A 10 años de la vigencia de la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, las concejalas aún son hostigadas a dejar el cargo, así lo demuestran las estadísticas de la Acobol y del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Otro mecanismo para exigir la renuncia es el hecho que las concejalas estén embarazadas. Esta persistencia se da ante una ausencia de protección de instancias estatales.
Edición 57. Lunes 25 de abril de 2022.
Semanas después de asumir el cargo como vicepresidenta del Concejo Municipal de Ravelo (Potosí), la concejala Eulogia Gonzales, de 38 años, recibió las primeras presiones por parte de su suplente, quien le exige ocupar su cargo ni bien se cumplan los tres meses de gestión. El suplente la hostigó con visitas a su casa y oficina para exigirle el puesto. Entre los argumentos que este usó es que él había gastado dinero en la campaña electoral, y que ya era hora de que le entregue el cargo.
“Fueron dos veces que vino a mi casa; además, había llamado a mi marido para decirle que yo le ceda el cargo. Le ha reñido a mi hijo, de por qué no le llamaba. Mucho me ha exigido, por eso dejé (el puesto)”, relata la concejala.
A causa de las continuas presiones, el 28 de septiembre Gonzales firmó una licencia temporal de tres meses, aunque el suplente demandó más tiempo. “Le dije que en estos momentos no le podía dar (el cargo) porque hay una ley que habla de equidad de género (…). Él no entendía, y solo decía: ‘Tienes que dar todo’”.
Similar situación vivió la concejala María Ckuno, del Movimiento Al Socialismo (MAS), colega de Eulogia, cuando las hijas de su suplente le recriminaron. “Ella no sabe, no está haciendo nada; mi papá hará todo”, recuerda la concejala las palabras con las que la amedrentaron.
Al igual que a Eulogia y María, otras 49 mujeres sufrieron acoso y violencia política en estos 11 meses, después de ser posesionadas en el cargo el 3 de mayo de 2021, según advierte la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), institución que no cuenta con datos de la cifra de concejalas que firmaron licencias temporales o indefinidas. Las licencias son mecanismos para que la “gestión compartida” sea tramitada sin observaciones ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
El informe defensorial “Sin nosotras, no hay democracia”, en cumplimiento con la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, hace notar que cuatro municipios de los 91 analizados (Colomi, Tiraque, Sacaba, Vitichi) informaron que, si bien no se registraron renuncias “de ninguna naturaleza”, tuvieron licencias indefinidas por alternancia de concejos municipales.
Por otra parte, los municipios de Arani, Chimoré, Cliza, Shinahota, Sorochi, Sacaca y Colquechaca reportaron renuncias de hasta tres concejalas para dar paso a los suplentes bajo la figura de gestión compartida.
Ckuno y Gonzales no denunciaron que fueron objeto de acoso político, pero sí hicieron público el evento a finales del año pasado. Al respecto, en este caso, la falta de denuncias por acoso político se debe a que las dos concejalas desconocían la ruta de inicio de procesos legales para este.
Este poco conocimiento es usual en muchas de las concejalas, por lo que pocas presentan su denuncia. Dos de las pocas concejalas que denunciaron violencia política este año son de San Pedro de Curahuara, es el caso de la presidenta Lourdes Vásquez, quien demandó al actual alcalde, Roberto Aleluya, por acoso y violencia política. De acuerdo con su relato, la autoridad le trató de “sonsa”, “payasa” y le dijo que no merecía ocupar el cargo. Además, el Alcalde y las organizaciones sociales realizan encuentros para presionar a que levante la demanda en su contra.
Con base a las estadísticas de la Acobol, en Bolivia cada mes se registra un caso de acoso y violencia política contra mujeres concejalas desde la vigencia de la Ley 243, normativa que tiene como fin defender los derechos políticos de las autoridades mujeres electas.
Retención de salarios y atentado contra su economía
Otra forma de represalia contra las concejalas para que estas renuncien a su cargo es la retención de salarios, tal como aconteció con Juana Choque, exconcejala del municipio de Huarina. En febrero de 2018, Choque fue obligada a renunciar a su puesto para cumplir con un “acuerdo de gestión compartida”, figura que no se establece en las normas. Ella debía compartir su curul con su suplente a mitad de gestión de su mandato, pero este promovió la suspensión mediante una resolución del Concejo Municipal; además, Choque fue presionada por las autoridades originarias para que firmara su renuncia.
En cuatro años (2018-2021) 66 concejalas denunciaron retención injustificada de salarios y descuentos arbitrarios ante la Acobol. En el caso de 2018, solo se cuenta con los datos de las quejas que llegaron de siete municipios del departamento de La Paz: Sica Sica, Nazacara de Pacajes, Ichoca, Caquiaviri, Carabuco, Papel Pampa y Huarina.
