Al menos 1.300 niñas, niños y adolescentes cada año son víctimas de violación en Bolivia. El Estado boliviano incumple las leyes y abandona a las víctimas de violencia. Las organizaciones defensoras de derechos humanos de Cochabamba dicen que es posible sanar y para ello recomiendan dejar de revictimizar durante el proceso legal y activar la reparación integral.

Edición 48 / Lunes 27 de diciembre de 2021

Griselda, de cuatro años de edad, llegó al hospital pediátrico de emergencia con un cuadro clínico severo. Fue sometida a la reconstrucción de sus partes íntimas, después de haber sobrevivido 45 días sin atención médica. Un amigo de la familia de su abuelo paterno fue el feroz agresor sexual de la pequeña, el pasado 30 de octubre, y está prófugo.

Griselda (nombre cambiado) perdió a sus padres en un accidente de tránsito en 2019. La oportuna visita de una tía materna fue su salvación. Ella denunció la agresión y la presunta negligencia de algunos funcionarios de la Defensoría de la Niñez de Villa Tunari, municipio de Cochabamba, que no le brindaron la atención que necesitaba ni investigaron a su entorno, pues su hermana mayor también fue víctima de violación de parte de uno de sus tíos.

Debido a la gravedad del caso, la representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Marioly Álvarez, pidió informes y anunció seguimiento del caso.

Griselda es una de las más de 1.300 niñas, niños y adolescentes que cada año son víctimas de violación en Bolivia, al margen de más de 5.000 personas menores de 18 años que denuncian abuso sexual. Todas, además del extremo dolor físico y psicológico que soportaron con la agresión sexual, enfrentan la revictimización de su entorno y de las instituciones estatales.

Abandono

 “El Estado boliviano está en pañales en cuanto a la protección del niño, niña adolescente víctima de violencia sexual”, apunta la abogada de la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), Leonor Oviedo. Falta una instancia especializada para proteger a las víctimas de violencia sexual y personal con visión de niñez en todas las instituciones relacionadas con la temática.

En los primeros siete meses de 2021 se denunció la violación de 1.119 niñas, niños y adolescentes en todo el país, según datos del Ministerio Público, difundidos por Plan Internacional. Esta cifra representa un incremento del 46% en las vejaciones sexuales denunciadas, en comparación con 2020, que registró 1.308 violaciones a niños, niñas y adolescentes.

Una investigación de Misión Internacional de Justicia, realizada en La Paz en 2018, citada por la abogada de la Fundación Construir, Verónica Marisol Quiroga, establece que apenas el 1% de las denuncias de violación a niños, niñas y adolescentes acaba con una sentencia ejecutoriada que sancione al autor del delito.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo revelan que casi ninguna de las víctimas de violencia sexual accede a la debida diligencia, a pesar de que las leyes ordenan gratuidad, investigación de oficio, celeridad y protección a la víctima.

Niños, niñas y adolescentes padecen, junto a sus familias, un martirio para acceder a la justicia. La prioridad de atención que establecen las leyes no se cumple y los procesos se prolongan por años, pese a que las sentencias por delitos contra la libertad sexual tendrían que dictarse en un plazo de 12 meses.

La vulneración de los derechos es tal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió, en agosto de 2020, la demanda de Brisa de Angulo Lozada contra el Estado boliviano por negligencia en un caso de violencia sexual, cuando ella era adolescente.

Es posible sanar

En respuesta a las deficiencias del Estado para atender a las víctimas de violencia sexual, varias organizaciones no gubernamentales prestan servicios especializados, en tanto que colectivos como Mujeres de Fuego acompañan a las sobrevivientes y a sus familias en la búsqueda de acceso a la justicia, cabildeo con las autoridades y acompañamiento integral.

Cochabamba cuenta con una red de organizaciones defensoras de derechos humanos que, además de ayudar a las víctimas de violencia sexual, proponen mejoras y reformas legales con el fin de mejorar la atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Oviedo asegura que es posible sanar en comunidad. No solo se requiere atención la víctima, sino a todo el entorno familiar, principalmente a las personas cercanas que la van a apoyar. Para ello, FUBE implementa el “abordaje sistémico familiar” y se ven “grandes resultados”. Se estudia mucho para ayudar a la víctima, para que empiece o retome su proyecto de vida.

La abogada de FUBE, Carmen Arispe, afirma que con las terapias se aminoran los síntomas, porque la víctima “tendrá que sobrevivir y sobrellevar lo que le ha pasado”. Advierte que, cuando hay cambios en la vida de una sobreviviente de violencia sexual, ésta puede tener retrocesos a consecuencia de lo que ha vivido, porque “se le ha desestructurado el cimiento de la vida”. El acceso a terapia es un derecho que tiene la víctima y muchas sentencias así lo reconocen.

