Acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en Bolivia no es fácil, principalmente, porque hay desconocimiento sobre este derecho, establecido en la normativa boliviana. Por ello, mujeres sobrevivientes de un hecho de violencia, que empezaron a organizarse antes de la Ley 348 y que conocen el calvario del acceso a la justicia en carne propia, se armaron de normas, protocolos y acciones para ayudar a las víctimas de violación.

Edición 84. Martes 21 de marzo de 2023

A mediados de 2022, la inasistencia a clases de una adolescente de 14 años alertó a su maestra de que algo andaba mal y buscó la ayuda de una promotora comunitaria. Ambas descubrieron que la menor fue violada y embarazada por su hermanastro de 16 años, pero su madre se negaba a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El caso fue emblemático y acompañado por promotoras comunitarias.

Frente a la falta de información y la ralentización de ejecución de la ILE en operadores de justicia y salud, hay promotoras que acompañan el proceso a víctimas de violencia sexual, que no quieren continuar con su embarazo no deseado.      

“Cuando nos constituimos teníamos la dirección, comenzamos a hablar con el entorno, con las amigas de la niña. La mamá tenía conocimiento de esto (violación y embarazo), la estaba encerrando (a su hija) para que concluya el embarazo, supuestamente, para que la madre y el padrastro lo adopten como si fuera su hijo”, recapituló María Talia Guisbert, presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias, quien acompañó el caso de una ILE. 

Recordó que se realizaron denuncias a instancias pertinentes y hubo una valoración psicológica a la menor, quien reconoció ser víctima de violación por parte de su hermanastro, y no quería continuar con el embarazo ante la negativa de su mamá.

Enterado de la situación, el padre de la menor llegó a La Paz de otra ciudad y respetó la decisión de su hija para realizarse una ILE. Actualmente, él tiene la custodia de su hija quien recibe apoyo psicológico en Casa de la Mujer (Santa Cruz).

La madre enfrenta un proceso. “Al último se ha tenido que querellar contra ella (madre), porque ha sido cómplice de que semejante hecho contra una niña”, dijo Guisbert.

Las promotoras

La Ley 348, en su artículo 29, reconoce la labor de las lideresas promotoras: “Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación (…)”.

Para el Coordinador de Políticas y Abogacía del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Freddy Huaraz, el rol de las promotoras comunitarias es importante, porque son referentes.

“Han tenido que pasar por un viacrucis (porque pasaron por una situación de violencia), pueden dar una mejor orientación que cualquier profesional, entonces, ese es uno de los impactos que queremos rescatar como UNFPA”, dijo Huaraz.

Cada una de las promotoras recibe la certificación de competencias de Promotora Comunitaria en Prevención de la Violencia en Razón de Género, por el Ministerio de Educación, desde 2017. Este certificado es un aval para que en los espacios de denuncias: Fuerzas Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV y/o Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) no sean observadas y puedan acompañar libremente a las víctimas.

Promotoras comunitarias

En Bolivia, en un reciente mapeo, se identificaron a 2.000 promotoras comunitarias, mujeres sobrevivientes de hechos de violencia y que en un momento de su vida tocaron puertas de instituciones en busca de justicia, pero encontraron orientación en fundaciones y ONG, dice Guisbert.

Según la Guía de formación para promotoras comunitarias en la atención de violencia en razón de género, del Ministerio de Justicia, las lideresas siguen una ruta de actuación: Prevención, sensibilización y capacitación; identificación de casos de violencia; contención y orientación; acompañamiento en la denuncia; y seguimiento e incidencia.

En ese proceso, hay promotoras que se han sensibilizado en el tema de embarazos forzados por violaciones, que, llegado el momento, son “acompañantes de ILEs”, porque la principal traba que encuentran las víctimas es en los hospitales que no cumplen la normativa. Por lo general son mujeres abogadas conocedoras de normativas.

“Te dicen objeción de conciencia, entonces, como promotoras debemos tener todo el insumo de información (normativas y protocolos) para orientar a las mujeres, porque muchas de ellas deciden hacerse una interrupción legal del embarazo”, observó Guisbert.

Las promotoras tienen alianzas con instituciones como Sartasim Warmi y Sepamos para el apoyo psicológico de las víctimas de violencia. En la orientación legal están los abogados voluntarios de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en la sensibilización sobre violencia de género, la Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK).

Violencia sexual e ILE

Si bien la nueva directiva de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias espera el informe de la gestión anterior, estima que, desde mayo de 2022 a febrero de 2023, el 40% de casos que acompañaron está relacionado con violencia sexual e ILEs. 

“Desde mayo (2022) a la fecha hemos debido llevar casi un 40% de casos de violencia sexual e ILE, nos preocupa, porque no eran así nuestros datos”, observó Guisbert. Anticipó que se presentarán los informes que demostrarán el incremento de casos.

Datos de la Defensoría del Pueblo establecen que, en siete años, entre 2015 y 2021, se registraron 24.611 embarazos en niñas de 10 años y adolescentes de 14 años de edad.

En Bolivia, desde 2014, está vigente la Sentencia Constitucional 0206/2014 que autoriza la ILE, din orden judicial, en los casos en los que la gestación sea producto de una violación, incesto (cuando es provocado por un familiar cercano), estupro (cuando la víctima es menor de edad) o cuando la vida de la madre corra peligro.

