El racismo en Bolivia no desapareció: permaneció latente y la actual crisis lo atiza. Esta investigación documenta 14 hechos de racismo, discriminación, discursos de odio y violencia registrados durante el conflicto. Las instituciones llamadas de prevenir y combatir el racismo se halla en un momento de debilitamiento. Hasta mediados de junio, la Fiscalía investigaba nueve casos relacionados con estos hechos.

Edición 174 / Miércoles 17 de junio de 2026

«Haga patria y mate un indio», es el mensaje final de un video publicado en redes digitales por Christian Rodrigo M. Ch. Su voz irrumpe en medio del ruido de una marcha en la zona Sur de La Paz. No participa de la movilización: camina por la avenida, observa a los manifestantes y les grita. «Indios de mierda», «cholos de mierda», «hay que matarlos», repite mientras su celular sigue registrando la escena que barre en sentido contrario al avance de la protesta. En otro momento, enfoca a una mujer de pollera. «Hay que matarla. Ésta es la primera chola que tiene que morirse», dice. 

El video, difundido originalmente desde la cuenta de Facebook de Christian Rodrigo, desapareció. Sin embargo, las imágenes fueron descargadas y republicadas por otras páginas el 26 de mayo. Una de las publicaciones que replicó el contenido acumuló más de 200 reacciones, 182 comentarios y un centenar de compartidos. Aunque predominan las expresiones de rechazo y pedidos de sanción, el mensaje siguió circulando.

La grabación se hizo en medio de una escalada de tensión marcada por los bloqueos y las protestas de diversos sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis meses de su mandato. Las imágenes no solo registraron insultos: también evidenciaron cómo el conflicto político despertó expresiones abiertas de racismo, discriminación e incitación a la violencia contra indígenas y campesinos, así como reacciones de algunos integrantes de este sector también agresivas, discriminatorias y regionalistas.

El ejemplo no es excepcional. En una revisión que realizó La Brava entre el 1 de mayo y el 3 de junio, se encontró al menos 14 casos públicos que resultan emblemáticos del abierto racismo y discriminación que, a raíz del conflicto social y político, emergen y se difunden luego a través de redes digitales. El monitoreo abarca únicamente ese periodo, mientras las protestas y más episodios de violencia se extienden ya por más de 40 días y siguen produciéndose al cierre de esta investigación. 

Algunos de esos y otros episodios fueron documentados por el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD) de la Defensoría del Pueblo, que monitorea redes digitales y medios de comunicación y que prepara un informe. Entre los contenidos identificados predominan discursos de odio, insultos racializados, deshumanización, incitación a la violencia y estigmatización regional. 

“La construcción del contrario está muy fortalecida en las redes sociales porque se hace referencia como enemigos, por ejemplo, a indígenas, collas, cholas, campesinos, en un lenguaje que es abiertamente racializado”, afirma el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Mientras los discursos de odio crecen,  ninguna institución estatal ha anunciado acciones inmediatas que logren contrarrestarlos de manera efectiva. Hasta el momento, las respuestas oficiales se han limitado a simples llamados para evitar expresiones racistas en el espacio público y el anuncio de una acción penal.

Aplauso ¿igual a acuerdo?

Uno de los primeros hechos discriminatorios relevantes ocurrió el 12 de mayo en Santa Cruz. Reynaldo Ezequiel, dirigente de origen andino de la agrupación EVO Pueblo, fue rodeado por integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista en la plaza 24 de Septiembre mientras daba una conferencia de prensa. Varios lo empujaron, lo chicotearon y le gritaron frases como “Santa Cruz no bloquea” y “Andate a La Paz”. Tras la agresión, el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, José Méndez, afirmó que “si toca educar de nuevo, nosotros educamos como tiene que ser”.

Las imágenes de la agresión se multiplicaron en redes digitales. Una de las publicaciones que difundió el hecho alcanzó más de 8.900 reacciones, 3.400 comentarios y 3.000 compartidos. Entre las respuestas aparecieron mensajes que celebran la agresión. «Al fin alguien hizo lo que muchos queríamos hacer», escribió un usuario. Otro comentó: “Felicidades a los de la Unión”.

Para el investigador social Wilmer Machaca, detrás de la agresión no solo hay una disputa política. También operan prejuicios vinculados al origen regional y étnico: “El disciplinamiento no está tan enfocado en Ezequiel por ser masista; el masismo ya es un insulto allí; pero no vas a encontrar ese mismo disciplinamiento dirigido a Reymi Ferreira (de origen cruceño), que fue ministro del Movimiento Al Socialismo (MAS); nadie lo va a disciplinar así porque no es colla». 

