Alejandra es una universitaria que denunció haber sufrido una agresión sexual grupal en el municipio rural de Warnes, del departamento de Santa Cruz. La Policía no tuvo ninguna iniciativa en su caso y  perdió un indicio valioso aportado por ella. Este es uno de los casos de violencia contra las mujeres que suceden fuera de la capital cruceña y que, con el paso del tiempo, pierde la posibilidad de acceder a la justicia. 

Edición 54. Lunes 28 de marzo de 2022

Alejandra (nombre cambiado) tardó cuatro días en procesar la violación que sufrió ese 21 de diciembre de 2020. No podía dormir y su conciencia no la dejaba tranquila, así que fue a denunciar el hecho en la Policía. Pero para entonces se había lavado la suciedad de sus agresores y había lanzado por la ventanilla de un taxi una prueba determinante: su short manchado de semen. Lo hizo en un arranque de furia, en lugar de lanzarse ella misma.

El 25 de diciembre, cuando acudió a denunciar el hecho en la Fiscalía para Víctimas Especiales (FEVAP) de Santa Cruz de la Sierra, ubicada en el Primer Anillo, fue redirigida al módulo Los Tusequis, en el Octavo Anillo, porque la agresión sexual había sucedido en la comunidad intercultural Vallecito II, en el norte, a las afueras de la ciudad; sin embargo, allí su denuncia también fue rechazada. Le dijeron que debía denunciar en la jurisdicción del domicilio de la víctima, en el municipio de Warnes, a media hora de allí.

Casi al finalizar ese día, ya en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) de Warnes, el policía que la atendió le dijo:

― Mire, hoy no le voy a tomar la denuncia, pero si viene mañana, sí. A las ocho en punto quiero verla acá. Si usted no está a esa hora, no la atiendo.

Alejandra —quien actualmente tiene 24 años— estuvo en la oficina a las siete de la mañana del día siguiente. Le atendieron a las once. En esas cuatro horas, cuatro policías se le acercaron en diferentes momentos. Ninguno se presentaba, nadie tenía un gafete con su nombre; cada uno le preguntaba qué quería y por qué estaba ahí.

En ese tiempo ella ordenaba sus ideas. En los pocos recuerdos de ese 21 de diciembre, se veía dentro de una habitación, luchando y gritando, mientras uno de sus agresores apagaba la luz y los otros dos (tío y sobrino) se abalanzaban sobre ella. No eran sus amigos, pero era la casa de dos de ellos, donde aquella noche participó en una reunión social. Algo que no sabe explicar sucedió mientras socializaban, y ella se recuerda a sí misma encerrada y forcejeando. La luz se enciende otra vez, y luego se vuelve a apagar en medio de esa pelea.

“No te dicen ‘yo soy el sargento X, yo le voy a tomar la declaración’. No te dicen el rol que van a jugar. Claro, ¡me aturdieron!, porque nunca conocí el nombre a ninguno de ellos (policías), y es un problema que ahora me está afectando”, cuenta Alejandra, al recordar el día de la denuncia en la FECV, hace un año y tres meses.

Su relato es pausado y decidido, su voz no se quiebra, sino se reafirma. Pero también confiesa que no camina sola en la calle por las noches y que últimamente tiene “pavor”, incluso de día, con solo imaginar que sus agresores le sigan.

Cuando finalmente sentó la denuncia e insistió en tener una copia, se encontró con malos tratos.

—Déjeme hacer mi trabajo. Yo sé lo que le voy a dar… Aquí tiene el acta de denuncia, pero esto no es para ir a extorsionar a la gente—, le respondió el sargento investigador, mientras agitaba el documento cerca de su cara.

A pesar de la advertencia del investigador de su caso, el sargento Pacasi, el flash memory que Alejandra le entregó con un audio no consta en el acta de denuncia, y tampoco está en el cuaderno de investigación. En esa grabación, uno de los tres agresores que identificó le habló de una agresión sexual, de la que él se deslinda.

Horas después de la agresión, cuando despertó, estaba recostada en el suelo de una habitación. Se fue de allí. En su casa tuvo urgencia de tomar una ducha para quitarse la inmundicia de los tres sujetos. Procesó mentalmente lo que había pasado. Buscó en Facebook, y encontró a uno de sus agresores. Le escribió por inbox y le pidió su número. Aquel respondió. Hablaron por WhatsApp, y ella grabó la conversación. Entregó ese audio al sargento Pacasi.   

