El ayllu Acre Antequera de Oruro está herido por la contaminación minera. Los ríos se secaron, la tierra perdió su fertilidad y la vida silvestre está en retirada. Las mujeres encabezan la resistencia, pese a que sufren intimidación y violencia cuando intentan proteger sus tierras.
Edición 134. Lunes 29 de julio de 2024.
«En qué momento me metí en esto», dice Mary Luz Ventura mientras avanzamos por los áridos caminos que conectan la provincia Poopó con su comunidad: Totoral Chico, en Oruro. A sus 31 años, Mary Luz es una figura delgada y menuda, con el cabello corto y un sombrero pequeño sobre la cabeza. Lleva zapatillas rosadas, un contraste con el paisaje áspero y polvoriento que rodea su comunidad.
«Lo que más me mueve en esta lucha es garantizar que no hagan daño a nuestra tierra. Aquí envejeceré, aquí viviré y aquí veré todo. Ellos (las empresas mineras) se irán, pero nos dejarán todo este desecho. Esa es mi mayor motivación para buscar la justicia que tanto quiero», explica Mary Luz, quien nació y vivió desde siempre en Totoral Chico.
En las alturas del altiplano boliviano, el paisaje del Ayllu Acre Antequera evoca las distopías futuristas, pero aquí la desolación es real. La mina Bolívar -operada por la sociedad minera Illapa, que es parte del grupo Sinchi Wayra S.A. de la Santacruz Silver Mining- marcó este territorio con un uso insostenible de recursos hídricos y la contaminación minera. Las fuentes de agua se secaron, la tierra perdió su fertilidad y la vida silvestre está en retirada. Para los habitantes del ayllu, principalmente quechuas de la Nación Soras, la supervivencia de su modo de vida tradicional está en peligro por el peso del extractivismo.
El ayllu Acre Antequera, compuesto por ocho comunidades (Chapana, Antequera, Charcajara, Queaqueani Grande, Queaqueani Chico, Huacuyo, Totoral Grande y Totoral Chico), se encuentra en la tercera sección de la provincia Poopó del departamento de Oruro, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Este rincón del altiplano boliviano, rico en minerales codiciados, trajo consigo pobreza y abandono mientras las ganancias se desvanecen hacia empresas transnacionales y cooperativas mineras.
En la provincia Poopó, el Cañadón Antequera cuenta una historia de siglos de extracción mineral. Desde la época colonial, la región fue un epicentro de extracción de zinc, estaño y plata. Hoy, empresas como la canadiense Santacruz Silver Mining, bajo el nombre de Sociedad Minera Bolívar Illapa, coexisten con la minería sindicalizada de pueblos históricos como Totoral y Avicaya.
El legado de la minería en Antequera se manifiesta no solo en su economía, sino también en un entorno saturado de metales pesados como hierro, plomo y arsénico, documentado en estudios desde hace décadas, incluido el impactante Proyecto Piloto Oruro de los años 90.
Las y los habitantes de Totoral Chico y otras comunidades no solo enfrentan la contaminación ambiental, sino también la intimidación y la violencia cuando intentan proteger sus tierras. En abril pasado de este año, los sindicatos mineros bloquearon una inspección ambiental crucial, lanzando una advertencia clara contra cualquier esfuerzo por controlar sus prácticas.
La resistencia local se intensificó con denuncias de incursiones ilegales por parte de empresas mineras en tierras agrícolas y de pastoreo. María Luz Ventura y otras mujeres de la comunidad lideran la protesta, enfrentando agresiones físicas y verbales mientras exigen justicia y el cese de la minería ilegal en su territorio.
Las autoridades locales y nacionales mostraron pasividad ante las denuncias. La AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) y la Secretaría de Minas fueron acusadas de encubrimiento y falta de acción. En tanto, las mujeres de Totoral Chico llevaron su voz a la Plaza Murillo en la ciudad de La Paz, denunciando la falta de respuesta y la complicidad estatal.
