Miles de niñas y adolescentes bolivianas reportaron en el Censo 2024 que estaban casadas y en concubinato. Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas constituyen una forma de violencia que, además, suele estar acompañada de agresiones físicas, sexuales, psicológicas y económicas que limitan su educación, autonomía y oportunidades futuras.

Edición 175 / Lunes 13 de julio de 2026

Carolina tiene 28 años. Habla con serenidad e incluso sonríe por momentos, pero, luego de más de dos horas de relatar su historia, sus labios se resecan. Todavía resuenan en su memoria los gritos de su madre, quien amenazó con denunciar ante la justicia a la pareja de su hija y a sus padres si él no se casaba con ella. Esta decisión marcó una etapa de violencias que, siendo adolescente, Carolina normalizó y silenció.

Cuando ella tenía 16 años inició una relación con un hombre que le dijo que tenía 21 años, pero en realidad le doblaba la edad “Nos casamos a la fuerza, porque mi madre los amenazó”, dice Carolina (nombre cambiado). El matrimonio se celebró el 26 de octubre de 2014, lo recuerda bien, al igual que las discusiones entre ambos, antes de esa fecha y que continuaron después.

Ese año, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) había registrado 1.199 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años. En muchas de estas uniones se esconden distintas formas de violencia — física, sexual, psicológica y económica — que restringen su acceso a la educación, limitan sus oportunidades laborales y condicionan sus proyectos de vida. Carlolina fue uno de los casos. Ahora comprende que lo que ocurrió con ella fue una violencia y delito.

Carolina relata que dejó su casa en Pucarani, municipio rural del altiplano de La Paz, a los 15 años, tras una fuerte discusión con su madre. Obligada a sostenerse por cuenta propia, comenzó a viajar cada día a la Ceja de El Alto en busca de trabajo, donde inició una relación marcada por la desigualdad y por la violencia.

El estudio cualitativo Matrimonios y/o Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas en tres municipios de Bolivia, elaborado por Conexión e IPAS, identificó tres grandes factores que explican los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas. El primero es el económico, vinculado a la pobreza, la precariedad, la búsqueda de beneficios transaccionales y la falta de oportunidades para las niñas y sus familias. El segundo corresponde a las normas sociales y culturales, entre ellas la asociación de la menarquia (primer sangrado menstrual) con la madurez para la vida en pareja, así como la idea de resguardar la honra familiar. El tercero está relacionado con la violencia y las carencias afectivas, e incluye situaciones de violencia en el hogar y la idealización del amor romántico como vía de escape o protección.

Uniones tempranas, más que cifras 

La mayoría de las niñas y adolescentes que viven en pareja en Bolivia lo hacen fuera del matrimonio y en condiciones de informalidad jurídica. En el Censo 2024, 12.713 adolescentes de entre 15 y 17 años declararon estar casados o vivir en concubinato. El 91% (11.685) respondió que estaba en concubinato, mientras que el 8% (1.028) estaba legalmente registrado.

Es la primera vez en el país que se conocen datos de concubinatos en adolescentes. Hasta entonces se monitoreaban principalmente las uniones legales.  Ese mismo año, la Defensoría del Pueblo, en el informe Sueños Interrumpidos, reveló, con datos del Serecí que, entre 2014 y 2023, se registraron 4.804 matrimonios adolescentes mujeres de 16 a 17 años.

Como muchas de estas relaciones no se formalizan mediante el matrimonio, Naciones Unidas usa el término Matrimonio y Uniones Infantiles, Tempranos y Forzados (MUITF) para las uniones antes de los 18 años. Son infantiles porque involucran a menores de edad, tempranas porque vulneran derechos como la educación y forzadas porque suelen estar marcadas por desigualdades de género y presiones familiares que impiden una decisión libre e informada.

Con frecuencia estas uniones se dan con hombres de mayor edad, más experimentados con un mayor nivel educativo y mejores prospectos económicos, al interior de claras relaciones de poder que subordinan a estas niñas, explica un informe regional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y Plan Internacional. 

