El lavado de autos, una actividad aparentemente inofensiva y rutinaria para muchos, se revela como una amenaza creciente para nuestros recursos hídricos y la calidad de vida en las ciudades. En la cuidad de Tarija, esta práctica excesiva y descontrolada también agota el suministro de agua potable destinado al consumo humano, afectando a comunidades enteras que enfrentan racionamientos y dependen de piletas públicas o camiones cisterna.

Edición 106. Lunes 9 de octubre de 2023

Lavar un auto para algunos es una práctica diaria, otros lo hacen día por medio y también hay quienes lo limpian solo los fines de semana. Esa tarea no parece representar un problema por separado, pero hacerla de manera colectiva y continua aporta a la contaminación de quebradas y ríos, como el Guadalquivir en Tarija. Al mismo tiempo, contribuye al desabastecimiento del suministro para el consumo humano, pues hay barrios que sufren un racionamiento de este líquido, otros reciben el servicio mediante piletas públicas y en camiones cisternas.

El agua que desechan los establecimientos de lavado de autos contiene jabón, detergentes, residuos de los gases de escape, gasolina, metales pesados del óxido y aceites de motor, entre otros contaminantes. En la ciudad de Tarija éstos fluyen a la red de alcantarillado y quebradas, pero en cualquiera de los casos desembocan en el río Guadalquivir, un afluente que en algunos puntos tiene la clasificación de tipo “C” y hasta “D”, por la contaminación que recibe de diferentes fuentes, una de ellas es la actividad industrial como las lavanderías de vehículos.

Pero no sólo es una cuestión de contaminación confirmada por entidades de medio ambiente, las lavanderías de autos gastan alrededor de 4 millones de litros de agua potable al mes, según datos entregados por la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado Tarija (COSAALT) para este reportaje. Y es que este recurso hídrico es tratado cuidadosamente para consumo humano y donde hubo inversión estatal para crear infraestructura y el suministro llegue a la población. Sin embargo, termina en actividades lucrativas para privados, como lavanderías de autos que, además, pagan una misma tarifa por metro cúbico de agua usada como cualquier otra familia que solo la usa con fines domésticos.

Evadir el control y la responsabilidad

Escapar del control también muestra ser una práctica en este sector. El registro de COSAALT muestra que 45 lavanderías operan bajo su autorización en la urbe, mientras que el Sistema de Información Hídrica de Tarija (SIHITA) revela que 52 establecimientos de este tipo tienen licencia de funcionamiento del Municipio de Cercado, lo que implica que siete están sin el control de esta autoridad del agua. Aunque también hay otras que no figuran en ninguna de estas entidades reguladoras.  

Una similar práctica parece estar del otro lado, pero desde el punto fiscalizador. Para Gustavo Carbajal, director de Ingresos del Municipio de Cercado, si el propietario de una lavandería cumple con los requisitos, entre ellos un certificado ambiental, y pagan el costo de la licencia de funcionamiento que varía entre 1.200 y 2.000 bolivianos anual dependiendo de la zona, como institución no pueden negarles la autorización. Ahora, si estos establecimientos usan agua potable o de un pozo, la responsabilidad de control recae en COSAALT. 

Desde la otra vereda, el gerente general de COSAALT Benito Castillo asegura que para habilitar el funcionamiento de una lavandería se aplica un protocolo estricto, del cual no dio detalles, pero puntualizó que éstas deben estar ubicadas en un lugar donde exista el agua suficiente para consumo humano, caso contrario no emiten autorización para este tipo de actividades.

Para sustentar el control y el cuidado que tienen sobre el recurso hídrico que administran, aseguró que son mínimas las lavanderías que usan agua potable, porque la mayoría tiene sistemas independientes por pozos. Sin embargo, documentos oficiales de su institución demuestran lo contrario; un 82% depende del suministro de la red y el resto de pozos.

Para Cristian Ventura, vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija, no es aceptable que el agua potable o pozos estén al servicio de actividades lucrativas de privados como el lavado de vehículos, tampoco para el riego de áreas verdes o lavado de parques, porque de 237 barrios de la ciudad, 100 no tienen acceso a la red domiciliaria y reciben el líquido elemento de manera precaria mediante camiones cisternas, politubos, piletas públicas o almacenamiento en tinacos y entre vecinos se ven obligados a aplicar un racionamiento.

La molestia de este dirigente tiene fundamentos, pues, las lavanderías de vehículos usan casi cuatro millones de litros de agua potable al mes, superior a lo que reciben 19 barrios o urbanizaciones que se proveen de este recurso hídrico mediante piletas públicas, según informes oficiales de la cooperativa analizados para este reportaje. Además, dentro de la categoría industrial, estos establecimientos son los que más agua potable gastan, más que las bodegas de vinos y singanis u otras actividades económicas.  

