La abrogación del Decreto Supremo 5503 no marca el fin del modelo económico cuestionado, sino un cambio de escenario. Los contenidos más polémicos —inversiones en recursos naturales, seguridad jurídica a largo plazo y trámites acelerados— pasarán a discutirse como proyecto de ley, donde volverán a ponerse en disputa derechos indígenas, territorios y el papel del Estado. El decreto abrogado fue criticado por limitar la consulta previa, permitir contratos de hasta 15 años, restringir el acceso a la información y acelerar los procesos de aprobación a solo 30 días. El Gobierno boliviano reconoce errores, promete consulta previa del anteproyecto y asegura que este incluirá salvaguardas de derechos ambientales y de territorios indígenas.

Edición 167.  Martes, 3 de febrero de 2026

Cerca de las seis y media de la mañana del primer lunes de 2026, la empresa Petrobras cumplió con su objetivo: ingresar al pozo petrolero Domo Oso X3, ubicado a pocos kilómetros de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en el sur de Bolivia, departamento de Tarija. Lo logró porque fue acompañada por 40 policías que disuadieron a las cuatro personas que formaban un cordón humano en el punto de vigilia, en la entrada de la comunidad Quebrada de las Vacas, instalado hacía un mes y que se oponía al inicio de las tareas de exploración.

“Hace 10 años que estamos rechazando a Petrobras porque no queremos que ingrese la contaminación (…) Lo único que queremos es defender nuestras aguas. (Esa mañana), nos hemos parado al frente de la comitiva, pero no logramos parar a la empresa. Entre cuatro policías empujaron a la fuerza a personas de la tercera edad”, relata Barbarita Meza, comunaria del cantón Chiquiacá y vicepresidenta del Comité de Defensa de Tariquía, que estuvo aquel día.

Para que ingresaran las camionetas de Petrobras, un policía entregó una demanda penal iniciada por la empresa en contra de 16 defensores del comité y de un concejal municipal, la cual se suma a otra demanda presentada en 2024. Ambientalistas aseguran que estas acciones tienden a criminalizar la protesta e intimidar a los comunarios de esta reserva, considerada clave por proteger el último bosque tucumano de Bolivia, acuíferos que abastecen a las cuencas de los ríos Bermejo y Tarija, y hogar del jaguar y del oso jucumari.

Esta abrupta entrada sucedió en el contexto en que diferentes sectores del país protestaban por el Decreto Supremo 5503, del 17 de diciembre de 2025, que incluía una serie de medidas económicas, como la eliminación del subsidio de los combustibles, el incremento de bonos sociales y la reactivación de inversiones privadas. 

Los artículos relacionados con este último punto generaron alerta entre ambientalistas y organizaciones indígenas, que los consideraban atentatorios contra los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente. Por ello, activistas y defensores ambientales vieron la intervención policial en Tariquía, donde se tienen previstas tres actividades petroleras, uno ya activo, como una señal de cómo podrían ejecutarse los proyectos extractivistas, pese a las resistencias locales, si la norma continuaba vigente.

Recursos naturales, aprobación expedita y estabilidad jurídica

La aprobación del Decreto Supremo 5503 se dio en un momento en que Bolivia atraviesa una de sus crisis económicas más profundas del siglo XXI. Según el nuevo gobierno, presidido por Rodrigo Paz, su objetivo era enfrentar la crisis fiscal mediante la aplicación de medidas excepcionales. Entre ellas se encontraban la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina, el incremento de ciertos bonos sociales y la apertura a nuevas inversiones en sectores estratégicos, con énfasis en las actividades extractivas.

Por la amplitud de los temas abordados en sus 121 artículos, economistas explicaron que el decreto no solo respondía a la crisis económica, sino que introducía un cambio en el modelo económico del país, comparándolo con el Decreto Supremo 21060 de 1985, que dio inicio al modelo neoliberal en Bolivia.

