Las identidades LGBTIQ+ se esconden en la migración venezolana

Esther Mamani

Nicole es la mujer tras el rostro de Oswaldo, un refugiado político de Venezuela en Bolivia que aprovecha el frío de La Paz para esconderse. No hay datos específicos sobre personas LGBTI+ en condición de inmigrantes, pues nadie quiere sumar al temor por la xenofobia —que en países vecinos como Perú y Chile es abierta y llegó a la violencia física—, el del odio por la diferencia. 

Ilustraciones: Merlina Anunnaki

Edición 40. Lunes, 25 de octubre de 2021

El ojo derecho de Nicole parecía cubierto por un tatuaje aquel septiembre de 2007, cuando recibió la corona de belleza de San Fernando de Apure, en su natal Venezuela. Una sonrisa iluminaba su rostro y, en medio de tantas luces, se sentía orgullosa.

Ese momento está grabado en la memoria de quien vive en La Paz, desde 2019, como Oswaldo, refugiado político, uno de los 57 que fueron aceptados de 600 que solicitaron tal condición al Estado boliviano. 

La voz, por teléfono, es la de un hombre, pero en persona y mientras toma un api caliente en un pequeño local al que accedió a entrar a mucha insistencia, Nicole afina el tono y así explica algunos episodios de su vida matizando la memoria con frases de canciones de Celia Cruz, Carlos Vives y Thalía.  

“Yo sé que aquí en Bolivia puedo cambiar mi documento”, sonríe también con sus grandes ojos oscuros, una esperanza que en Venezuela todavía no es posible ante la ausencia de un marco legal que garantice los derechos de la población LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer).

Aquel 2007 nació Nicole, con 18 años. “Me prestaron una peluca de ensueño. Yo tenía una figura envidiable, pura piel morena (canta). Me vi y dije: esa soy yo”, rememora esta persona de elevada estatura y contextura maciza, mientras hace que las manos morenas dibujen un cuerpo femenino. 

El día del concurso, “estaba hermosa” y había, casi, olvidado el porqué eligió ese maquillaje. El arcoiris de glitter en su párpado fue la mejor excusa para disimular los golpes que le dieron sus hermanos cuando lo reconocieron tras el maquillaje y el vestido.

Más golpes, uno tras otro

Lejos de su tierra natal, Nicole se protege vistiendo un buzo deportivo, zapatillas y gorro contra el frío paceño, que además esconde su rizado cabello de coqueto corte asimétrico. Ha sido testigo y hasta blanco, dice, de algunas actitudes de xenofobia, así que prefiere mostrarse como un hombre para no despertar más posibles odios.

La crisis política y económica en Venezuela había causado hasta 2019 el desplazamiento de, aproximadamente, cuatro millones de personas, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Colombia, Perú, Chile y Argentina son los principales destinos de esa diáspora en la región.

La inmigrante de 32 años es una de los veinte mil ciudadanos venezolanos en Bolivia, según datos de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que reconoce que ese número refleja apenas un tercio del real. No todos se registran en los puntos fronterizos por temor a ser detenidos. 

En el vecino Perú hay más de un millón de personas venezolanas, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y más de 496.000 solicitaron refugio.

Hasta allí llegó Nicole en 2019 tras varias peripecias y casi sin dinero. Decidió pasar hacia Bolivia por Desaguadero, impulsada por el miedo al rechazo y motivada por el recuerdo de una visita que en su niñez hizo junto a su madre a unos amigos de ella que vivían en El Alto.

Con ayuda de su mamá, esta vez logró ubicar a esos amigos, pero no fue como esperaba. “Me trataron peor que a un perro y para dormir me ofrecieron el suelo”, recuerda. Doce noches después se trasladó a un alojamiento de la calle Illampu de La Paz, donde se refugian decenas de familias migrantes. Pronto se dio cuenta de que con la venta de caramelos en las calles no podría reunir el dinero que debía pagar por noche.

