Los registros de 2023-2025 muestran que Caranavi, Llallagua y Challapata tienen pocos casos de ILE pese a registrar embarazos en adolescentes, principalmente, en menores de 14 años, un grupo en el que la violencia sexual es un factor especialmente relevante. Aunque la normativa boliviana contempla la violencia sexual y el riesgo para la salud o la vida entre las causales para acceder a una ILE, las cifras muestran una brecha entre los embarazos registrados y las interrupciones realizadas. Esta diferencia plantea una pregunta central: ¿qué ocurre entre la detección de un embarazo y el acceso efectivo a una ILE en el área rural?

Edición 178 / Lunes, 17 de agosto de 2026

Alicia quedó embarazada a los 14 años y a sus 15 llegó al Hospital de Challapata, Oruro, con un dolor de estómago. En el consultorio, el personal descubrió que estaba embarazada y que se encontraba a pocos días de dar a luz, por lo que convocó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). Tras hablar con Alicia, la Defensoría descubrió que el hombre que la había embarazado tenía más de 25 años y se encontraba fuera del país. Por ello, inició una denuncia por estupro agravado.

Alicia (nombre convencional) vive en una comunidad de Challapata, alejada del centro poblado. De acuerdo con información del hospital del municipio, la adolescente no hizo controles de salud, por lo que el embarazo no fue detectado oportunamente ni activada una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pese a que se trataba de un caso de estupro, una de las causales que permite acceder a este procedimiento.  Ahora es madre de una bebé de pocos meses.

El caso de Alicia no es aislado. A más de 650 kilómetros de Challapata, en Caranavi, puerta de la Amazonía paceña, el hospital del municipio recibió a una adolescente con un embarazo de más de 22 semanas, producto de violencia sexual que no había sido denunciada. Al tratarse de un establecimiento de segundo nivel, el caso fue derivado a La Paz para que se procediera con una ILE en condiciones adecuadas a la complejidad del caso.

La ausencia de una denuncia o detección oportuna hizo que tanto Alicia como la adolescente de Caranavi llegaran tarde al sistema de protección y salud, lo que dificultó una atención integral y oportuna. Pero ésta no es la única brecha para explicar el porqué persisten los embarazos en niñas y adolescentes y  por qué no todas acceden a una ILE amparadas en cualquiera de las tres causales establecidas por la normativa.

La reportería realizada por La Brava en tres municipios rurales identificó otros obstáculos: el desconocimiento sobre qué es una ILE y cómo acceder a ella; la falta de protocolos y criterios compartidos entre instituciones para abordar la causal salud; una confusión en el abordaje de un embarazo mayor a 22 semanas, y capacidades institucionales y condiciones de atención que aún son desiguales. 

Embarazos adolescentes que persisten

Caranavi, en La Paz; Challapata, en Oruro, y Llallagua en Potosí, registraron en 2023 a 2025 los menores números de ILE en adolescentes, principalmente, en menores de 14 años, respecto de lo ocurrido en el país, pese a que en esos municipios también hubo embarazos en niñas y adolescentes. Sin embargo, sí concentran procedimientos que no existen en municipios de su entorno cercano.

Entre 2023 y 2025, en Challapata se registraron cinco embarazos en menores de hasta 14 años, según datos del hospital local, y cero casos de ILE. En Caranavi hubo 16 embarazos y seis ILE, y de 12 embarazos en Llallagua, uno accedió al ILE, todo según datos del Sistema Único de Información en Salud (SUIS). Los registros también muestran 71 partos en Caranavi, 15 en Llallagua y 12 en Challapata entre 2024 y 2026. Son periodos distintos, por lo que no necesariamente corresponden a los mismos casos.

En el país, indica el SUIS, sólo en 2025 se registraron 13 embarazos en niñas menores de 10 años y 1.318 en adolescentes y niñas de 10 a 14 años.

Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la violencia y la coerción sexual tienen un peso particular en los embarazos de menores de 14 años, entre otros factores.

