Por sus características, los pasos dados en desarrollo científico son incipientes y se espera la medición de sus alcances. En el sexto mes de la crisis sanitaria, nueve universidades de Bolivia iniciaron procesos de licitación para la compra de equipos, equipamiento e insumos por un valor de Bs 24.3 millones; más del 93% se destinó al diagnóstico y la contención.

Edición 66. Lunes 22 de agosto de 2022

Drama en puertas de clínicas y hospitales; zozobra y desesperación por la falta de oxígeno y fármacos; cremaciones y entierros siguiendo rigurosos protocolos. Con escasos conocimientos sobre el virus y sin que aún se iniciara la inmunización, en la primera y la segunda ola del covid-19 , Bolivia experimentó una tragedia: en ambos periodos se produjeron el 56% de los decesos reportados hasta mediados de agosto de 2022 (12.415 fallecidos de un total de 22.155).

Los esfuerzos de la administración pública en todos los niveles de gobierno fueron insuficientes para hacer frente a la crisis sanitaria; además, los desaciertos y la corrupción la agravaron. Millones de bolivianos fueron destinados a paliar los efectos de la pandemia, de ellos, una parte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con que se benefician las universidades estatales.

Un total de 24,3 millones de bolivianos fueron empleados por las casas de estudios superiores en la lucha contra el SARS-Cov2. Del total, el 93,4% (Bs 22,8 millones) se destinó a la contención y al diagnóstico del virus en sus respectivas regiones, aporte que, si bien consignó la aplicación y transferencia de ciencia y tecnología y permitió brindar atención médica, no representó estrictamente el desarrollo de investigación científica.

A partir del sexto mes de la declaratoria de emergencia sanitaria, cinco de las nueve universidades de ciudades capitales invirtieron recursos en la adquisición de equipos, insumos y reactivos para laboratorios; asimismo, invirtieron en el equipamiento de sus centros hospitalarios y en la habilitación de puntos de atención a personal de salud y población afectada por el nuevo mal.

De agosto de 2020 a diciembre de 2021, el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) divulgó, entre otros datos abiertos, un total de 89 fichas de procesos de contratación a cargo de nueve universidades estatales por un total de Bs 24.354.589.

El acceso a esta información es resultado de una sistematización realizada de marzo de 2020 a enero de 2022 por el colectivo de cientistas sociales e ingenieros informáticos de Lab TecnoSocial, que reunió más de 3.500 fichas de objetos de contratación. Para la clasificación se usaron palabras clave como “covid”, “coronavirus”, “oxígeno”, “barbijo”, “gel, “pandemia” y “alcohol”.

En el caso de este reportaje, el equipo de La Brava se centró en las adquisiciones realizadas por las universidades públicas. Según los datos, los procesos de licitación comenzaron en agosto de 2020, una vez superadas la cuarentena rígida y la cuarentena dinámica y condicionada.

En el caso de la Universidad Autónoma San Francisco Xavier (UASFX), de las 24 contrataciones que realizó entre agosto de 2020 y noviembre de 2021 por un valor de Bs 6.711.112, el 87% fue destinado a la compra de equipos médicos, oxígeno, reactivos, un congelador y materiales e insumos para el Hospital Universitario, el Banco de Sangre, el Instituto Nacional de Cancerología Dr. Cupertino Arteaga y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. El restante 12,7% fue invertido en insumos de bioseguridad.

La adquisición de monitores, ventiladores neonatales y un equipo de rayos X, entre otros, significó la habilitación de una unidad de terapia intensiva. La finalidad fue la contención y el manejo de casos positivos.

“Nos ayudó bastante (el equipamiento) porque instalamos nuestra (unidad de) terapia covid. En 2021, había una alta demanda de terapia intensiva, no era solo de internación”, recuerda la directora del Hospital Universitario de la UAXSFX, Mirna Rocabado.

