La comunidad indígena de Asunción de Quiquibey, del departamento de Beni, busca incluso formas de cultivo que no requieran del chaqueo, práctica tradicional confundida y desvirtuada por los incendios que provoca el sector empresarial agropecuario. La sensación de abandono es tan densa como la humareda que llega hasta este territorio indígena de la Amazonía boliviana por efecto de los bosques que arden este 2024.
Edición 145. Martes, 22 octubre de 2024.
Todos los domingos, Hermindo Vies se levanta temprano y viaja por el río para vender lo que ha cosechado. Su travesía lo lleva desde su comunidad, Asunción de Quiquibey, en el departamento de Beni, hasta la ciudad de Rurrenabaque. Aunque conoce bien la ruta a lo largo de los ríos Quiquibey y Beni, en las últimas semanas una densa humareda ha dificultado su viaje. “Había una oscuridad de unos 100 metros, 200 metros, digamos”, cuenta Vies, lo que le hizo imposible navegar, como es su costumbre, a primera hora de la mañana.
Es octubre de 2024 y no hay incendios descontrolados cerca de Asunción de Quiquibey, una comunidad indígena mosetén situada en la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas —que al mismo tiempo territorio indígena y área protegida— y en la cuenca amazónica del noreste de Bolivia. Sin embargo, la zona lleva semanas cubierta de niebla tóxica, resultado de los incendios que aquejan a territorios amazónicos.
Teniendo en cuenta el fuego devastador de 2023, que asoló el TIOC donde se encuentra el pueblo, los comunarios están temerosos. “Cualquier rato se puede provocar un incendio”, dice Vies.
Los efectos del fuego en Asunción de Quiquibey a finales de octubre de 2023. Foto: Benjamin Swift.
Los incendios forestales en Bolivia comienzan en su mayoría cuando las quemas agropecuarias se descontrolan. Aunque pequeños incendios forestales estacionales en parte de los bosques secos chiquitanos pueden ocurrir naturalmente, los megaincendios se han hecho frecuentes en la última década, tiempo en el que la frontera agropecuaria en las tierras bajas se extiende con prácticas de tala y quema a gran escala.
Algunas comunidades indígenas se esfuerzan por modificar sus prácticas de cultivo para reducir el riesgo de incendios, pero el sector agropecuario hace poco por cambiar el procedimiento que, combinado con una sequía crónica, causa que los incendios socaven la resistencia de los bosques tropicales.
Incendios descontrolados en la Amazonía
En 2023 se produjeron incendios forestales históricos que arrasaron con un total de 6,4 millones de hectáreas durante todo el año, con megaincendios entre septiembre y noviembre, según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. No obstante, los informes sobre la superficie quemada varían debido a la falta de estadísticas oficiales coherentes y actualizadas. Lo que es evidente es que las comunidades afectadas trataban de recuperarse de la devastación cuando nuevos incendios se desataron este año, como podría pasar en 2025 en vista de que las políticas gubernamentales hacen poco para disuadir a los terratenientes de las quemas ilegales y para reducir las legales.
“Es evidente que este año hemos superado claramente la dimensión del problema del año pasado”, afirma Juan Pablo Chumacero Ruiz, director ejecutivo de la Fundación TIERRA, ONG centrada en el desarrollo rural sostenible. Según un reporte de la institución, se quemaron más de 10 millones de hectáreas hasta el 30 de septiembre en Santa Cruz. “Cada año nos vemos superados en esa capacidad para enfrentar el incendio”, añade Chumacero Ruiz.
A pequeña escala, el chaqueo, una práctica indígena tradicional, consiste en prender fuego a fin de despejar la tierra para el cultivo, es rotativo y puede ser saludable para los bosques. Sin embargo, a menudo no se diferencia entre las prácticas de la industria agropecuaria de tala y quema (que también se suele llamar chaqueo) en bosques sanos para extender los cultivos.
