A 11 años de la Ley 223, Ley General para Personas con discapacidad, que garantiza su derecho a la educación en universidades, aún no se da una educación superior inclusiva en Bolivia. No se cumple las adecuaciones curriculares ni la enseñanza de calidad, las cuales inciden en la deserción. La mayoría de las infraestructuras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) no cuenta con arquitectura inclusiva.
Edición 81. Lunes 6 de marzo de 2023.
Sergio Rodríguez —de un 1,85 metros de alto— activa una app de transcripción inmediata en su celular y pide hablar alto para conversar. Así también lo hacía con sus docentes; les pedía que hablen fuerte, pausado y claro mientras pasaba clases universitarias, debido a su discapacidad auditiva. Él es hipoacúsico e ingresó de manera “directa” a la UMSA, en 2012, cuando se puso en vigencia los derechos de las personas con discapacidad en educación superior, los cuales no fueron por el todo garantizados en 10 años.
En 2011, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), bajo la Resolución 09/09 del XI Congreso Nacional de Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana, elaboró un reglamento de ingreso directo para estudiantes en condiciones de discapacidad. Esta noticia fue publicada en un medio impreso, la cual fue leída por el padre de Sergio.
De ese modo, Sergio estuvo entre los primeros postulantes. Estos pasaron por la Comisión de Evaluación de Postulantes con Discapacidad (CEPDIS) del Departamento de Bienestar Social para las pruebas en ocho áreas: medicina general, psicólogo clínico, psiquiatra, pedagogo, terapia física, trabajadora social, nutricionista y fonoaudiólogo.
Estas evaluaciones estaban previstas en la Resolución del Honorable Consejo Universitario 084/11, de 2011, que aprobó el Reglamento de Admisión Especial Directa a la UMSA para Estudiantes que se encuentren en Condición de Discapacidad.
Esa comisión dio a Sergio la opción de elegir solo tres carreras: Comunicación Social, Psicología y Derecho. Sergio se decantó por la primera opción. Él recuerda que ese entonces, el médico le dijo: “Cualquiera, menos Medicina”.
Medidas cuestionadas
Las evaluaciones multidisciplinarias previas al ingreso o la limitación a la libre elección de carrera son medidas “innecesarias e impertinentes”, resalta el Informe Defensorial Educación Superior Inclusiva para Personas con Discapacidad en las Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana (2020).
Además, el Informe observa que el CEPDIS tenga la posibilidad de negar la admisión directa del postulante en caso de considerar que la persona no sea apta para formarse profesionalmente.
Al respecto, la jefa de la División de Gestiones, Admisiones y Registros de la UMSA, María del Carmen Calvetty dijo que, pueda que “no coincidamos” con la posición de la Defensoría, pues la gente sí requiere una previa evaluación y orientación.
“Muchas veces las mismas personas se equivocan a elegir su opción. Cuando están en carrera se dan cuenta que tiene muchas situaciones con las que confronta la personas, a raíz de la discapacidad”, afirmó Calvetty.
Después de 13 años de la vigencia de la Resolución 09/09 de “ingreso libre”, en 2021, una postulante con discapacidad física y motora denunció discriminación por la comisión evaluadora, que estableció que ella no era apta para estudiar la carrera de Derecho.
La Defensoría del Pueblo intervino en el caso. Presentó sus observaciones en el proceso de calificación y admisión, considerando que se vulneró su derecho a decidir y elegir su formación profesional, lo que se constituye un acto de discriminación en razón de discapacidad.
Otro caso en el que las evaluaciones fueron un perjuicio se dio en 2022. Ese año un grupo de 10 bachilleres con discapacidad visual fue evaluado recién en mayo. Esto evitó que los postulantes puedan inscribirse a las carreras, muchas de las cuales por su modalidad anual cerraron sus inscripciones entre enero y febrero.
Los estudiantes apelaron al rectorado y vicerrectorado para agilizar el trámite, pese a sus compromisos no se logró agilizar el ingreso a la UMSA. Los postulantes se desanimaron y de los 10 solo tres continuaron, relató el director Departamental de La Paz del Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), Giovanni Patzi.
A partir de estos hechos, en noviembre de 2022, el Honorable Consejo Universitario (HCU) abrogó el reglamento de admisión vigente. Además, determinó que, a partir de 2023, las personas con discapacidad (moderada a grave) ingresarán a la UMSA bajo la modalidad de admisión especial (directa) a cualquiera de las Carreras y Programas, según sea su preferencia.
La Ley 223 identifica los grados de discapacidad que puede tener la persona: discapacidad leve, moderada, grave y muy grave.
Pocos avances en 11 años
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas — ratificada por Bolivia mediante Ley 4024 (2009)— establece que los Estados Partes deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior sin discriminación y en igual de condiciones con las demás.
Agrega que, para este efecto, los Estados deben asegurar que se “realicen ajustes razonables” para las personas con discapacidad.
Pasaron 11 años desde la vigencia de la Ley 223, y hay pocos avances para hablar de una educación superior inclusiva en la UMSA, pues aún falta eliminar las barreras arquitectónicas, de comunicación y actitudinales, las cuales impiden acceder a la educación.