La AJAM y la intimidación de las cooperativas mineras
En los áridos paisajes de Totoral, la jornada de Mary Luz Ventura comienza con un encuentro familiar que pronto se transforma en un viaje lleno de tensiones. Acompañada por su hermana Rosario y su hermano Brian Pedro, secretario general de la comunidad Totoral Chico, se adentran por un camino polvoriento y frío hacia el cañadón Antequera. Este trayecto revela no solo la belleza agreste del lugar, sino también las complejidades de la convivencia entre la minería y la vida comunitaria.
A mitad del camino, un vehículo de la AJAM aparece, llevando a bordo a cuatro funcionarios públicos. Brian, conocedor de los recovecos de la zona, solicita a los funcionarios acompañarlos en su inspección para verificar la legalidad de las actividades mineras, particularmente las de la empresa Illapa. Sin embargo, los funcionarios se niegan a dar explicaciones y parten hacia el cañadón Antequera con mutismo, asegurando que entregarán un informe sobre la inspección ocular.
Mary Luz, mientras tanto, no oculta su escepticismo ante las acciones de la empresa minera. «Siempre es lo mismo», lamenta, señalando que la empresa Illapa y sus subcontratadas tienen la costumbre de ocultar sus equipos y desmentir acusaciones de minería ilegal junto a los trabajadores mineros que también viven en Totoral Chico.
El camino hacia el cañadón también revela otra faceta del conflicto: las esposas de los trabajadores mineros, sentadas en pequeñas montañas a lo largo de la ruta, vigilan y graban con celular a Mary Luz y su familia.
«Ellos siempre han trabajado dentro de las minas, no tenemos problemas con eso», explica Rosario Ventura, refiriéndose a los cooperativistas. «Pero ahora están invadiendo nuestras tierras de pastoreo común. Están amenazando a nuestros animales y quieren usar estos territorios para dejar sus maquinarias», añade con preocupación, reflejando el conflicto de intereses que agita a su comunidad.
En este escenario de contrastes, los padres de Mary Luz guían su ganado de ovejas por los pastos secos conocidos como totorales, unas 25 ovejas. La presión palpable se intensifica cuando, desde las montañas, donde vigilan las esposas de los cooperativistas, una de ellas dice: «Si Avicaya ha sido reconocida como un distrito minero, es gracias a las contribuciones de ‘esa gente’ que ahora podemos disfrutar de servicios de los cuales nuestra familia se beneficia».
«Yo nací aquí en Totoral Chico, pero veo una grave vulneración de derechos. Me duele, realmente me duele. ¿Por qué nos permiten esto? Están cercando el pasto, impidiendo que nuestros animales accedan», expresa Rosario, hermana de Mary Luz.
Según Rosario, el conflicto explotó el 20 de mayo de este año, cuando individuos desconocidos llegaron a la propiedad de su familia. «Vinieron y retiraron el ganado de mi papá”, continua.
La situación se agrava por las duras condiciones del altiplano, donde el pasto es esencial para la subsistencia de los animales. «Vivimos en el altiplano, donde el pasto es escaso. Ellos no dejan que nuestros animales coman. No entiendo qué quieren realmente, y me duele mucho porque algunos de ellos eran compañeros de escuela», lamenta Rosario.
El maltrato hacia sus padres, ambos con discapacidades físicas, es otro punto en su denuncia. «Esto debe ser conocido a nivel mundial, porque estos derechos vulnerables no pueden ser ignorados. Nos están grabando todo el tiempo, difamándonos. No podemos vivir así, ¿qué vamos a hacer? Todos los días piden que saquemos a nuestros animales. ¿Qué culpa tienen ellos?», cuestiona Rosario.
250 ataques registrados a defensores ambientales en Bolivia
El último reporte solicitado por La Brava al Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) revela un alarmante incremento en los ataques a defensores ambientales en el país. Desde 2015 hasta mayo de 2024, se registraron 250 incidentes que incluyen amenazas, ataques físicos, detenciones arbitrarias y procesos judiciales injustos contra quienes defienden los derechos humanos, territorios y el medio ambiente.
Los datos reflejan una preocupante tendencia de violencia y represión ejercida por diversos actores, incluyendo los sistemas estatales y empresas mineras.