Entre los artículos cuestionados estaban varios del capítulo Régimen Extraordinario de Promoción y Protección de Inversiones, que establecían como prioritarias las actividades de explotación de recursos naturales y otorgaban diversas ventajas a las inversiones con el objetivo de acelerar y garantizar su ejecución.

El decreto definía como inversiones estratégicas prioritarias a aquellas destinadas al desarrollo de los circuitos productivos de los recursos naturales estratégicos y a actividades económicas en el marco de la planificación del desarrollo económico. Entre ellas se incluían la minería y metalurgia formal; hidrocarburos y energía; generación eléctrica y energías renovables; agroindustria y alimentos; infraestructura logística y transporte, y manufactura con orientación exportadora.

En el artículo 12 se establecía un mecanismo de aprobación expedita —o fast track— de contratos de inversión sobre recursos naturales mediante decreto en un plazo de 30 días. Estos contratos tendrían carácter de ley y otorgarían estabilidad jurídica por 15 años a los inversionistas. 

Este procedimiento, que buscaba poner fin al denominado “Estado tranca”, generó controversia política y jurídica, ya que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que este tipo de contratos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa y contar con estudios y garantías para los territorios donde se ejecutan los proyectos.

“Aquello que se califica como ‘tranca’ no es más que el conjunto de obligaciones que vinculan al Estado con la protección de los derechos humanos, la soberanía sobre los recursos naturales y la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, afirmó Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), en su análisis del decreto. 

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) fue una de las organizaciones que alertó sobre los riesgos que el decreto implicaba para las áreas protegidas y los territorios indígenas. A su criterio, la norma “abre los territorios y los recursos naturales al mejor postor”, favoreciendo a inversionistas nacionales e internacionales mediante la flexibilización de normas impositivas, arancelarias y ambientales, además de incentivos económicos. 

“El artículo 12 es el corazón, el punto neurálgico desde donde salen todos los nervios sensibles para la vulneración de los territorios indígenas. Es como tenderle la alfombra roja al extractivismo; abrir las puertas de par en par para entrar sin control a los territorios y áreas protegidas”, explica Ruth Alipaz, representante de la Contiocap.

En la misma línea, organizaciones indígenas denunciaron que el decreto vulnera el derecho a la consulta previa, establecido en la CPE, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales ratificados por Bolivia, puesto que la norma no la mencionaba de manera explícita ni establecía mecanismos claros para su aplicación.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), liderada por Justo Molina, identificó al menos 10 artículos del Decreto 5503 que vulneran derechos de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a la consulta previa, libre e informada. Molina explicó que el plazo de 30 días fijado para la consulta desconoce los usos y costumbres indígenas, que requieren entre 60 y 90 días para que el proceso sea legítimo.

“Ese artículo pone en riesgo total nuestras tierras comunitarias de origen (TCO). El Gobierno quiere hacerlo en 30 días, y eso viola totalmente nuestros usos y costumbres”, afirmó.

Por este motivo, la Cidob presentó un recurso de inconstitucionalidad directa contra el Decreto Supremo 5503 ante el Tribunal de Garantías, además de sumarse a un amparo constitucional contra la norma. 

Por su parte, la Cidob orgánica, dirigida por Tomás Candia, cuestionó que el decreto haya sido aprobado sin ningún tipo de consulta previa a los pueblos indígenas, reproduciendo prácticas históricas del Estado. Esto ocurre pese a que muchos de los recursos naturales se encuentran en tierras bajas y dentro de territorios indígenas, y que, según el Convenio 169 de la OIT, deben consultarse las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

“El decreto no ha consultado a nadie. Todos se han enterado cuando lo sacó el mismo gobierno. Se hizo entre cuatro paredes”, afirmó Candia.

La mayoría de las reservas hidrocarburíferas identificadas hasta 2022 se concentran en zonas estratégicas de la Amazonía y del Chaco bolivianos, donde habitan pueblos indígenas. A este escenario se suman las explotaciones de oro en la Amazonía norte y la región chiquitana y, según análisis del Cejis basados en información pública de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) desde 2023, áreas con potencial de tierras raras y minerales tecnológicos en tierras bajas, que en muchos casos se superponen con territorios indígenas.