El 15 de mayo, en La Paz, una marcha de maestros rurales, en la que se destruyó infraestructura pública, fue recibida con insultos racistas en inmediaciones del atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Entre los gritos registrados en video se escucha la frase «indios de mierda».

Tres días después, el 18 de mayo, una movilización de apoyo a Rodrigo Paz retiró una wiphala del Palacio Consistorial de La Paz y le prendió fuego. El hecho reactivó imágenes asociadas a la crisis de 2019, cuando la quema de wiphalas se convirtió en uno de los símbolos más visibles de confrontación política.

El 3 de junio, durante una vigilia por la aprehensión del dirigente vecinal Justino Apaza, un hombre escupió a una mujer de pollera. Las imágenes se difundieron rápidamente en Facebook y otras plataformas digitales, con reacciones en contra, pero también con opiniones de aprobación.

El racismo mimetizado en humor es también evidente en las redes digitales. Dos mujeres aymaras que expresaron opiniones políticas contra Paz y el vicepresidente Edmand Lara se convirtieron en objeto de memes y canciones miles de veces compartidas. Los comentarios se centran en lo que motiva los memes en cuestión: la forma de hablar el castellano y no en las causas de su indignación. Entre las reacciones de la gente aparece el término «llamañol», en referencia a un supuesto nuevo dialecto mezcla de las palabras llama y español. 

Las burlas contra ambas mujeres exhibieron además una forma de discriminación frecuente en la vida cotidiana, que se traduce en el adjetivo “moterosos”, y que ha alimentado a comediantes durante años. En rigor, se trata de glotofobia; es decir, el prejuicio o desvalorización de una persona por su forma de hablar un idioma, ya sea por su acento, pronunciación o gramática.

Jessica Velarde, integrante del colectivo Ciberwarmis, explica que en estos casos el debate deja de centrarse en las demandas o reclamos y se desplaza hacia la ridiculización de quien emite el mensaje.

Los episodios registrados durante el periodo analizado no se limitaron al racismo contra personas indígenas y campesinas. La revisión también identificó expresiones de xenofobia y discriminación política. El 21 de mayo, el expresidente Evo Morales exhibió la cédula de identidad de Rodrigo Paz y cuestionó el lugar circunstancial de su nacimiento, España, para intentar desacreditarlo políticamente.

Días después, el diputado del PDC, Rómulo Villca, afirmó que los «k’aras y croatas» —en referencia al origen de Mirko Sokol, comandante de la Policía— no podían gobernar Bolivia, desconociendo la inmigración como una realidad más de la sociedad boliviana.

El racismo, un arma de deslegitimación

El racismo, comprendido como la creencia de superioridad de un grupo racial sobre los demás y que tiene raíces estructurales, ha estado presente en la historia boliviana como consecuencia de la larga colonización, aunque haya habido intentos de superarlo en algunos momentos del siglo XX y del presente. Que pese a todo persiste se ha evidenciado claramente en los conflictos de los últimos 20 años. Así ocurrió durante la Asamblea Constituyente, las disputas sobre las autonomías, la crisis poselectoral de 2019 y se repite en el escenario actual.

La socióloga feminista Khantuta Muruchi, exintegrante del Observatorio contra el Racismo en Bolivia (2008-2015), afirma que el racismo no surge de forma espontánea durante las crisis. Al contrario, forma parte de una estructura permanente que se intensifica y visibiliza ante profundas disputas políticas. 

Términos como «indio», «salvaje», «horda», «masista», «cholo» dejan de ser simples insultos, dice, para funcionar como mecanismos que restan humanidad a los otros por su supuesta inferioridad. Y “en ese proceso de deshumanización puedes justificar la violencia”. 

Esa estructura evidente que menciona Muruchi detonó en 2008, en la ciudad de Sucre, donde un grupo de indígenas y campesinos sufrieron agresiones públicas. El grupo agresor era pequeño respecto del resto de los habitantes sucrenses, pero la forma abierta en la que actuó —golpeó a las víctimas, las insultó, las desnudó y las obligó a caminar así por las calles y a besar el suelo—  encendió las alarmas.

La respuesta estatal llegó en octubre de 2010, cuando se puso en vigencia la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Esta norma y su reglamento de enero de 2011 dan las herramientas para deconstruir ese país que  lució descarnado en Sucre y avanzar hacia el objetivo que señala la Constitución Política del Estado: una sociedad basada en la descolonización y en la lucha frontal contra toda forma de racismo.