Los megaincendios en Bolivia y Sudamérica son en gran medida un fenómeno reciente, según Guillermo Villalobos, politólogo independiente e investigador socioambiental. En el caso de Bolivia, la mayoría de los incendios incontrolados de 2024 se ha producido en los bosques secos chiquitanos del departamento de Santa Cruz, región que concentra al sector agroindustrial y ganadero, y donde la sequía prolongada, la deforestación y el clima estacional hacen que los bosques sean vulnerables a las quemas.
El año pasado, como vino sucediendo antes, los incendios se extendieron sin control por varias regiones, incluyendo selva húmeda y seca, y por primera vez llegaron al TIOC del que es parte Asunción de Quiquibey.
La lucha para reconstruir
“Nunca se ha creído que iba a pasar esto”, dice Alejandro Caimani Josesito, corregidor de Asunción de Quiquibey, sobre los incendios del año pasado: “Nunca habíamos visto fuego y sequía” como acaba de pasar.
En una región que no estaba preparada para los incendios forestales, las consecuencias fueron devastadoras. Los miembros de la comunidad lucharon contra el fuego entre septiembre y noviembre; pero, sin equipamiento suficiente ni apoyo gubernamental de ningún nivel, no pudieron evitar que las llamas destruyeran sus sembradíos de cacao, papaya y plátano que les sirven para el autosustento y para vender en la cercana Rurrenabaque.
“Daba pena”, recuerda Caimani Josesito. Era “como para llorar al entrar al bosque y ver a los animales ahí, tirados, pudriéndose después de la quema”.
Una vez extinguidos los incendios a mediados de noviembre, las poblaciones de gusanos, saltamontes y polillas se dispararon debido a la alteración ecológica. “Los saltamontes vienen a atacar la hoja”, explica Vies; “todo se lo comen y ya no produce… se mueren ahí las plantas”.
La pérdida de cacao, el principal cultivo comercial de la comunidad, fue el golpe más duro. “Yo bien contenta pensaba que iba a sacar harto [cacao] ese año”, cuenta la comunaria Deysi Josesito Chinare. “Me iba a dar para mis hijos, para que estudien, para comprarles útiles”, pero como casi todas las cosechas de cacao fueron destruidas, “nos quedamos paraditos, sin nada”.
Los comunarios pudieron plantar otros cultivos de crecimiento rápido, pero el cacao requiere cuatro años para madurar. Fue así que “hemos tenido que comenzar de cero”.
Según miembros de la comunidad y funcionarios de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), la respuesta del gobierno a los incendios de 2023 en Asunción de Quiquibey y poblaciones circundantes fue insuficiente. Magaly Tipuni, presidenta del Consejo Regional Tsimané Mosetenes-Pilón Lajas (CRTM-Pilón Lajas), afirma que el único apoyo que las 23 comunidades de la TIOC recibieron del gobierno nacional fueron unos 20 plantines de cítricos. Algunas obtuvieron recursos para reforestación de sus municipios, pero el apoyo para la recuperación fue mínimo y desigual, dice.
La débil respuesta de los gobiernos nacional, regional y local ante los incendios forestales se explica para muchos por los tratos clientelares con la agroindustria en el departamento de Santa Cruz. Villalobos añade que, en el contexto del declive de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia y la correspondiente crisis del dólar, “estamos hablando de un gobierno con grandes deficiencias en su poder de gestión de la crisis”.
Aprender de los incendios
Aunque en septiembre el gobierno declaró emergencia nacional y, después, catástrofe nacional, abriendo vías para recibir ayuda internacional, las acciones estatales no alcanzan para prevenir los incendios. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) emitió una resolución que prohíbe quemas en el departamento del Beni, con restricciones similares a las de otros departamentos.
Debido a que el TIOC CRTM-Pilón Lajas se encuentra en dos departamentos y cuatro municipios, cada uno con sus propias normas de quema, los funcionarios decidieron aplicar las normas vigentes para el municipio de Rurrenabaque, las que prohíben la quema entre el 1 de agosto y el 31 de octubre. Según esa norma, los residentes del TIOC no pueden chaquear sin la supervisión de su corregidor.
