La minería mecanizada para extraer oro es un problema creciente que, sumado a otros como la caza ilegal y la ineficiencia del Sernap, deja en impotencia a los vigilantes del Parque Nacional Madidi. La huella humana afecta ya el 0,79% del área de protección estricta y, si en lugar de disminuir supera el 1% en cinco años, hará que se pierda el financiamiento para el Programa Paisaje Madidi que, con un millón de dólares anuales para un lapso de 15 años, busca incidir en la preservación de una de las mayores biosferas del planeta.
Edición 89. Jueves 25 de mayo de 2023.
El tangara inti, pequeña ave cantora, amarilla y brillante, pasea entre willcas, cactus karaparís, bambúes y otros árboles del bosque seco del valle de Machariapo, ubicado en el lado B del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. A diferencia de hace cuatro años, la avecilla debe lidiar ahora, en este sector del municipio paceño de Apolo, con el traqueteo de la maquinaria pesada que en busca de oro deforesta y derrumba los lechos del río Tuichi.
“La minería y la frontera agrícola están afectando el hábitat del tangara inti”, dice Luis, guardaparques de quien se cambió el nombre para proteger su identidad, al igual que el del resto de los citados en este reportaje.
Luis apunta hacia un lejano campamento minero al borde del Tuichi, donde los mineros cooperativistas que operan de forma ilegal impiden, mediante trancas, que los guardaparques accedan al lugar. Algunos llegaron a amenazarlos, dice el guardaparques, y cuestionan su trabajo, lo que limita sus acciones de protección.
El oro es uno de los metales más codiciados de Bolivia, pues su precio es superior al de cualquier otro: un gramo cuesta 60 dólares. En 2022 se exportó por un valor de más de 3.000 millones de dólares, pero el país sólo se benefició con poco más de 60 millones, según datos del Ministerio de Minería; el resto se fue a manos, principalmente, de cooperativistas.
Por los altos precios y la demanda internacional, los buscadores de oro nacionales y extranjeros ingresan en nuevas áreas, incluidas las zonas protegidas. En el río Tuichi, maquinarias pesadas irrumpieron donde se extraía oro desde antes, aunque de forma artesanal, a decir de los comunarios del lugar.
Cerca de 30 actividades mineras, casi todas ilegales, operan en el río Tuichi, desde la comunidad Santa Rosa hasta Azariamas, de acuerdo con lo identificado por los siete guardaparques del lado A y B con los que habló La Brava. A su paso, los mineros dejan árboles tumbados, cerros depredados, agua estancada y sedimentos en el afluente del Tuichi.
Joaquín, un guardaparques del lado A, apunta contra “gente ambiciosa que ingresó a las comunidades y empezó a decir que, si mecanizan la minería, podrían sacar más oro, y para eso hicieron volar cerros”. Con el fin de avanzar en ese propósito, habrían convencido a los comunarios con la promesa de hacerlos socios; sin embargo, hoy en día son apenas trabajadores de los inversores.
Pese a las evidencias y a la normativa vigente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no había iniciado, hasta marzo reciente, acciones legales para frenar las actividades ilícitas y tampoco desalojó las maquinarias. Por eso, la senadora Cecilia Requena demandó a la institución por incumplimiento de deberes.
Los guardaparques dicen que, ante la falta de apoyo institucional y la presión de los cooperativistas, se limitan a realizar procesos administrativos, lo que implica imponer multas a los mineros. Asimismo, registran el ingreso de las maquinarias para, al menos, dejar constancia en sus informes.
La Brava solicitó una entrevista con el Sernap a través de una carta, llamadas telefónicas y de forma personal para conocer las tareas de control como respuesta a los informes que se le enviaron sobre el Madidi durante los últimos tres años. Pese a los esfuerzos, después de cinco semanas, la entidad no proporcionó la información solicitada.
La biodiversidad en peligro
El Madidi es la segunda área protegida más grande del país y una de las más biodiversas del mundo. El tangara inti es una de las seis especies de aves endémicas, y es una de 1.028 que recorren este parque, lo que representa el 70% del total que posee Bolivia, según datos de Identidad Madidi.