“Ahí está el tema de violencia, porque hay una alta incidencia de violencia sexual en menores de 15 años. Menores de 15 que están embarazadas o que han sido víctimas de violencia sexual, ya sea por estupro, incesto o por violación”, explica a La Brava Gustavo Tapia, analista de Programa en Calidad de Atención y Servicios del UNFPA Bolivia.

Tapia considera preocupante ese tipo de embarazos, que “no debieran existir” por el alto riesgo que implican, y enfatiza en que la disminución es más lenta que la registrada entre adolescentes de 15 a 19 años.

Y si una parte de esos embarazos está vinculada a la violencia sexual, es de alto riesgo para las víctimas y la legislación boliviana contempla causales para acceder a una ILE, ¿por qué las interrupciones son tan escasas?

Para entender la brecha, La Brava revisó los casos de Challapata, Llallagua y Caranavi, tres municipios que funcionan como referencia para poblaciones de su entorno y donde el acceso a la ILE enfrenta distintas barreras.

El coordinador de Políticas de Ipas Bolivia, Martín Vidaurre, destaca que, aunque la Sentencia Constitucional (SCP) 206/2014 permitió avances en el acceso a la ILE, las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual todavía enfrentan dificultades para acceder al procedimiento, situación que se agudiza en las áreas rurales.

La denuncia llega tarde o no llega

Tan sólo en el primer semestre de 2026, en Llallagua se registraron 16 embarazos en niñas de entre 14 y 16 años, por estupro 10 de ellos, es decir relaciones sexuales con hombres mayores de edad. El delito se denunció tras confirmarse el embarazo.

Las adolescentes acudieron a un centro de salud por algún malestar y, tras recibir atención médica, se confirmó su estado de gestación, explica a La Brava el responsable del área de psicología de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Denilson Soria. 

La demora o ausencia de denuncias dificulta que niñas y adolescentes en esos municipios accedan oportunamente a los sistemas de protección y justicia ante embarazos producto de violencia sexual, estupro o incesto. 

En Caranavi, la falta de denuncia y el silencio en torno al embarazo son una traba en comunidades y colonias alejadas y despersas. Adela Limachi, responsable municipal de Salud de la Alcaldía, explica que el embarazo adolescente continúa rodeado de silencio. “No quieren avisar. La niña es escondida”, dice la encargada de 23 centros de salud y del Hospital Municipal de Caranavi.

También persisten los acuerdos familiares que impiden que los casos de violación y, principalmente, de estupro agravado sean denunciados, explica Jeanneth Choque, directora de Género Generacional y Justicia del municipio. Algunas denuncias aparecen sólo cuando el hombre que embarazó a la adolescente “se niega a pagar la asistencia familiar”.

El director provincial de la FELCV, suboficial 1ro. Richard Huchari, afirma que “muchas personas no tienen conocimiento y ven (la violencia sexual)  como común o normal. Es así que no denuncian y muchas veces quedan en un acuerdo”.

Otro de los factores de la falta de denuncia son las distancias geográficas. La FELCV de Caranavi recibe casos de comunidades y municipios que no cuentan con oficinas propias, por lo que algunas familias deben viajar para denunciar. 

La consecuencia es un subregistro que las propias instituciones reconocen, pero cuya magnitud no pueden dimensionar con precisión. En las primeras semanas de julio, la FELCV registró tres denuncias de violencia sexual contra adolescentes de 14 y 15 años.

La demora también se refleja en el acceso a la ILE. El director del hospital de Caranavi, Henry Mamani, informa que muchas de las interrupciones de los últimos años se hicieron con más de 12 semanas de gestación. “Cuanto mayor es el tiempo de embarazo es más el tiempo de sangrado, de complicaciones hemorrágicas, etcétera”, afirma a La Brava.