Asimismo, la colectiva ecofeminista Salvaginas prevé que con la normativa se podrían reactivar proyectos de infraestructura de energía y viales, por ejemplo, las hidroeléctricas en Chapete y El Bala, en la Amazonía, Rositas en El Chaco, o la carretera por medio del Tipnis y otras, que fueron frenadas en los anteriores gobiernos debido a la resistencia de las comunidades locales.

“Esto tiene altas repercusiones, no solamente por la posible reactivación de proyectos que fueron frenados por falta de liquidez u otros motivos —como las represas de Chepete y El Bala o Rositas—, sino también por la ampliación de la minería a cielo abierto, como en el caso del litio, o la legalización de la minería aurífera ilegal en la Amazonía boliviana”, resalta Kiyomi Nagumo, integrante de Salvaginas.

Además, Nagumo enfatiza que al otorgar una inamovilidad de 15 años y rango de ley a los contratos de inversión, estos no se adecuarían a normas posteriores destinadas a proteger derechos indígenas, ambientales o laborales, salvo aceptación expresa del inversionista.

Durante el tiempo en que el decreto estaba vigente, el Gobierno no habló mucho de estas observaciones, se limitó a decir que era una mala interpretación y que esta tiene una intencionalidad política. Sin embargo, a solicitud de una explicación de las asambleístas nacionales, negó que la vía rápida vulnerara la Constitución y sostuvo que se trataba solo de un mecanismo administrativo del Ejecutivo, algo que la diputada Cecilia Requena (Alianza Unidad) considera poco coherente.

“El ministro Espinoza decía que de ningún modo esto excluía lo establecido en la Constitución, con lo que quedaba la idea de que este era una especie de fast track, de vía rápida para el Ejecutivo, pero tampoco eso parece tener mucho sentido porque tampoco es que funcionan así las cosas exactamente”, explicó Requena, una de las autoridades legislativas que cuestionó la normativa.

Otro de los puntos sensibles fue la limitación del acceso a la información, pues el artículo 23 establecía que “la información proporcionada en el marco del presente Régimen tendrá carácter confidencial”. 

Daniela Arratia, abogada y activista ambiental que participó en la mesa de diálogo sobre el Decreto Supremo 5503, denunció que la norma vulneraba los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la Madre Tierra y principios ambientales fundamentales, además de contradecir lo establecido en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

“La consulta y participación de las comunidades debe respetar el Acuerdo de Escazú porque más extracción significa más pobreza y vulneración de derechos ambientales”, afirmó Arratia.

La abrogación: retroceso parcial del Ejecutivo

La aprobación del Decreto Supremo 5503 detonó una serie de protestas en distintas regiones del país, encabezadas por organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), que incluyeron marchas y bloqueos en carreteras principales.

El Gobierno instaló mesas de trabajo durante tres días para recoger observaciones. Aunque fueron presentadas como espacios técnicos y abiertos, su realización en La Paz limitó la participación de actores clave, como representantes indígenas y de territorios en resistencia. Para distintos sectores críticos, estas mesas funcionaron también como un mecanismo de contención del conflicto y reposicionamiento político del Ejecutivo, en un escenario en el que la COB era cuestionada por su cercanía con los anteriores gobiernos del MAS, que gobernaron el país por 20 años.

Pese a esas limitaciones, en la mesa dedicada a recursos naturales se acordó eliminar el mecanismo de fast track, al considerarse que vulneraba tanto los derechos de los pueblos indígenas como los derechos de la Madre Tierra reconocidos en la legislación vigente y en la Constitución Política del Estado.

