Si bien en los últimos años hay más mujeres tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional como en los concejos municipales, están atadas de manos. Las que se atreven a cuestionar, fiscalizar o buscar espacios de poder suelen terminar en “la congeladora”, castigo que practican los dirigentes políticos contra ellas. Otras, incluso, son víctimas de insultos y hasta golpes.

Edición 49. Lunes 7 de febrero de 2022

Vicencia Apaza llegó en 2015 al Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara –municipio rural de La Paz– cargada de sueños y con la convicción de fiscalizar para honrar el voto de los electores; sin embargo, sus expectativas se hicieron añicos cuando se atrevió a denunciar que sus colegas concejales usaban un vehículo oficial para fines particulares. “Por hacer mi trabajo, en abril de 2019 me sacaron del Concejo”, lamentó Apaza, poco tiempo después de suspenderla de sus funciones.

Esa suspensión llegó pese a todos sus esfuerzos. En 2018, se compró una moto para llegar a tiempo a las sesiones a las que le convocaban horas antes, o a las que simplemente no le informaban. El objetivo de estas acciones de sus pares era que ella acumule suficientes faltas para aprobar su suspensión. Asimismo, el entonces alcalde, Fernando Villca (con el respaldo de algunas autoridades de base), ejerció acoso político contra ella. “En las reuniones que se realizan en las comunidades, los dirigentes me reñían por fiscalizar; en una ocasión me quisieron pegar, me empujaron”, denunció la exconcejala en su momento.

Este tipo de situaciones se dan con más frecuencia en los concejos municipales debido a que en los últimos 15 años la participación de las mujeres en estos espacios de poder se hizo más visible como resultado de las normativas que garantizan la paridad política. Sin embargo, así como se incrementó la presencia femenina, el acoso político por razón de género también tomó mucho más fuerza.

“Tú no mereces ser presidenta”

Pese a que la exconcejala Vicencia Apaza presentó una demanda penal por acoso político, la cual no prosperó, el problema se agudiza y se repite en el municipio de San Pedro de Curahuara. Ahora, con la nueva gestión, las autoridades varones atacan sistemáticamente a sus colegas mujeres, es el caso de la presidenta del Concejo por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lourdes Vásquez, a quien se le quiebra la voz, y sus lágrimas mojan su rostro quemado por el sol del altiplano paceño, al recordar los insultos del actual alcalde, Roberto Aleluya.

“‘Eres una sonsa, una payasa. Tú no mereces ser presidenta del Concejo Municipal y tienes que dar un paso atrás; tiene que subir tu suplente varón’, me ha dicho. ‘No me hagas eso, en la campaña prometimos trabajar juntos por el municipio’, yo le he rogado”, cuenta la concejala que llegó hasta la sede de Gobierno a denunciar su caso.

Vásquez relata que su situación empeoró desde que decidió fiscalizar y resistir el acoso político; desde entonces –cuenta–, durante las visitas que realiza Aleluya a las comunidades, él asegura que la concejala perjudica su gestión, lo que provoca molestias contra ella en las bases.

“Mis funciones son fiscalizar, legislar y deliberar, pero el Alcalde descalifica mi trabajo, y las amenazas no cesan. ‘Cualquier momento te puede pasar cualquier cosa’, me amenazó, y decidí presentar la denuncia por acoso ante la Fiscalía. Tengo mis hijos chiquitos. Tengo miedo de que me mate si no doy un paso atrás”, cuenta la autoridad de 37 años con la voz temblorosa.

Su temor no solo responde a esas amenazas. A mediados del año pasado Vásquez fue golpeada por una excandidata al Concejo debido a que el Alcalde le exigía la devolución del dinero invertido en la campaña electoral y ésta fue a reclamar a la concejala. Producto de esa agresión, el hombro izquierdo de Vásquez fue fracturado. Hasta ahora se le dificulta moverlo.

Vásquez no es la única mujer que sufre acoso en ese municipio rural, su colega Juana Luna pasa por una situación similar. Ambas ocupan dos de los cuatro escaños que el MAS tiene en el Concejo.

