Los huérfanos por feminicidio son las víctimas que el Estado revictimiza y abandona

Mariela Laura

Entre enero y octubre de 2022, 93 hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio se han registrado en Bolivia. De ellos, 90 son menores de edad. ¿Qué hace el Estado para preservar su salud mental, su futuro?  Nada, es la respuesta. 

Edición 73. Miércoles 23 de noviembre de 2022. 

Los gritos desesperados de su madre despertaron a Joel (nombre cambiado), de ocho años, de un sueño profundo en su vivienda en la ciudad de El Alto. Cuando terminó de abrir los ojos, su pequeño corazón se aceleró al ver que su papá Rubén Callata pateaba el cuerpo ensangrentado de Viviana M., su mamá, que estaba tumbada en el piso de la habitación. Con sus pequeñas manos intentó detener a su progenitor, pero el hombre lo empujó y siguió flagelando a la madre de sus hijos. La golpiza fue tan brutal, que la joven permaneció siete meses en estado vegetativo.

A su corta edad, Joel y su hermana de cinco años quedaron huérfanos, ya que la mamá no resistió la feroz golpiza. Ambos niños viven hoy bajo el manto de su abuela materna, María Quispe, de 59 años. No superan la ausencia repentina de su ser querido y todos los días se preguntan cuándo bajará del cielo para estar juntos de nuevo.

La abuela relata que hay días en que los pequeños lloran al recordar los episodios de violencia que vivió su madre de manera constante. Joel es quien más se culpa por no haber podido salvar a su mamá de los insultos y golpes que eran parte de la vida familiar. Hoy, el hombre que le arrebató la vida a Viviana guarda detención preventiva en el penal de San Pedro desde junio de 2021, acusado de tentativa de feminicidio, aunque, según la familia de la víctima, está buscando salir libre.

Los hijos de Viviana tienen miedo de que su papá logre la libertad y se los lleve, como ya amenazó en varias oportunidades, sobre todo durante las audiencias. Los niños sufren no sólo por esa incertidumbre, sino porque fue necesario que ellos declararan para llevar adelante la acusación contra su progenitor. Debieron contar cómo su mamá había sido víctima de flagelos durante varios años e, incluso, repitieron la última escena violenta que soportó la joven madre. Recordar esos episodios fue muy duro para los pequeños, comenta la abuela, quien sufrió mucho al escuchar el relato de sus nietos.

“Le había sabido patear a su gusto a mi hija, todo han hablado mis nietitos”, se entristece. El próximo 2 de diciembre se cumplirá un año de la muerte de Viviana y su familia denuncia que la justicia no quiere hacer valer el relato de los niños. Incluso, dicen, se perdieron varias pruebas contra el agresor y temen que el poder económico de la familia del presunto feminicida influya para que sea liberado y los fiscales e investigadores se parcialicen a su favor.

La madre de Viviana muestra la foto de su hija, el día de su boda. Foto: Mariela Laura.

Viviana llegó a describir en un cuaderno los episodios de violencia que vivió a lo largo de su relación con Rubén. El manuscrito fue entregado a su tía y se titula “Los maltratos de mi marido”. En él revela que después de seis meses de haberse “juntado” comenzaron las agresiones de su esposo.

En una parte de testimonio, Viviana cuenta que Rubén viajó a la Argentina y que, al poco tiempo, ella se enteró de que estaba embarazada por segunda vez: “…él me llamó, yo no podía ocultarle, le conté que estaba mal y se enojó parece, cuando le llamaba no me contestaba. Después de dos meses me contestó y me preguntó que para quién estoy embarazada”.

Rubén dejó, además, de enviar dinero, así que Viviana se vio obligada a vender refrescos en las calles para mantener a su hijo. 

Los relatos de la joven son así de dramáticos. Pese a su deseo de separarse para poner fin a las constantes agresiones, e incluso a haber pedido ayuda a familiares, no pudo librarse de Rubén, quien luego de las golpizas, que iban poniéndose cada vez más violentas, prometía que no la agrediría de nuevo.

Una tortura que se repite 

Las y los niños no cuentan con apoyo psicológico. Foto: Ilustrativa de Marina Shatskih.

Los hijos de Viviana cargan no sólo con la pérdida violenta de su madre, sino también con las consecuencias de un crimen que no se resuelve y sobre el que han debido hablar reiteradamente. El pesado aparato judicial y la falta de dinero para costear los trámites provocan un estado de incertidumbre. María, la abuela, cuenta que sus nietos se sienten solos y que hay días en los que están decaídos y se aíslan. En algunas oportunidades, el hijo mayor tuvo un comportamiento agresivo después de prestar su testimonio ante la Justicia.