Xenofobia y persecución

ACNUR Bolivia trabaja con asociaciones como la Pastoral Social Caritas Boliviana, Visión Mundial Bolivia, Cruz Roja Boliviana, Defensoría del Pueblo, Cáritas Suiza, Fundación Scalabrini Bolivia y Fundación Munasim Kullakita.

Nicole recibió, cuando más desesperada estaba, la visita de voluntarias de Munasim Kullakita. Así se fue animando y dándose cuenta de que podía salir adelante, pues recibió lo insospechado: contención. “Se necesita mucho apoyo emocional; la soledad, la pena, te quieren consumir, pero ellas me dieron un respiro”, dice de las voluntarias. 

La desconfianza persiste, sin embargo. Esto ha hecho que en más de un año de vivir en La Paz haya preferido la soledad. Con prudencia, conoció a pocos venezolanos de la comunidad LGBTIQ+: Laura, Vanesa, Pablo, Jhane, Roberto. Si hay más, tal vez estén en Santa Cruz, supone, a donde muchos de sus compatriotas prefirieron irse por el clima cálido. “Yo prefiero el frío”, asegura. 

Un frío que, en su caso, es un refugio, como lo es Bolivia, sobre todo cada vez que le llegan noticias de Perú, donde en 2019 se denunció una feroz campaña de xenofobia e incitación al odio contra los venezolanos. Tal campaña se agudizó durante la campaña electoral por la Presidencia peruana, al grado de que los mensajes en redes digitales con contenido de xenofobia se elevaron en 864%, según el proyecto “Barómetro de la Xenofobia”, reflejado por la plataforma periodística Ojo Público.

En Chile, el Gobierno impulsa el desalojo de los espacios públicos ocupados por los migrantes, así como ejecuta un plan de expulsiones de los indocumentados.

El viernes 24 de septiembre de 2021, en la ciudad chilena de Iquique se produjo una manifestación con banderas antiinmigrantes y xenófobas, justamente luego de que la policía desalojara una plaza donde acampaban familias de venezolanos. Esa marcha terminó con la quema de los bienes de las víctimas, lo que provocó la condena de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de sus organismos de protección de la infancia y de los migrantes, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y ACNUR.  

Como le gusta a tu cuerpo

¿De qué se hace?, pregunta Oswaldo apenas prueba el api. La explicación de la mesera no llega al final, pues apenas Nicole escucha la palabra maíz abre mucho los ojos y los cierra del todo unos segundos, como si viajara a algún lugar de su memoria. “Como las arepas”, dice. “Ay, qué lindo que todos comemos de los mismos ingredientes, aunque con diferente sazón”.

Nicole vende chocolates por las calles y entrega arepas a pedido. Lo que gana le permite pagar el alquiler de 800 bolivianos por la habitación que ocupa en la zona de Chasquipampa, al sur de La Paz. Necesita otros 300 al mes para comida, artículos de limpieza y transporte. La ropa la lava en un lugar de El Alto que se lo permite, pues donde alquila no tiene posibilidades para hacerlo.

Vivir fuera de casa siendo muy joven hizo que su talento se desarrollara en la cocina, algo que valora ahora que puede preparar arepas rellenas que promociona, recién desde hace tres meses, a través de su cuenta de Tik Tok. “Es mucha la competencia” en las calles de La Paz, así que el ingenio es necesario y para eso “la negra tiene tumbao”, canturrea.

El 25 de septiembre sus arepas se vendieron en la feria que la Pastoral Social Caritas Bolivia organizó en la plaza de San Pedro, donde se expusieron 22 iniciativas de venezolanos, tres de personas LGBTI+ como Nicole, que llamó “El rinconcito del Apure” a su cocina. Gracias a ese evento —calificado de exitoso por Caritas— ella está negociando un pedido de 100 arepas que la tienen entusiasmada: “Voy conquistando a la gente por el estómago”.