En criterio de Rocabado, a través del Hospital Universitario esa casa de estudios superiores hizo un aporte determinante en la contención del virus; además, formó académicamente a un grupo de futuros médicos y especialistas en diferentes áreas, en vista de que estudiantes de último año de la Facultad de Medicina y residentes en especialidades empezaron a “manejar” terapia intensiva y equipos de imagenología y tomografía. “Todo ese recurso humano, tanto estudiantes como internados y residentes, ha podido aprender”, destaca.

Otra de las universidades que priorizó el aprovisionamiento fue la Universidad Amazónica de Pando (UAP) con la adquisición de equipos e insumos médicos, dos vehículos, tubos de oxígeno y material de bioseguridad para el Sistema Integral Social Universitario por un total de Bs 4.855.188, en 13 procesos de contratación. El 42% del total fue invertido en equipamiento para laboratorio, quirófano, salas de consulta y sala de emergencias. Las dos camionetas costaron Bs. 494.000 ($us 71.000).

Solo dos universidades aportaron con pruebas LAMP

Una de las casas de estudios superiores que se abocó al diagnóstico del COVID-19 a través de técnicas alternativas fue la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), que, durante los dos años de pandemia, ejecutó nueve contratos por un valor de Bs 4.895.955. El 36,19% de ese monto se empleó en la compra de equipos para el laboratorio de la Facultad de Medicina, el 32,77% se empleó en materiales para la Facultad de Bioquímica, y el 31,04%, en materiales e insumos para el Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agropecuario y Forestal (CByNAF).

El director del CByNAF, Jorge Rojas, agrónomo con doctorado en Biología Molecular, aclara, sin embargo, que dichos montos se ejecutaron recién en 2021 debido a trabas administrativas, cuando se “entendía mejor” el COVID-19.

Los investigadores del Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agropecuario y Forestal —el mejor equipado de la UMSS y dedicado al estudio de plantas y animales— trabajaron en un método alternativo de detección del virus a partir de un protocolo desarrollado en Europa. El objetivo era coadyuvar a superar la emergencia sanitaria en un contexto en el que profesionales médicos renunciaban o pedían vacaciones por temor al contagio.

En esa línea se organizó el Consejo Científico Departamental, para la toma de decisiones y acciones para combatir el virus; lo primero que se identificó fue la carencia de pruebas de diagnóstico y los altos costos de estas, ya que en el momento más álgido de la pandemia se cobraba hasta 1.200 bolivianos por una PCR. “Los laboratorios de diagnóstico se hicieron millonarios con la desesperación de la gente”, lamenta Rojas.

Ante esta situación, la UMSS propuso el método de diagnóstico molecular NEOKit LAMP UN-UMSS V1.0 para la detección de COVID-19, a un costo de Bs 80 la unidad.

La UMSS presentó la prueba LAMP el 20 de octubre de 2020, pero hubo trabas para su aplicación por parte del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba y por exigencias del Instituto Nacional de Laboratorio de Salud (INLASA), de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) y de la Coordinación Nacional de Laboratorios (CONALAB). Tiempo después, y una vez subsanados los obstáculos, el gobierno de transición comprometió la aplicación de esta técnica en todo el país, e involucró en el proceso a todas las universidades; sin embargo, el proyecto no prosperó, dice Rojas.

El experto explica que compartieron los beneficios del kit LAMP con personal de salud de varios hospitales, despertando interés en Potosí, Santa Cruz y La Paz; no obstante, según su criterio, temas comerciales impidieron la aplicación de este método de detección. “No era negocio”, refiere en sentido de que una prueba PCR costaba como mínimo Bs 600 frente a los Bs 80 que se debían invertir en la nueva técnica. “La justificación en los hospitales era que la PCR se utiliza en todo el mundo y la LAMP no se conoce”.

Rojas aclara que el desarrollo de este proyecto se financió con una anterior partida de los recursos IDH a fin de dar una respuesta inmediata a la emergencia sanitaria, pero que los fondos IDH de 2021 fortalecieron el proyecto para producir kits de diagnóstico de otras enfermedades.

“La universidad cumplió a cabalidad con su rol; hemos generado tecnología de diagnóstico. Otras instancias, como el Estado (desde el nivel central) debían apropiarse (de ella)”, afirma.

