La Defensoría del Universitario, que actuó entre 2017 y 2020, recibió 18 denuncias escritas y decenas en forma verbal. Antes de ser suspendida, la entidad se topó con el mismo muro de indiferencia, dilación y hasta encubrimiento de acosadores que sufren las estudiantes que intentan que se inicie un proceso investigativo.

Edición 73. Miércoles 16 de noviembre de 2022.

El acoso sexual “se siente como si tú hicieras algo malo; te confunde», explica Ángela M.,  estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que se anima a contar su vivencia, pero con reserva de su apellido. A la salida de su clase, luego de un mes con una nueva materia, su docente le ofreció varias veces  acercarla al centro de la ciudad en su vehículo. «Yo no quería y (cuando) rechacé el ofrecimiento con educación, pero (después) empezó a tratarme mal”.

En el lapso de los siguientes tres meses de una carrera que se cursa en periodos anuales, la joven intentó convencerse de que nada malo ocurría, pero el desprecio y maltrato en su contra se fue haciendo evidente desde que ella rechazó la propuesta del docente. “Me hacía las preguntas más difíciles y me hacía ver como si yo nunca estudiara o fuera una floja”, expresa molesta.

Tres de sus amigas a las que se animó a contarles la situación decidieron ayudarla, pese a que no estaban inscritas en esa materia. “Me acompañaban a clases y esperaban afuera o a veces entraban, dependiendo del humor del docente». 

Era 2018 y Ángela tenía un récord envidiable de notas resultado de su esfuerzo. Hoy su lista de calificaciones tiene una marca roja producto del abandono de esa materia, porque ante las humillaciones del docente optó por abandonar la clase. No ha denunciado al docente, convencida de que el sistema universitario no haría nada para que recuperara la paz y menos le hiciera justicia. Así había pasado en varios casos de denuncias de acoso sexual a alumnas.

Según ONU Mujeres, entre 35 y 70 por ciento de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. La universidad no es un espacio de excepción para muchas de las jóvenes, aunque en el caso de la UMSA se hace difícil medir el alcance y el impacto porque no hay datos, informes, estadísticas ni documentos públicos acerca de los casos que involucran a catedráticos que acosan a estudiantes.

Las posibles represalias y la estigmatización pesan en la decisión de las víctimas y por ello el índice de denuncias formales es mínimo, explica Griselda Sillerico, última cabeza de la Defensoría del Universitario.

Sillerico refiere que la Defensoría del Universitario recibió un total de 18 denuncias escritas y decenas en forma verbal. Entre ellas hubo “un caso en la carrera de Comunicación que claramente ameritaba un proceso, pero creemos que hubo apañamiento. Ahora sí se está investigando la denuncia”. 

Experta en atención de casos de acoso sexual, la exdefensora sabe de universitarias que llegaron a renunciar a sus estudios para escapar de una situación de violencia. Aunque los que acosan y cometen el delito son los infractores, es común que las víctimas sientan vergüenza, dice.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en Bolivia hubo un incremento de mujeres universitarias: de 160 mil matriculadas en 2018 a 239 mil estudiantes en 2020. Sin embargo, el desbalance continúa: hay 6 mil hombres más que universitarias. 

La UMSA es una de las pocas 12 universidades públicas del país que cuenta con un Protocolo de Prevención, Detección y Actuación ante Situaciones de Acoso Sexual actualizado. Éste se aprobó en mayo de 2019 y su redacción estuvo a cargo de la Unidad de Transparencia. 

El protocolo detalla las formas de acoso: «Contacto o acercamientos físicos innecesarios, invitaciones impropias, insinuaciones y gestos obscenos, abusos verbales deliberados de contenido sexual, cualquier mensaje ofensivo, de contenido sexual manuscrito, hablado o electrónico, demandas de favores sexuales a cambio de promesas de trato preferencial y otras conductas que atenten contra la dignidad e integridad de la mujer”.