Oviedo plantea que el Estado ofrezca terapias alternativas. La música, el canto, la repostería, el yoga y otras actividades se constituyen en terapias para que las sobrevivientes del trauma de la violencia sexual reconstruyan sus vidas y puedan sanar.

 “El Estado debería hacer seguimiento psicológico a las víctimas, porque ellas no se recuperan al 100%”, coincide la abogada Patricia Villalpando, de la Oficina Jurídica para la Mujer. El daño es para toda la vida en varios aspectos: emocionales, educativos, sociales y a nivel familiar, entre otros.

La violencia sexual afecta en la vida matrimonial o cuando la sobreviviente encuentra pareja; sin embargo, no hay oferta de terapias en instituciones estatales. Si bien existen psicólogas en el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), uno de los problemas es que no hay permanencia del personal.

Cuando las víctimas tienen mucha resiliencia familiar a veces se sobreponen con más facilidad. No obstante, hay personas que necesitan ayuda por muchos años y “se tendría que evaluar y garantizar que todas las sobrevivientes estén bien”, añade Arispe.

El Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), dependiente de la Gobernación, ofrece un programa de terapia psicológica, “pero, lamentablemente, hay mucho cambio de personal”, observa la abogada de la Oficina Jurídica para la Mujer.

En la Defensoría de la Niñez hay psicólogos que manejan todos los tipos penales relacionados con niñez y nunca tienen personal suficiente ni tiempo para hacer terapias a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, según Oviedo.

El Estado tiene que ofrecer a las sobrevivientes de violencia sexual acceso a servicios psicológicos, terapias alternativas gratuitas, formación profesional y todo lo que requieran para reconstruir sus proyectos de vida.

Ausencia de demanda civil

Ninguna sobreviviente que recibe apoyo de FUBE activó la demanda civil de reparación integral. “Nada de lo que se haga va a restituir el daño a la víctima, pero lo que se haga depende de la familia”, dice Arispe. Hasta ahora, nadie ha querido hacer el proceso civil, porque “los padres sienten que es como ponerle precio al daño que ha sufrido su hija”. Todos los gastos del proceso son costeados por las familias, a veces con apoyo de organizaciones no gubernamentales especializadas en la atención a víctimas de violencia sexual.

Para la justicia, el fin último no es el castigo al agresor sino la reparación; que el perpetrador asuma la responsabilidad de su delito y que la víctima pueda recomponer su vida. Los agresores que están en la cárcel toman la previsión de no dejar bienes a su nombre o solo argumentan que carecen de ingresos y nunca pagan costas procesales, dice Villalpando.

Las víctimas de violencia sexual pierden demasiado en todos los ámbitos de la vida. Padecen secuelas físicas, psicológicas, emocionales, sociales y también económicas, por todos los gastos que implica su recuperación y el impulsar un proceso penal. Tienen el derecho de que el abusador devuelva los gastos médicos, laborales y estudiantiles, además de pagar un resarcimiento económico. Incluso el Estado, por su negligencia, está obligado a indemnizar a la víctima, tal como establecen las normas internacionales.

Fondo de reparación

El juez técnico del Tribunal Primero de Sentencia de Cochabamba, Jhazmany Juan Zenteno Valdez, afirma que para apoyar a las sobrevivientes de violencia se tendría que contar con un Fondo de Reparación para las Víctimas en Situación de Violencia.

El derecho a la restauración integral de las víctimas de violencia sexual está establecido en la Convención interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para), norma suscrita por el Estado boliviano. Solo falta que se aplique plenamente.

Piden que las víctimas declaren una sola vez

 “Los niños no mienten sobre sus genitales, cuando son víctimas de violencia sexual”, afirma la abogada de la FUBE, Leonor Oviedo.

Los profesionales descubren al instante si el niño, niña o adolescente miente, exagera o fantasea. “Una persona de corta edad jamás va a contar hechos que no ha vivido”, dice. Los detalles que manifiestan en sus declaraciones, cuando citan los bellos púbicos, la eyaculación o las posiciones, confirman que niños, niñas y adolescentes “jamás mienten” cuando se trata de violencia sexual.

“Su palabra debería ser suficiente para todo el sistema y no revictimizarlos una y otra vez con certificados forenses y declaraciones”, plantea la abogada. Reclama la vigencia del principio del estado de verdad de la víctima, que está por encima de la presunción de inocencia.

El artículo 193 del Código Niño, Niña Adolescente dice que todos tenemos que creerles mientras no se pruebe lo contrario. Es la presunción o estado de verdad, un principio reconocido por leyes nacionales e internacionales que aún no se respeta en Bolivia. Así, a partir de una única declaración de la víctima en cámara Gesell (habitación para preservar el anonimato), el agresor tendría que probar su inocencia.

