El país es uno de los pocos en la región que no cuenta con políticas que establezcan protocolos o procedimientos para que todas las niñas, niños y adolescentes que están en Bolivia puedan acceder a los centros de salud de forma gratuita.

Edición 5 / Lunes 27 de septiembre, 2020

El hijo de cinco años de Helen A. se accidentó al deslizarse en un tobogán de un parque, los primeros días de desconfinamiento en La Paz y tras meses de haber estado encerrado en su hogar. Se cayó sobre su brazo izquierdo el cual quedó fracturado. La madre, una venezolana de 29 años, no contempló en llevarle a un centro de salud público pues hace algunos meses le dijeron que si no tenía la inscripción al Sistema Único de Salud (SUS) no podían atender a los niños.

Helen llegó a Bolivia en febrero de este año, junto a ocho miembros de su familia, entre ellos sus cinco hijos y esposo. Al poco tiempo de su arribo, llevó a sus pequeños al centro de salud de primer nivel Juancito Pinto, con una carta de recomendación de Caritas Bolivia, para que la atendieran. Pero allí solo atendieron a la bebé de un año con la vacunación de la primera dosis y le explicaron que debía sacar SUS, por su condición de solicitante de refugio.

Cuando quiso iniciar el trámite en el Ministerio de Salud le dijeron que no se podía, porque ella no era una ciudadana boliviana y no tenía una condición estable, pues vivía en un hostal. “Lamentablemente el SUS a mi persona y a los niños no se les podían colocar”, dice Helen, mientras sostiene a su hija de un año.

Por ello, cuando el penúltimo de sus hijos se accidentó acudió a la Fundación Munasim Kullakita para que le cubra los gastos en una clínica privada donde atendieron al pequeño y lo enyesaron. De otro modo le hubiera sido difícil pagar la atención médica; sus ingresos económicos de trabajo de venta de golosinas en las calles paceñas no se lo habrían permitido.

Bolivia no cuenta con una política pública que facilite el acceso a la salud a todas las niñas, niños y adolescentes (NNA) venezolanos, siendo uno de los pocos países de la región que no cumple con este derecho.

“Al no tener un documento oficial, estos niños —muchos están con sus certificados de nacimiento y a la espera de poder regularizar su situación en Bolivia— lastimosamente no acceden al sistema público de salud”, explica el director de la Fundación Munasim Kullakita (FMK), Ariel Ramírez.

Esto se debe que Bolivia, junto a República Dominicana, no suscribió la Declaración de Quito, fundado en 2018, sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región. Este documento fue firmado por 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Este acuerdo obliga a los Estados a establecer políticas de salud y de flexibilización migratoria, entre otros beneficios.

Por ello, por ejemplo, Colombia, al inició de la pandemia por el coronavirus, sacó un protocolo para la prevención, detección y manejo de casos de covid-19 para población migrante en Colombia.

Ramírez explica que si bien el país, con el gobierno de transitorio, realizó ciertas flexibilizaciones en la política migratoria, que permiten que los niños puedan regularizar su situación con una fotocopia de su carnet y certificado de nacimiento lo que posibilita la solicitud de refugio, aún no tiene procedimientos de acceso a la salud.

Afirma que, pese a que no haya suscrito ese acuerdo y otros, el Estado boliviano tiene la obligación de brindar salud a todo niño en territorio boliviano y que el próximo Gobierno debería diseñar políticas claras y efectivas para cumplir con ese mandato.

“La Constitución Política del Estado y el Código Niño, Niña y Adolescente establece que todo niño en territorio boliviano tiene que tener protección y atención desde el Estado. Tendrían que respetarse y diseñar procedimientos para atender a esta a NNA a nivel nacional y municipal”, afirma.

El Ministerio de Salud boliviano no cuenta con procedimientos de atención médica, excepto extranjeros que tengan status de refugiado o hayan regularizado su situación con algún tipo de visa o se hayan nacionalizado.

La tramitación de la figura de refugiado es lenta. Por ello, de 408 solicitudes de refugio en 2019, el Gobierno solo otorgó a 54 personas en febrero de este año.

En ese sentido, Helen aún está a la espera de la respuesta de su solicitud para ella y sus hijos, la cual inició hace siete meses. Tiene la esperanza de que sea positiva, pese a que su mamá le negaron la anterior semana.

Entre tanto, los niños venezolanos que están en trámite de su refugio o de visas o que simplemente estén de tránsito en el país no pueden tener atención médica gratuita e irrestricta, excepto en casos de emergencia.

La médica comunitaria del Programa Juan Azurduy de Padilla del Ministerio de Salud del centro Juancito Pinto, Geraldine León, asegura que el Estado garantiza servicio de salud a la población vulnerable: menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad ya sean nacionales o extranjeros.

Salud gracias a convenios

Una niña de 10 años juega a gritos con otras dos más grandes en la recepción de un hostal en el centro de La Paz. Al ver llegar por las gradas al personal de salud se alborotan y van rápidamente adonde sus papás, quienes salen de sus habitaciones junto a otros huéspedes.