Ese documento estipula requisitos para dar curso a procesos universitarios en casos de acoso sexual. Quien denuncia debe presentar una fotocopia del carnet de identidad, matrícula universitaria y datos generales. Asimismo, debe proporcionar datos del presunto agresor y detallar el tipo de relación que tenía o tiene con él. En la parte esencial, debe especificar dónde y cuándo se produjeron las conductas acosadoras, con las correspondientes pruebas.

Pero, cómo ofrecer pruebas en casos como el que vivió la estudiante Raiza Ch. «Un docente me molestaba… no sólo a mí, sino a todas (las compañeras)», cuenta. «Para saludar quería que lo abracemos y, como jugando, cerraba la puerta y decía que salgan los chicos. Todos se reían nomás”. Raiza recuerda haberse sentido confundida y que llegó a creer que era ella quien no comprendía bien las formas de trato en el aula. 

La joven terminó sus estudios, pero siempre pasó clases con miedo y sintiéndose culpable por no entender los chistes que hacía ese docente en el primer año de universidad. “No podría explicar bien cómo es (sentirse acosada), pero son miradas lascivas… es fácil darse cuenta. Una puede sentir la malicia y, si les respondes (con una negativa) delante de todos, te tratan de malcriada”.

Descargos y demagogia 

El 6 de octubre la activista feminista María Galindo sorprendió al rector de la UMSA,  Óscar Heredia, con el programa de radio documental «Mi garganta es un órgano sexual» en su despacho. Al calor de la interpelación por la falta de transparencia en el tratamiento de casos de acoso sexual, las asesoras de Heredia, ante la poca explicación que él brindaba, atinaron a decir que estaban en investigación.

Como ejemplos de que la universidad se preocupa por la problemática se citó la expulsión del docente Mario Errol Chávez, de la carrera de Matemáticas. Así también pasó, en 2017, con Antonio Miranda, de la carrera de Medicina, aunque éste ha presentado un amparo constitucional ante el Tribunal Plurinacional Constitucional, no resuelto hasta ahora, para ser reincorporado. 

Se dijo que también hay estudiantes que acosan a sus compañeras, como es el caso de M. Á. Q. acusado formalmente por acoso sexual y extorsión. La Sala de Admisiones de la Comisión Universitaria de Procesos admitió la denuncia en el marco del Reglamento de Procesos Universitarios. 

Cabe señalar que en Bolivia está vigente la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia. Dicha norma contempla el acoso sexual como un delito sancionado con cárcel de cuatro a ocho años. Y define al acosador sexual como la persona que valiéndose de una posición jerárquica, condiciona la obtención de un beneficio u obliga por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o tener comportamiento de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos.

En los pasillos de las carreras, a veces se colocan carteles de denuncia de ese tipo de violencia y, aunque la esperanza es provocar una investigación de oficio, «muy pocas veces quedan por mucho tiempo», cuenta una tercera estudiante que se anima a hablar. “Yo no hice ninguno, pero sí los colé y en menos de una hora ya no estaban».

Ella afirma que «es vano ir a los Centros de Estudiantes porque ahí están los mismos docentes y son sus amigos». Además, los propios representantes estudiantiles suelen ser los que salen con eso de «que algunas chicas no dicen nada porque a ellas les gusta». Pero «no es así; nosotras no aceptamos esa relación con los que supuestamente nos tienen que dar herramientas para ser profesionales. Es ilógico, ¿no crees?”, interpela esta víctima de acoso que no denunció porque siente que todo el sistema está en su contra.

Incapacidad de respuesta

Entre los docentes con denuncia formal figura Ramiro Quintanilla, de la carrera de Comunicación Social. El proceso de investigación será iniciado, según la asesora jurídica de la UMSA, Lourdes Alba. 

La asesora actuó como vocera de la universidad en reiteradas oportunidades para responder al pedido de acciones en contra de acosadores sexuales. Sobre el caso Quintanilla explicó que se trata de una denuncia de 2019, es decir antes del periodo encabezado por Heredia.

