La zona de protección estricta de uno de los sitios más biodiversos del planeta es vulnerada por la minería del oro con la venia gubernamental. El Sernap modificó en 2014 el plan de manejo y como consecuencia, al menos 11 mineras operan en el corazón del parque nacional. La mayor parte actúa sin control, abre caminos y levanta trancas –La Brava detectó nueve– que impiden incluso el acceso de los guardaparques. Aunque el Sernap inició procesos administrativos, no tomó medidas enérgicas, como sanciones o confiscación de maquinaria. Es más, pese a que el Tribunal Agroambiental emitió un fallo de inmovilización del área minera, éste se cumplió parcialmente un mes después de la emisión. La maquinaria continúa ingresando al parque.

Edición 93. Lunes 10 de julio de 2023.

Desde el pasaje Limón, un camino abierto irregularmente por los mineros en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Madidi, se observa a lo lejos y por encima del río Tuichi el trabajo de la cooperativa minera 3 de Mayo. Debido a la distancia y la densidad del bosque seco, a simple vista se distingue sólo esa operación que en busca de oro ya deforestó el lecho del afluente con maquinaria pesada. Sin embargo, con el sobrevuelo de un dron, La Brava vio otras actividades auríferas. Entre ellas, una que se halla exactamente al frente y hacia el noroeste, es decir en la categoría de parque nacional, con una notoria brecha caminera.

Llegar hasta donde se explota oro en el Madidi, en el sector del municipio de Apolo, es prácticamente imposible. Las trancas que pusieron los mineros y su susceptibilidad ante extraños lo impiden. En esta ocasión tuvimos suerte para llegar cerca de la ruta que va a la comunidad de Azariamas, ya que la tranca de la entrada al pasaje Limón estaba abierta y no había nadie, pero no siempre es así. 

Los guardaparques cuentan que debido a ese estricto control, ni las autoridades pueden vigilar libremente muchas de las actividades en el parque nacional y por eso no saben muy bien lo que ocurre en el núcleo.

El espacio de protección estricta de una de las zonas más biodiversas del mundo comprende —según el plan de manejo del PN-ANMI 2006— aquellas “áreas en excelente estado de conservación, libres de intervención humana significativa y de organismos introducidos”. Además, “estas zonas requieren de protección absoluta y las actividades permitidas son restringidas y selectivas”.

El área intangible alberga a la mayoría de las 1.560 especies de animales, 24 de ellas endémicas, según el Programa Paisaje Madidi. Por su riqueza en fauna y flora, el Madidi es una de las «áreas clave de biodiversidad» o sitio del Patrimonio Mundial declarado por la Unesco.

La actividad minera que se vio desde el dron está precisamente en la otrora zona virgen y no es la única. En esta área sensible, La Brava identificó 11 operaciones mineras de las 32 señaladas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), las que no deberían ser permitidas de ninguna manera si no fuese porque en 2014 el Gobierno boliviano, encabezado por el entonces presidente Evo Morales, modificó el plan de manejo del PN-ANMI 2006. 

A partir de 2020 comenzaron a verse las consecuencias de esa modificación y del trabajo minero: remoción de tierras con maquinaria pesada, árboles deforestados, caminos abiertos, sedimentos removidos y echados a los ríos Tuichi, Mojos, Motosolo y Amantala. Así lo revela, por ejemplo, un video de hace dos años en Santa Clara, donde la cooperativa Dos Amigos no dio tregua a la naturaleza.

Cambios en el plan de manejo y la presión minera

Cada 10 años se debe actualizar el plan de manejo, ciertamente, pero la modificación de 2014 fue cuestionada por diversos sectores porque los cambios que hizo el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) tuvieron la presión de mineros que querían entrar al Parque Madidi o que habían iniciado el trámite para obtener la licencia. El justificativo de la transformación fue que en la zona vivían comunidades humanas.

En el plan de manejo de 2006 ya se habían aprobado actividades extractivas debido a la presencia de comunidades quechuas que vivían allí antes de que el Madidi fuese declarado área protegida y dependían de tales actividades para su subsistencia.

El resultado del cambio de 2014 es que el área intangible (pintada en rojo en la infografía) fue fragmentada y muchas partes se transformaron en zonas de aprovechamiento de recursos naturales o de uso intensivo extractivo (pintadas en verde). Además, se innovó con zonas de amortiguación en torno del núcleo. 

Esa fragmentación permitió, por ejemplo, que el sector explorado por la empresa china Comabol se convirtiera en área de aprovechamiento de recursos naturales, con lo que se legalizó su accionar.