Entre otras medidas, con la Ley 045 se incorporaron al Código Penal delitos relacionados con el racismo, la discriminación, la incitación al odio y las agresiones verbales racistas o discriminatorias. 

No obstante, hasta el 11 de junio no ha habido anuncios de procesos o sanciones contra las manifestaciones racistas. Y esto, según los especialistas consultados, deja ver que hay menos temor que antes a las consecuencias sociales o legales. “Los racistas pueden ser más racistas. Siento que hay más impunidad que antes”, opina Muruchi.

El racismo como revancha

Tanto Muruchi como otros analistas consultados coinciden en que existe una relación entre la crisis económica y el recrudecimiento de los discursos racistas. Consideran que parte de estas expresiones se apoyan en una lectura simplificada de los años de gobierno del MAS, al asociar las protestas actuales con aquel periodo y con la crisis que comenzó a evidenciarse durante las últimas gestiones masistas, principalmente la de Luis Arce (2020-2025).

Según su lectura, algunas personas utilizan la crisis económica y política para reforzar prejuicios contra sectores indígenas y populares. Además, generalizan toda la gestión del MAS como negativa y omiten los avances alcanzados, especialmente en materia de reconocimiento de derechos.

“Ahora es como que: ‘ustedes los indios ya han gobernado, ya lo han hecho mal’. Tienen un argumento más fuerte para ser más racistas”, resalta Muruchi.

Precisamente, otra de las formas que evidencia el racismo es el justificativo de las violencias contra las personas que están bloqueando. Para el literato y analista de discursos Juan Pablo Vargas, los festejos por las medidas desproporcionadas de control o el hecho de pedir “Estado de Excepción o bala” para el campesino e indígena, sería una forma de venganza. 

“Hay una diferencia enorme entre justicia y venganza. La justicia busca responsabilidad, la venganza busca degradación. (…) La venganza necesita convertir al otro en basura para sentirse legítima y, en tiempos de polarización, esto empeora, porque si ya odias a los bloqueadores, los ves como animales, les dices salvajes, les dices ignorantes o irracionales, entonces, cualquier abuso obviamente te va a parecer poco”, destaca Vargas.

Debilitamiento estatal

La Ley 045 creó el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación “encargado de promover, diseñar e implementar políticas y normativa integrales contra el racismo y toda forma de discriminación”. El ente —integrado por instancias públicas como ministerios, poderes Legislativo y Judicial, gobiernos regionales, locales y autonomías indígenas— fue puesto bajo la tuición del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización que, para fines específicos, contaba con el Viceministerio de Descolonización.

El gobierno actual de Rodrigo Paz quitó tal tuición a Culturas, que de hecho se convirtió en Ministerio de Turismo sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, para derivar el Comité al Ministerio de la Presidencia, más propiamente al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización (VIO).

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recuerda que Bolivia cuenta con un marco normativo importante y que ha asumido compromisos internacionales en la materia, pero considera que la capacidad institucional del Estado se ha debilitado en los últimos años.

“Hasta ahora no existe una definición exacta de cuáles van a ser las instancias competentes para convocar al Comité ni quién va a ser responsable de generar política pública”, afirma.

Pedro Portugal, analista indianista que asumió brevemente, en el actual gobierno, la Dirección de Descolonización y Despatriarcalización, considera que la reducción institucional no solo implica una menor jerarquía administrativa, sino también una menor capacidad del Estado para impulsar políticas de prevención.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, rechaza esa lectura. Recuerda que la fusión de viceministerios respondió a una política de racionalización del Estado y añade que la Dirección de Descolonización permanece sin una autoridad designada, no por falta de voluntad política, sino porque la atención del Gobierno estuvo concentrada en la actual coyuntura. Asegura que la Dirección de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación continúa funcionando y coordinando acciones de sensibilización con otras instituciones.

El debilitamiento institucional, sin embargo, no comenzó con la actual gestión. Tras casi una década de estabilidad en el Viceministerio de Descolonización, desde 2019 hubo una sucesión constante de autoridades que afectó la continuidad de las políticas públicas. En ese periodo, cinco personas ocuparon el cargo antes de que el actual gobierno decidiera suprimir el viceministerio. Similar situación se dio en el Comité.

Las limitaciones de la política pública también se reflejan en la respuesta institucional frente a las denuncias por racismo y discriminación. Según el boletín del Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (2025), desde la vigencia de la Ley 045 se registraron más de 1.300 denuncias; pero solo tres concluyeron con sentencias ejecutoriadas. 