El informe «Defensoras: Experiencias de defensoras ambientales y del territorio en Bolivia en contextos de resistencia al extractivismo (2015-2022)», elaborado por el CEDIB, presenta un análisis profundo y conmovedor de las experiencias y desafíos enfrentados por las defensoras. Un 45% de los perpetradores de los ataques contra los y las defensoras actúa desde la estructura del poder del Estado, mientras que un 29% son personas, grupos y organizaciones civiles motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas.
Agua y territorio en lucha contra el extractivismo
«Como mujer es muy difícil trabajar en los territorios contaminados por el extractivismo y la minería», cuenta Margarita Aquino. Defensora ambiental y originaria de la comunidad de Yuracarí de la provincia Poopó, en el departamento de Oruro.
Ella vivió en carne propia los efectos devastadores de la contaminación minera. Desde el año 2013, Margarita y otras mujeres líderes de las comunidades afectadas tejen redes de solidaridad y resistencia. «Nos hemos organizado porque nos une la desgracia de tener nuestras tierras contaminadas. Hemos tejido redes con diferentes comunidades para que ellas también hagan resistencia al extractivismo», explica.
La situación en su comunidad se tornó insostenible, obligándola a abandonar su hogar. «Yo soy de la comunidad de Yuracarí. He salido porque ya no hay vida en mi territorio, todo está contaminado, no hay agua», dice.
Margarita se inició en la defensa del medio ambiente en 2004, cuando una fábrica en su comunidad causaba graves problemas de salud. «La salud de la comunidad estaba deteriorada y muchos murieron de cáncer de garganta. Nos dimos cuenta de que la fábrica nos estaba haciendo daño con azufre», recuerda. Fue entonces cuando se involucró en la lucha ambiental, siendo invitada al Foro Boliviano del Medio Ambiente y posteriormente capacitada como defensora de la Madre Tierra.
Hoy en día, Margarita es coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), una organización que creció exponencialmente desde su creación. «Hemos empezado con tres comunidades y ahora somos más de doce, tejiendo redes con diferentes comunidades de cuatro departamentos», dice con orgullo.
El objetivo de RENAMAT es visibilizar la violencia medioambiental contra las mujeres indígenas y capacitar a más defensoras para que protejan sus derechos y territorios.
Ser una defensora del territorio no es tarea fácil. Margarita cuenta que enfrentan riesgos tanto en el ámbito público como privado. «Desde la casa, nos critican por ser defensoras. Nos estigmatizan y señalan de cualquier cosa, nos persiguen», afirma.
La mina Bolívar y su legado de contaminación
La minería transformó tierras fértiles en desiertos. «Tenemos un paisaje desierto, seco. Ya no hay para alimentar a nuestros ganados ni para sembrar. La tierra está contaminada. La minería llena todo de polvo. No puedes vivir en tu casa como antes, cuando podías levantarte y ver una mañana soleada. Ahora te despiertas con el ruido de las volquetas y las maquinarias, la explosión de dinamitas, todos los días, a todas horas», lamenta Claribel Ventura, otra de las mujeres que viven en Totoral Chico.
Las operaciones mineras, dice, no solo afectan el medio ambiente, sino también la salud y la tranquilidad de los habitantes. «Queremos que cesen las operaciones de las empresas La Salvadora y Meraki. No hemos podido dialogar porque siempre hay amedrentamiento. Queremos que cese la minería aquí en nuestra comunidad», añade Ventura.
Según el “Anuario Estadístico 2023”, elaborado por el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, en la gestión 2023, los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro representaron el 84,1% del valor de producción de minerales a nivel nacional, pese a una disminución en el volumen y precio de sus principales minerales. Potosí, con el 38,7% del valor total, se destacó como el principal productor de minerales complejos y estaño, cobre y wólfram. La Paz, con el 37,9%, fue el segundo productor, principalmente por su producción de oro (85%). Oruro, con el 7,5%, se ubicó cuarto, principalmente por la explotación de estaño.
Además, las cooperativas mineras fueron las principales productoras de minerales, con el 58% del valor de producción, incrementando especialmente la producción de oro en los últimos años. El sector privado alcanzó el 36% del valor de producción total, destacándose en la producción de minerales complejos. La minería estatal representó el 6% del valor de producción.