()Para el jefe de la Unidad de Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, Nehemías Vidal, hay una “ausencia de protección” respeto a los casos de retención de salarios.
“El Ministerio de Trabajo nos lo dijo: ‘No puedo hacer nada, no soy competente (…). En el caso de la exconcejala de Huarina no tiene competencia el ministerio. Entonces ahí hay la ausencia de una instancia que proteja a las autoridades mujeres”, apunta Vidal.
Por su parte, el informe defensorial hace mención del proyecto de Ley 355/19 (de 28 de junio de 2019) de la Acobol, el que establece la necesidad de “poder contar con mecanismos legales que permitan ejercer y defender el derecho de percibir un salario digno, que se viene vulnerando en los casos de concejalas de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) (…)”.
En el caso de Choque, ella presentó un amparo constitucional por pago de sueldo, aguinaldo y aporte a la seguridad social devengados a largo plazo desde marzo de 2018 hasta abril de 2021. El juez dispuso, a través de la Resolución 216/2021, que el Gobierno Municipal de Huarina desembolse el dinero a favor de la exconcejala. Este fallo estuvo respaldado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0305/2018-S4, del 27 de junio de 2018, que determina la prohibición de retener salarios. Choque aún negocia algunos pagos todavía retenidos.
Organizaciones deciden sobre las concejalas
Las organizaciones políticas son las que deciden los cambios de las concejalas bajo acuerdos de “gestión compartida”, figura que no existe en la normativa vigente. Sin embargo, algunas fuerzas políticas, como el MAS-IPSP, aplican este acuerdo bajo la firma de actas y con un notario de Fe Pública: tres años para la titularidad y dos para la suplencia.
En el caso de la concejala María Ckuno, las intimidaciones para la licencia temporal llegaron también de su propia organización, ya que miembros de una subcentral y el presidente del MAS-IPSP de Ravelo la llevaron hasta el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Sucre para que desista de su cargo.
“Hemos ido a Sucre, ahí me han dicho que haga un acta y que la firme. No firmé, ni llevé mi carnet para esa acta”, recuerda Ckuno.
El presidente del Concejo Municipal de Ravelo, Alfredo Choque, acepta que sí existe una presión de las autoridades de las mismas organizaciones sociales. “Nos quieren imponer. Hace años nuestras organizaciones han trancado muchos procedimientos propios, hasta querían poner reglas. Seguramente, por temor a eso, los hermanos han dado paso a que los suplentes reemplacen tres meses con licencia temporal”.
Choque explica que en el acuerdo previo de “gestión compartida” tampoco está garantizada esta decisión tanto para hombres como mujeres.
“No puedo garantizar (los dos años que faltan para los titulares); en cualquier momento a nosotros más nos atacan las organizaciones sociales (…). Más bien, pedimos garantías para las autoridades electas porque después vienen las presiones”, apunta el presidente del Concejo.
Por su parte, la secretaria de Relaciones de la Organización de Mujeres Bartolina Sisa, del municipio de Ravelo, Maribel Mayan, explica que la gestión compartida en Ravelo no es frecuente cuando el titular es hombre.
El alcalde del municipio de Ravelo, Marcelino Flores, también del MAS, recuerda que durante el periodo 2015-2021 las y los concejales suplentes no lograron ocupar la titularidad de los dos años, lo que significa que no hubo gestión compartida.
El artículo 88 de la Constitución Política del Estado (CPE) dice: “El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez”.
Según el actual director de la Acobol, Erick Huayhua, cualquier convenio que exista entre titular y suplente denominada “media gestión” o “gestión compartida”, declarada ante notario de Fe Pública, no tiene ninguna vigencia. Al respecto, Huayhua resalta que la Constitución está por encima de cualquier documento, por lo tanto estos convenios son ilegales.
La exdirectora de Acobol Bernarda Sauré considera que el acoso y la violencia política ameritaran la destitución de militantes, o al menos una sanción por la ética de la organización política; sin embargo, Sauré resalta que los jefes del partido se “hacen a los sordos”.
“Solucionaríamos muchas cosas de raíz si los partidos comenzaran a sancionar a los acosadores políticos; seguro no tendríamos tanto acoso ni violencia”, dice Sauré.
¿Las concejalas no pueden embarazarse?
Ángela (nombre cambiado) quedó embarazada de su cuarta hija a un mes de ser posesionada como presidenta del Concejo de un municipio de Chuquisaca. Su condición de mujer gestante fue motivo para bajarle del cargo y ser objeto de discriminación de la gente de su propio partido.
“Primero, el alcalde me cuestionó: ‘¿Cómo va a aparecer embarazada? ¡No puede ser, no hay plata!’. Me sentí mal, sentí una discriminación. Mis colegas de la misma línea del MAS buscaron una excusa para ‘bajarme’ porque estaba embarazada”, recuerda Ángela.