La Memoria Institucional del Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación reporta que se registraron 66 denuncias solo en 2023. Las mujeres concentraron el 38 % de los casos, el 17 % de las víctimas se autoidentificó como aymara y las denuncias en un 32 % fueron abandonadas por los propios denunciantes. 

La prevención, el pendiente

La Ley 045, si bien prevé sanciones, prioriza la acción preventiva como forma de lucha y establece que la principal misión es la educativa. Entre varias tareas que el ministerio del área tiene, resaltan las de seguimiento y monitoreo del Sistema Educativo Plurinacional respecto a la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, a través del Observatorio Plurinacional de la Calidad de la Educación.

De manera puntual, se instruye al ministerio “promover que en el proceso educativo se difundan las diversas culturas y cosmovisiones, con una visión crítica, tanto en los programas de enseñanza, como en los textos escolares y en el desarrollo de la actividad docente”.

En los primeros años de vigencia de la Ley 045, una parte importante de las denuncias provenía de unidades educativas, lo que impulsó a los establecimientos a elaborar reglamentos internos para prevenir el racismo y la discriminación. 

Otra labor preventiva es la cultural. La ley marca como principio fundamental la interculturalidad y para avanzar en ello es que encomendó la responsabilidad de luchar contra racismo y discriminación al hoy extinto Ministerio de Culturas.

Andrés Zaratti, actual viceministro de Culturas, dice que el traslado del Comité a otra entidad no debe interpretarse como un retroceso. A su juicio, esta instancia había estado “básicamente ligada a procesos administrativos o judiciales”, cuando la lucha contra el racismo requiere también trabajar “en la propia sociedad, en los procesos y dinámicas que se tienen”, y que algo tan importante como la interculturalidad es la misión que su despacho tiene como objetivo.

¿Y las sanciones?

La debilidad estatal se evidencia en el actual conflicto y la respuesta estatal frente a los actos de racismo. Recién el 11 de junio, el vicepresidente Edman Lara, distanciado del presidente Paz, presentó una querella formal en la Fiscalía de La Paz contra dos personas que emitieron agresiones.

“He presentado una denuncia formal contra ciudadanos que han cometido actos graves. Rodolfo R. O. fue denunciado por agredir y por humillar a una mujer de pollera y Cristian Rodrigo M. Ch.  no sólo por actos fascistas, sino por algo aún más peligroso: pedir públicamente en sus redes sociales que se mate a campesinos para hacer patria. Eso no es libertad de expresión, esto es un delito”, resaltó Lara en conferencia de prensa.

La Defensoría del Pueblo remitió a la Fiscalía algunos de los hechos identificados durante su monitoreo. Como resultado de esas y otras actuaciones, la Fiscalía Departamental de La Paz investiga nueve casos por presuntos hechos de discriminación relacionados con el conflicto, según la información proporcionada al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

La viceministra Jessica Echeverría informa que el Gobierno realiza un monitoreo junto a la Defensoría del Pueblo y que mantiene coordinación con la Fiscalía, la Policía, gobernaciones y gobiernos municipales para dar seguimiento al avance de las denuncias. 

Avances insuficientes 

Para los especialistas consultados, los avances logrados durante los gobiernos del MAS en materia de descolonización fueron importantes en el plano normativo y simbólico, pero insuficientes para transformar las estructuras de poder y las relaciones históricas de exclusión. Las causas de tales limitaciones son varias.

Pedro Portugal considera que el reconocimiento de símbolos indígenas, la incorporación de nuevos derechos en la CPE y la aprobación de normas contra el racismo no se tradujeron en una participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones ni en cambios concretos en las instituciones del Estado. 

“Quizás una insuficiencia del gobierno del MAS fue haberse acantonado en un aspecto simbólico y culturalista del tema (…) pero sin alterar radical y profundamente las bases estructurales de la colonización interna”, dice Portugal.

Para Pedro Susz, exconcejal de La Paz y pensador de temas culturales, la persistencia de los discursos de discriminación demuestra que Bolivia nunca resolvió de manera profunda el problema del racismo. Si bien reconoce que durante los gobiernos del MAS se amplió la participación de sectores históricamente excluidos en espacios de representación política, considera que el país no consolidó una política sostenida de diálogo intercultural ni de formación ciudadana capaz de transformar esas relaciones. Añade que la educación debió convertirse en el principal instrumento para construir una convivencia basada en el reconocimiento de la diversidad. 