Creado en 1995 para proteger y conservar el patrimonio natural y cultural, además de promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales, el Parque Nacional Madidi tiene una superficie de 1.895.750 hectáreas.
La zona protegida más conocida del parque son los bosques amazónicos; sin embargo, esta abarca cinco municipios que se hallan en la confluencia de los Andes tropicales y la Amazonía.
En esa inmensidad hay seis ecorregiones: alta andina, bosque nublado, bosque seco, sabanas de montaña, bosque húmedo de pie de montaña y pampas del Heath, lo que la convierte en el hogar de una gran diversidad de animales, por ejemplo, del oso andino, de la paraba militar, de la palkachupa, del marimono y del jaguar.
En cuanto a la flora, hay 8.244 especies de plantas vasculares, lo que representa alrededor del 60% de este patrimonio natural de Bolivia, según datos recogidos por la organización no gubernamental Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre – Bolivia (WCS, por sus siglas en inglés).
La caza, otra amenaza contra el Madidi
El 19 de abril, la imagen de un jaguar muerto por disparo de bala, cerca del mirador del Parabal de Caquiahuara, causó indignación en las redes sociales. La imagen es apenas una muestra de lo que pasa en el lado A del parque, en el municipio de San Buenaventura, donde los 13 guardaparques no sólo enfrentan la pesca y la caza furtiva, sino también padecen la administración poco eficiente del Sernap.
Los cazadores y pescadores ingresan a las aguas del Madidi por el río Beni en embarcaciones de 14 y 15 metros, con cargas de entre 20 y 30 quintales de sal para charquear a los animales que matan y que luego venden, denuncia Joaquín.
Patrullar la amplia zona y contrarrestar las acciones ilegales resulta difícil y agotador, relata el guardaparques, quien acaba de culminar un recorrido de más de cuatro días. Lo peor es que sus reportes son rechazados por el Sernap.
“Les cuentas (lo que viste) y no te creen. Piensan que la situación sigue como hace 20 años, pero ahora hay gente (viviendo cerca) que negocia cosas. Presentas el informe, no te creen. ‘Es inaccesible (la zona)’, ‘es una mentira’, ‘debe ser otro lugar’, son las respuestas que recibimos, pese a que mostramos fotos de las personas que ingresan a cazar”, complementa Rodrigo, otro guardaparque.
A la fecha, nadie fue enviado a la cárcel por destruir recursos naturales; al contrario ㅡse queja Rodrigoㅡ, son los guardaparques los que reciben represalias, desde agresiones verbales hasta físicas.
15 millones de dólares para salvar el Madidi
El Madidi ayuda a regular el clima, preservar las cabeceras de cuencas, mantener fuentes de agua dulce, reducir las emisiones de dióxido de carbono y proteger plantas silvestres de cultivos nativos, destaca una nota de prensa del Sernap. Además, allí viven cuatro pueblos indígenas distribuidos en 30 comunidades.
Por su gran biodiversidad y su riqueza cultural, el parque forma parte del Paisaje Madidi, programa conformado también por las áreas protegidas Apolobamba y Pilón Lajas. En 2021, el parque fue seleccionado para recibir financiamiento del Legacy Landscapes Fund (LLF), instrumento creado para proteger los lugares naturales excepcionales del mundo y dar una solución al déficit de recursos para la conservación de la biodiversidad en el hemisferio sur.
El LLF es un fondo alemán privado e independiente que recibe aportes, entre otros, del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), a través del Banco de Desarrollo (KfW, por sus siglas en alemán).
El Paisaje Madidi es una de las dos primeras áreas protegidas beneficiadas por el fondo, lo que significa que Alemania lo reconoce como uno de los hábitats más importantes del mundo. El programa recibirá, por tanto, un millón de dólares anualmente durante 15 años.
El apoyo y los fondos del LLF fueron solicitados por el Sernap, como autoridad responsable boliviana, y la ONG WCS, como entidad ejecutora, la que en tal condición firmó el contrato de implementación.