El ayllu Antequera fue testigo del impacto devastador de la actividad minera en sus comunidades. Según el Colectivo Casa, la Mina Bolívar, operada bajo un acuerdo de riesgo compartido entre la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la empresa Sinchi Wayra S.A. de la Santacruz Silver Mining, comenzó a explotar concentrados de plomo, zinc y plata en1997. Con una capacidad de producción de 2000 toneladas diarias y una planta concentradora que trata alrededor de 330,000 toneladas anuales, el proyecto generó una inversión de 15.7 millones de dólares.
Desde aproximadamente 2003, la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación histórica de suelos y aguas superficiales comenzaron a mostrar sus efectos devastadores en Antequera. Las comunidades, dedicadas principalmente a la agricultura y la ganadería de subsistencia, vieron disminuir drásticamente el volumen de sus fuentes de agua, vitales para su supervivencia.
El conflicto se hizo público el 13 de septiembre de 2006, cuando Juan Bautista Ramos Fernández, secretario de organización de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO), denunció la disminución de aguas superficiales y subterráneas, así como la contaminación de tierras ancestrales. Esta denuncia fue respaldada por la Subcentral Acre Antequera y las ocho comunidades que la integran.
El 26 y 27 de septiembre de 2006, se realizó una inspección ambiental de las operaciones de la Empresa Minera Sinchi Wayra en los proyectos Bolívar y Poopó, dirigida por la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) y con la participación de técnicos de la Dirección Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente (DDRNMA) del Departamento de Oruro. Las conclusiones de las inspecciones afirmaron la necesidad de un plan de relacionamiento comunitario, la recuperación de aguas, estudios hidrológicos y un monitoreo ambiental continuo con participación comunitaria. Sin embargo, las respuestas de la empresa fueron lentas y, a menudo, insuficientes, provocando una serie de movilizaciones y protestas por parte de las comunidades afectadas.
La constante y progresiva desaparición de fuentes de agua obligó a muchas familias a migrar hacia las ciudades, dejando sus tierras de cultivo y su ganado.
En enero de 2009, las comunidades presentaron formalmente observaciones a los descargos de la empresa, denunciando la alteración de documentos y solicitando acciones legales. La entonces Prefectura emitió una resolución para iniciar un proceso contra Sinchi Wayra por infracciones ambientales y la alteración de información. La Brava solicitó a esta contraparte a esta empresa pero la minera no respondió hasta el cierre de esta edición.
La lucha de Mary Luz Ventura
El Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 y en vigor desde abril de 2021, es esencial para la protección de los defensores ambientales en Bolivia y América Latina. Bolivia ratificó el acuerdo mediante la Ley 1182 el 3 de junio de 2019, marcando un avance significativo en la defensa de los derechos humanos y ambientales en la región.
Sin embargo, la efectividad del Acuerdo de Escazú en Bolivia depende de la voluntad política y la implementación adecuada de sus disposiciones.
«Nos han golpeado, nos han sacado como ratas», agrega Mary Luz. La Defensoría del Pueblo, aunque informada, no logró intervenir eficazmente para proteger a la comunidad. Las incursiones se han repetido, como la del 20 de mayo, intensificando el miedo y la impotencia de los habitantes locales frente a la minería ilegal.
«Ya no producimos como antes», lamenta Mary Luz. La contaminación afectó gravemente la agricultura y la ganadería, los principales medios de subsistencia de la comunidad. La falta de agua potable, desviada hacia las operaciones mineras, es otro problema.
«Estamos atravesando una situación muy lamentable, porque desde el 5 de abril de este año hasta hoy estamos sufriendo mucho. Se están vulnerando nuestros derechos, tanto de las personas mayores», lamenta Ventura.
La llegada de la empresa minera Meraki fue un punto de inflexión en la relación entre la minería y la comunidad. «No teníamos ningún problema cuando estaba la empresa La Salvadora, porque trabajaban en el interior de la mina. Sin embargo, Meraki empezó a trabajar en la superficie, destrozando áreas de pastoreo que siempre se habían mantenido», explica Ventura.
