Cuando Bertha Quispe asumió la Alcaldía de Collana, municipio de El Altiplano paceño, no se imaginó que no le dejarían ejercer su función durante ocho meses. Su delito fue ser mujer, joven y originaria de una comunidad pequeña.

Edición 1 / Miércoles 26 de agosto de 2020

Bertha Quispe Tito maneja tranquila y sin apurarse, a diferencia de los choferes de los buses que aceleran por la carretera que une La Paz y Oruro. Dice que llegará al centro poblado de Collana en menos de dos horas, a tiempo para organizar el campeonato relámpago de fútbol que se celebra cada año durante Semana Santa en ese municipio rural. Al mismo al que hace dos años no podía ingresar ni al campeonato ni a ejercer su cargo de alcaldesa a causa de las amenazas de algunos sectores de esa población.

—Si no voy a apresurarlos, no se organizan –dice con voz serena.

Bertha es la alcaldesa de Collana, en el altiplano paceño. Está en el cargo más de dos años y medio, de los cuales cerca de un año lidió con protestas en su contra.

Son las siete y media de la mañana de Viernes Santo de 2018 y aunque es feriado ella “igual nomás” trabaja. A su llegada a su pueblo, primero agilizará el inicio del campeonato y luego tendrá una reunión con un representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el que firmará un pequeño proyecto para su municipio, debido a sus bajos recursos.

Tiene 31 años. Es robusta como la mayoría de las cholas aymaras, pero la dureza de su cuerpo es contrastada con sus ojos risueños y mejillas ruborizadas de una niña traviesa. Conduce un

Noah modelo 2000, propiedad de la Alcaldía de Collana. Viste una pollera confeccionada con tela importada de China, un sombrero borsalino café, chompa cerrada rosada y un chaleco azul de su municipio, que le cubre sus dos largas trenzas. Es trabajadora social de profesión.

Gira hacia la derecha de la carretera doble vía Oruro e ingresa a un camino de tierra, que hace que el viaje sea más agitado. A cada lado del camino se extienden cultivos de papa y cebada.

Pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales. Ganó las elecciones municipales en mayo de 2015 por 14 votos contra el candidato de Unidad Nacional (UN).

Se trata de la primera mujer y la primera joven que dirige la comuna, y la segunda persona de Hichuraya Chico, la comunidad más pequeña del municipio, que llega al cargo. El primero fue

don René Alanoca en el año 2000, pero solo estuvo a cargo tres meses; gracias a la antigua ley de municipalidades lo destituyeron sin mayor trámite. Con la nueva normativa no pudieron hacer lo mismo con Bertha, por eso cuando objetaron sus acciones la presionaron para que renunciara.

—Ahora las cosas ya están más tranquilas, aunque me siguen obstaculizando principalmente los del Concejo Municipal, pero yo ya no me dejo.

Collana es un pueblo aymara con 5.042 habitantes distribuidos en siete comunidades que pertenecen a tres cantones: Collana, Uncallamaya e Hichuraya Chico.

Los pobladores se dedican a la ganadería y la agricultura, pero también hay quienes forman parte de la cooperativa de piedra caliza Cinco Limitada, que explota áridos para vender a las cementeras de Viacha, municipio aledaño. Ésta cuenta con 1.200 socios, la mayoría del cantón de Collana.

Bertha nació en Hichuraya Chico en 1987. Es hija de productores de ganado y queso, que, para llegar a tener lo que ahora tienen, trabajaron 24 horas durante muchos años. De allí ella aprendió a no temerle al trabajo duro. Por falta de recursos, cuando estaba en etapa escolar, su familia emigró a El Alto para vender comida todo el día y toda la noche. Una vez que ahorró dinero suficiente para comprarse una casa y un minibús, su familia retornó al campo, al cual visitaba constantemente, porque prefirió la libertad y el aire fresco en lugar del ruido de la estresante ciudad.