“La zonificación ha sido manejada a gusto y medida de los mineros», dice Marcos Uzquiano, quien fue director interino del parque (2015-2019) y es actual jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni. «Las concesiones mineras (solicitadas) estaban en el Parque Nacional y área de manejo integrado. Han hecho poner (aprobar) esas concesiones”, afirma.

Nuevas áreas mineras en la zona de preservación estricta

Aquel 2014 también se promulgó la Ley de Minería y Metalurgia 535, que en su artículo 220 habilita la posibilidad de explotar en áreas protegidas. Ambos instrumentos legales —explica el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini— despertaron un masivo interés de empresas y cooperativas para explotar oro e ingresar al Madidi.

En las cuadrículas mineras de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Cedib identificó que entre 2014 y 2022 aumentó no sólo la cantidad de solicitudes y trámites para acceder a contratos mineros, sino también las actividades ilegales que buscan ser normalizadas con la venia del Estado. 

A pesar de que las solicitudes y trámites no son una autorización para operar, muchas cooperativas proceden aún sin respuesta y como si ya tuvieran “licencia para todo”, según la senadora de oposición Cecilia Requena.

En las nuevas áreas mineras disponibles se contempla incluso la zona Colorado, que colinda con el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en Perú, y que es área de protección estricta. Lo mismo sucede con el Quendeque, que se encuentra en el lado A del Madidi, del municipio de Apolo.

Según un reportaje del medio digital La Nube publicado en 2021, hasta ese año había 6.023 cuadrículas mineras equivalentes a 150.575 hectáreas, es decir el 8% de todo el Madidi. Para Campanini es muy probable que ese número se haya incrementado.

El abogado ambiental y patrocinante de las acciones legales de defensa del Madidi Rodrigo Herrera señala a la AJAM como responsable de que eso ocurra, pues es el ente que habilita áreas mineras en parques y ríos.

Herrera dice que se debe apuntar a la AJAM «en términos estrictamente legales, pues está haciendo una irregular omisión de la observancia de la norma ambiental». Está «maliciosamente generando expectativas en los cooperativistas, les da el contrato minero sabiendo que la Constitución Política del Estado prohíbe que se explote en ríos”.

Ahora los mineros están a la espera de una nueva rezonificación —prevista para 2024— con el fin de que las comunidades tengan la posibilidad de intervenir en más espacios de la zona intangible. El pedido no es sólo de los cooperativistas de la zona, sino de las federaciones mineras que quieren operar en el área protegida.

“Supuestamente se tiene que hacer una nueva zonificación que involucre a los compañeros del lugar y también a los cooperativistas del sector. Este año culminaría ese convenio para luego ver si realmente se puede hacer actividad minera o definitivamente no”, dice el vicepresidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda.

Según el dirigente, los afiliados manifestaron que al ser área estricta no les dejan hacer ninguna actividad, como “agricultura, ganadería y turismo, entonces, ¿de qué vamos a vivir?”. Y pronto justifica que la minería es su única oportunidad para sobrevivir.

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Las trancas de un ‘superestado’

Una cadena impide el paso en la entrada al cantón de Santa Cruz de Valle Ameno, la puerta oficial al área protegida del Madidi. Los guardias de turno, comunarios del lugar, nos dan la venia para ingresar. Al poco rato, dejan pasar a una camioneta que carga combustible. Este punto se encuentra a pasos del único campamento activo del Sernap, dentro del área protegida del lado B (el segundo está en el poblado y el tercero, en la frontera con Perú, que fue deshabilitado por ser zona roja a causa del narcotráfico). 

Santa Cruz del Valle Ameno es una pequeña comunidad donde se impone el verde, pero en el patio de las viviendas, e incluso en la calle, hay cisternas o camiones con bidones de gasolina o diésel. Los guardaparques Leonardo y Benito nos dicen que son para las operaciones mineras en el río Tuichi. 

Un día antes de nuestra visita llovió torrencialmente, lo que dificultó movilizarnos por el camino hacia Mohima, comunidad colindante con Santa Cruz del Valle Ameno y donde hay campamentos mineros. Pero existe otra traba: en la frontera entre comunidades reluce una tranca, esta vez hecha de madera, similar a la que vimos en el pasaje Limón. En el lugar hay al menos dos personas, por eso los guías recomiendan no acercarnos para no dar explicaciones de nuestra presencia.

Las trancas aparecieron poco a poco desde 2021 en los caminos abiertos ese mismo año hacia el río Tuichi. La Brava identificó al menos nueve: en Santa Cruz del Valle Ameno, Mohima, Virgen del Rosario, Azariamas, Suyo Suyo, Pata, Santa Rosa, pasaje Limón y San Andrés, este último está fuera del área protegida, pero es una entrada estratégica a la zona. De todas, las de Virgen del Rosario, Azariamas y Santa Rosa impiden totalmente el paso, incluso a los guardaparques. “Según ellos hay un voto resolutivo (de los comunarios) para no dejar entrar a los guardaparques”, cuenta Leonardo.