“Hemos venido a vacunar a los que faltaban”, dice uno de los vacunadores del centro de salud Juancito Pinto, que salió en una brigada de vacunación por la zona Tumusla.

La pequeña sala se llena de más personas y los padres hacen fila con las tarjetas de vacunación y otros documentos de sus hijos. Algunos niños lloran porque no quieren que los administren las vacunas.

Es la segunda vez que llega esta brigada del centro Juancito Pinto que tiene el objetivo de vacunar a menores de edad y personas mayores que así lo requieran. Al haber sido informados, por Caritas Bolivia, que en este hostal hay 23 familias, con 65 personas, de las cuales 35 son menores de edad Vinieron a regularizar la vacunación que por épocas de pandemia quedó relegada.

Al no haber una política pública de atención a la salud, la Fundación Munasim Kullakita, Visión Mundial, Defensoría del Pueblo, Caritas y la Cruz Roja firmaron un convenio con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para brindar acceso a la salud y otros derechos fundamentales a las familias solicitantes de refugio en Bolivia.

Estas instituciones gestionan con centros de salud católicos y públicos para que los ciudadanos venezolanos, principalmente los menores, accedan a atención médica.

«Los nosocomios de primer, segundo, tercer nivel no les quieren brindar la atención si no hay un acompañamiento institucional», explica la responsable del área de Protección Internacional FMK, Ana Carla Llanco Aguirre.

Precisamente con una carta que le brindó la Cruz Roja, Deylibel M. irá a inscribir a su hijo de cinco años al SUS en estos días. El niño lleva hace dos semanas un fuerte dolor en el abdomen, además de que en varias partes de su cuerpo le salieron unas manchas, que, su madre sospecha, se trataría de un tipo de hongo.

La directora del centro de salud Juancito Pinto, Liz Terrazas, cuenta que en los últimos meses atendieron varios pacientes venezolanos y a muchos les explicaron que deben realizar su trámite del SUS gracias al contacto que Caritas realizó con este centro.

“Últimamente hemos estado en contacto con Caritas. Los venezolanos van donde ellos y Caritas nos manda una cartita, que dice: atender este paciente que es del grupo vulnerable, entonces yo los atiendo y les sello su cartita como recibido”, explica la directora del centro de salud Juancito Pinto, Liz Terrazas.

Este centro es uno a los que más llegan venezolanos, debido a que se encuentra en una zona turística, donde existe importante comunidad venezolana.

Por ello, el personal de vacunación explica a las madres y padres del hostal que deben acudir allá para que sus hijos reciban las nuevas dosis de las diferentes vacunas que les falta.

Desnutrición y anemia

Luis, nombre cambiado, tiene 13 años y pesa 34 kilogramos, 11 menos de lo que pesa un adolescente de su edad. Los médicos le diagnosticaron anemia y desnutrición severa, debido a que come solo tres comidas al día y a que tiene una enfermedad crónica que evita que retenga las vitaminas como el potasio, hierro y calcio.

Él necesita un examen completo de orina para un diagnostico más claro y un posterior tratamiento, pero la madre explica que la ayuda que brinda el convenio no cubre el pago de las muestras.

“Hay exámenes que no son muy caros, pero estos (señala tres tipos de muestras) son muy caros”, cuenta la madre de 30 años, preocupada por la salud de su pequeño.

La acidosis tubular renal, la enfermedad con la que le diagnosticaron cuando era pequeño, hace que sus riñones no eliminen los ácidos apropiadamente de la sangre a la orina y por ello no puede subir de peso.

El otro hermano menor de Luis está enfermó con problemas de estómago y estuvo dos días con diarrea, además de sinusitis. Gracias al convenio, él niño sigue un tratamiento.

Precisamente, las enfermedades que más atacan a la esta población son las diarreicas y respiratorias, además de los problemas dentales, explica el director de la Cruz Roja, Ayala, Ayala. Este aclara que esta institución brinda una atención primaria, medicina general y que el convenio no cubre atención dental.

En el caso del muchacho de 13 años, por la edad no le corresponde inscripción al SUS; pero la directora del centro de salud Juancito Pinto segura que al tratarse de un paciente con una enfermedad crónica sí será beneficiado d con este sistema,

”Entonces ya depende de que la asociación Caritas (para que) pueda gestionar bajo las cartas y otros requisitos para que pueda ser inscrito al SUS”, explica Terrazas.

La Cruz Roja y las otras instituciones que forman parte del convenio con Acnur brindan atención médica, asistencia alimenticia entre otros para todos los ciudadanos venezolanos en proceso de solicitud de refugio.

En los meses de la pandemia, la Cruz Roja hizo 1.342 atenciones médicas a niñas, niños y adolescentes, beneficiando más de 70 familias.

De acuerdo con información de esta entidad, no hubo niños que se enfermaron con COVID y que solo se tuvo tres casos sospechosos que se descartaron y uno que se confirmó con el rastrillaje de la Alcaldía de La Paz.

Fotos: Wara Vargas.