Este cálculo es solo de las que están registradas en COSAALT, sin contar las siete que no están supervisadas por esta entidad, pero sí identificadas por el SIHITA. Además de otras que no tienen ningún tipo de registro, como las que fueron denunciadas ante la oficina de Carvajal, quien en ocasiones atendió entre una y dos denuncias por semana en contra de establecimientos que operan de manera ilegal.

¿Un lucro con el agua?

El problema es claro, el recurso más utilizado en los establecimientos de lavado de vehículos es el agua potable, es decir, un recurso hídrico al que se le ha hecho un tratamiento cuidadoso y controlado para que sea apta para el consumo humano, para lo cual el Gobierno nacional, departamental y municipal invierten recursos económicos para captarla y llevarla a los domicilios, pero es utilizada para otro fin.

La diferencia entre una familia que consume agua potable bajo la categoría doméstica y el sector industrial al que pertenecen las lavanderías de autos, será el denominado cargo fijo; el primero pagará 8,79 bolivianos cada mes y el segundo 115,10. Sobre esa base se sumará el costo por cada metro cúbico de agua usada, pero para ambos es el mismo precio. Esto pone en ventaja a quienes ofrecen el servicio de lavado de vehículos, porque recibirán una retribución económica por usar el agua con fines de negocio.

En cambio, en Sucre, una ciudad con similar población a Tarija, los que se dedican a ese tipo de actividades económicas pagan un precio más elevado, tanto en la tarifa fija como por metro cúbico consumido.

En términos prácticos, en promedio cada lavandería de Tarija usa 106 metros cúbicos de agua al mes, por lo tanto, les corresponde pagar 2,93 bolivianos por cada metro cúbico. La revista de Ciencias de la Ingeniería publicada en junio del 2021 estima que por cada auto se gasta 80 litros (0,08 metros cúbicos), lo que implica que COSAALT no recibirá ni un boliviano por esa cantidad de agua usada, pero estos centros cobrarán a su cliente entre 30 y 50 bolivianos por un lavado completo, según tarifas cotizadas para este reportaje.   

De esta diferencia es consciente Benito Castillo, quien acepta que este tarifario puede ser injusto para los que están en la categoría domiciliaria, pero argumenta que los montos económicos a pagar por el usuario fueron definidos mediante estudios y así es sostenible la institución que dirige, además, está aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Al mismo tiempo, adelantó que la actualización del tarifario mantendrá esta misma línea de cobro.

Contaminación a la orden del día

La contaminación a causa de las lavanderías de vehículos no es un caso aislado, están en el orden del día. Boris Fernández, director de Medio Ambiente del Municipio de Cercado, conoce bien esta situación, su experiencia en el área le ha mostrado que los principales problemas son cuando dejan colmatar sus cámaras, sistema trampa de grasa y de filtración, eso ocasiona que el agua rebalse y se escurra por el desagüe pluvial, lo que va en contra de las normativas que regulan estas actividades.

Y es que de estos lugares el agua sale mezclada con residuos de los gases de escape, gasolina, metales pesados del óxido, aceites de motor, entre otros contaminantes. En lo que va de la gestión el Municipio no ha ejecutado clausuras, pero sí dejaron notificaciones para que corrijan las deficiencias que tienen, porque algunas, incluso arrojan directamente a las quebradas.

Un claro ejemplo del riesgo de contaminación se encuentra a simple vista en la avenida Integración, que colinda con el barrio Juan Pablo II, donde hay al menos cuatro lavanderías y el agua sale contaminada directamente para escurrirse por esa vía.

Según una auditoría ambiental de la Contraloría General del Estado (2015), como también el monitoreo de la Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo, las actividades industriales, en las que se encuentran las lavanderías de vehículos, son una de las principales aportantes de contaminantes al río Guadalquivir.

Al margen de este problema, la sequía es otro factor latente en el 85% de los municipios de Bolivia. Tarija, la ciudad que en teoría tenía agua garantizada para los próximos 50 años por haber invertido más de 230 millones de bolivianos mediante el proyecto Guadalquivir (entregado el 2021), en la actualidad tiene un déficit hídrico; necesita más de 600 litros por segundo, pero genera 550, según COSAALT. Eso ocasionó que barrios como el Constructor, Lourdes, Pedro Antonio Flores, Bolívar, Alto San Mateo, entre otros, inicialmente tengan racionamiento del suministro en horas de la noche. 

Escrito por: Daniel Rivera y Guadalupe Castillo / Acceso Investigativo.

Foto portada: Acceso Investigativo

*Este es el quinto de una serie de reportajes sobre la problemática del agua y es un trabajo colaborativo de la Red de Medios de Investigación, conformada por La Brava, Guardiana, La Nube y Acceso Investigativo