Pese a que Alejandra denunció violencia sexual, en el acta esta se tipificó como abuso sexual —delito que tiene una pena menor, según la normativa boliviana, y que no considera penetración—. Así pasó a la Fiscalía, y se sumó a los 912 casos registrados ese año en el departamento de Santa Cruz, según el Instituto Cruceño de Estadística (ICE). Las denuncias de violación fueron menos, 340 casos, mientras que vejaciones contra niño, niña y adolescente sumaron 476 casos.

Después de presentar su denuncia, el mismo 26 de diciembre asistió al examen médico en el Instituto de Investigación Forense (IDIF), ubicado en el Séptimo Anillo de la capital, y dos días después, al informe psicológico, en Satélite Norte (Warnes).  

 “Si te da fuerza, tenés ganas y tenés plata, tenés que ir al IDIF y volver a recoger (el informe) y entregarlo a la Fiscalía. Hice todo eso”, relata Alejandra; sin embargo, el forense no la examinó porque consideró que había pasado mucho tiempo del hecho. Para el servicio de psicología también trajinó tres días distintos: para sacar ficha, para ser atendida y para recoger el reporte.

El municipio de Warnes no tiene medicina forense y su servicio de psicología del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) cuenta con una lista larga de espera. En el Ranking Municipal de Inversión en Igualdad y Equidad de Género 2018, Warnes está en una situación “delicada”. El municipio ocupa el puesto 284 de un total de 339, con el 1,43% de su presupuesto destinado a atender a las mujeres y a las personas vulnerables. Así que los servicios legales, de trabajo social y de asistencia psicológica son precarios o inexistentes.

Persistir y persistir

Ya era febrero de 2021 cuando la Fiscalía citó a declarar a los tres agresores: dos adultos y un menor. Ella tuvo que entregarles las notificaciones. Como le aconsejaron en la FELCV de Warnes, buscó el puesto policial más cercano a la comunidad Vallecito II, conversó con los dos primeros policías que vio ahí y acudió con ellos a hacer la diligencia. Por ese servicio tuvo que “reconocerles” con un pago de 100 bolivianos a cada uno.

Pese a sus esfuerzos, las audiencias en la Fiscalía se suspendieron una tras otra, cinco veces en total. Cuando finalmente se realizó la primera, casi un mes después, dos de los sospechosos se excusaron con certificados médicos de Covid-19. El menor de edad fue el único que acudió con su padre y abogado.  

El fiscal Groberdt Vega hizo la lectura del acta y se dirigió hacia ella:

—¡Ve, esto se pudo haber evitado! ¿Usted, qué hacía allá? ¡Si usted no hubiera estado allá, eso no hubiera pasado!—,  le dijo.

La recriminación se detuvo cuando una activista de derechos humanos, quien la acompañaba, le recordó al fiscal que Alejandra era la víctima. Tiempo después, ese fiscal fue denunciado por propinar una golpiza a su pareja.

En esa audiencia, el menor de edad señalado por Alejandra fue declarado inimputable, y enviado a un juzgado del menor. Nunca le hizo seguimiento a ese proceso. 

Hasta el cuello

El 13 de marzo de 2021, en la segunda audiencia, se presentaron los dos sospechosos adultos: Martín y Enrique. Ambos son jóvenes pertenecientes a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Lomerío, y uno de ellos es hijo de un dirigente indígena. Los dos acusados se acogieron al derecho al silencio, y acto seguido se fueron sin restricciones.

Alejandra reclamó, porque ella y su abogado del SLIM creían que el audio presentado como prueba daría paso a una detención preventiva, pero el fiscal no conocía de la grabación.

“Le reclamo por eso al sargento Pacasi, y él me responde: ‘¿No tendrás otro?’”, recuerda la joven.

Fuera de eso, el investigador no tuvo iniciativas para indagar en el caso: ni siquiera verificar la existencia de la casa donde ocurrieron los hechos y que ella describe con detalles, ni averiguar si hubo más personas en la reunión previa. Cuando la abogada de Alejandra pidió una inspección ocular, el fiscal la rechazó. 