Lo que más preocupa a la abuela es precisamente que sus nietos tengan que revivir el sufrimiento una y otra vez ante las autoridades que buscan recabar datos para la acusación formal contra Rubén. Teme, pero no puede hacer nada por evitarlo porque así lo exigen las instancias judiciales como parte de un proceso.

Esa práctica es de doble victimización o revictimización ejercida específicamente por funcionarios públicos o instituciones llamadas a defender y preservar los derechos de los más vulnerables, afirma la psicóloga forense y presidenta del Colegio de Psicólogos de La Paz, Verónica Alfaro. Ella sabe que el desconocimiento técnico de protocolos provoca esas vulneraciones.

Para niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio de la madre, no hay políticas de contención. En su mayoría acuden a las defensorías, donde son evaluados por un gabinete psicológico, para luego ser analizados por la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, cuyos peritos realizan una autopsia psicológica a través del Instituto de Investigaciones Forenses u otras instancias.

Alfaro explica que lo ideal es que se haga una sola entrevista, pero la falta de equipos en las defensorías, como la Cámara Gesell, hace que los menores comparezcan ante la Fiscalía. No pocas veces, en tal instancia no hay especialistas para el abordaje adecuado de la entrevista, y no faltan quienes se olvidan de recabar datos cruciales, lo que obliga a repetir las evaluaciones. Lo cierto es  que los huérfanos reviven la historia, con lo que se pone en riesgo su salud mental.

El Estado hace que las niñas y niños declaren más de una vez. Foto: Ilustrativa de ASphotofamily.

A veces, en una misma audiencia, el funcionario hace que el menor repita escenas porque no ha organizado bien la evaluación, dice Alfaro. O, hay funcionarios que por “quedar bien” con los fiscales inducen las respuestas de las víctimas, cuando lo ideal es que exista una narración libre y sin interferencias sobre lo que han atestiguado.

¿Qué ha hecho tu papá con esta arma?, ¿qué es lo que ha sucedido?, ¿qué has visto? Tales son algunas de las preguntas lacerantes en una entrevista. 

“No podemos inducir al niño con algo así: ‘¿Qué ha hecho tu papá con esta arma?’ Tenemos que esperar a que el niño (o niña) hable y haga una narración, libre y sin interferencias, de todo lo que le ha pasado, y escuchar sus emociones”, explica la psicóloga. A veces, “en la Fiscalía se le pregunta directamente: ‘¿Qué es lo que ha sucedido?’ o ‘¿qué has visto?’, cuando es importante entender qué perspectiva de visión tenía la víctima, porque a veces se ocultan debajo de la cama y no pueden ver (la escena del crimen)”. Que se insista en arrancar datos de esa forma es hiriente para una víctima, considera Alfaro.

La psicóloga dice que la mayoría de los huérfanos por feminicidios no son evaluados clínicamente, es decir, no reciben ayuda para recuperarse del trauma, lo que puede afectar su integridad emocional: provocarles depresión crónica y un sentimiento de culpabilidad.

“Romper el silencio para un niño es incómodo; es un hecho traumático porque tienen que revivir lo que han sufrido”. Es peor cuando ese silencio debe quebrarse una y otra vez. Suele ocurrir que primero cuentan lo ocurrido a la familia más allegada, después tienen que acudir a las instancias judiciales para ser entrevistados, lo que ya es una revictimización. Si llega a pasar que no se cumplieron los protocolos, sobre todo en la Cámara Gesell –cuando hay–, los menores tienen que volver a recordar todo en su testimonio previo a que se dicte sentencia en un juicio oral. «Esto es un flagelo para la salud mental de estos menores, porque ni siquiera se vela por salud clínica, su bienestar… ellos deben recibir terapias para que se recuperen de la situación que vivieron”, remarca la experta.

El estudio huérfanos y huérfanas por feminicidio en el departamento de Chuquisaca, realizado por el Centro Juana Azurduy con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, analiza las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes huérfanos por casos de feminicidio ocurridos entre 2013 y 2018. Lo que pone en evidencia es que los hijos e hijas de mujeres asesinadas son visibilizados por la Fiscalía en dos circunstancias: una, cuando presenciaron el asesinato, en cuyo caso pasan a ser testigos en el proceso de investigación; y dos, cuando empieza un proceso de guarda legal por parte de algún familiar. 

En tales casos, la Fiscalía debe solicitar que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervenga para realizar las evaluaciones psicosociales a través de un equipo interdisciplinario. Si se trata de testificar, la defensoría también es la encargada de realizar el acompañamiento psicológico antes, durante y después de hacerlo. 