Los integrantes del cuerpo de protección deben dialogar mucho con las comunidades locales para acceder a ciertas áreas, pero a menudo se imponen condiciones, como permitir sólo al personal del Sernap, que no informará sobre las explotaciones mineras.

Einar Chávez, secretario de Relaciones de la federación provincial de Apolo Tupaj Katari —una de las organizaciones cuyos afiliados incursionaron en la minería— dice que las trancas se instalaron cuando el gobierno transitorio decretó cuarentena rígida en 2020 debido a la pandemia del coronavirus y con el fin de evitar el paso a personas ajenas que pudieran contagiar la enfermedad, pero admite que continúan hasta la fecha.

Un comunario de la zona afirma que esas trancas no se pusieron por la cuarentena de 2020, sino que se levantaron en 2021, justo cuando aparecieron la mayoría de los 11 nuevos caminos identificados por La Brava. “Como sabían que la minería es ilegal, pusieron las trancas para evitar que llegue la AJAM u otras autoridades. En las trancas hay tres o cuatro personas que se comunican con handie”, explica.

Chávez admite que “son caminos del Estado, no se puede hacer eso. Hace dos semanas (mediados de mayo) ya hemos hablado con los hermanos, también de las comunidades, pasándoles las notas (pidiendo) que tienen que retirar”, pero casi dos meses después las trancas persisten.

En el caso de Azariamas, la última comunidad antes de que el río Tuichi comience a descender rumbo al río Beni, las trancas impiden también el reingreso de las familias que fueron expulsadas en 2022. Francisco, un comunario, cuenta que por problemas de concesiones mineras, él y otras familias fueron echados de la zona y no pueden retornar ni a sacar sus cosas. 

El investigador en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, considera que el lugar es ya un ‘superestado’ controlado por los mineros: “En nombre de la protección se crean estos círculos cerrados que se convierten en ‘superestados’ porque no hay forma de ingresar ni siquiera para las autoridades del Estado. Lamentablemente el Gobierno no ha tomado medidas para frenarlo».

En efecto, ni el Gobierno central ni el municipal actúan y en Apolo los vecinos lo repiten: «No se puede llegar hasta allí».

El director del Parque Madidi, Rolando Pérez, quien asumió el cargo en mayo de 2023, prevé que una vez que se fortalezca el trabajo de los guardaparques se analizará el retiro de las trancas.

Las amenazas a los guardaparques

Los temores de los guardaparques, que además se sienten poco respaldados, se confirmaron en marzo. Una semana antes, cuatro de ellos le contaron a La Brava que recibían amenazas e intimidaciones de mineros y comunarios. 

Uno de ellos contó que luego de que publicaron denuncias en redes sociales, se enteraron de que en las reuniones de los mineros se mencionó la posibilidad de someter a la justicia comunitaria a quienes se acercaran a las comunidades. «Sé que no lo van a hacer, aunque tal vez en algún momento se pueda armar… son acusaciones que nos acosan para intimidarnos y silenciarnos», dijo. 

La noche del jueves 30 de marzo, un grupo de comunarios y mineros de Virgen del Rosario llegó al punto de control de Santa Cruz del Valle Ameno con una caravana de vehículos: cinco retroexcavadoras, 10 volquetas y tres cisternas cargadas de combustible. Querían ingresar al campamento de la Cooperativa Virgen del Rosario. 

A diferencia de otras ocasiones, los guardaparques se habían sentido respaldados por la reacción ciudadana que hubo tras la publicación en redes sociales que hizo Marcos Uzquiano, exdirector interino del parque, referida a la llegada del convoy a Apolo una semana antes. Pero, la misma tarde de la publicación recibieron una llamada de atención de la dirección general del Sernap, que solicitó un informe detallado, según Ignacio, otro miembro del personal del parque. 

Esa noche negaron la entrada de la maquinaria. La negativa no fue bien recibida por R.C. —titular de la cooperativa y dirigente de la Central de Cooperativas de Apolo—, quien agredió verbalmente al entonces jefe de protección interino, Raúl Santa Cruz.

—Si muestran sus documentos van a pasar—  dijo Santa Cruz al grupo de 15 personas, tal como se escucha en el audio grabado aquella noche.

En la grabación se oyen gritos, insultos y amenazas de dos hombres y reclamos de comunarias.