El docente denunciado continúa dando clases. “Sí, porque la Constitución (Política del Estado) señala que se presume la inocencia de las personas mientras no se tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada; en este caso, mientras no haya un fallo sancionatorio, continúa dando clases”, dijo en entrevista.

Alba explicó que “las sanciones más drásticas llegan a ser la suspensión de la unidad académica o incluso la destitución de los docentes, siempre y cuando se compruebe que son autores de hechos de abuso”.

La denunciante de este caso adjuntó como pruebas chats con el docente, cuyo contenido no era en relación a estudios. Pero, para la Comisión Sala de Procesos Segunda no hubo suficientes indicios probatorios para demostrar el hecho denunciado. Por ello, el 11 de noviembre resolvió absolver al docente de todos los cargos en su contra (Actualizado). 

Desde junio de este año, La Brava solicitó al Rectorado información de los casos de acoso sexual denunciados y la forma en que se están procesando. La respuesta fue que se trabajaba en la estadística, pero que los datos no estarían disponibles todavía. 

Desde la Unidad de Comunicación se explicó que el rector Óscar Heredia sostenía reuniones con instancias a favor de los derechos humanos y que convocaría a una conferencia de prensa para presentar las alianzas y finalmente los datos solicitados. Hasta la fecha no se han producido los convenios anunciados ni se ha develado la data de casos y tampoco se conoce el avance de cada investigación.

“Los hombres se protegen entre sí”, considera la vicerrectora María Eugenia García, quien aludió a roscas anquilosadas como responsables de la impunidad en la UMSA. “Hay que darles a las estudiantes la confianza de que no habrá acciones en su contra por denunciar. Cualquier persona que cometa este delito (de acoso sexual) debe tener sanciones”, dijo en entrevista con La Brava. 

García no aportó con propuesta de medidas, pues dijo que el Vicerrectorado «no tiene en sus atribuciones la investigación de casos de acoso sexual y sus funciones están abocadas a temas académicos». 

Afirmó que “vivimos en un país machista», en el que los hombres se protegen entre sí. Por eso, «nosotras tenemos que responder a esto siendo mujeres que nos podamos proteger, cuidar y denunciar”.

Días después, García emitió un comunicado público informando sobre su ruptura de alianza con Heredia, acompañante de fórmula, acusándolo de una actitud “ególatra” que impide realizar trabajos de fiscalización o investigación. 

En la última conversación con este medio, la autoridad se comprometió a buscar los documentos de las denuncias e hizo notar que éstas llegan al Rectorado tras pasar por instancias previas como las direcciones de carreras; sin embargo, un mes después aún no brindó los papeles.

Comunicación Social  en la lupa

Edgar Pomar fue director de la carrera de Comunicación Social de la UMSA durante dos gestiones y, este 2022, fue elegido y posesionado como decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

Esta autoridad fue señalada por acoso sexual en la Universidad Pública de El Alto, donde ya no dicta clases, aunque el tema nunca se resolvió. “Yo no soy acosador ni encubridor”, dijo a La Brava en entrevista, y, al menos por ahora, su descargo verbal sobre el acoso no puede contrastarse porque no existe un archivo público de la Unidad de Transparencia de la UPEA.

En cuanto al encubrimiento, un grupo de estudiantes cuestionó la inacción de Pomar para frenar el acoso sexual, pese a existir denuncias en la carrera que él dirigió. Este reclamo se hizo público en otro programa de María Galindo, en estudios de la radio Deseo, el 17 de agosto de 2022, antes de que Pomar sea posesionado como decano. 

Algo más concreto, es que el 19 de julio reciente, el Honorable Consejo Universitario (HCU), mediante su presidente interino Sidney Tórrez, notificó al rector Óscar Heredia los detalles de la supuesta negligencia de Pomar como director de la carrera de Comunicación Social.