“El tema del diálogo intercultural debería ser una materia obligatoria, desde primaria hasta secundaria. Porque, si no empezamos a entender desde que somos pequeños que el otro siempre será distinto, no solo físicamente sino por lo que piensa, vamos a terminar muy mal”, asegura Susz. 

Un conflicto que multiplica violencias

El conflicto que vive Bolivia desde el 1 mayo de 2026, marcado por bloqueos de carreteras, marchas hacia La Paz y movilizaciones dentro de la sede de gobierno, ha mostrado también hechos de violencia protagonizados por algunos participantes de las protestas.

Impedir el paso de alimentos, medicamentos, combustible e incluso ambulancias vulnera derechos garantizados por la Constitución, coinciden activistas en derechos humanos. También alertan sobre el incremento de discursos de odio y agresiones verbales que se expresan desde distintos sectores del conflicto.

Los bloqueos convocados por la COB y la Federación Campesina “Tupac Katari” impiden el paso de medicamentos, alimentos e incluso de ambulancias. Foto: Karen Gil.

El 25 de mayo, el diputado Rómulo Villca (afín a Lara), durante una conferencia de prensa en la que se opuso a un posible estado de excepción, declaró: «Ningún k’ara asqueroso va a seguir metiendo bala a mi pueblo”. Un día antes, un dirigente de la provincia Aroma dijo en un ampliado: “Vamos a alfombrar la carretera con cadáveres, hermanos, nosotros les vamos a enseñar cómo se gobierna».

Algunas expresiones provenientes de los sectores movilizados son calificadas también como racistas —insultos dirigidos como el de k’aras o los llamados a que “sufran” quienes viven en las ciudades—, pero los especialistas consultados coinciden en que no pueden entenderse como una forma de “racismo inverso”. Explican que el racismo implica una relación histórica y estructural de dominación que no desaparece por la existencia de expresiones de hostilidad desde sectores históricamente subordinados.

La socióloga Muruchi comenta que la figura del k’ara no hace referencia únicamente al color de piel. Representa a quien es percibido como integrante de las élites económicas, políticas y culturales; es decir, de los sectores históricamente privilegiados. 

Asegura que muchas de esas reacciones violentas se alimentan de décadas de exclusión social y racial. En momentos de alta conflictividad, esa representación del k’ara se intensifica y simplifica las identidades sociales. En estos conflictos, “la sociedad se polariza: los k’aras y los campesinos”, donde “el k’ara representaría a esa élite que ha vivido, digamos, a costilla también de la explotación de los otros”, dice la académica.

Muruchi agrega que esta categoría también está asociada a formas de consumo, estilos de vida y posiciones sociales antes que a rasgos físicos y que muchas veces estas “distancian incluso al que históricamente ha sido un subordinado”. Por ello, en muchos casos son las mismas personas de origen indígena las que expresan racismo contra lo indígena.

El analista Vargas complementa que muchas de las reacciones violentas que emergen en las protestas responden a un resentimiento acumulado por quienes han vivido procesos prolongados de exclusión y racismo.  Y advierte que cuando ese sentimiento no encuentra herramientas para ser procesado, puede transformarse en nuevas formas de violencia.

Ambos coinciden en que comprender el origen de esas reacciones no implica justificarlas. El conflicto actual evidencia múltiples formas de violencia que afectan a distintos sectores de la población, principalmente a las mujeres, y se expresan además mediante agresiones específicas vinculadas al género como el acoso, las humillaciones y la violencia verbal durante las movilizaciones. 

«Estamos viviendo desde violencias estructurales hasta microviolencias —dice Miruchi—, y las respuestas son violentas de todos lados”.

La viceministra Echeverría, en cuyo despacho recae ahora lo que antes comandaba un ministerio, anuncia el lanzamiento de campañas y otras actividades preventivas. Su certeza, dice, es que la violencia racista y discriminatoria no sólo afecta a las víctimas, sino que al reiterarse amenaza con normalizarse y afectar así la convivencia de toda la población. 

Los especialistas coinciden en que, mientras persistan las desigualdades estructurales que sostienen el racismo, cada nueva crisis seguirá encontrando un terreno fértil para reproducir viejas formas de exclusión y multiplicar la violencia.

Este reportaje fue realizado por La Brava con el trabajo de investigación de Ale Cuevas, Karen Gil, Karem Mendoza y Mabel Franco.

Edición: Liliana Carrillo.

Portada: La Policía gasifica una manifestación de la COB y la Federación Campesina “Tupac Katari”, en el centro de La Paz. Foto: Carlos Sánchez.