Luna denuncia que después de las elecciones subnacionales de 2020, el alcalde Aleluya decidió presionarlas para que se comprometan a renunciar a sus mandatos en dos años para que los espacios sean ocupados por los concejales suplentes. Ante la negativa, el Alcalde optó por aislar el Concejo Municipal.

“Oculta las invitaciones que llegan para nosotras y las peticiones de informes las ignora”, reclama Luna.

Mayor presencia en las listas, pero…

Al igual que en el caso de las asambleístas nacionales y departamentales, se evidencia un cambio importante en el número de concejalas electas a partir de los comicios siguientes a la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (2009) y la legislación de desarrollo en materia electoral.

La investigación La paridad más allá de la paridad. Participación política de las mujeres en el largo camino hacia la democracia paritaria intercultural destaca que la paridad democrática llegó a Bolivia para quedarse, eso, gracias a un complejo recorrido que implicó varias luchas del movimiento de mujeres, pero que aún faltan garantías.

“El acceso paritario a los órganos legislativos está garantizado. Ahora el desafío permanente es garantizar el ejercicio pleno de sus funciones una vez que ocupen los curules”, afirma el documento elaborado por OXFAM, la Coordinadora de la Mujer y el Centro de Estudio Superiores Universitarios (CESU-UMSS), publicado en enero de este año.

De acuerdo con las percepciones que recogió el estudio, las representantes electas se sienten poco apoyadas por sus organizaciones políticas. Asimismo, la opinión pública percibe el dominio masculino de los partidos como una barrera, y considera que las fuerzas políticas incluyen a las mujeres en sus listas de candidaturas solo porque la ley les obliga a hacerlo.

“El acceso paritario a los órganos legislativos en los diferentes niveles territoriales del Estado constituye un destacable avance en el horizonte de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Empero, esto no se manifiesta necesariamente en un cambio  relevante en las lógicas de funcionamiento de las asambleas y los concejos. En el ejercicio de la representación política, las mujeres continúan relegadas”, afirma.

Arrinconadas

Si bien la presencia de las mujeres en cargos políticos ha sido un avance significativo, ellas aún enfrentan murallas y obstáculos; por eso, en el estudio mencionado se hace hincapié en que no habrá paridad sin condiciones que allanen el camino para el ejercicio pleno de derechos políticos.

“Hay un conjunto de murallas y obstáculos para la participación de las mujeres en el ámbito público-político, en especial en su acceso y ejercicio en cargos de representación (…). El acoso y la violencia política contra las mujeres, el trabajo de cuidados y algunos prejuicios sobre la mujer política”, afirma la citada investigación.

La ruta para vencer los obstáculos está llena de prácticas machistas. El problema es crónico en las zonas rurales, que se siente principalmente cuando las concejalas inician su trabajo fiscalizador.

“Tenemos que fiscalizar. Hemos exigido que (el Alcalde) rinda informes sobre las compras que realiza; enviamos peticiones de informes, pero el Alcalde esquiva y desprecia nuestro rol. Quiere que nos sometamos”, se queja la concejala Luna.

Las concejalas Luna y Vásquez son una muestra de las prácticas machistas que deben enfrentar las autoridades mujeres electas para desarrollar su trabajo y ejercer sus derechos políticos.

“Entre las principales barreras que dificultan la participación política de las mujeres están la condición estructural de una sociedad machista, el dominio androcéntrico de los partidos políticos, y el acoso y la violencia política contra las mujeres”, establece el informe.

El Estudio de Delphi afirma que el acoso y violencia contra las mujeres es la segunda barrera  (52%) más recurrente que enfrentan las mujeres para ejercer sus funciones.  

 “Por traidora, a la congeladora”

Lo que ocurre en los concejos municipales también se da en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde en la actualidad hay una destacable presencia de autoridades femeninas: la Cámara de Diputados tiene 130 escaños, de los cuales 61 son ocupados por mujeres; por su parte, la Cámara de Senadores tiene 36 escaños, de los cuales 20 son ocupados  por mujeres. A diferencia de 2009, hay mayor presencia femenina, pues aquel año solo fueron elegidas 30 diputadas y 16 senadoras.