El 17 de diciembre de 2019, la denuncia de acoso sexual, señalando al docente Ramiro Quintanilla como agresor, había llegado al despacho del director. Mucho tiempo después, y ante la presión de colectivos feministas, el caso salió a la luz. 

A pedido de los consejeros universitarios se solicitó una audiencia en la que Pomar expuso las razones por las que no remitió el caso a las instancias correspondientes. Según detalló a  La Brava estas son las etapas de un proceso universitario: “Primero la denuncia debe estar documentada, con pruebas y el Consejo Facultativo hace una resolución que se envía a Recortado para determinar si hay o no materia para ir a la Comisión de Admisiones y si el delito está tipificado”.

Aunque algunos consejeros pidieron no iniciar la investigación por negligencia en el ejercicio de sus funciones, como establece el artículo 26 del Reglamento de Procesos Universitarios, finalmente el pedido siguió su curso. El rector Heredia estaba conminado a encaminar el proceso.

Cuando Pomar fue interpelado por la activista María Galindo y estudiantes a punto de titularse, que llamaron a la radio y participaron en directo, él negó las acusaciones en su contra. “Eran denuncias anónimas, nombres falsos. Voy a llegar a tres meses de decano y nadie se ha acercado a la comisión de procesos a admisiones con su carta, firma, nombre y sus pruebas porque no es nomás acusar y esto puede ir incluso a leyes mayores fuera de universidad”, dijo sobre las afirmaciones en su contra. 

También aseguró que esas denuncias eran antiguas, que cuando fue director de carrera hizo lo señalado en el reglamento interno, y que si hay docentes acusados que siguen dictando clases es porque tienen derechos en tanto no reciban una sanción. 

“Esto tiene que ver con el Código Penal, nadie puede ser juzgado mientras no se demuestre su culpabilidad. Una cosa es la denuncia y acusación y otra es probar. Es muy fácil denunciar, crucificar a la gente y difícil probar. Para los acusados es muerte civil y eso no está bien y no por una denuncia pueden dejar la universidad, porque es denuncia y mientras no se pruebe que es acosador ellos también tienen derechos”, aseguró. 

La ausencia de propuestas de prevención y su opinión sobre que la gran cantidad de mujeres eligen Comunicación “porque no hay números, matemáticas», expusieron a la autoridad a duras críticas.

Ante la repercusión pública de la Barricada, Pomar anunció que acudiría ante el Tribunal de Imprenta para procesar a los medios de comunicación que se hicieron eco del tema y redactaron notas al respecto. Lo cierto es que finalmente fue posesionado y hoy funge como decano.

Para el 2023, aseguró, tienen proyectos de talleres, seminarios y la elaboración de un decálogo para poner los límites de comportamiento en aulas tanto para docentes como estudiantes

Salida de emergencia

Ante la ausencia de la Defensoría del Universitario y de la negligencia de las direcciones de carrera que no remiten las denuncias a las autoridades competentes, se ha conformado en la UMSA una Comisión Independiente. Está integrada por docentes de Trabajo Social y Comunicación y hace seguimiento a siete denuncias. La docente Susy Mitre es una de las integrantes. Ella dice haber perdido una cátedra como represalia por sus acciones para canalizar las denuncias de estudiantes en las direcciones de carrera, también recibió amenazas con procesos penales por calumnias e injurias.

La comisión comenzó a actuar de forma espontánea al recibir denuncias de las estudiantes y luego de que ellas se animaran a publicarlas en sus redes sociales, tal como pasó en relación con el docente Ramiro Quintanilla.

“Esta comisión contra el acoso está activa en la UMSA y está compuesta por 10 docentes de las carreras de Trabajo Social, Comunicación y Sociología. Se trabaja para que se aplique la Ley 348”, describió Mitre. Pero, al no tener aval administrativo, sus acciones no son vinculantes ni aplican para los procesos, como hizo notar la asesora jurídica Lourdes Alba. 