El programa, según el resumen de la postulación que está disponible en línea, tiene cinco objetivos. El principal es conservar la biodiversidad y las funciones ambientales y mejorar los medios de vida locales a través de una gestión mejorada y resiliente.
Lenta implementación
El financiamiento debía comenzar a aplicarse en enero de 2022, pero se implementó recién en agosto. Según la WCS, antes hubo la necesidad de firmar convenios con el Gobierno boliviano, además de la exigencia de aprobar mediante decreto supremo la compra de vehículos, por ejemplo, lo que demoró los planes previstos.
Las normas del Estado para la administración de recursos son más pesadas que para una ONG, explica Lilian Painter, directora de la WCS-Bolivia. “En algunos casos, se ha tenido que optar por que la WCS ejecute fondos directamente, por las dificultades de una instancia pública como el Sernap para hacerlo”, dice Painter.
A causa de esas limitaciones, hasta el 31 de diciembre de 2022 se ejecutó en cinco áreas el 60% ($us 600.000) del primer millón de dólares. El saldo de 400 mil se sumó al segundo millón previsto para 2023.
Es un “buen porcentaje” para el primer año de implementación, considera Adelheid Knäble, directora de la oficina del KfW para Bolivia y Paraguay, quien considera que hubo avances significativos.
“Es un tema que se está trabajando y mejorando constantemente. El modelo de alianzas entre ONG y canalización de recursos hacia entidades del Estado es novedoso, ha tenido que ser creado e implementado. Sin embargo, a mediano plazo va a generar fortalezas en cuanto a la transferencia de capacidades técnicas”, destaca.
En ese marco, se fortalecieron las actividades de protección y monitoreo de paisajes y se apoyaron 2.073 patrullajes de guardaparques. Ese trabajo ha llevado a 52 sanciones administrativas en Madidi, 48 en Pilón Lajas y 17 en Apolobamba. Sin este financiamiento “es poco probable que alguno de esos patrullajes hubiera sido posible, ya que el Sernap enfrenta una crisis financiera, y prácticamente no contaba con fondos de operación más allá de los sueldos de los guardaparques”, afirma Painter.
Lo que no se hizo, aunque estaba previsto, es actualizar el Plan de Manejo del Madidi, que se postergó debido a los conflictos con los intereses mineros y la presión que éstos ejercen para facilitar la consolidación legal de las operaciones de extracción de oro en el área protegida del Madidi, donde tal actividad está prohibida. Painter explica que se acordó establecer mejores condiciones de relacionamiento con los actores y generar acuerdos con las partes interesadas.
En la firma de convenio, en mayo de 2022, el director del Sernap, Teodoro Mamani, dijo que los fondos ayudarían a un mejor control gracias a que se contaría con más técnicos; sin embargo, el programa restringe los pagos a personal, así que esta mejora no se siente.
Hasta inicios de abril de 2023, cuando La Brava ingresó a los dos lados del Madidi, las condiciones para el control del área protegida eran difíciles ante las amenazas latentes. Los 28 guardaparques —13 en el lado A y 15 en el B, incluidos los jefes de protección— no se daban abasto para recorrer la inmensidad del Madidi y realizar su trabajo de control de forma efectiva.
Pocos patrullajes por falta de combustible
Los guardaparques saben que deben cumplir con un número de patrullajes (en algunos casos en compañía de representantes de comunidades), y ayudar a que un área del Madidi mantenga su estado de conservación estricta. Esta labor debe ser demostrada a través de documentos, a fin de justificar los recursos que ingresan a la reserva, explican los guardaparques.
Los patrullajes deberían hacerse durante tres o cuatro días en zonas determinadas. El año pasado se realizaron pocos, pues, aunque lo ideal es hacerlo cada mes, los comunarios no disponen de tiempo. “Si no haces el patrullaje, esto se llenaría de cazadores”, añade Rodrigo. Además, en el Madidi hay rutas turísticas, albergues, y los visitantes “no vienen a ver a un cazador ni a un pescador”.