Ese fue el caso de Carolina. Su esposo le doblaba la edad. Tenía un trabajo independiente, una casa, un trabajo y su propio ingreso que le permitía salir con sus amigos en fines de semana, ir a discotecas y, en ocasiones, llegar en estado de ebriedad. Mientras tanto, ella permanecía en el hogar, asumiendo las tareas de cuidado.

De los 4.804 casos de matrimonios registrados por el Serecí, el estudio de la Defensoría del Pueblo identificó uniones en las que los “esposos” duplicaban e incluso triplicaban la edad de la “esposa”. Por ejemplo, en el caso de las adolescentes de 16 y 17 años, hasta el 2023 se reportaron diferencias de edad en las que el “esposo” tenía 45, 52, 57 e incluso 62 años.

Tras estos datos que develan la problemática, la investigación recomendó en 2024, la derogación de artículos del Código de Familias. En abril de 2025 comenzó el tratamiento de una norma que no permite las uniones tempranas, seis meses después el gobierno promulgó la Ley 1639, que prohíbe de forma absoluta y sin excepciones el matrimonio y las uniones libres de menores de 18 años.

Otras violencias en uniones tempranas

Para la delegada Defensorial de Pando, Cinthia Jordán, los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas están estrechamente relacionados con la violencia sexual y los embarazos. “No es posible hablar de un tema sin dejar de lado el otro”, afirma.

Este fenómeno es evidente en Pando, uno de los departamentos con mayores índices de embarazo en adolescentes.

Jordán explica que el embarazo y las uniones infantiles son consecuencia de la desigualdad de género, un fenómeno arraigado y tolerado socialmente que afecta principalmente a niñas y adolescentes. Estas situaciones irrumpen su desarrollo, aumentan el riesgo para su salud y su vida, además de afectar su continuidad escolar y limitar sus oportunidades laborales.

Según datos del Ministerio de Salud, en Bolivia, de 2015 a (septiembre) de 2023, se registraron 458.246 embarazos en niñas y adolescentes, el 6.20% (28.408) corresponde a niñas entre 10 y 14 años de edad, y el 93.80% (429.838) a adolescentes de 15 a 19 años. En 2024 se reportaron 28.078 casos.

“El hecho de forzar el cuerpo de una niña o de un adolescente a continuar con el embarazo ya es una violencia. Les obligan a concluir estos embarazos que han sido forzados. Lo que conlleva el tema de dar a luz, la crianza, la lactancia, porque su cuerpo no está desarrollado. Todo esto es un tipo de violencia psicológica y física. Es una cadena de violencias que va sufriendo la niña y adolescente”, advierte Andrea Vargas, especialista en género y que trabaja con poblaciones vulnerables.

Esta afirmación coincide con uno de los hallazgos del estudio regional de UNFPA y Plan Internacional sobre MUITF, que incluye a Bolivia, que las niñas y adolescentes experimentan violencia de género a manos de sus parejas, que a menudo no les permiten trabajar, estudiar o incluso salir solas.

Cuando Carolina se casó cursaba 3ro de secundaria. Dejó el colegio e intentó retomarlo después del matrimonio, pero la respuesta de su pareja fue: “no vas a poder”. No obstante, ella se inscribió en un instituto que no requería título de bachiller, pero “a él no le gustaba que estudie, me decía que tarde o temprano lo dejaría”.  

Estar casada a temprana edad también limitó sus posibilidades de alcanzar una autonomía económica. Carolina cuenta que su suegra insistía en que debía administrar el dinero de su pareja. Cuando ella intentó planteárselo, la propuesta originó peleas.

“Le dije: ‘Tienes que darme tu dinero para ahorrártelo’. Él respondió: ¿por qué? ¡¿Tú trabajas para ese dinero?, yo me saco la mugre trabajando. Si quieres plata, ¡trabaja!”, recuerda Carolina.

La joven comenzó a trabajar en un restaurante, pero no duró ni un mes. Su esposo empezó a celarla, al punto de vigilarla, por lo que renunció y comenzó a ayudar a su suegra en un negocio familiar.

El estudio de Conexión e IPAS, identificó que las adolescentes inmersas en estas uniones sufren al menos cinco tipos de violencia: simbólica, psicológica, económica, física y sexual, esta última frecuentemente acompañada de situaciones de extrema humillación. El informe advierte, además, que cuando las víctimas denuncian suelen enfrentarse a la impunidad, favorecida por relaciones de poder y por la negligencia institucional.