En la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), un proyecto similar se gestó en la Unidad de Identificación Genética (UNIGEN), de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, por parte de un equipo a cargo de su director, el bioquímico Sergio Quispe. Se trata del Diagnóstico Molecular de Covid-19 LAMP-PCR-UMSA, en el que, según las fichas de contrataciones, se invirtió el 17% de los Bs 1.191.974 que esta casa de estudios superiores destinó a la contención y prevención del coronavirus entre agosto de 2020 y marzo de 2021.

El 62,6% fue asignado al desarrollo del Proyecto IDH 98 Prevención, Control y Atención de Coronavirus – Instituto Seladis – FCFB; el 6,9%, al Proyecto Resiliencia Recuperación Medios de Vida, Cambio Climático y Pandemia Áreas Naturales de Manejo Integrado Ecorregiones Chaco Boliviano, Chiquitania y Pantanal; el 7,5%, al Proyecto IHD FAR – Prevención, Control y Atención del Coronavirus del Instituto Seladis – FCBF. Además de la compra de reactivos para el laboratorio de Biología Celular de la Facultad de Medicina (3,5%) y la adquisición de elementos de bioseguridad para un examen presencial de la Facultad de Medicina (2,4%).

El proyecto Diagnóstico Molecular de COVID-19 LAMP-PCR-UMSA fue una propuesta para contribuir a la lucha contra el coronavirus ante la escasez de laboratorios y la insuficiente capacidad de pruebas del INLASA, cuando aún no habían vacunas, explica Quispe.

El especialista destaca que el método LAMP (Amplificación Isotérmica Mediana por Loop) —desarrollado también en otros países de la región y el mundo— es similar a la PCR en tiempo real, pero de bajo costo, con capacidad de procesar más pruebas por día.

El método de detección LAMP no es complejo, asegura el profesional, no requiere de mucha infraestructura y ya está validado internacionalmente. Esta tecnología empezó a aplicarse sin costo alguno en febrero de 2021, después de la compra de reactivos de Argentina, con un alcance de 5.000 personas de la comunidad estudiantil y personal administrativo de las facultades de salud de la UMSA.

Para Quispe, el rol fundamental de la UMSA durante la crisis sanitaria fue el apoyo con las pruebas PCR en tiempo real, aplicadas sobre todo en el personal de salud que trabajó en primera línea, y el desarrollo en el ámbito local del método LAMP, también útil para la detección de otras enfermedades como la viruela del mono, la tuberculosis, la leishmaniasis y el chagas.

La UNIGEN apunta a ser un centro de vigilancia de enfermedades de emergencia sanitaria, como por ejemplo la viruela del mono. “Si hubiera (mayor) cantidad de casos, el centro estaría en la capacidad de dar respuesta con las herramientas que posee”, explica Quispe.

De acuerdo con Roger Carvajal, director del Instituto de Servicios de Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud (Seladis), proyectos como el propuesto y desarrollado por UNIGEN contribuyeron a la indagación de la situación del covid-19 dentro de la universidad. Ello permitió definir políticas internas, como medidas de aislamiento, o determinar si se estaba o no en condiciones de retomar las clases presenciales.

Aunque Carvajal destaca los logros de los profesionales en salud de la UMSA, esclarece que ese tipo de aportes no responden, estrictamente, al desarrollo de investigación científica. De hecho, lo ejecutado se financió con fondos del IDH expresamente destinados a proyectos de prevención y contención de la pandemia dentro de la universidad. En la actualidad, esos resultados están siendo sistematizados para un informe.

El director del Seladis valora el trabajo que se realizó en el Laboratorio de Virología, Inmunidad e Infección, que aplicó estudios en la comunidad universitaria, lo que permitió desarrollar en el personal una gran experiencia en materia de diagnóstico, porque fue el primero en hacer pruebas PCR.

Por su parte, la jefa del Laboratorio de Virología, Katty Terrazas, explica que, gracias a la compra de equipamiento, se logró una mejor respuesta a la crisis sanitaria.