Hacer el trabajo de vigilancia implica no sólo disponer de vehículos o, en este caso, de un bote, sino también de combustible. En la zona A se patrulla en dos distritos. En el primero, se sube por el río Tuichi hasta Alto Madidi y se deben realizar dos visitas que requieren unos 500 litros de combustible. En el segundo, hacia Quendeque, se demandan unos 300 litros. Hasta mayo, en este último puesto se recibían sólo 200 litros por mes, insuficientes para patrullar en la zona donde hay evidencia de cacería indiscriminada.
Hace algunas semanas, por ejemplo, los pobladores de Santa Rosa reportaron la presencia de cazadores, pescadores y madereros furtivos. Pese a la denuncia, y al igual que en otros casos, los guardaparques no pudieron acudir al lugar por falta de combustible. Además, sólo cuentan con un bote.
Para los operativos de control, los vigilantes de El Bala disponen de una embarcación donada que no está en buenas condiciones. Óscar, guardaparques de la zona A, detalla que lo ideal para realizar los patrullajes sería llevar dos pares de botas (pero él tiene sólo uno), una linterna, un GPS (que no tiene, así que usa la ubicación de su celular), un dron (que actualmente está en la zona B), unos binoculares, equipo de camping y una hamaca.
Cuando se ingresa a poblaciones como las de Ixiamas es necesario un vehículo, una embarcación pequeña para navegar en ríos angostos y una moto o cuadratrack, que no hay. “El año pasado nos dotaron de una carpa y una parada de ropa, pero no sé de qué año”, se queja Rodrigo.
Fondos para el patrullaje
El desembolso de recursos es un calvario. El dinero “llega muy retrasado”, explica Rodrigo. Los fondos que debían desembolsarse en enero, febrero y marzo estuvieron disponibles en abril. Y el pasado año “no se ejecutó todo y no se cumplió con todas las actividades; no se cumplió con las metas porque no hubo desembolso. Nos han dicho que tenemos incapacidad de ejecución”, añade Oscar.
“Nos hemos aplazado, creo, con algo de 45%. Como estamos reclamando mayor presupuesto, porque es necesario, nos dicen ‘para qué, si se han aplazado en la ejecución del presupuesto’”, dice Rodrigo, quien coincide con Oscar en que el problema se arrastra desde hace muchos años y que radica en el Sernap. Hay “una ineficiencia” que impide una buena gestión de los recursos, “además de ser una institución politizada”, afirma el guardaparques.
Los guardaparques de ambos lados del Madidi se cansaron de pedir fondos. Finalmente, tuvieron que comprar equipos a su coste para realizar los patrullajes, pues, de lo contrario, apunta Óscar, “no tienes una radiografía de lo que pasa, y de todas maneras te exigen los informes”.
La WCS conoce de estas deficiencias. La representante informa que hasta finales de 2022 se entregaron 32 uniformes y los respectivos pares de botas, 42 carpas, 15 colchonetas inflables, 61 mochilas y 27 sacos de dormir; asimismo, se entregó un motor fuera de borda, ocho binoculares, tres GPS, dos computadoras portátiles y ocho impresoras. En abril de este año se dotó de un motor fuera de borda, cuatro motocicletas marca Honda y una camioneta doble cabina marca Toyota.
En los primeros cinco años de financiamiento se priorizará el mantenimiento del edificio de la Dirección del parque, ubicado en San Buenaventura, y de dos campamentos que están en pésimas condiciones. Se irá mejorando, asimismo, la disponibilidad de GPS.
Debido a la lentitud de los procesos administrativos, a inicios de abril los guardaparques todavía no sentían las mejoras que se esperan del programa. “Pensamos que iba a mejorar, nos hicieron alegrar. Nos dijimos: ‘Ahora tendremos combustible, vehículos en buen estado, renovación de equipos’, pero el desembolso sale a cuentagotas”, expresa Rodrigo lo que confirman sus compañeros. Hay temor de que, si no se cumple con las metas, la ayuda será retirada antes de los 15 años, y “ahí vamos a estar fregados”, dice.