Hace dos años se reportaron datos oficiales de ILEs: en 2021 fueron 759 ILEs y en 2022, 1050 ILEs, el 78% fue realizada a menores de 15 años, según datos de Ipas Bolivia, con información del Ministerio de Salud.

Guisbert estima que cada promotora acompaña al menos cinco casos de violencia, tres de ellos son de violencia sexual. “Hay un incremento terrible, por eso en esta gestión, el plan de trabajo está enfocado en prevención de violencia sexual”.

Recordó que, en época de pandemia, del 100% de denuncias de violencia a nivel juzgados, fiscalías y SLIMs, el 60% fue acompañado por una promotora comunitaria.

El proceso por el que pasan las víctimas es la contención, ellas se “quiebran” y cuestionan. “El Estado no me ha protegido. He sido víctima de una violación y ahora no me permiten, a mí, tener el ejercicio, de mi decisión que está amparado por ley”, añadió.

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es otra de las instituciones que forma a promotoras comunitarias en prevención de violencia quienes, luego de finalizar los talleres, realizan prácticas voluntarias en instancias de denuncias como la FELCV y/o los SLIMs. 

El pasado año se formaron 90 promotoras, informó Samadi Valcarcel, técnica de capacitación en prevención de violencia del centro.

Su colega, Natalia Machaca, dijo que, en 2022, el Centro de Promoción abrió el taller para las promotoras comunitarias en salud para el acompañamiento en temas de derechos sexuales y reproductivos con el objetivo de llegar a centros de salud con atención primaria, para así descongestionar la sobrecarga de casos.   

Rastreo de casos de violencia en municipios rurales

En una comunidad del municipio de Zudáñez del departamento de Chuquisaca también hay lideresas comunitarias que orientan y acompañan los procesos de denuncia e ILE de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación.

“Las promotoras de salud trabajan en la atención primaria de la salud y en la prevención de la violencia contra la mujer y cuando detectan a una paciente o niña de la comunidad que ha sido agredida sexualmente la orientan para que haga la denuncia a la Policía y la acompañan al servicio de salud para que se haga la interrupción legal del embarazo”, afirmó la coordinadora de los Servicios de Salud de Ipas Bolivia, Susana Asport.

Asport expresó su preocupación por el incremento sostenido de los casos de violación en el país, de los cuales la mayor parte se registra en el área rural.

Resaltó que la orientación y acompañamiento de las lideresas es parte del Proyecto de Autocuidado de Salud Sexual y Reproductiva en una comunidad del municipio de Zudáñez, que se trabaja de forma conjunta entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ipas Bolivia y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca.

“El objetivo de este proyecto es el autocuidado de las niñas, las mujeres y la familia y los resultados que se esperan son que las niñas y adolescentes no se embaracen y sepan cuidarse frente a las agresiones sexuales porque con los jóvenes se debe trabajar la prevención”, aseguró Asport.

La médica detalló que este proyecto, iniciado en octubre de 2022, trabaja en una comunidad rural porque sus habitantes tienen limitaciones para acceder a un servicio de salud por la distancia y estas medidas de autocuidado se aplicaron por la pandemia del COVID-19.

Explicó que, previa capacitación, las promotoras de salud orientan, principalmente, a las niñas, adolescentes y mujeres de esa comunidad sobre la violencia sexual, detectan los casos y acompañan los procesos de denuncia e ILE de las víctimas agredidas sexualmente.

En el caso de las y los líderes comunitarios del municipio de Zudáñez también reciben capacitan sobre la violencia intrafamiliar, la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual y las impulsan a que se realicen pruebas de detección de cáncer de cuello uterino y de cáncer de mama, entre otros.

Agregó que los líderes comunitarios fueron capacitados sobre la salud sexual y reproductiva y son hombres y mujeres agricultores que trabajan en el área rural y están muy comprometidos con su comunidad, pero no reciben ningún salario por la orientación.

Nuevas directrices de la OMS a los Estados

La coordinadora de Ipas Bolivia explicó que el proyecto implementado en el municipio de Zudáñez, que se prevé concluirá en dos años, se enmarca en las nuevas directrices de la OMS sobre la atención del aborto, publicadas en marzo de 2022, que busca proteger la salud de las mujeres y las niñas y ayudar a prevenir los más de 25 millones de abortos no seguros que se producen actualmente cada año.

“Poder obtener un aborto seguro es una parte crucial de la atención de salud (…) Casi todas las muertes y lesiones resultantes del aborto no seguro son totalmente evitables. Por eso, recomendamos que las mujeres y las niñas puedan acceder a servicios de aborto y planificación familiar cuando los necesiten”, afirmó el director interino de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, Craig Lissner, según una nota de prensa.

En ese marco, el organismo internacional indicó que las directrices unificadas, basadas en las últimas evidencias científicas, contienen más de 50 recomendaciones que abarcan la práctica clínica, la prestación de servicios de salud y las intervenciones legales y normativas con miras a apoyar la atención de calidad del aborto.

Entre las recomendaciones, la OMS sugiere la prestación de orientación sobre la atención del aborto por parte de agentes de salud comunitarios, profesionales de la medicina tradicional y complementaria, auxiliares de enfermería, enfermeras auxiliares parteras, enfermeras, parteras, clínicos asociados, clínicos asociados avanzados, médicos generales y médicos especialistas.