“En ese momento el proyecto más importante era ser parte de las medidas de contención, que se identifique lo antes posible a las personas que estaban con patología, de manera que puedan aislarse y no diseminar (el virus). En ese entonces, el proyecto fue de contención, prevención, identificación y diagnóstico del SARS COV-2”, expone Terrazas.

La “U” de Beni implementó centros covid en tres municipios

La Universidad Autónoma del Beni (UAB) José Ballivián es la segunda con mayor inversión de recursos IDH en los procesos de licitación (detrás de la UASFX). La casa de estudios superiores del Beni destinó Bs 5.108.294 para la atención de pacientes covid-19. Beni fue una de las regiones más afectadas por la pandemia durante los primeros meses de la crisis sanitaria: la falta de infraestructura, equipamiento e insumos representó un drama para la población y para su personal de salud.

Del monto total empleado por esta universidad, el 87% se destinó a la implementación de tres domos covid en las subsedes universitarias de los municipios de Riberalta, Guayaramerín y San Borja, y a la compra de equipamiento y elementos de bioseguridad, de limpieza y de operatividad. El restante 12%, fue para la adquisición de pruebas rápidas.

Desde la UAB se informa que la habilitación y el equipamiento de los tres domos sirvió para la atención de pacientes y la contención y prevención de nuevos contagios, además de la administración de pruebas rápidas y vacunas. Actualmente, el servicio aún está disponible para los lugareños.

Asimismo, durante la primera ola de la pandemia, la UAB desarrolló una investigación acerca del uso de remedios caseros para el tratamiento de los casos leves del nuevo coronavirus, por la que ganó un concurso nacional.

Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, la universidad beniana realizó 10 contrataciones para la adquisición de 123 tipos de ítems, desde bolígrafos hasta tanques de aire comprimido.

Universidades con baja inversión para contención de casos

La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), de Tarija; la Universidad Técnica de Oruro (UTO); la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz, y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UTF), de Potosí, son las cuatro universidades que realizaron contrataciones por menos de un millón de bolivianos. Las compras se orientaron a implementos de bioseguridad, kits de pruebas rápidas y productos de higiene para el control y prevención del coronavirus.

Por las características de los productos adquiridos, la UTOinvirtió Bs 481.808 en la prevención del coronavirus, de los cuales 73% se destinó a la compra de insumos de bioseguridad (barbijos, alcohol y guantes), 16% se invirtió en la adquisición de kits de prueba rápida, y el 11% para productos de limpieza (detergente, lavandina, basureros, trapos, papel de toalla y guantes no quirúrgicos).

Por su parte, y pese a ser la región con el mayor número de casos y decesos por covid-19, la UAGRM de Santa Cruz empleó únicamente Bs 362.372 a la atención de la pandemia: el 83% se invirtió en la compra de pruebas rápidas, seguimiento y diagnóstico del virus. El 12% se destinó a la compra de barbijos y el 4,7% a la adquisición de oxímetros y termómetros para el control y prevención de contagios.

La UAJMS de Tarija invirtió Bs 730.184: el 55,1% fue destinado para la compra de implementos e insumos de bioseguridad (barbijos y alcohol), el 20,6% sirvió para la construcción de un lavamanos, el 5,5% para la adquisición pruebas rápidas, el 14% para la compra de amoniaco y el 4,5% a señalética. 

Finalmente, la UATF de Potosílicitó la compra de 200 trajes de bioseguridad para la Facultad de Medicina en la tarea del rastrillaje de casos covid-19.

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Editora invitada: Patricia Cusicanqui.

Fotografías: Sara Aliaga.

Infografías: Rocío Condori.

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NdE: La probabilidad de que existiera algún margen de diferencia en los montos y porcentajes descritos en el presente reportaje periodístico se explica en la posible ausencia de información o nominación incorrecta de los temas o ítems de los objetos de contratación.

*Este reportaje fue elaborado gracias a los datos obtenidos de la plataforma «Contratos Abiertos Bolivia» desarrollado por el Lab TecnoSocial.