—Te vamos a romper, mierda, —le dijo R.C. 

—Que vaya a reclamar al Gobierno ¿Por qué nos ha cedido estas áreas?, reclamó una mujer poco después.

Ese incidente se hizo viral al día siguiente debido a que Uzquiano publicó en sus redes sociales el relato de Santa Cruz: «No contento con agredirme verbalmente, se acercó a golpearme; logré esquivarlo y por seguridad me refugié en el campamento. Una vez dentro de la oficina, R.C. fue enojado y furioso hacia su vehículo para sacar un revólver y posiblemente disparar contra mí. Su esposa lo siguió corriendo y logró evitar una desgracia».

Horas después, los guardaparques fueron rebasados y toda la maquinaria ingresó al río Tuichi.

Si bien al día siguiente, Santa Cruz denunció ante la Policía de Apolo, no pasó a instancias mayores y sólo se levantó un acta de compromiso en que ambas partes debían respetarse. El Sernap no se sumó a la denuncia. Es más, la Dirección del Parque cambió al guardaparque a la zona A del Madidi (San Buenaventura), supuestamente por seguridad.

“No deberían mandarme allá, es como una represalia, no es justo. Yo tenía que estar al lado de mi familia y protegerla porque en la zona B (Apolo) hay cualquier cantidad de minería ilegal, con gente de todo lado”, se queja Santa Cruz, quien recuerda que un día antes del conflicto, RC lo amenazó con que lo haría cambiar de puesto de trabajo.

Cuatro meses después de lo sucedido y por haber hecho público el incidente, RC inició una demanda en contra de Santa Cruz y Uzquiano en la Fiscalía de Apolo. Pide una pena de tres años de cárcel por los delitos de calumnia y difamación.

Lo ocurrido aquella noche fue el summum de lo vivido por parte del cuerpo de protección en los últimos tres años. Los guardaparques, al menos los que aún se autodefinen como proteccionistas, dicen haber sentido  impotencia y hasta vergüenza por no realizar su trabajo de forma más efectiva. 

Y el temor no es sólo por posibles agresiones, sino por represalias oficiales, como las que sufrió Uzquiano, quien trabajó para frenar la minería desde 2014, pero fue cambiado de área en 2021.

Lluvia de informes y la inacción del Sernap

Virgen del Rosario es una de las comunidades, por el sector del ingreso de Santa Cruz de Valle Ameno, donde empresas mineras explotan oro a orillas del río Tuichi. Una de ellas es la cooperativa homónima que, en alianza con una empresa de China, se encargó de modificar el ecosistema del lado correspondiente al Parque Nacional. Así lo muestran las imágenes satelitales que dan cuenta de que en dos años el lecho del río ha sufrido un cambio drástico.

Los videos a los que La Brava tuvo acceso hace dos años revelaban cómo las piscinas habilitadas por los mineros para lavar el oro cerca del lecho del río provocaron un cambio en su curso. El sedimento arrojado a las aguas antes cristalinas no sólo suben su nivel, sino que las enturbian y contaminan con mercurio. Como resultado, las comunidades indígenas ubicadas río abajo se alimentan de pescado enfermo.

En los primeros años de la minería, los guardaparques lograron sanciones contra las empresas que se aliaron con las cooperativas de forma ilegal, hoy la fuerza de estas últimas es tan contundente que los vigilantes ni siquiera pueden llegar a los campamentos.

Los informes de los 12 guardaparques se elevan igualmente y algunos han documentado las operaciones mineras y  obligado a procesos que, ante la inacción del Sernap, no han tenido impacto.

Entre 2021 y 2022, el lapso en el que se multiplicó la presencia minera en el Madidi, el Sernap emitió sólo 12 procesos administrativos sancionatorios, muchos de los cuales terminaron en multas y no así en la paralización, como manda la normativa, de acuerdo con el abogado Rodrigo Herrera. 

La Brava solicitó al Sernap esa información y otras relacionadas con el trabajo de guarda en el Madidi, pero pese a la insistencia por cartas, llamadas y visitas en persona, la entidad no ha respondido.

Las multas que se aplican no son disuasivas. Como explica Marcos Uzquiano, oscilan entre 16.000 y 45.000 bolivianos, en promedio, que los mineros pagan y así continúan operando a la espera  “de que la normativa ambiental (de sus operaciones) se adecue para continuar. Ese monto no repara los daños al medio ambiente ni a las afectaciones a la salud de las comunidades que viven en la parte de abajo del río Tuichi”, afirma.