La soledad es dura y ella la alivia gracias a los comentarios que sus videos motivan en Venezuela, algunos de sus amigas de la comunidad LGBTI+ que la ponen nostálgica; pero al menos Nicole no tiene que preocuparse por mantener a una familia como pasa con muchos de los migrantes que, afirma la OEA, son hombres el 60% y mujeres el 40%.

Pensar en enfermarse le hace derramar “la gota fría”; la atención en salud es un lujo “que no podemos permitirnos”.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, explica que la atención no se puede negar a ninguna persona: “Da igual si es o no es migrante, tiene que ser atendido, pero el Sistema Único de Salud (SUS) no puede ni con las familias de Bolivia”. 

Cómo sobrevivieron a los tiempos duros de la pandemia por el Covid-19 es un milagro, cree Nicole. Y Larrea recuerda sólo un caso grave, de una niña que llegó al hospital con hipoxia y cuyos gastos terminó pagando una doctora.

La Ley 1152 de 2019, de establecimiento del SUS al que se refiere Larrea, pone las “bases de la atención gratuita, integral y universal en los establecimientos de salud públicos a la población beneficiada”. Población entre la que se incluye a los migrantes venezolanos que cumplen con los requisitos para el registro.

El informe de la OEA, ya mencionado, establece que hasta 2019 ingresaron 11.261 venezolanos con pasaporte y 5.892 con carnet de Identidad. El Gobierno boliviano, a través de la Dirección General de Migración, aprobó en 2020 la Resolución 148 que reconoce como bolivianos a niños venezolanos si los tutores presentan una fotocopia simple del certificado de nacimiento y el documento de los padres incluso si está vencido.

Sobre la vigencia de los documentos, la Resolución 274 de mayo de 2020 la amplió por dos años para pasaportes y cédulas venezolanas caducados desde marzo de 2018. 

Bolivia abre, ciertamente, posibilidades de atención de salud a los migrantes —refugiados, niños, niñas y mujeres embarazadas—, pese a que no sean las mejores, como no lo son para los locales.

Nicole, en tanto Oswaldo refugiado político, puede acceder al SUS, pero reconoce que hasta ahora no se registró, algo que le reclamaba Jhane, compatriota lesbiana que, sin documentos legales, vendía bolígrafos en las calles antes de irse a Chile, donde vive su hermana. 

Cuando nos volvamos a encontrar… 

Las noticias sobre homofobia, sobre crímenes de odio y transfeminicidios en la región, y en particular en Bolivia, hacen que el ojo morado que marcó el nacimiento de Nicole reviva en su memoria. Tanto, que cada vez siente más miedo de vender por las calles en solitario, reconoce.

Para superar ese temor, en sus planes está el lograr una cédula de identidad como la mujer que es, aunque sabe que debe tener paciencia y esperar a que pasen cinco años de residencia continua en el país. Debe, también, mientras sigue ofreciendo dulces y arepas, reunir como mínimo tres mil bolivianos (algo más de 400 dólares) para hacer el trámite y ser una boliviana más.

Al final de las tres charlas que fueron necesarias para conocer detalles de la vida de esta persona inmigrante —una entre la cantidad imprecisa a falta del registro minucioso en Bolivia— Oswaldo se queda mirando a unas cholas paceñas y de pronto sorprende: “Ella, Nicole, va a volver y tal vez sea con esa vestimenta típica”.


*Esta publicación es parte del Fondo de periodismo de investigación y artivismo, realizado en el marco del proyecto “Adelante con la Diversidad – Región Andina”, financiado por la Unión Europea e implementado por ADESPROC Libertad. El contenido de la publicación es de responsabilidad exclusiva de ADESPROC Libertad y no necesariamente reflecta los puntos de vista de la Unión Europea».


Esther Mamani
Esther Mamani

Es periodista y reportera inquieta. Aprendiz que espera dibujar con palabras. Trabajó cinco años en ATB. Fue becada de la DW y Distintas Latitudes 5G. Es colaboradora de Muy Waso y cubre temas de la periferia. Se esfuerza por enorgullecer a Amelia.