Las consecuencias ambientales son evidentes. «Desde mis abuelos, hemos visto los pasivos ambientales que dejan las empresas mineras sin encapsular. El viento contamina el aire, y los cuerpos de agua también están afectados. La empresa Meraki, al igual que otras antes, deja sus desechos sin tratar», denuncia Brian Pedro Ventura, secretario general de la comunidad Totoral Chico.
La comunidad intenta resistir y defender su territorio legalmente. «El 5 de abril y el 20 de mayo fuimos agredidos y avasallados a pesar de tener nuestros papeles en regla, con derechos reales y consolidación legal. Las autoridades no hacen caso, y seguimos siendo reprimidos», afirma el dirigente con visible frustración.
Las demandas de la comunidad son claras: quieren que cese la actividad extractivista en la superficie y que las empresas mineras cumplan con las normativas ambientales. «Siempre nos hemos trazado el objetivo de parar de una buena vez el extractivismo minero. Queremos que la empresa Meraki y otras ilegales dejen de operar. No tienen proyectos de mitigación ambiental y solo dejan desechos», insiste.
Los riesgos para la salud
La minería en la Cuenca del Poopó, en el departamento de Oruro, Bolivia, llevó a una alarmante contaminación con metales pesados en el suelo, el aire y, especialmente, en el agua. Esto causa graves problemas de salud debido a la acumulación de metales tóxicos como cadmio, plomo, mercurio y arsénico en sus cuerpos, producto del consumo de agua contaminada y alimentos. La situación se agrava por la carencia de centros de salud adecuados.
Un informe de Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) y un estudio del Laboratorio de Hidroquímica del Instituto de Investigaciones Químicas de La Paz revelan que una alta proporción de hogares en las subcuencas Poopó y Pazña-Antequera aún depende de pozos poco profundos para su suministro de agua, agravando la exposición a estos contaminantes. Las investigaciones médicas demostraron que niños, niñas y mujeres presentan daños neurotóxicos y genotóxicos significativos debido a la exposición crónica a estos metales, con consecuencias que incluyen problemas de desarrollo cognitivo, enfermedades cardiovasculares y cáncer.
El estudio «Daño genotóxico por contaminación minera en Oruro» determinó la distribución y diseminación del arsénico y el cadmio. Los ríos del norte y noreste, que pasan por los ingenios mineros, descargan aguas con residuos mineros en los lagos Poopó y Uru Uru, presentando concentraciones considerables de metales pesados: 0,6 mg/l de cadmio, 0,27 mg/l de plomo y 2,07 mg/l de arsénico.
El estudio, realizado sobre una muestra de mujeres y niños de Oruro, verificó daño genotóxico en el 35,2% de las madres y el 37,9% de los niños, encontrando una asociación lineal significativa entre el daño genotóxico en madres e hijos.
Violencia y hostigamiento sistemáticos
La compañía minera Sinchi Wayra, adquirida en 2022 por la canadiense Santacruz Silvermist, fue acusada de sistemáticamente cerrar minas comunitarias y reprimir a los comunarios que intentan reabrirlas ya en el año 2017. Este conflicto alcanzó un punto crítico cuando la empresa selló la entrada de una mina comunitaria y detuvo a Hernán Roque, líder de la comunidad Totoral Chico.
La abogada Beatriz Bautista, defensora de los comunarios afectados, explicó que la comunidad fue objeto de múltiples agresiones. «El 5 de abril, la empresa Meraki, contratada por La Salvadora Sociedad Colectiva, agredió a un grupo de mujeres y hombres que realizaban una vigilia pacífica. Este es uno de los pocos lugares sanos que quedan para el pastoreo de sus animales, ya que todo el sector está contaminado», relató Bautista.
Las denuncias presentadas ante instancias ministeriales y la Defensoría del Pueblo son ignoradas, dejando a la comunidad en un estado de indefensión, recalca la jurista.
El 3 de abril, una comisión del Ministerio de Minería intentó ingresar al sector del cañadón Antequera para inspeccionar la situación minera, pero los sindicatos mineros, que incluyen al sindicato Totoral y Avicaya, bloquearon su paso.