¿Se cumplirá la meta?
El programa Paisaje Madidi es ambicioso, pues se pusieron tres metas que deben cumplirse los primeros cinco años para que el financiamiento continúe: no sobrepasar el 1% de huella humana en la zona de protección estricta; mantener la abundancia y distribución de especies paisaje, es decir, aquellos que se mueven por cientos de kilómetros (jaguar, tapir, chancho de tropa, londra y jucumari), e incrementar la actitud positiva hacia la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales.
La primera meta se topa con la minería, que tiene cada vez mayor fuerza en el Madidi, incluso en el Parque Nacional, que demanda el mayor cuidado: la línea de base establece que hasta diciembre de 2022 ya había 8.000 hectáreas afectadas (por diversas actividades), lo que representa un 0,79%.
De acuerdo con el Plan de Manejo de la reserva, en la zona de protección estricta recae la mayor responsabilidad de conservación de los principales valores patrimoniales. Estas zonas requieren de protección absoluta y las actividades permitidas son restringidas y selectivas, según el documento.
Daniel Robinson, agroecólogo y docente universitario de conservación, considera que con los datos mencionados el financiamiento está en riesgo.
“Si en 2022 ya había 8.000 hectáreas afectadas, es probable que con la minería se afectasen más de 4.000 hectáreas adicionales. Es un problema para el proyecto, porque es una responsabilidad del Sernap si el primer año ya incumple con los resultados esperados”.
La directora de la WCS considera, en cambio, que los resultados del primer año garantizan que se alcanzará la vara fijada y que justamente el proyecto Paisaje Madidi es importante para enfrentar las amenazas.
“No podemos cruzarnos de brazos y decir que es demasiado difícil. Los resultados que hemos tenido este primer año nos dan esperanzas. Este proyecto cambió de manera importante el contexto de gestión para el Madidi”, explica Painter.
Como parte del trabajo se está brindando apoyo legal y capacitación al Sernap, de manera que esta institución mejore su estrategia para enfrentar ilícitos. Gracias a estas medidas, en abril se presentaron cuatro acciones penales contra actividades de minería ilegal; asimismo, la entidad nacional se adhirió a una demanda presentada por un activista a finales de marzo ante el Tribunal Agroambiental.
Al respecto, la anterior semana se determinó el apoyo de las Fuerzas Armadas en los patrullajes y la paralización de una de las actividades mineras en el Tuichi.
El director del Parque Madidi, Rolando Pérez, quien asumió el cargo en mayo de 2023, comprometió que cada fin de año se hará una evaluación de la implementación del programa Paisaje Madidi. Consciente de que la contaminación minera en el Tuichi es una de las amenazas y que hay dificultad para controlar, dice que es preciso disponer de más guardaparques.
Menos optimista se muestra el exdirector interino del parque y actual jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni, Marcos Uzquiano, quien explica que en ese 1% no se está tomando en cuenta los impactos extendidos o indirectos.
La minería, al ser ilegal, no cumple la normativa ambiental, no tiene licencia ni asume medidas de mitigación, de manera que, por ejemplo, “esa actividad causa impacto también con la apertura de caminos; ¿cómo (los mineros) llegan al río Tuichi?, ¿hay datos de cuántos kilómetros de camino han abierto para meter esa maquinaria al Tuichi? Se sabe que ésta es una puerta para que otras actividades de impacto ingresen al parque”.
Por su parte, los comunarios de San José de Uchupiamonas, una de las últimas comunidades del Tuichi, en el lado A, ven con alarma que las aguas de este afluente ya no son claras. Y así debe ser cuando, a diario, las cooperativas echan al río los sedimentos que sacan de los cerros seducidos por un oro que no podrá pagar la vida que se está destruyendo.
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Foto portada: Minería ilegal en el río Tuichi, del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Mauricio Aguilar.
Infografías y video: Rocío Condori.
Edición: Mabel Franco.