En el caso de Carolina, antes y después de quedar embarazada, cualquier discusión era motivo para que él saliera a beber. Ella pensaba que era normal que reaccionara de esa manera.

También reconoce que su esposo ejercía violencia psicológica y física. La manipulaba y castigaba con el silencio: dejaba de hablarle y no respondía cuando ella intentaba comunicarse con él. Además, controlaba su celular; se lo llevaba incluso al baño para revisar sus mensajes.

“En una ocasión llegué tarde del trabajo y me agarró del cuello. Fue cuando le dije que me iba a ir. Él respondió que no me iría con mi hijo, por miedo de no perderlo no me fue en ese momento”, recuerda Carolina. 

Ausencia de registros de la violencia en matrimonios tempranos

El estudio regional del UNFPA también advierte que muchos casos de MUITF podrían calificarse como abuso físico o sexual de menores que no llegan a la justicia. Lo mismo ocurre con hechos de violencia contra niñez o de violencia de pareja, que permanecen invisibilizados.

Esta situación se refleja en los registros institucionales. El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en La Paz, Miguel Zambrana, explica a La Brava que los casos que llegan a conocimiento de la Policía, en su mayoría, son denunciados por padres de familia, y no por niñas y adolescentes que viven en uniones tempranas.

“En este mes no se ha tenido denuncias de menores relacionada con violencia por parte de su pareja, pero las agresiones sexuales y las violaciones son constantes, aunque no de personas que tengan una relación de pareja o matrimonio. Pero sí hay casos de estupro, y los denuncian los padres de la víctima”, advierte Zambrana.

Aunque la Fiscalía General del Estado no publica de manera sistemática la edad de las víctimas en sus reportes estadísticos, un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado con datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, reporta en 2024, que 4,7% de mujeres menores de 18 años fueron víctimas de violencia familiar y doméstica.

El informe regional de UNFPA advierte que ninguno de los países reportó sistemas efectivos de protección social o de seguridad para niñas y adolescentes, incluyendo mecanismos de ayuda para los hijos nacidos de sus parejas.

Más incidencia en áreas rurales

Los datos del Censo 2024 dan cuenta de que las uniones tempranas son más frecuentes en el área rural que en la urbana. Mientras el 1,9% de la población de 15 a 17 años vive en unión temprana en las ciudades (8.204 casos), en el área rural la incidencia sube a 3,7% (6.930 casos).

En comunidades más alejadas, la violencia se ha normalizado y muchos casos no se denuncian ni se sancionan ni trascienden fuera de la comunidad. Tampoco todos los casos de embarazos llegan a los centros de salud, por lo que existe un subregistro de embarazos en adolescentes, afirma la delegada defensorial de Pando. 

En varias regiones del país existen comunidades muy dispersas e inaccesibles, incluso, llegar a algunas demanda varios días de viaje por río. Estas condiciones contribuyen a la naturalización de la violencia y a su perpetuación, ya que el Estado no llega con información, por tanto, las niñas, adolescentes y mujeres crecen y viven en esa realidad, porque no han conocido otra, dice Jordán.

Añade que es necesario socializar la Ley 1639 con autoridades indígena originaria campesina y recordarles que el matrimonio o concubinato con una menor de 18 años es un delito. “Como defensoría, abrimos el caso, hacemos seguimiento, pedimos informes como parte del proceso para la protección de la víctima”, explica Jordán. 

Para la mayoría de las mujeres que fueron forzadas a casarse o unirse por concubinato significó una etapa compleja que les ha impedido desarrollarse plenamente. La delegada defensorial de Pando concluye que cuando una adolescente que ingresa a un matrimonio y unión infantil, temprano y forzado pierde su presente, su futuro, su vida a partir de un embarazo a temprana edad. Además, la posibilidad de aportar a su propio municipio, estudiar y retornar para construir un mejor futuro para ella y su familia.

*Este reportaje ha sido realizado en el marco del curso “Los DSDR en la Agenda” de Católicas por el Derecho a Decidir.

Foto de portada: Imagen conceptual-La Brava / IA

Infografías: Sara Vásquez