Así lo admitieron las mismas universidades, incluida la UMSA, en el Informe Defensorial de 2020. Mediante una autoevaluación, las universidades “reconocieron que, entre sus infraestructuras, tienen predios inaccesibles para personas con discapacidad y admitieron que éstos no tienen rampas o ascensores y su construcción es de data antigua”.
Además, el Informe detalla que la UMSA está entre las universidades que tiene “observaciones moderadas” por la ausencia de condiciones de accesibilidad física de espacios exteriores e ingreso o salida de las infraestructuras, por las condiciones de accesibilidad de ascensores y por las condiciones de accesibilidad a los auditorios. También tiene observaciones “muy graves” por sus condiciones de accesibilidad física a pasillos, a escaleras, a aulas y sanitarios.
En un recorrido por las instalaciones del Monoblock que hizo La Brava se evidenció que, a dos años del informe defensorial, las barreras continúan. Pues, por ejemplo, no existen rampas, y las personas con discapacidad motora deben realizar muchos esfuerzos para llegar a sus aulas. Una excepción de ello es el nuevo edificio de la carrera de Informática que el ingreso cuenta con rampa.
Jonathan Yañíquez, una persona con discapacidad múltiple que egresó de la Carrera de Diseño Gráfico hace un tiempo, dice que los estudiantes que tienen discapacidad física-motora son las más vulnerables a la deserción, precisamente por la barrera arquitectónica.
“En la UMSA, los que más sufren son los que están en sillas de ruedas, los que tienen discapacidad intelectual y las personas sordas que requieren un intérprete”, reitera Yañíquez.
Según Calvetty, “no se puede superar de la noche a la mañana” todos los requerimientos de la población con discapacidad, por lo que se dio recomendaciones a las diferentes unidades (carreras y facultades) respecto a la infraestructura, como los ingresos a los diferentes ambientes de la UMSA.
Estrategia: socializar la discapacidad con docentes
Para Sergio Rodríguez —quien terminó la carrera de Comunicación Social, tras ochos años debido a las limitaciones— es importante contar con tecnología a su favor, como la aplicación de transcripción instantánea o los subtítulos de Google Meet en clases virtuales. Sin embargo, destaca que es determinante que el docente sepa de sus requerimientos.
Recuerda que una vez, al final de su clase de Opinión Pública, fue detrás del docente para pedirle que cambie la clase a un aula pequeña para escucharlo mejor.
“Le dije que cambiemos de aula, asunto resuelto; vimos una película en clase y le pedí que sea con subtítulos”, sonríe. En esa ocasión aquel docente puso de su parte, pero hay otros que no lo hacen, como el de Cine, que ponía videos sin subtítulos, al final no logró aprobar la materia, dice Sergio.
Ausencia de programa especial para discapacidad
La joven estudiante -además de trasladarse en dos o tres minibuses, desde la zona de Río Seco (El Alto) para llegar a sus clases en uno de los pisos de arriba del Monoblock (Centro de La Paz)- debe darse modos para ingresar al edificio y dirigirse al ascensor ante la ausencia de un suelo podotáctil.
Mientras espera su clase sentada en una banca, cuenta que, en el segundo semestre de 2022, al iniciar las clases de una materia, ella le informó al docente que era persona con discapacidad visual a lo que él respondió: “Aquí, en la universidad no tenemos un programa para atender a personas discapacidad”.
La forma en que lo dijo fue discriminatoria, recuerda. La situación se tornó más incómoda, cuando el docente no hacía caso de las intervenciones que ella tenía en clase. Esta actitud la orilló a dejar la materia, pero antes quería verificar si era verdad lo que decía el docente.
“Aquí, los docentes no tienen programas especiales para atender a personas con discapacidad”, fue la respuesta que recibió de Kárdex y ninguna instancia de la universidad hizo valer su derecho ni tomó acciones al respecto.
Para Laura, desde su experiencia, del 100% de los docentes solo el 10% está sensibilizado con el tema de discapacidad y trata de enseñar, mientras que el 90% se pregunta “¿y, ahora qué hago?”.
Este no es el único caso, Miriam Vega, con discapacidad visual, no olvida al docente que le aclaró en clases: “No habrá ningún tipo de favoritismo, ni por discapacidad, ni por nada, cada quien la tiene que luchar; el que se aplaza, se aplaza”. Ella ahora es titulada en Ciencias de la Educación.
En el caso de Jonathan Yañíquez, quien nació con parálisis múltiple, tuvo varios obstáculos para ingresar a estudiar Diseño Gráfico. Incluso un docente le dijo que no permitiría que nadie le ayudara si ingresaría a la carrera, que demandaba tareas manuales.
Tras varias gestiones, Jonathan pudo ingresar a la carrera y culminarla, pese a que al inicio tuvo un derrame cerebral a causa, entre factores, de tanto estrés y maltratos que recibió.
Para Jonathan, más allá de las barreras arquitectónicas, está la barrera actitudinal. “A los docentes les falta humanidad, ‘yo soy emérito qué me van a hacer’, esa es la frase que usan los docentes”.