Entre julio y finales de octubre no se concretó la designación de un nuevo defensor o defensora universitaria y, de momento, no existe una unidad específica para la investigación de casos de acoso sexual. 

La Comisión de Procesos Universitarios sí contempla en su reglamento situaciones de presión y acoso sexual vinculados al desempeño académico, en contra de miembros de la comunidad universitaria y, por tanto, está facultada para procesar a docentes acusados por esta falta.  

El mismo reglamento, en su artículo 30, indica que «durante la tramitación del proceso no podrán ser suspendidos de sus funciones y derechos los imputados». 

En todo caso, es difícil conocer dónde y cómo se atienden las denuncias, en caso de que se lo esté haciendo.

Estudiantes desprotegidas

La Defensoría del universitario fue creada por resolución universitaria en 2013. pero entró en funcionamiento el 12 de abril de 2017 y está en suspenso desde el 21 de enero de 2021. El cierre ocurrió durante el interinato en el Rectorado y con el argumento de falta de presupuesto. Los anuncios de posesión de un nuevo defensor o defensora universitaria quedaron en promesas. De momento no hay una instancia que esté especializada en recibir denuncias de acoso sexual y que dé curso a sus investigaciones. 

En otras universidades los discursos sí pasaron a la acción, como sucedió con la Universidad Católica Boliviana (UCB), después que se destapara casos de acoso. Ello sucedió a partir de El Confesionario, página de Facebook, que aglutina las denuncias de acoso sexual tanto de docentes como estudiantes contra universitarias. Incluso se denunció a uno de los sacerdotes que impartía clases en Tarija. Para noviembre de este año suman 374 testimonios que explican situaciones de acoso. Como institución privada de la educación, la UCB, , regional La Paz, optó por derivar las denuncias a la Fiscalía y procedió a investigar las denuncias que llegaban sobre acoso sexual y violaciones.

Las capturas de pantalla de esa página permitieron que Carlos D. A. A. sea enviado a la cárcel de San Pedro como probable autor del delito de violación cometido en contra de una estudiante de la UCB. Pero no fue el único hecho atendido. 

El 2 de junio, esa universidad privada emitió un comunicado para informar que uno de sus docentes había sido apartado del plantel docente y administrativo de la UCB. Aunque el documento no indicaba cuáles fueron los motivos, dos días antes se conocieron varios testimonios señalando al exdocente de Ciencias Políticas como acosador sexual. El Confesionario sigue recibiendo testimonios y se ha convertido en un canal efectivo de denuncias.

En tanto, la UMSA acogió al mismo acusado en foros y presentaciones de investigaciones, como ocurrió el 21 de octubre durante el seminario “El Rol de los Intelectuales en la Crisis de 2019”. Allí dicho docente fue invitado como panelista.

Sillerico, excabeza de la suspendida Defensoría del Universitario, cree que  la dificultad para que se haga justicia “son las estructuras patriarcales (que predominan) y es complejo cuando la denuncia llega a instancias de decisión”. Mientras fue Defensora universitaria, la información era mucho más accesible, con la premisa de cuidar la identidad de las denunciantes. 

Sobre el cierre de esa unidad, “no hay una resolución, pero la paralización de sus actividades es una muestra de que incomodaba. Considero que la Red puede ser una buena alternativa al cierre de la otra oficina”. Sillerico se refiere a la Red de Universidades que se formó en mayo reciente y que agrupa a diferentes casas de estudios superiores del país, todas del sistema público. “Esperamos darle una continuidad del trabajo que hicimos (con la Defensoría)”, expresa su esperanza.

De momento están pendientes las investigaciones de acoso que lograron ser formalizadas, la designación de un nuevo defensor universitario y la publicación de los datos y acciones que el Rectorado aplica para luchar contra este mal que transforma las aulas universitarias en espacios de violencia contra las mujeres. 

*Este reportaje se realizó en el marco del laboratorio de periodismo en profundidad con enfoque feminista, organizado por el Centro Cultural de España en La Paz y la revista La Brava.