La normativa de las áreas protegidas faculta al Sernap y a la dirección de los parques a endurecer las sanciones en caso de reincidencia con el decomiso de la maquinaria. Realizar esa tarea se complica debido a que la entidad no cuenta con la fuerza necesaria para intervenir. Herrera hace notar que hay sólo 12 funcionarios en el área B.

“El Sernap sólo tiene facultades para desalojo y decomiso, y la capacidad es muy limitada; los guardaparques no dan abasto frente a los 50 y 100 operarios como mínimo (por actividad minera)”, explica Herrera.

Leonardo confirma que por esa causa no se generó ningún proceso de reincidencia. Además, muchos de los informes de los patrullajes ni siquiera llegaron a procesos administrativos. «Hacemos informes como para botar al agua”, nos dijo Ignacio, aunque en ellos se hayan limitado, en muchos casos, a registrar el paso de maquinarias al Madidi por el puesto de control.

La inacción del Sernap se hizo visible para la ciudadanía cuando pese a las alarmas de los guardaparques y la denuncia pública del ingreso violento de maquinaria a Virgen del Rosario, el ente estatal no inició acciones ni administrativas ni legales de forma oportuna. 

Por ello, la senadora Cecilia Requena interpuso una demanda penal en contra del director nacional del Sernap, Teodoro Mamani —ahora destituido por otras causas—, aunque la denuncia fue rechazada por el juez con el argumento de que no se habían probado daños económicos al Estado.

Lo mismo pasó con el amparo de acción popular que se interpuso en 2022 en contra de cinco autoridades por las actividades mineras que depredan el Parque Nacional Madidi. La justicia dio apenas tutela parcial por la contaminación con mercurio.

“El Estado niega sistemáticamente cualquier acción de castigo a la minería ilegal y eso es porque, por un lado, no tiene la capacidad de hacer frente al monstruo que ha creado y ya no puede controlar, y, por otro, porque entre las autoridades hay quienes son parte del negocio”, afirma la legisladora.

Cumplimiento a medias del fallo agroambiental

A diferencia del Sernap, los que sí tomaron acciones inmediatas sobre lo ocurrido con la cooperativa Virgen del Rosario fueron representantes de la sociedad civil. A los días del hecho, el activista Antonio Cajías solicitó al Tribunal Agroambiental medidas ambientales cautelares ante la ilegalidad de las actividades mineras en un área protegida, a este pedido se sumó Requena y lo hizo también el Sernap.

A partir de ello, el Tribunal emitió el 12 de mayo un fallo que dispuso la paralización durante un mes de toda actividad aurífera en el área del río Tuichi (en el distrito Machariapu, desde Charopampa hasta Azariamas). Debía retirarse toda la maquinaria pesada del lugar. Más adelante, ordenó que las Fuerzas Armadas se unieran a las instituciones competentes para hacer efectivo el fallo. 

Pese a tratarse de un fallo histórico se esperó todo un mes para iniciar las acciones, tiempo que tomaron las notificaciones a todas las partes. Recién a finales de junio, la cooperativa minera Virgen del Rosario retiró, de forma voluntaria, su maquinaria pesada de las orillas del río.

Sin embargo, ninguna de las instituciones estatales (Sernap, AJAM o FFAA) realizó tareas coordinadas para retirar el resto de la maquinaria a lo largo del río Tuichi, es más, desde que se emitió el fallo, tampoco evitaron que ingresen nuevas maquinarias.

Un comunario alertó a La Brava que durante el feriado de Corpus Christi, pese a la resistencia de algunos guardaparques, el Sernap permitió el ingreso de una retroexcavadora que estuvo apostada por casi una semana fuera del parque, cerca del puesto de control.

El director del Parque Madidi, Rolando Pérez, confirmó al día siguiente el ingreso y dijo que representantes de las comunidades firmaron un acta de compromiso para que esa maquinaria se utilice únicamente para nivelar el terreno de una cancha de fútbol. Sin embargo, otro guardaparque confirmó que la retroexcavadora llegó hasta el Tuichi para explotar oro.

A pesar de que el 13 de julio se cumple el plazo de paralización de la minería en el parque, la llegada de maquinaria pesada no cesa y tampoco las actividades auríferas. Esas operaciones siguen deforestando el lecho de los ríos, alterando su curso en búsqueda del metal y contaminando con mercurio. La fiebre del oro no da tregua en el Madidi.

***Este texto es la segunda parte de dos reportajes sobre la explotación del Madidi y sus impactos en su biodiversidad.

Foto portada: Hoy la minería explota en donde antes estaba protegida de forma estricta, en el sector de Santa Clara . La Brava.

Edición: Mabel Franco.

Infografías: Rocío Condori y Sara Vásquez.

Videos: Sara Vásquez.