Los testimonios de autoridades electas en ejercicio político denuncian que sus propios integrantes del partido son los que las hostigan como una forma de exigir su renuncia. Solo en 2023, la Acobol registró 151 casos de acoso y violencia política, el 35% fue por “gestión compartida” como una de las principales causas de hechos de agresión.  Los alcaldes también ejercen presión contra las concejalas.

Edición 118.  Jueves, 7 de marzo de 2024

A una semana de asumir como concejala en el municipio de Irupana en mayo de 2021, Lizeth Chávez recibió una exigencia por parte del delegado de su partido: entregar el 10% de su salario. Tras negarse a estas peticiones, la amenazó con sacarla del concejo. 

Chávez es la joven concejala, que si bien era militante del Movimiento al Socialismo (MAS) fue invitada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) para las subnacionales. Ella aún recuerda bien el mensaje del audio que le envió el delegado departamental de ese frente político, en 2021,

“‘Mira, te estás poniendo difícil. En Patacamaya, la concejal titular no quería aportar y le hemos hecho sacar, entró la suplente y ella está dispuesta a pagar’, así, textual fue el (comentario del) delegado”, rememora la concejala.   

Lo que le había dicho el representante de PDC era cierto. Una concejala suplente de Patacamaya estaba de titular. Además, Chávez cuenta que a dos concejales del mismo partido, de los municipios Chua Cocani y Chacarilla, también les pidieron el 10% de su salario.

Ante la presión, la concejala entregó el 10% de su sueldo, por tres meses, pero luego se negó, ya que al leer el estatuto orgánico del PDC solo están obligados a dar el diezmo los militantes y no así los invitados, dice. 

 “Ya no se han acercado, ni el delegado ni el candidato a alcalde que decía: ‘tienes que aportar para el partido’”, recuerda Chávez. 

Pero, en julio de 2022, circuló en redes sociales el video de una mujer golpeada por otra, con mensajes que apuntaban a Chávez como la “destruye hogares”. “Publicaron videos de que era yo, cuando en el momento de ese hecho, estaba en La Paz”, advierte.

¿Quién está detrás de los actos? 

Además de Chávez, 701 mujeres autoridades electas, entre 2018 y 2023, fueron víctimas de acoso y violencia política, según registros del Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol). 

Los datos demuestran que el año en que más denuncias se dieron fue en 2023, que coincide con los dos años y medio de la actual gestión, que inició en 2021 y termina en 2025.

Para la presidenta de la Acobol, Josefina Velásquez, detrás de las presiones de acoso y violencia política están, “las organizaciones sociales, grupos políticos, los mismos suplentes, es más, algunos funcionarios”. 

Así lo demuestran denuncias como las de las concejalas Reina Beltrán y Eva Rodríguez del municipio de Sipe Sipe (Cochabamba), quienes fueron retenidas durante horas en el concejo y sometidas a hostigamiento para que firmaran su «licencia fija» el 12 de febrero. Una de las víctimas identificó al excandidato por Comunidad Ciudadana Richard Holguín, al dirigente Adrián Patiño, y a Armando Céspedes como los principales responsables de liderar la movilización que incitó a la agresión física y verbal por parte de la población, según declaró a un canal de televisión. Uno de ellos era del mismo frente que de la víctima.

Pero en Sipe Sipe, las concejalas Beltrán y Rodríguez no han sido las únicas víctimas de acoso y violencia política. En agosto y septiembre de 2023, Paulina Soria fue hostigada por órdenes del alcalde Félix Galarza, para que deje el cargo al suplente. 

“El alcalde ha mandado a esos dirigentes (con la orden de) ‘sáquenla a Paulina, no está haciendo nada, cárguenla al burro, solo está estorbando, no me deja trabajar’ fueron los comentarios”, afirma Soria.

Suplentes, detrás del acoso y violencia política

Para la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia en estos casos existe una intencionalidad de buscar la titularidad, para lo cual, el suplente “hace lo imposible para movilizar a la gente en contra de los titulares”. 

Según el Reporte anual de casos de acoso y violencia política (2019), elaborado por Acobol, de las 137 denuncias por acoso y violencia política registradas por Acobol, el 82% (60) señala a las organizaciones sociales como aquellas que cometen acoso y violencia política. 