Algunos miembros de la comunidad están aprensivos ante tal resolución, pues si bien algunas poblaciones vecinas han logrado cultivar caña de azúcar sin quemar, los mejores meses para sembrar son agosto y septiembre, además de que la práctica de no quemar no es tan eficaz para todos los cultivos. En todo caso y pese al miedo de un incendio descontrolado, la restricción de las quemas “nos perjudica como comunarios”, afirma Vies.
La prohibición temporal no se tomó a la ligera, sostiene Magaly Tipuni: “Ancestralmente hemos vivido haciendo chaco con quema; pero en este tiempo en que todo está cambiando, hay que buscar otros métodos”.
Los miembros de la comunidad de Asunción de Quiquibey y de otras del TIOC han participado en la primera de las dos fases de un curso de lucha contra incendios forestales, pero carecen del equipo adecuado para combatirlos. Los funcionarios de la TIOC y la CPILAP están buscando donaciones de ONG internacionales, aunque aún no han recibido una respuesta.
¿Qué desata el infierno?
Según la dirigenta Tipuni, la mayoría de los incendios que se descontrolaron el año pasado no fueron provocados por el chaqueo practicado por los pueblos indígenas, sino por las quemas a gran escala de los ganaderos y de la azucarera estatal de la zona. “Nos han metido fuego”, denuncia, y “se ha distorsionado la información donde han dicho que son los indígenas que han metido fuego, pero no es así”.
Aunque hay muchos factores que influyen en los incendios que acaban por propagarse, el principal responsable es “el sector empresarial o medianos poseedores de la tierra”, explica Villalobos. “Incendios que se dan en tierras comunales o indígenas” son responsables “en menor medida”. Según datos de 2023 de la ABT y un informe de 2019 de la Fundación TIERRA, el 55% de los desmontes autorizados fueron realizados por empresas y medianos propietarios.
A pesar del papel desproporcionado que desempeña la gran industria agropecuaria en la deforestación y los incendios forestales, muchos grupos alineados con aquella culpan por la tragedia a las prácticas de chaqueo utilizadas por indígenas, campesinos e interculturales.
“No somos grandes productores, no somos personas que hacemos grandes chacos”, responde Tipuni. Además, “todo el cambio climático que se está dando, lastimosamente somos nosotros los que llegamos a pagar”.
Las explotaciones agrícolas industriales suelen estar dirigidas por personas que no viven en la zona y que no dependen de cultivos que tardan meses o años en madurar, explica Daniela Vidal, socióloga e investigadora de la Fundación Solón. Por ello, tienen pocos incentivos para minimizar las quemas cuando limpian la tierra para pastos o cultivos.
Los productores agroindustriales suelen incorporar al costo de su negocio las posibles multas por quemas ilegales (hasta 15 bolivianos por hectárea quemada ilegalmente en la mayoría de las zonas forestales), y a menudo gozan de impunidad. El lobby ganadero boliviano consiguió recientemente influir en los resultados de un proceso de investigación que pudo llevar a revertir tierras y sancionar a los dueños de propiedades responsables por incendios del año pasado.
La cercana planta estatal de producción de azúcar y la Federación de Ganaderos de Beni son señalados por miembros de la comunidad como responsables directos e indirectos de los incendios incontrolados de 2023. Los respectivos representantes de esas entidades no respondieron a las repetidas peticiones de entrevista formuladas para este trabajo periodístico. Y tampoco lo hizo la ABT.
Entre tanto, en comunidades como Asunción de Quiquibey, “se piensa que va a haber más fuerte sequía este año”, comenta Vies. “Ayuda no hay, nunca vino”, concluye.
Foto de tapa: Benjamin Swift.
*Este artículo fue publicado en inglés por Mongabay y fue actualizado en la versión en castellano por La Brava. Stasiek Czaplicki contribuyó a la revisión de algunos elementos factuales y Andrés Frías Canedo aportó apoyo editorial.