Sin embargo, la presencia de mujeres es baja en los cargos altos –como de las comisiones o comités–, y esto se debe a que el poder masculino también se ejerce desde la cúpula de los partidos políticos, revela la exdiputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares (2016-2020).

“Los espacios de poder –como la jefatura de la bancada en la Asamblea Legislativa– son definidos por el jefe del partido. Es él quien se encarga de presionar cuando una mujer tiene la posibilidad de ocupar el cargo bajo el argumento de que es una decisión orgánica del partido, y el espacio es entregado a un varón”, afirma la exdiputada.

Millares explica que muchas de las mujeres se conforman con llegar a Asamblea y se someten a la línea partidaria generalmente impuesta por los dirigentes, que implica aprobar leyes sin cuestionar y repetir los discursos sobre determinado tema. Por su parte, las que se atreven a desafiar la decisión de la cúpula partidaria o empiezan a consolidar su liderazgo mediante la fiscalización y un discurso contundente son víctimas de acoso y violencia política.

“Te envían a la congeladora, que significa estar excluida, y eres tildada de traidora por no seguir la línea del partido. No acceden a información del partido, e incluso son eliminadas de los grupos de WhatsApp de la bancada”, denuncia Millares.

La exdiputada considera que los partidos políticos cumplen con las leyes y sacan provecho electoral de estas para mostrar un rostro incluyente y democrático, a fin de conquistar el voto femenino. “Pero  no es una acción política verdadera de inclusión social  de las mujeres, es la utilización de las mujeres dentro de la política”, reflexiona Millares.

Una prueba de esta afirmación es que al momento de distribuir los espacios de poder en la Asamblea –como son las comisiones y comités– estos “recaen sobre los varones porque el que negocia también es un varón (…). Los actos de fiscalización planteados por mujeres son minimizados o ignorados”, vuelve a reclamar la exautoridad.

Ese tipo de situaciones lo experimentó la exdiputada por UD Rose Marie Sandoval (2016-2020). Desde que ingresó a la política, Sandoval inició una feroz batalla contra las actitudes machistas de sus correligionarios para construir su liderazgo.

La exdiputada recuerda que se enfrentó a dirigentes de su partido, como el exsenador Óscar Ortiz cuando él quiso imponer su criterio sobre el tema del aborto. “Pero me revelé”, asegura.

“Cuando eres una mujer pensante te hacen mierda en las discusiones internas del partido, pero no hay que dejarse, y somos corresponsables”, asegura Sandoval, quien pugnó para visibilizar su liderazgo mediante investigaciones, como en el caso de la millonaria corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), pero fue excluida de la lista de candidatos a asambleístas de su partido para las elecciones de 2020.

Muchas no se animan a hablar

En septiembre de 2021, la senadora del partido Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, durante un debate en el Senado, dijo que tenían coincidencias con el MAS. El hecho desató discusiones volcánicas en su bancada y en Creemos, ambos, partidos de oposición.

Tras el hecho, Barrientos optó por renunciar a la jefatura de su bancada. “Probablemente, si hubiera sido hombre, no hubiera renunciado. No me sacaron, yo renuncié”, aclara. La senadora es cauta al emitir sus criterios sobre el tema.

Similar respuesta se obtuvo de algunas de las actuales asambleístas que fueron entrevistas por La Brava, quienes se excusaron de hablar del tema por temor a emitir alguna opinión que podría ser observada por los dirigentes de su partido, y ser sometidas a castigos que impliquen ser excluidas de las comisiones y comités de la Asamblea.

Ante este complicada y delicada situación que viven las autoridades mujeres, el informe de Paridad más allá de la paridad plantea, entre otros retos, que el Estado debe superar el desafío de garantizar el ejercicio político de estas, a partir de la construcción real de partidos democráticos, paritarios e interculturales.