La primera vez que hablé con la Alcaldesa fue en Semana Santa de hace dos años, cuando llegué a su comunidad junto a las periodistas Nancy Vacaflor y Rosario Paz para hacerle una entrevista en un reportaje sobre acoso político a las mujeres, publicado meses después.

Esa mañana de sábado de marzo de 2016 nos recibió en la cancha de Hichuraya Chico. Salió a toda prisa del automóvil de su padre. Sabía que la esperábamos más de una hora. Tras disculparse por el retraso, escuchó atenta a su papá.

—Vas a ir con cuidado, por favor. Cualquier cosa me llamas nomás –le insistió su padre, temeroso por la integridad de su hija debido a las amenazas que recibía por teléfono y redes sociales desde algún tiempo. Por eso le acompañaba siempre que podía.

—Ya papá, no te preocupes –le contestó, sabiendo que había muchas razones para preocuparse.

Aquella vez tenía 29 años y llevaba nueve meses del inicio de su gestión, pero desde finales de febrero de ese año no conseguía ingresar a la Alcaldía porque la única entrada estaba tapiada con un muro de ladrillos y vigilada por varios pobladores. Tampoco podía pisar el centro poblado de Collana, donde estaba el edificio edil. Por eso, trasladó una parte de las oficinas y funcionarios a Hichuraya Chico, donde ella y su familia viven, y, otra, a las instalaciones de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz (Agamdepaz), en la urbe alteña.

Se movilizaba en el auto familiar porque el coche municipal que estaba a su cargo –el mismo que ahora conduce– fue inhabilitado, pincharon sus llantas al inicio de la protesta.

Los manifestantes, la mayoría del centro urbano de Collana, la llamaban autoritaria y soberbia y pedían su renuncia irrevocable. Cuestionaban el plan de ordenamiento territorial de Collana, proyecto añorado por el municipio y que recién se iniciaba.

Consideraban que muchas de las propiedades, reclamadas por el centro urbano, eran registradas en los otros dos cantones. Al ser un pueblo donde los habitantes de una comunidad tienen sus parcelas o centros ganaderos dentro de otra, el catastro se complicaba.

También objetaban la intención del gobierno municipal de regular la cooperativa que explotaba piedra caliza dentro del territorio sin contar con requisitos legales. “Estábamos pensando en la tasa de patentes y la licencia de funcionamiento”, nos dijo.

Sin siquiera haberse dado un anuncio oficial al respecto –solo se habló de ello en una reunión entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal, ente legislativo y fiscalizador del gobierno municipal–, una mañana la Alcaldesa se encontró con la protesta y la Alcaldía cerrada. A los minutos, autoridades cívicas y representantes de la cooperativa, que vieron afectados sus intereses, la llamaron a una asamblea de emergencia donde habían convocado a las siete comunidades.

En ese ampliado, realizado en el coliseo de la población y con el aval de algunos de los concejales, los representantes no permitían que Bertha les explicara. Ellos, más que una explicación, esperaban que ella se disculpara y admitiera su error, aunque no hubiera uno. Pero como ella insistía en explicar, los gritos y silbidos opacaban su voz cuando intentaba hablar. Allí comenzaron las primeras amenazas.

—Te vamos a enterrar viva y a quemar la casa de tus papás para que aprendas –le advirtió el chofer de la cooperativa.

—¿Vos quién eres? Te lo vamos a quemar la casa de tus papás, vamos a quitarle todo su ganado –le dijo una señora, que actualmente le saluda como si nada hubiera pasado.

Ante la agresividad de la asamblea, Bertha salió rápidamente.

A partir de ese momento ya no pudo ingresar al centro de Collana. Por toda esa presión, interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para retomar sus funciones y denunció el acoso político que sufría a los medios de comunicación de la ciudad de La Paz. Ante las cámaras intentaba mostrarse fuerte y tranquila, pero no siempre lo lograba. Durante la entrevista que le hicimos en su comunidad, de rato en rato su voz y sus palabras demostraban su miedo e impotencia.