FUBE propone que un equipo multidisciplinario escuche y grabe el testimonio del niño, niña o adolescente para todos los actos procesales. Hoy en día ocurre todo lo contrario, la víctima de violencia sexual relata lo acontecido al menos una decena de veces ante distintas instancias, y esto es “intolerable”, porque es una forma de revictimización grave, sostiene Oviedo. Lo contundente, apunta ella, debe ser la declaración de la víctima, mientras que el certificado médico forense debe ser una prueba más.

El calvario de la denuncia

Cuando un niño, niña o adolescente es víctima de violencia sexual se debe denunciar el delito en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. No hay una sección especializada y la atención es similar a un centenar de temáticas que atienden las defensorías, incluyendo pedidos de asistencia familiar, infanticidios, robos y otros asuntos en los que participan menores de 18 años. Las Estaciones Policiales Integrales (EPI), que tienen defensorías de la niñez, no están funcionando al 100% porque carecen del servicio forense y otros.

La víctima acude ante el fiscal. Esta autoridad pide el certificado médico forense que lo otorga solamente en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Coña Coña, a cinco kilómetros del centro de la ciudad de Cochabamba. 

Para el examen forense, los niños, niñas y adolescentes deberían recibir una explicación sobre qué hará el médico. Generalmente, el agresor es varón y si el forense también lo es ya intimida a la víctima, peor aún si tiene que revisarle los genitales. Cuando la niña, niño o adolescente ingresa al consultorio, el forense debería hablar con calidad y calidez humana. Esto no sucede. La persona aguarda su turno como cualquier otro paciente. La víctima es revisada apresuradamente y muchas veces los forenses se equivocan en la historia por la carga procesal que tienen. A veces hasta escriben el nombre de otra persona. El IDIF debería tener tres médicos forenses especializados en atención de violencia sexual a niño, niña y adolescente, además de 20 cámaras Gesell, propone Oviedo.

Con el certificado forense la víctima regresa ante el fiscal. Esa autoridad, como si no tuviera la suficiente evidencia, envía al querellante a hacer un abordaje psicológico en la Defensoría de la Niñez.

La psicóloga recibe una nueva declaración y remite el informe al Ministerio Público. En esta etapa o más adelante, está la declaración anticipada ante el juez, que debe ser en cámara Gesell, pero este espacio no existe en muchos lugares, ni siquiera en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

El fiscal ordena la aprehensión del agresor cuando ya se acumulan los informes de la Defensoría, la declaración de la víctima, el certificado médico forense y la declaración de los testigos.

Con la detención del presunto autor del delito de violencia sexual, surgen innumerables amenazas, hostigamiento y chantaje a la víctima y a su familia. El 99% de agresores son familiares o amigos de la víctima. La Ley 348 dispone la protección del niño, niña, adolescente o mujer, pero el Estado no tiene una instancia especializada para ello.

Los jueces, con la óptica del principio interseccional de protección a la víctima niño, niña adolescente, dan detención preventiva; pero el sospechoso tiene el derecho de pedir la cesación de la detención todas las veces que desee. Si el acusado se acoge al arresto domiciliario, el Estado no tiene condiciones ni tecnología para vigilar que la cumpla. En casos graves, instruyen al agente asignado al caso verificar cuando pueda si el acusado cumple su arresto. Muchos imputados se escapan o cumplen la detención a medias. Cuando sale la sentencia condenatoria, se escapan y el Estado boliviano carece de políticas de captura y recaptura de reos o personas declaradas en rebeldía.

Si un juez da libertad con fianza económica a un agresor sexual, amenaza la situación emocional de la víctima. Las abogadas y psicólogas de FUBE saben que los denunciantes no pueden caminar por las calles con tranquilidad y se sienten perseguidos. El temor de volver a pasar por una nueva agresión es permanente. Arispe afirma que la violencia sexual daña el imaginario de la víctima, no solo le causa un trauma emocional, sino que afecta absolutamente a todo, también a su familia.

En el juicio oral, los jueces sacan sentencias condenatorias de 25 a 30 años, en casos de agresión a niños, niñas y adolescentes. No obstante, FUBE plantea que en los procedimientos abreviados se debata y rebaje las penas, para definir la situación de un mayor número de sindicados en corto tiempo. Actualmente, los agresores no se quieren acoger al procedimiento abreviado, porque la pena mínima es de 20 a 25 años de cárcel. Les parece más fácil ir a juicio oral, porque tienen la posibilidad de recobrar su libertad con la cesación de la detención preventiva. Además, les beneficia la Ley 1176 que ordena a la Fiscalía decir cuánto tiempo va a estar detenido en etapa de investigación. Si no se cumple, el juez puede otorgar la libertad ipso facto.