Los comentarios del presidente del Concejo, que es de la línea del MAS, dijo: “(Por el embarazo de la concejala) no hay combustible; el Concejo nos bajó nuestros recursos por ese tema”.
A los siete meses de gestación, Ángela recién hizo su trámite de baja. La noticia del embarazo fue comentada en un evento en el que estaban representantes de las organizaciones provinciales y subcentrales. Uno de ellos, Hilarión Choque, dijo en presencia de ella: “Recomienden a sus concejalas, no hay plata. En lugar de dar el subsidio, se pueden hacer proyectos con ese dinero”.
En ese momento, la voz de la gente era que ella tenía todo el derecho de ser madre. “Puedo decidir cuándo tener a mi hijo o no tener, nadie puede cuestionarme”, dice Ángela.
La licencia de la maternidad establece 15 días antes y 45 después de que nazca el bebé, lo que hace un total de dos meses. Ángela se tomó solo un mes de licencia, ya que el tiempo que le corresponde por ley fue observado por sus colegas. Y solo recibió dos subsidios.
“Seguro hay más casos de concejalas titulares que son discriminadas por estar embarazadas”, dice Ángela. Ella es madre de cuatro hijas: dos están en la ciudad al cuidado de otros familiares, y las otras dos están bajo su cuidado, ya que ser autoridad demanda tiempo; además, ser parte de una organización exige estar presente en reuniones que duran hasta más de la medianoche.
Inacción del Estado
En todos los casos de acoso y violencia política, los mecanismos que mandan la normativa “no se aplican de manera ágil y oportuna” cuando instancias como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y los ministerios de Justicia y Gobierno están llamadas a realizar esta tarea, observa Vidal.
“El Ministerio Público tiene la obligación de demostrar que él (el agresor) es la persona que está acosando, que él está incumplido con la Ley 243. El Ministerio Público tiene ese rol, entonces, ¿quién estuviese fallando al momento? El Ministerio Público dirige la investigación como tal, dirige las pericias, presenta la imputación. por tanto, ahí hay una debilidad con respecto a la comprobación del hecho como tal, no de la víctima, porque la víctima no tiene que presentar, es solamente la denuncia y ya”, explica Vidal.
La mayoría de los casos se desestiman o no avanzan porque es un trámite legal que le causa a la víctima agotamiento físico y psicológico. “El punto más reiterativo de quejas de todas las concejalas es que todos estos casos duermen en el ministerio”, observa la vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, Rocío Mamani.
Similar caso registró la Defensoría del Pueblo con una concejala del departamento de La Paz. Al verificar las normativas “nos dimos cuenta de que no existe” una protección, explicita Nehemías Vidal. “Es un punto más, para que, si es mujer, es autoridad electa y está embarazada, es una condicionante más para que la puedan obligar, inclusive, a renunciar”, afirma el jefe de la Unidad de Género.
Una muestra clara es lo que le ocurrió a la entonces concejala de Ancoraimes (La Paz) Juana Quispe, a quien le evitaron ingresar a las sesiones del Concejo, la amenazaron, agredieron y finalmente fue asesinada. A 10 años de su muerte, este caso aún no tiene sentencia.
En la Cumbre Nacional Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, realizada el 30 de marzo de 2022, la preocupación de concejalas y asambleístas del país es que hay un desconocimiento de la Ley 243, que no existe una ruta crítica de denuncias, y que no se tiene un seguimiento a los casos de acoso y violencia política.
A la fecha, solo 57 municipios de los 91 analizados por el informe defensorial aprobaron su reglamento interno de sanciones contra el acoso y violencia política, con lo cual una autoridad mujer electa puede ser protegida después de una denuncia administrativa. Asimismo, solo 28 municipios adquirieron los equipos de videograbación de las sesiones para prevenir posibles casos de acoso y violencia, como establece la Ley 243, según dicho informe.
La retención de salarios como factor para presionar la renuncia de las concejalas y la vulneración a su derecho a la maternidad como excusa para pedir que dejen su cargo serán investigados por Defensoría del Pueblo, tras los resultados obtenidos del informe defensorial y de la reunión con concejalas en gestación. Desde la Acobol se anticipa que el próximo mes se tendrán más denuncias de acoso y violencia política, ya que las titulares cumplen un año de gestión, como es el caso Gonzales y Ckuno, quienes están a merced de las decisiones que tomen las organizaciones de su partido político.
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Fotografías y videos: Oscar Alfaro.
Infografías: Rocío Condori.
*Esta investigación fue realizada con el apoyo del fondo concursable de la Fundación para el Periodismos (FPP) en el marco del proyecto Vida Sin Violencia, un proyecto de la Cooperación Suiza en Bolivia en alianza con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), implementado por Solidar Suiza.
