parte alta, cerca de Apolobamba. 

De esas 22, una es de reciente aparición y, según la denuncia publicada en la fanpage del programa ambiental La voz de la naturaleza en Facebook, los presuntos infractores serían los mismos empresarios que estuvieron hasta hace pocos meses en Charopampa.

La treintena de actividades reportadas por el Sernap es apenas una parte de 250 actividades mineras cuyos procesos están en trámite ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Más de 20 tienen el Certificado de Compatibilización de Usos (CCU) otorgado por el Sernap.

En entrevista con el medio gubernamental Bolivia TV, a principios de abril, el director del Sernap, Teodoro Mamani —exsecretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)— afirmó que desde que asumió la dirección no otorgaron nuevas autorizaciones. 

Mamani también destacó que, durante sus dos años de gestión, se habría iniciado el proceso de anulación del CCU de 23 empresas y cooperativas, con lo que reveló que esa cantidad fue otorgada en el gobierno del MAS, hasta 2019.

Por su parte, la senadora de oposición Cecilia Requena explicó que, a partir de una serie de peticiones de informe al Sernap, se encontró que muchos de los CCU se emitieron en 2020, durante el año de la pandemia, en el gobierno de transición de Janine Áñez (2019-2020), y que esa práctica continuó en los años siguientes, ya en la administración del actual presidente del país, Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“Pudimos establecer que el Sernap entregó un par de CCU durante la era de Teodoro Mamani, pero que buena parte se entregó durante la gestión de Jeanine Áñez. Además, también se aprobaron contratos mineros en la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, en esa gestión”, explicó Requena.

La Brava solicitó a la AJAM datos sobre los derechos mineros en el Madidi, pero luego de dos meses ninguna de las cartas, llamadas telefónicas, visitas a la oficina y entrevistas personales con los abogados dio resultado. 

A mediados de mayo, la institución publicó una nota de prensa en la que explica que las concesiones que hay en el Madidi son las que tienen derechos preconstituidos: “Se ha identificado la existencia de derechos mineros preconstituidos, es decir que fueron otorgados antes de la Constitución Política del Estado (promulgada en 2009) y la Ley de Minería y Metalurgia (de 2014) en el AP-ANMI Madidi”. Esto implica que tales derechos “están sujetos a un proceso de adecuación al nuevo régimen normativo, previo pronunciamiento de la autoridad ambiental competente a través de la Licencia Ambiental y la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso, emitido por el SERNAP”.

En el tema de derechos preconstituidos hay, sin embargo, dos interpretaciones de parte de instituciones del Estado, pues contra lo dicho por la AJAM, el Sernap considera que un derecho es preconstituido siempre y cuando se diera antes de la creación del parque nacional, en 1995, como está establecido en la norma. 

Por tanto, si la AJAM informó al Tribunal Agroambiental el 24 de mayo de este año que reconoce 14 concesiones preconstituidas, el Sernap contabiliza sólo cuatro, todas éstas con licencia ambiental para actividad minera artesanal, aunque la mayoría ya usa maquinaria, por lo que esas operaciones están entrando en la ilegalidad. En realidad, sólo una sería legal, de acuerdo con lo observado por los guardaparques.

La ilegalidad no afecta sólo a la biodiversidad, sino que, por su`puesto, el dinero por su venta no ingresa a las arcas del Estado.

Especialistas en la material calculan que la minería ilegal genera casi la misma cantidad de lo generado por la venta formal (3 mil millones de dólares); pero no hay datos precisos sobre el manejo de esos dineros. 

El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, califica la comercialización como la parte más oscura de la minería, tanto  formal como informal. “El Estado no tiene control de la actividad en toda la cadena que comprende el negocio del oro, que no solamente es la explotación, sino también la comercialización”, resalta.

La minería avanza en el Parque Nacional y llega al núcleo

Otro de los campamentos activos es el de la Cooperativa San José, ubicado en la comunidad Virgen del Rosario. Para llegar al lugar es necesario tomar la ruta hacia arriba, desde Santa Cruz del Valle Ameno, una de las puertas de entrada al Madidi. A diferencia del campamento 3 de Mayo, que se encuentra en el Área Natural de Manejo Integrado, el de San José está frente al río, en la categoría de Parque Nacional, como se puede observar en imágenes de satélite.

Ese lugar era una pequeña serranía. En 2021, según un video al que accedió La Brava, al menos dos retroexcavadoras sacaban la tierra de áreas deforestadas ㅡque era remojada con agua para que cedaㅡ con el fin de hallar el preciado oro. El sedimento se echaba de a poco en el río y las aguas cristalinas tomaban un color marrón.

Ese trabajo se intensificó en 2022, pues, como evidencia el timeline de las imágenes satelitales, en los últimos meses de ese año el espacio se fue deforestando de forma acelerada, afectando, aproximadamente, nueve hectáreas. En otras palabras, en el último año los árboles han desaparecido del lugar.

“Prácticamente están haciendo minería a cielo abierto, la minería más dañina”, analiza el agroecólogo y docente universitario de conservación Daniel Robison, quien conoce la zona desde 1978. “Minería a cielo abierto no es compatible con ninguna categoría de área protegida en el país”, afirma.