Sin embargo, el informe advierte que “no existe” un perfil de las personas denunciadas, ya que los agresores pueden ser desde organizaciones sociales, funcionarios públicos, autoridades indígenas originarios, alcaldes hasta miembros del concejo municipal.

Una de las principales causas de hechos de acoso y violencia política que se da en el país, según registros de la Acobol, es por la denominada “acuerdos de gestión compartida”, una figura ilegal en el país, pero que es un mecanismo de presión para que las autoridades electas dejen el cargo. Dichos pactos se dan entre autoridades titulares y suplentes. Solo en 2023, de las 151 denuncias de acoso y violencia política, 52 fueron por “gestión compartida”.

Ese fue el caso de Teresa Cari, una concejala del municipio de Irupana, quien fue hostigada por su suplente en reuniones cuando la acusó de haber pagado para ingresar al Concejo. “Me quería hacer firmar un acta, a la fuerza, para un año, para el último año”.  

Otro caso similar fue el de Juana Choque, concejala por el Movimiento al Socialismo (MAS), quien, en junio de 2015, firmó un acta de “gestión compartida” con el suplente Idilfonso Salinas, misma que debía entrar en vigencia en enero de 2018. Sin embargo, en octubre de 2017 comenzó la intimidación y presión del suplente, de las autoridades de su comunidad y su propia organización política, obligando a Choque a firmar su renuncia bajo amenazas de quitarle sus tierras. El informe de la Defensoría del Pueblo “Obligadas a renunciar” (2023) refiere que, si bien el Órgano Electoral afirma que la principal razón de renuncia de las mujeres autoridades electas no es el acoso y violencia política, sino por motivos “personales/familiares, el “trasfondo de dichos casos sería la presión que ejercen los suplentes para que las mujeres autoridades electas titulares renuncien”.

De acuerdo con Mayra Poveda, responsable del Centro de atención y monitoreo de acoso y violencia política de la Acobol, parte del trabajo de la organización es la socialización de normativas. “Lo que hacemos es informar a los suplentes en qué casos pueden asumir el cargo de titularidad”. 

Según la Ley 482, de Gobiernos Autónomos Municipales, los concejales suplentes asumirán la titularidad cuando los concejales titulares dejen sus funciones por ausencia temporal, impedimento, por fallo judicial ejecutoriado, o ante renuncia o impedimento definitivo.

En el Reglamento de faltas y sanciones del TSE para las elecciones 2020 y subnacionales 2021, se considera como «falta grave» que las organizaciones sociales obliguen a una persona candidata, especialmente si es mujer, a suscribir documentos comprometiendo su renuncia o cesión total o parcial de sus derechos políticos o de su mandato tras ser elegida o posesionada.

Por lo señalado anteriormente, los “acuerdos de gestión compartida” son ilegales, apunta la presidenta de la Acobol, además, aclara que las autoridades son elegidas por cinco años y no por dos años y medio. 

La Ley 482 establece que, mientras los concejales suplentes no ejerzan de forma permanente el cargo de concejales titulares, podrán desempeñar cargos en la administración pública. 

Seguimiento de las denuncias

La Ley 243, de mayo de 2012, Contra el Acoso y Violencia Política, establece hasta cinco años de cárcel a quien realice actos de presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer electa, designada o en ejercicio de su función política. Además, pone una pena de hasta ocho años de privación de libertad, a quienes realicen agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio político para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato. 

Desde la vigencia de la Ley 243, el TSE recibió más de 500 denuncias por acoso y violencia política, pero solo cuatro llegaron a tener sentencia. Se desconoce la cantidad de las que actualmente están en etapa de imputación en la fiscalía. Sin embargo, a partir de los datos de la Acobol, se conoce que de las 151 denuncias en 2023, 139 están en la vía administrativa, siete en la penal y cinco ante la instancia electoral.  

“Lo penoso es que de estas más de 500 denuncias que han llegado, por un lado, al TSE, por otro al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público, solamente, cuatro casos han llegado a tener sentencia y de 500 casos es, ni siquiera, el 1% del total”, refiere la vocal Dina Chuquimia.

En 2021 se registraron dos casos con sentencia, mientras que los otros dos tuvieron lugar en  2023. Uno de los casos ocurrió en el municipio de Riberalta, donde la concejala Soraya Destre fue víctima de acoso y violencia política, perpetrados por el exdirigente cívico Katriel Muller. 