A pesar de que el entonces representante del Ministerio Público le había dicho que “recupere la prueba (el audio) y la volviera a incorporar”, la autoridad no esperó a que esto ocurriera, y rechazó la denuncia el 14 de junio de 2021; además, aún faltaba la pericia psicológica –no realizada por baja médica de la profesional–. El caso volvió a cero.

“El fiscal dice (que la víctima) ‘no reconoce, no identifica’, pero yo reconozco perfectamente a mis agresores”, relata Alejandra.

En ese momento, el cambio de autoridades en los municipios y en la Gobernación derivó en el despido de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de los Servicios Legales Integrales Municipales, que también atienden casos de violencia contra la mujer, según cuenta la coordinadora de la FEVAP, Yovana Castro Gutiérrez.

“Eso ha hecho que las víctimas que estaban programadas para entrevistas psicológicas, por ejemplo, durante enero, febrero, marzo, abril (de 2021), tengan que ser reprogramadas. Las víctimas se han cansado; no han regresado”, afirma la fiscal Castro.

Pero esas deficiencias no solo ocurrieron aquella vez; la situación sigue igual. Por ejemplo, pese a que Montero cuenta con la cámara Gesell más moderna del país, “el psicólogo clínico de la capital solo puede estar en ese municipio (rural) un día a la semana”.

El fiscal Sergio Toro —uno de los 26 fiscales especializados de la FEVAP en Santa Cruz y el actual y tercero en dirigir la investigación de Alejandra, desde noviembre del año pasado— asegura que acelera la investigación de este caso.

“Según manifiesta la víctima, el IDIF le agendó una entrevista para pericia psicológica para septiembre de 2022. Mi persona ha conminado a esta institución y ha fijado para el próximo mes de abril, es lo más rápido que hemos podido tratar de dar atención a la víctima”, explica Toro. 

Además, resalta que es muy importante retomar la investigación, y asegura que hará la inspección ocular. “Los denunciados han puesto bastantes trabas”, revela.

Consciente de la precariedad

Alejandra tiene una fortaleza que se pone a prueba, pero a la vez se afila en sus gestiones ante el aparato policiaco-judicial. La palabra “culpa” no está en su vocabulario, pero admite una carga pesada.

“Hasta hace un mes era bastante duro el que intenten poner(me) sobre la espalda que tu caso no haya avanzado por eso (de desechar una prueba)”, explica con serenidad, en referencia a su short con el ADN de los agresores.

Alejandra se sabe en desventaja porque, a pesar de que tiene un abogado solidario de un colectivo de derechos humanos, ella hace el seguimiento de su proceso en la Fiscalía y en la FELCV. “No es igual a que lo haga un abogado”, dice. Ahora está buscando apoyo en la Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas, a quienes conoce por su pertenencia a grupos culturales de indígenas urbanos.

Además, inició otro proceso en la Didipi (Tribunal Disciplinario de la Dirección Departamental de Investigación Interna) contra el sargento Pacasi por haber “perdido” el audio. El susodicho ya no trabaja en la FELCV de Warnes. Al cierre de esta edición, ella aún esperaba respuesta de la Policía a su solicitud de la nómina de los uniformados de turno el día de su denuncia, en diciembre de 2020, porque vieron al sargento Pacasi recibir el audio y se negaron a darle sus nombres cuando ella fue a preguntarles. 

La joven cobra cada vez más fuerza y, aunque sabe que muchas veces, cuando se hace una denuncia pública la que pierde es la víctima, hace poco estuvo en el municipio de San Antonio de Lomerío —de donde son oriundos sus agresores— y denunció en un foro público la impunidad en su caso.

Por estos días, Alejandra se mueve con frecuencia entre la Fiscalía y la FELCV de Warnes, vigilante de la reapertura de su caso, tarea que a veces le toma toda la mañana sin ningún resultado. Ella está cansada por esos tropiezos con la burocracia, pero no está derrotada. A sus 24 años tiene un título universitario conseguido por excelencia, ganó una beca de postgrado que sigue con entusiasmo y no está dispuesta a cargar a futuro con el sufrimiento que le infringieron sus agresores.

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Ilustración: Merlina Anunnaki.

Fotos: Malkya Tudela.

 *Este trabajo periodístico se realizó en alianza con OXFAM en Bolivia.