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De las 22 operaciones mineras identificadas por La Brava, 11 –entre ellas San José– se instalaron dentro de la categoría Parque Nacional y, el resto, en ANMI. “Esto significa que cerca de la mitad de estas operaciones está afectando un área cuyo fin es proteger la biodiversidad”, añade Robison.

El deterioro se repite en otros lugares, por ejemplo en Azariamas, la última comunidad de la parte alta del río, justo antes de que éste empiece a bajar para desembocar en el río Beni, en San Buenaventura.

Al igual que en Virgen del Rosario, en Azariamas la explotación llegó al Parque Nacional. Francisco —comunario que fue expulsado por problemas de derechos mineros y que pidió mantener su verdadero nombre en reserva— cuenta que en 2022 ingresaron a operar tres empresas, tanto al borde de la urbanización de la comunidad, que está en el ANMI, como al frente, en el Parque.

Azariamas fue una de las primeras comunidades que decidió ingresar a la minería mecanizada en 2013. Aquel año, un grupo de comunarios solicitó 63 cuadrículas, pero como la AJAM no daba curso, y por una serie de inconvenientes internos, otras empresas comenzaron a operar hace dos años muy cerca de la comunidad. 

En el lugar, las máquinas trabajan tanto en plataforma como dentro del río, principalmente en época seca. En las imágenes satelitales se muestra que las operaciones se iniciaron en 2021 y entonces comenzó la deforestación y la modificación del curso del río.

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Y ¿la zona intangible?

No se cuenta con la cifra exacta de las operaciones ilegales en el río Tuichi, menos en la zona intangible o núcleo, debido a que las autoridades competentes no dan esa información; sin embargo, tanto la AJAM como el Sernap admitieron la creciente actividad ilegal. Es más, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la AJAM sobrevolaron el Madidi en 2021 y tomaron imágenes de operadores ilegales, anunciaron acciones, pero no las ejecutaron.

El vicepresidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda, reconoce que en la zona operan cooperativas afiliadas a esa organización, incluyendo la Central de Cooperativas del Tuichi. Dice que todas tratan de regularizar sus contratos administrativos pues, dice, cuentan con derechos preconstituidos antes de la ley minera.

“Aunque existen cooperativas ilegales y empresas, no podemos decir con certeza cuántas o qué empresas cooperativas ilegales están trabajando allí”, dice Balmaceda. “Somos conscientes de que se trata de áreas protegidas, algunas con regulaciones más estrictas y otras en las que se puede llevar a cabo cierta actividad”, remarca.

Con las imágenes satelitales como evidencia, se identifican cinco actividades mineras (cooperativas Dos Amigos, Real Santa Rosa y Playa Rica, la empresa china Yana Kisca y la de Grover Quispe). Las empresas trabajan en el límite de la zona intangible o de protección estricta, de acuerdo con la zonificación del Plan de Manejo Integrado de 2014. Y sobre el río Amantala hay al menos dos actividades mineras, muy cerca del área intangible.

Cinco ríos y un arroyo afectados por la minería

En el análisis de imágenes satelitales, La Brava identificó que se realizan operaciones mineras en cinco ríos del Madidi: Tuichi, Mojos, Motosolo, Laji y Amantala, y en el arroyo Taruzani. Una contradicción con el artículo 376 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas son estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales y por ser parte fundamental de los ecosistemas.

“El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población”, reza textualmente la CPE.

Desde que comenzaron las operaciones mecanizadas en el Tuichi, no sólo se siente la sedimentación en la parte baja del río, sino que cada vez hay menos peces. Esto lo confirma Ruth Alípaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), quien da testimonio de lo que ocurre en San José de Uchupiamonas. Es decir que la contaminación minera no solo afecta donde se realiza sino se extiende río abajo.

Tan sólo en el río Tuichi había 76 especies de peces hasta 2020, muchas de las cuales dependen del Madidi para su reproducción, de acuerdo con la organización no gubernamental Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre – Bolivia (WCS, por sus siglas en inglés). Se ignora, aunque se sospecha, la magnitud del impacto en estos seres vivos.

La explotación aurífera pone, pues, en riesgo la vida de fauna y flora, no sólo por la deforestación, sino por el uso del mercurio, metal altamente tóxico también para las personas. El envenenamiento es evidente entre los indígenas que viven dentro como fuera del Madidi, según muestran tres estudios distintos.

Pero la realidad es tan compleja que, además del impacto negativo en la biodiversidad y la salud, la fiebre del oro, ilegal y descontrolada, está fracturando a las comunidades. En febrero de 2022, 14 familias de Azariamas, una de ellas la de Francisco, fueron expulsadas sin que se haya permitido reingresar ni para recoger sus pertenencias hasta la fecha.

***Este texto es la primera parte de dos reportajes sobre la explotación del Madidi y sus impactos en su biodiversidad.

Foto portada: Como en el caso de San José, muchas actividades mineras se desarrollan en el lado del Parque Nacional, en algunos casos, cerca de la zona intangible. La Brava.

Edición: Mabel Franco.

Infografías: Rocío Condori y Sara Vásquez.

Videos: Sara Vásquez.