ILE por causal de salud

La mayoría de las ILE en los tres municipios, y en general en Bolivia, se realizan por la causal de violencia sexual. Pocas se practican por riesgo para la vida o la salud de la mujer o adolescente. 

En Llallagua se registraron tres interrupciones bajo la causal salud, de las seis realizadas en 2026. “Pese a que asistían a sus controles, se dio el ‘fracaso’ por una misma razón: el líquido amniótico salió de la placenta, con riesgo de que el bebé muera dentro; para evitar esta situación se decidió practicar la ILE”, detalla Soria.

Las causales de riesgo para la vida o la salud plantean un desafío distinto. A diferencia de la violencia sexual, cuya denuncia puede activar una ruta específica de atención, determinar cuándo un embarazo representa un riesgo para la salud requiere una valoración médica. Y esa valoración no necesariamente debe partir de una emergencia. La normativa contempla la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando se evidencia que su continuación es un riesgo para la salud de la mujer.

El informe defensorial Situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres, publicado en 2021, muestra que hay problemas de conocimiento para atender la causal de salud. El 32 % de los prestadores encuestados no conocía correctamente los requisitos para realizar una ILE cuando existe peligro para la salud de la madre o malformaciones congénitas letales. Además, en 25 de 44 establecimientos evaluados, el personal desconocía estos requisitos.

Esto adquiere especial relevancia cuando se trata de niñas y adolescentes, puesto que la OMS considera que el embarazo entre los 15 y 19 años implica un mayor riesgo obstétrico que en mujeres adultas, el que se cuadriplica en menores de 14 años.

Pero hay más factores que considerar, los que se ignoran, según los especialistas consultados, porque la salud todavía no se comprende de manera integral. El director del hospital de Caranavi plantea, por ejemplo, hacer seguimiento de la mortalidad materna en adolescentes no sólo durante el embarazo y el parto, sino también en el periodo posterior.

Para Gustavo Tapia, de Unfpa Bolivia, la mortalidad materna continúa siendo un problema grave, aunque Bolivia no cuente con información suficientemente actualizada para dimensionarlo. Según el Estudio Nacional de Mortalidad Materna de 2016, elaborado con datos de 2011, las adolescentes representaban alrededor del 14 % de las muertes maternas.

En los últimos tres años, los registros de los tres municipios muestran también que varias menores de 15 años requirieron una cesárea: 13 en Caranavi, tres en Challapata y tres en Llallagua. Ese dato da cuenta de la necesidad de conocer con mayor precisión cómo transcurren esos embarazos y cuáles son sus resultados obstétricos.

Pero la causal salud no es únicamente física. La normativa nacional contempla la salud mental y, bajo el enfoque de salud integral de la OMS, la dimensión social. Esto significa que la evaluación no debería centrarse en si existe una enfermedad o una complicación física, sino también en cómo la continuidad del embarazo puede afectar el bienestar integral de la mujer o adolescente.

“¿Qué es lo primero que le va a dar a una niña de 13 años cuando se entera de que está embarazada? Su salud mental seguramente será afectadísima, pero además: ¿En qué condiciones vive? ¿Dónde vive? ¿Tiene los recursos para mantener otra vida? ¿Desea mantener y seguir adelante con ese embarazo? ¿En qué términos, en qué condiciones va a criar?”, plantea Andrea Terceros, especialista en derechos sexuales con enfoque feminista.

El marco técnico de la ILE establece que puede existir una causal de salud mental incluso si la mujer no tiene una enfermedad previa, sino que hay indicios para prever que la continuación del embarazo afectará dicha salud.

Para Tapia, la falta de criterios compartidos puede dificultar la aplicación de esta causal. Plantea protocolos sectoriales construidos mediante un diálogo “interinstitucional, multidisciplinario y multinivel” y su difusión entre quienes intervienen en la atención. “Para cada caso tiene que haber un abordaje interinstitucional. No podemos decir que es algo sólo del personal de salud”, recomienda Tapia. 