Para evitar que los menores tengan que rendir su declaración en repetidas ocasiones, presentan su testimonio en la cámara Gesell, donde queda grabado. Para este proceso es fundamental el acompañamiento psicológico de la defensoría.

“No hay políticas”

“No existe ninguna política”, y por tanto procedimientos, para la identificación, asistencia, reparación y acompañamiento de los menores, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad total, dice la representante de la organización de víctimas de feminicidio en Bolivia, Michelle Shaw. Los familiares de la asesinada sufren también, porque deben deambular de un lugar a otro por la distancia entre las oficinas encargadas de la investigación, además de que no reciben información clara sobre las actuaciones investigativas y judiciales. 

El Gobierno municipal de La Paz estaba actuando para dar atención en las defensorías, pero “las filas son interminables, hay familias que no logran ser atendidas y existen algunos funcionarios poco empáticos con la situación de dolor que viven estos niños (y niñas)”.

Shaw lamenta que el proyecto de ley de “Medidas de asistencia estatal integral a hijas e hijos víctimas de feminicidio”, presentado en julio de 2019 por la Defensoría del Pueblo, todavía no haya merecido respuesta favorable de la Asamblea Legislativa. El sentido de esa propuesta es que los menores reciban la asistencia que les permita construir su vida a pesar del hecho traumático del asesinato de su madre.

Por ahora, lo cierto es que no existe un marco normativo específico para la atención de niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad. La investigación por feminicidio se centra exclusivamente en el agresor y no se hace un registro del número de hijos de la víctima mortal, por tanto, las necesidades de estos menores son relegadas e ignoradas, con lo que quedan en un alto grado de desprotección.

Estadísticas sobre este tipo de huérfanos en el país corresponden al Observatorio de la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, que monitorea los casos de feminicidio a través de medios de comunicación. Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 ya se reportan 94 huérfanos por feminicidio.

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Los asesinatos de mujeres, en lo que va de 2022, según la Fiscalía General, suman 77 reportados entre el 1 de enero y el 8 de noviembre. De ese número, 29 ocurrieron en La Paz, 18 en Santa Cruz, 10 en Cochabamba, 6 en Potosí, 6 en Tarija, 3 en Oruro, 3 en Beni y 2 en Chuquisaca; de Pando no registraron casos.

Una orfandad total

La madre muerta, el padre algunas veces encarcelado, otras veces desaparecido. Menores repentinamente solos y en la difícil situación de enfrentar el duelo: “No sólo es el feminicidio, sino que a partir de ese crimen, los niños se quedan en la indefensión total; muchas veces tienen que irse a vivir con los tíos o abuelos que pueden no estar en las condiciones emocionales ni económicas como para hacerse cargo”, describe la psicóloga Alfaro. A veces “son varios hermanitos y los separan; ¿qué se hace en estos casos?, ¿qué políticas tenemos? Lamentablemente no tenemos nada y estos niños crecen en desamparo”.

Y nadie está haciendo seguimiento ni previendo los impactos a corto, mediano y largo plazo. La psicóloga explica que es muy probable que estas “víctimas del feminicidio vayan presentando conductas que incluso requerirán ayuda psiquiátrica: mutismo, aislamiento y autolesiones. En algunos casos, como vivieron bajo episodios de violencia en sus hogares, podrían  mostrar comportamientos violentos, posible antesala de una conducta delictiva: mienten porque no tienen a quien recurrir, y son vulnerables al mundo de las drogas, el alcohol y hasta el robo». 

“No tengo mamá, no tengo papá. Estamos solos. Tú eres mi abuelita, no eres mi mamá?, y si mueres ¿qué vamos hacer?”, oye María de los pequeños hijos de Viviana, mientras los acaricia y les sonríe. 

Dejarlos solos es otra de las preocupaciones que no dejan dormir a la abuela. Teme que sean separados o que se los lleve el padre o la familia de éste, porque ella aún no tiene la custodia pese a que la tramita. Rubén se niega a ceder la tutela a favor de la abuela materna, aunque el artículo 36 de la Ley 348 establece que, en casos de feminicidio, los hijos e hijas deben ser puestos de manera inmediata bajo custodia de la familia ampliada materna. María no piensa rendirse y afirma que, pese a que se siente sola para sostenerse en su propósito, seguirá luchando por el bienestar de los niños.

*Fotografía de tapa e interiores: Marina Shatskih (Uso gratuito bajo la Licencia Unsplash).


*Este reportaje se realizó en el marco del Laboratorio de periodismo en profundidad con enfoque feminista, organizado por el Centro Cultural de España en La Paz y la revista La Brava.