Cuando los niños van como testigos ante el tribunal de justicia, no tienen una sala donde puedan aguardar, tampoco baño. Están en pasillos a expensas de familiares de la otra parte, de los testigos. “No hay calidad y calidez de recibimiento a las víctimas de violencia sexual”, observa Oviedo.

IDIF y su trato “no humanizado”

Tanto la Fiscalía como el IDIF cuentan con protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, pero no los cumplen y no garantizan el acceso a la justicia. El informe de la Defensoría del Pueblo de septiembre de 2020 confirma el trato “no humanizado” en el IDIF.

El IDIF de Cochabamba carece de psicólogos para la contención de las víctimas de violencia sexual y no ofrece espacios específicos para atenderlas con privacidad. El personal, en general, carece de capacitación para ese primer auxilio a la víctima de violencia sexual. No existe coordinación con centros de salud, lo que pone en riesgo la recolección y custodia de pruebas.

El IDIF tiene presencia en 10% de municipios del país y solo el 44% otorga atención prioritaria a grupos vulnerables, según detalla la Defensoría del Pueblo.

Negligencia

La Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014 garantiza la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto estupro o cuando la vida de la madre corre peligro. La norma no es aplicada cuando corresponde.

Una niña de 11 años, violada por un familiar, fue revictimizada en octubre pasado en Santa Cruz, después de que algunos medios de comunicación hicieran público el hecho y cuando la intervención de la Iglesia Católica intentó impedir la interrupción del embarazo.

En Cochabamba, el director del Hospital de Tiquipaya enfrenta un proceso penal recomendado por la Defensoría del Pueblo por el incumplimiento de la interrupción legal del embarazo de una niña de 12 años.

Los padres presentaron la denuncia de violación el 21 de marzo de 2020 y el agresor de 24 años, primo de la víctima, fue detenido preventivamente en la cárcel de Quillacollo.

El médico tratante en Tiquipaya incumplió la norma y, en julio, la niña dio a luz a su bebé.

El Informe Defensorial Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como Derecho de las Mujeres, de julio de 2020, constató desconocimiento de la norma de parte del personal de salud. También incumplimiento en el plazo de atención y exigencias arbitrarias de requisitos para el aborto legal, vulnerando los derechos de las mujeres. En la mayoría de los casos, el personal de salud trata de influir para continuar con el embarazo no deseado, creando situaciones de angustia, dolor, sufrimiento y revictimización de las mujeres.

La inspección defensorial verificó, además, falta de privacidad y de confidencialidad en la atención de víctimas de abuso sexual. También se constató incumplimiento del procedimiento técnico para la interrupción legal del embarazo, poniendo en riesgo la salud y la vida. La Defensoría encontró situaciones extremas traducidas en algunos casos en tortura o trato cruel, inhumano o degradante ante la omisión de atención médica forzándolas a llevar adelante un embarazo no deseado.

Freno a la revictimización

FUBE trata de evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes con la representación convencional. La persona que ha sufrido violencia sexual o su madre pueden hacer inmediatamente un poder autorizando la representación convencional a una institución especializada.

El artículo 81 del Código de Procedimiento Penal faculta a las instituciones a hacer todas las actuaciones como ir a la fiscalía, acompañar a las víctimas a sacar el certificado forense, exigir una atención con calidad y calidez y otras diligencias. Una vez que se tiene la declaración de la niña, que es lo más importante, los equipos de FUBE van a las audiencias y a todas las actuaciones.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos buscan la aprobación de una ley que garantice la integridad de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Con esa norma, tendría que haber un presupuesto adecuado para la implementación de esos juzgados.

El artículo 20 de la Ley 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia dice que se debe remitir a una casa de acogida y refugio temporal a una víctima de violencia, pero la norma se incumple.

Recomendaciones

 La responsable del Área Infancia y Prevención del Abuso Sexual el colectivo Mujeres de Fuego, Fátima Terrazas Navarro, resume en cuatro puntos las principales necesidades de las víctimas de violencia sexual.

1.         Que el Estado boliviano adopte medidas para no revictimizar a niños, niñas y adolescentes.

2.         Que los jueces les den importancia debida a los procesos penales de abuso sexual.

3.         Que las víctimas de violencia sexual reciban terapias especializadas en centros gratuitos.

4.         Que el sistema penal no favorezca a los agresores y acabe el enfoque adultocentrista de la sociedad.

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Foto portada: Rocío Condori.

Este texto es una versión del reportaje original, elaborado con apoyo del  Fondo Concursable de la Fundación Construir para investigación periodística sobre abordaje de género y trata de personas con financiamiento de la Embajada de Alemania.