—A veces me afecta psicológicamente; sin embargo, sabemos que el que nada debe, nada teme. Mi persona tal vez ha cometido errores de falta de escuchar en algunos momentos, quizás, pero ambos debemos escucharnos. No me permiten expresarme y eso me afecta bastante porque quisiera que me escuche la base, la gente.

Aquellas veces no caminaba sola por temor a que atentaran en su contra. Hasta esa época, Bolivia ya cargaba los asesinatos de las concejalas Juana Quispe del municipio de Ancoraimes, en 2012, y de Celia Sillos Muni de Charazani, en 2014; investigaciones

actualmente paralizadas.

—Gracias a Dios, mi persona no ha sufrido agresión física, sí jalones pero no han pasado a mayores. Yo conozco el testimonio de varias mujeres autoridades que han sufrido. Pero más importante es la fe. Mi persona sale de casa con esa fe que va a retornar.

Pero las presiones no solo estaban dirigidas hacia ella y su familia, sino también contra los funcionarios municipales y los cinco concejales –que si bien algunos influyeron en el conflicto al bajar, prematuramente, a las bases sobre un tema que aún estaba en discusión y que podía solucionarse dentro de la municipalidad, aquella vez eran acosados–.

Después del encuentro con Bertha, fuimos al centro poblado de Collana, a 40 minutos de Hichuraya Chico. Algunos pasajeros del minubús, en el que llegamos hasta donde la Alcaldesa, escucharon que íbamos a entrevistarla y alertaron en la vigilia.

Al llegar a la esquina de la plaza principal de Collana, a una cuadra de la Alcaldía tapiada, cinco hombres salieron a nuestro encuentro y evitaron que avanzáramos.

—Buenas tardes, ¿quiénes son y qué buscan? –nos increpó uno de ellos.

—Somos periodistas de La Paz y queremos hablar con los que están llevando a cabo la vigilia –le dijo Rosario, sorprendida del tono agresivo de nuestros interlocutores.

—Que llegue la autoridad, le entrevistará y posteriormente a nosotros –contestó uno de los comunarios.

—Ya le hemos llamado –le explicó Nancy, mucho más tranquila— y nos dijo que estará en media hora.

No permitieron que nos acercáramos a la vigilia hasta la llegada del corregidor territorial del cantón de Collana, Grover Tito. Las campanas de la iglesia repicaban y estallaban petardos.

Era el modo de reunir a los pobladores alrededor de la Alcaldía, que, hasta ese momento, solo estaba custodiada por unas 10 personas.

Los vecinos llegaron presurosos, muchos con actitud agresiva, y cuestionaron nuestra presencia. Pero, al poco tiempo, llegó el representante. Mientras lo entrevistábamos, los manifestantes se acomodaron alrededor nuestro.

“Que renuncie carajo, que renuncie carajo –vitoreaban las cerca de 50 personas–. Bertha, el pueblo está emputado”.

Tito –nervioso por miedo a que, en algún momento, la protesta se desbordara– explicaba que la primera autoridad del municipio no aceptó reunirse con el pueblo las dos veces que se la convocó y que, por eso, pedía que dimitiera a su puesto.

Tras las entrevistas, nos fuimos a La Paz agradecidas de que nada malo nos haya sucedido. “Con razón la Alcaldesa no quiere venir”, dijo Rosario en el minibús.

Pero ahora la situación cambió, la Alcaldesa y los concejales ya pueden ingresar a Collana. Uno de los factores, dice, es que las autoridades territoriales cambian cada año y que ya no es el

mismo presidente de la cooperativa.

—Allá está la cancha. Ya están con el partido, listos para jugar –me muestra a lo lejos la cancha de Hichuraya Chico–. A ver, tanto lío me han hecho por ser de aquí. Había sido delito ser de aquí.

*Este es un fragmento del texto original que se publicó en el libro de crónicas “Tengo otros sueños:  Seis historias de vida y lucha de mujeres bolivianas” Plural Editores, 2018.