La barrera de las 22 semanas

Después de la capital, Oruro, Challapata es el segundo municipio con mayor número de ILE en adolescentes, en los últimos tres años, según datos del SUIS. Sin embargo, no registra ningún caso en menores de 15 años y sólo uno entre 15 y 19. Una de las limitaciones está relacionada con la interpretación de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 sobre la edad gestacional. Por ejemplo, se negó una ILE a una adolescente cuyo embarazo era producto de una violación porque había superado las 22 semanas de gestación.

“El Ministerio Público sí ha tenido hechos en los que se ha practicado y también se ha rechazado este tipo de procedimientos (…) La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido de que la ILE se puede realizar hasta las 22 semanas de gestación. Eso significa que una vez sobrepasadas, ya corre peligro la vida de la víctima si se realiza la ILE”, dice el fiscal de materia de Challapata, Miguel Ángel Ventura.

El informe defensorial afirma que ni la SCP 206/2014 ni el Procedimiento Técnico aprobado mediante la Resolución Ministerial 027/2015 establecen una edad gestacional máxima para acceder a una ILE por violencia sexual. Y, sin embargo, documenta cuatro casos en los que establecimientos de salud la negaron. 

La referencia de las 22 semanas aparece en el procedimiento a partir de una definición de aborto de la OMS. La Defensoría advierte que esa referencia ha generado una “errónea interpretación”.

En Llallagua, una funcionaria de la DNA cree que después de las 22 semanas una ILE podría constituir infanticidio y atribuye ese límite al Código Penal.

“No es sólo por el riesgo de vida, sino que en el Código Penal está establecido como infanticidio si se hace más adelante”, dice, y la carga procesal alcanzaría a quien autorizó la ILE, sea la Defensoría o la Fiscalía, y a la institución de salud, explica la funcionaria a La Brava.

El informe defensorial no dice que la interrupción del embarazo después de las 22 semanas constituya infanticidio, pero al analizar el Código Penal, que establece la figura del aborto impune, observa una tensión entre las normas que protegen al no nacido y aquellas que protegen los derechos de las mujeres. Hay, resalta, una controversia no resuelta sobre la edad gestacional para acceder a una ILE por violencia sexual y plantea que el Legislativo establezca una regulación específica sobre este aspecto.

Terceros explica que las recomendaciones de la OMS diferencian los procedimientos y métodos según la edad gestacional. Dice que cuando un establecimiento “no cuenta con la capacidad resolutiva necesaria para atender un embarazo avanzado, lo que corresponde es derivar a la paciente a un hospital con mayor capacidad”.

Eso ocurrió en Caranavi, según informó la trabajadora social Celia Mayta; el hospital de segundo nivel derivó a una adolescente con más de 22 semanas de gestación a un establecimiento de tercer nivel en La Paz. 

Una cadena de desinformación

Doce años después de la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014, el acceso a la ILE todavía tropieza con una brecha básica, principalmente en áreas rurales: quienes deben garantizarla no siempre conocen las reglas y quienes podrían solicitarla desconocen que tienen ese derecho.

Los especialistas consultados consideran que uno de los principales problemas sigue siendo el desconocimiento entre el personal de salud. La normativa establece las causales y el procedimiento para acceder a una ILE, pero todavía hay prestadores que exigen requisitos que no corresponden, como autorizaciones judiciales o juntas médicas.

Martín Vidaurre, de Ipas Bolivia, añade que ese desconocimiento se refleja cuando se exige a la adolescente que solicita una ILE estar acompañad o contar con autorización, pese a que la normativa reconoce su autonomía progresiva.

La falta de información alcanza a la población en general. Desde la sentencia, no desarrollaron campañas sostenidas para explicar qué es una ILE, cuándo puede solicitarse y cómo acceder a ella.

“Nunca hemos visto una sola campaña o medida comunicacional para informar a la población en general de la existencia (…) de la interrupción legal del embarazo bajo las causales establecidas y cómo se aplican estas causales”, cuestiona Terceros.