La violencia escaló el 5 de abril, cuando las mujeres de la comunidad, después de ser atacadas nuevamente, huyeron a la ciudad de Oruro para presentar denuncias. La abogada Bautista detalla la situación: «Las mujeres han vuelto a su comunidad porque los mineros estaban intentando ingresar a lugares de pastoreo. El 15 de abril, intentaron avasallar nuevamente y las mujeres fueron agredidas».
El panorama se vuelve aún más sombrío con la ausencia de agua potable, que obliga a la comunidad a sacrificar o vender sus animales. «He visto cómo es convivir al lado de un dique de colas con barriles llenos de arsénico. Es grave», expresa Bautista.
La vida en Totoral Chico ha cambiado drásticamente. «Antes nos dedicábamos a la siembra y al pastoreo, pero la contaminación y la sequía nos han obligado a recurrir a la minería», explica Zoraida Ventura, ex secretaria general y defensora de la comunidad Totoral Chico, ubicada en el Ayllu Antequera. Ventura ha sido testigo de cómo se manejan las situaciones, muchas veces bajo la sombra de la corrupción y la intimidación. «Nos han golpeado y hemos perdido nuestra forma de vida», lamenta.
A pesar de las adversidades, Zoraida Ventura sigue luchando por los derechos de su comunidad. Su petición es clara: «No debe haber minería en nuestra comunidad, queremos que se respeten nuestros títulos de propiedad». Ventura y otros defensores exigen justicia y la implementación de mecanismos que detengan la explotación de sus tierras.
Bertha Ayala: La voz del Ayllu Acre Antequera
Bertha Ayala, defensora de su territorio y autoridad del Consejo de Justicia del ayllu, lucha día tras día contra las amenazas que se ciernen sobre su pueblo y su entorno. A sus 55 años, Bertha es un pilar de resistencia y esperanza para su comunidad, enfrentando agresiones, y difamaciones. Esta situación la llevó a migrar a la ciudad de Oruro.
Bertha Ayala no es una defensora novata. Su vida fue una continua batalla por los derechos de su pueblo. «Durante años he estado luchando por defender nuestros derechos, pero lamentablemente las autoridades hacen caso omiso. Las secretarías de Medio Ambiente y de Minas de la Gobernación de Oruro son las que han respondido, pero no se pronuncian adecuadamente», cuenta con frustración en su voz.
La llegada de las empresas mineras marcó un punto de inflexión para la comunidad de Totoral Chico, donde Bertha nació y creció. «Antes de que llegara la empresa, había agua y terrenos cultivables. Teníamos parcelas pequeñas y también había ganado, como ovejas y llamas. Pero ahora, todos tienen que vender sus animales porque no hay agua. (…) Nos estamos quedando sin territorio y el cambio climático también nos afecta», relata con tristeza.
Ser mujer y defensora en una comunidad indígena presenta desafíos únicos y desgarradores. «La familia también sufre, hay conflictos entre parientes que te dicen que no te metas. Somos perseguidos con procesos penales y difamaciones. Como mujer, es más difícil. La difamación pública es lo que más indigna, y ser perseguida por defender nuestros derechos es indignante», confiesa Bertha.
La lucha de Bertha y su comunidad es un reflejo de la resistencia indígena frente al extractivismo y la falta de justicia. Sus demandas son claras: «Lo único que pedimos es que las autoridades cumplan las normas ambientales y la Constitución. Los pueblos indígenas tenemos derecho a ser partícipes de los recursos no renovables, como dice el artículo 403 de la Constitución, pero el Estado no respeta esto».
Bertha aboga por un equilibrio que permita a su comunidad vivir dignamente en su territorio. «No queremos nuevas empresas mineras, ya hemos aguantado demasiado. Queremos que los sindicatos que no cumplen las normativas ambientales y la ley minera, se retiren del lugar. Están haciendo desaparecer a las comunidades y explotando nuestros recursos sin cumplir con la comunidad ni el medio ambiente», declara Bertha.
Mientras avanzamos, el paisaje árido marcado por la minería contrasta con la determinación de Mary Luz Ventura, su familia y su comunidad. «Me daba miedo que nos ataquen y no nos dejen pasar», reflexiona ella. Dejamos atrás Totoral Chico, testigo silencioso de su resistencia y esperanza.