Al respecto, el Informe Defensorial revela que el 92% de universidades, incluida la UMSA, las personas con discapacidad se enfrentaron a barreras actitudinales por parte de docentes y estudiantes sin discapacidad.
Esto significa que las universidades no adoptaron medidas para la lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas contra las personas con discapacidad.
Deserción, ligada al maltrato
Según la División de Gestiones, Admisiones y Registros de la UMSA hasta noviembre de 2022, un total de 139 estudiantes con discapacidad estaban matriculados. Esta instancia no cuenta con la cifra de deserción. Este medio solicitó la información al Vicerrectorado; sin embargo no fue proporcionada.
Para Tawa Ki’jlluj Wasi -unidad perteneciente a la carrera Ciencias de la Educaciónde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que da apoyo biosicosocial y pedagógico a la población con discapacidad- estima que el abandono es de 50% respecto a los postulantes.
“Hay un abandono de un 50% y este porcentaje es porque la UMSA tiene muchas barreras arquitectónicas, lingüísticas, comunicacionales, pero, principalmente, actitudinales, es lo que desanima al joven bachiller”, afirmó Katty Arce, coordinadora de Tawa.
Solo en 2018, de los 40 postulantes con discapacidad, 20 siguieron en carrera, el resto abandonó la UMSA, según Yañíquez, quien en aquel entonces era representante de los estudiantes en Tawa Ki’jlluj Wasi. Para él, la deserción se dio por el factor económico, discriminación y falta de herramientas pedagógicas.
De acuerdo con el Informe Defensorial, en cuatro años, entre 2016 y 2019, se registró un abandono de 35% de 107 postulantes personas con discapacidad en educación superior.
Las barreras actitudinales impiden la inclusión efectiva de los estudiantes con discapacidad en la UMSA, que les generan desmotivación en la permanencia y la culminación de sus carreras. “Estas barreras son mucho más agudas y fulminantes que las barreras físicas y comunicacionales, porque agreden al aspecto sensitivo e intrínseco de las personas”, resalta el Informe Defensorial.
Estudiantes con discapacidad, organizados
La Unidad Tawa Ki’jlluj Wasi logró capacitar hasta 2022, a unos 800 docentes de los 2.700 que tiene la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), según su coordinadora Ketty Arce.
“Nuestra meta a cinco años es tener a todos los docentes de la UMSA informados, capacitados y sensibilizados (sobre la problemática de estudiantes con discapacidad”, señala Arce.
La capacitación a docentes es una línea de trabajo que Tawa ki’jlluj Wasi asumió tras su creación oficial en octubre de 2016, año en el que se reportaron casos de rechazo y discriminación hacia estudiantes con discapacidad. Además, había registros de que solo cuatro universitarios permanecían en la UMSA de los 16 que ingresaron bajo la modalidad de “ingreso directo”.
El pasado año, la capacitación estaba orientada no solo a las normativas vigentes de personas con discapacidad sino al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para que el docente garantice en su aula una educación inclusiva. Esto implica aprender a entender al estudiante y adaptaciones pedagógicas para una persona hipoacúsica o con visión limitada, explicó Arce.
En esa línea es que Tawa ki’jlluj Wasi tiene un material didáctico pedagógico, pero pocos acceden a este, porque el docente no pregunta en su aula si hay algún estudiante con discapacidad, ni el estudiante lo dice, es más, se avergüenza de su discapacidad y prefiere callar.
El trabajo con los estudiantes es un apoyo biopsicosocial y pedagógico para que su proceso educativo como universitario sea eficiente y evitar así la deserción.
La inclusión en educación superior
Para la psicóloga Cecilia Tamayo si el docente no está sensibilizado, informado, concientizado y formado en atención al estudiante con discapacidad no se conseguirá la inclusión educativa en la universidad.
El artículo 31 de la Ley 223, para Personas con Discapacidad, dice que el Estado “organizará” cursos para capacitar a los docentes con técnicas psicopedagógicas necesarias para enseñar a estudiantes con discapacidad.
La UMSA, a través de Tawa, realiza actividades de capacitación como seminarios relacionados a la educación inclusiva.
La meta, según Arce es tener una universidad inclusiva donde todas y todos los docentes, los administrativos y los estudiantes sin discapacidad hablen en lengua de señas y den un buen trato a las personas con discapacidad.
Según el Informe Defensorial, el 100% de las universidades no cuenta con personal capacitado y/o acreditado en Lengua de Señas Boliviana (LSB), que permita el acceso a la información y educación de las personas con discapacidad auditiva en el proceso enseñanza-aprendizaje de las universidades.
Para la ex Defensora del Universitario, Griselda Sillerico, es necesario que las universidades hagan alianzas estratégicas con organizaciones reconocidas para el tema de lengua de señas para trabajar en una educación inclusiva. En el caso de las personas con discapacidad visual, el IBC envió al menos ocho notas a las autoridades de la UMSA para ofrecer, por ejemplo, qué información adjuntar en audio, qué datos, necesariamente tienen que ir en braille o didácticas, si es que alguno de los docentes lo necesita, pero no respondieron, observa Patzi.