En Llallagua, la Defensoría del Pueblo realiza capacitaciones sobre la sentencia en algunos establecimientos de salud, aunque su alcance todavía es limitado. A esto se suma que en algunas comunidades las familias, por ejemplo de las colonias de Caranavi, cuestionan o restringen las actividades de educación sexual dirigidas a niñas y adolescentes.

Terceros explica que la decisión de acceder a una ILE corresponde a la persona embarazada, pero que una niña o adolescente difícilmente puede ejercer plenamente esa decisión si antes no ha recibido herramientas para reconocer una situación de violencia, conocer sus derechos o identificar las opciones que tiene frente a un embarazo.

“¿Cómo puedes hacer que esa persona tome una decisión con base en información, en evidencia, libre de estigma y de morales de cualquier índole, religiosas, etcétera?”, pregunta.

La falta de información es, pues, evidente mientras el aborto inseguro sigue siendo un problema de salud pública. Según el Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2011, el aborto era la tercera causa de muerte materna en Bolivia.

El primer nivel, el eslabón que falta

En los tres municipios, las ILE se realizaron en establecimientos de segundo nivel, no así, de manera temprana, en los centros de salud seguramente más próximos a las personas que requirieron el procedimiento.

En Caranavi, por ejemplo, el hospital de segundo nivel recibe pacientes de distintos municipios del norte de La Paz porque es el único establecimiento de la zona con servicios de especialidad, entre ellos ginecología y obstetricia. Según el personal médico entrevistado, varias de las ILE atendidas allí corresponden a adolescentes que llegaron de otros municipios.

Las autoridades hospitalarias de los tres municipios aseguran que cuentan con personal capacitado, insumos y profesionales que no han declarado objeción de conciencia. Las barreras antes presentes, sostienen, han sido superadas.

En Caranavi, los establecimientos de primer nivel realizan trabajo comunitario y visitas a las comunidades, pero todavía no han incorporado de manera efectiva la atención de embarazos adolescentes e ILE. Adela Limachi, responsable municipal de Salud, explica que “en los últimos dos años ha habido orientación en los primeros niveles para atender y no dejar que lleguen al hospital con el embarazo ya avanzado, pero todavía no hemos implementado algo así”. 

Lo evidente es que en los centros de primer nivel, más cercanos a las comunidades, todavía existen limitaciones de personal capacitado, de insumos y capacidad resolutiva. Por esto, explica Limachi, la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, no forma parte de la cartera de servicios de los establecimientos de primer nivel de Caranavi, a diferencia de Llallagua. En adolescentes víctimas de violencia sexual, este método prevendría un embarazo si se administrara oportunamente.

Para Andrea Terceros, esta dependencia del segundo nivel evidencia una dificultad de la red del sistema público del país: todos los casos registrados en 2025 fueron atendidos en hospitales pese a que, según los procedimientos, algunas ILE pueden realizarse en el primer nivel con medicamentos.

Y, aunque los hospitales de referencia tienen mejores condiciones para las ILE, el acceso sigue dependiendo de que una mujer o adolescente pueda llegar hasta ellos. En municipios con población dispersa y comunidades dispersas, la distancia puede convertirse en un gran obstáculo.

Los casos de Challapata, Llallagua y Caranavi muestran que el bajo número de ILE no significa que no hubiera adolescentes embarazadas que hubiesen podido ejercer su derecho de acceder al procedimiento. Lo evidente es que, entre un embarazo y la posibilidad de una interrupción legal, hay todavía una ruta marcada por silencios, desconocimiento, demoras, falta de capacidad y distintas interpretaciones de la norma.

Ilustración de portada: Merlina Anunnaki.

Reportería complementaria: Nancy Calani.

Infografías: Karem Mendoza.

Edición: Mabel Franco.

*Este reportaje se hizo en el marco del Fondo de Investigación Periodística 2026, organizado por Católicas por el Derecho a Decidir.