“Le había agredido físicamente hasta fracturarle la muñeca, fue un caso al que le hicimos seguimiento, demoró al menos dos años (…) En agosto del año pasado, la juez dictó sentencia contra el acosador, pero era evidente porque le había fracturado la muñeca (…)”, recuerda Chuquimia. 

Chuquimia aclara que el TSE hace un acompañamiento a los casos de denuncia por actos y violencia política, pero la ley no permite ir más allá. “No podemos ser parte interesada, las víctimas (…) vienen de provincia, nos buscan y hacemos el seguimiento del caso”, asegura. 

En el caso de Riberalta –dice la vocal– la concejala Destre informaba sobre su caso, sobre las fechas de sus audiencias, y movilizaba a “medio mundo” para que la acompañen al juzgado y que por eso se logró la sentencia.

“Los Órganos del Estado no lo van a hacer de por sí, también tiene que haber el interés de las víctimas, que, normalmente, hay; no hay el interés, a veces, por las recargadas labores que ellas tienen, a veces, lo dejan un poco de lado”, explica Chuquimia.

Según Chuquimia, los casos de violencia política contra la asambleísta cruceña Muriel Cruz, golpeada por una turba de personas, le provocaron heridas graves (9 de junio de 2023), y a las concejalas de Sipe Sipe (12 de enero de 2024), encerradas por horas en el Concejo para que firmen su “licencia fija”, han hecho posible que se active la Comisión de Ética. 

Dicha comisión está compuesta por el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Acobol, para activar el “Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en situación de Acoso y Violencia Política”, como lo establece el decreto reglamentario de la Ley 243. 

A partir de las gestiones realizadas, a las dos concejalas del municipio de Sipe Sipe, Jhovana Beltrán y Aida Rodríguez, se les restituyeron sus cargos y cuentan con garantías para seguir en labor.

En el caso del TSE, los tribunales electorales departamentales hacen un trabajo de socialización de la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política, con las concejalas y asambleístas departamentales, destaca la vocal.

Lo curioso, dice Chuquimia, es que, en uno de estos encuentros, un hombre se puso de pie y dijo: “Bueno, haber, no sé, ¿a dónde estamos apuntando con esto? Porque nosotros, les hemos mandado a nuestras asambleístas a estas reuniones que ustedes convocan y ellas volvieron a empoderadas y, ahora, de todo nos quieren denunciar por acoso político”. 

Ese comentario es una clara señal de que a los hombres les molesta que la mujer se empodere, conozca de sus derechos, y cuando tenga la oportunidad de denunciar lo hará. 

Ajustes en la Ley 243

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, anticipó que, a finales de 2023, en el Ministerio de Justicia se inició la revisión de la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política, tomando en cuenta la “percepción” de ajustes que señalan las concejalas y las asambleístas.

“Son dos (ajustes), básicamente, una está relacionada a los acuerdos de gestión compartida, porque es un vacío en la 243 y la segunda que no es propia de la 243, sino, es la sensación de impunidad ante los hechos de acoso y violencia política”, adelantó Cruz.

La vocal Chuquimia también ve que es necesario un ajuste a la normativa, respecto al trabajo que realiza el Ministerio Público. 

“Sí, debería haber alguna modificación en la ley en lo que respecta al trabajo que realiza el Ministerio Público y el Órgano Judicial (…) al momento de emitir sentencia estas deben tener perspectiva de género, los jueces deben aplicar la ley con perspectiva de género”, observa.

Según el informe defensorial “Obligadas a renunciar”, la implementación de la Ley 243 “fracasó” respecto al aspecto sancionatorio, “pues no existe un mensaje preventivo/disuasivo por parte del Estado”, lo cual genera un mensaje equívoco de tolerancia y permisividad ante la violencia política.

Además, deja solas a las autoridades mujeres víctimas, que se tienen que dar modos para autodefenderse. Eso es lo que hizo la concejal Chávez, de Irupana, quien además sufrir un acoso político, fue víctima de una campaña de desinformación por redes sociales, que, con datos falsos y tergiversados, tenía el fin de desprestigiarla. Al no encontrar respuesta a su denuncia, ella optó por convocar a la persona implicada en el video a una conferencia de prensa para que declare que la del video no era ella. 

Chávez asegura que se vio fortalecida con los talleres sobre la ley 243, y la 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, y aprendió a defenderse. Sabe que, lo que resta de gestión será peor, ya que es un año político, por las “elecciones primarias”.