Tras semanas de movilización social y críticas de diversos sectores, el Gobierno decidió finalmente abrogar el DS 5503 y sustituirlo por el Decreto 5516, que elimina los artículos más cuestionados. Desde el Ejecutivo, la medida fue presentada como una respuesta a las demandas sociales y una corrección normativa. Sin embargo, la nueva norma mantuvo otras disposiciones, como la eliminación de la subvención a los combustibles, la reprogramación de créditos al sistema financiero, el fortalecimiento de bonos sociales y el ordenamiento salarial.

No obstante, la abrogación no implicó un abandono del enfoque económico. El propio Gobierno anunció que impulsará nuevas normativas —tanto decretos como proyectos de ley para la Asamblea Legislativa— orientadas a atraer inversiones y reactivar la economía boliviana.

El proyecto de ley: el nuevo escenario de disputa

Pese a que no está permitida la explotación minera del oro en áreas protegidas, existe actividad aurífera en el Parque Nacional Madidi. Foto: La Brava

Pese a la abrogación, ambientalistas y organizaciones indígenas permanecen alertas, pues el anuncio de tratar los temas sensibles mediante decretos o proyectos de ley es interpretado como continuidad del modelo extractivo y priorización de inversiones sobre recursos naturales.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en entrevista escrita con La Brava y Latinorama, reconoce que el «problema de fondo» fue que el Decreto 5503 concentró en un solo instrumento normativo reformas estructurales del Estado, incluyendo disposiciones sobre inversiones, recursos naturales, financiamiento y administración pública, que necesitan ser consensuadas en la Asamblea Legislativa y que así se hará en estos próximos meses.

“El paso al ámbito legislativo no solo brinda mayor certidumbre jurídica a los inversionistas, sino que fortalece los contrapesos institucionales y permite incorporar estándares ambientales, sociales y de derechos colectivos de manera explícita y vinculante”, dice Lupo.

Asegura que “el nuevo marco legal incorporará tres principios no negociables”: respeto a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos —en especial la consulta previa y la protección de territorios indígenas—; estándares ambientales claros, con evaluaciones independientes y mecanismos de reparación; y transparencia y rendición de cuentas para evitar discrecionalidad en las inversiones.

Asimismo, afirma que el nuevo proyecto de ley será objeto de consulta previa, libre e informada, “en todos los casos en que existan afectaciones potenciales a pueblos indígenas y territorios ancestrales”. 

En ese sentido, la Asamblea Legislativa se perfila como el principal escenario de disputa, donde se confrontarán visiones sobre el papel del Estado, el modelo económico y las garantías para los pueblos indígenas y el medioambiente. 

“Puede haber también otro tipo de amarres para consolidar este paradigma de desarrollo económico”, explica Nagumo de las Salvaginas. 

Para las organizaciones sociales, el riesgo radica en que los contenidos cuestionados del Decreto 5503 reaparezcan en proyectos de ley, esta vez con mayor legitimidad institucional, pero con impactos similares sobre los territorios. Al mismo tiempo, el traslado al Legislativo abre expectativas de un debate más amplio, que incluya a los sectores indígenas y ambientalistas, y de la posibilidad de introducir salvaguardas que no fueron consideradas en el decreto.

Lupo asevera que los mecanismos cuestionados no se mantendrán en los términos originales y que el Gobierno “ha entendido las preocupaciones y el mensaje de la sociedad”. 

Adelantó que el nuevo proyecto sustituirá las aprobaciones aceleradas por plazos administrativos razonables; condicionará la estabilidad jurídica al cumplimiento de normas laborales, ambientales y sociales; limitará el silencio administrativo a trámites de bajo impacto; y restringirá la reserva de información a casos excepcionales de seguridad o estrategia comercial, “nunca para ocultar impactos sociales, ambientales o territoriales”.

Futuro económico

Tejedoras tacanas producen y vende tejidos y artesanías como una forma de desarrollo sostenible. Foto: Esther Mamani.

Uno de los cuestionamientos al decreto abrogado era que priorizaba actividades extractivas —minería, hidrocarburos y agronegocio— y no actividades más sostenibles de pueblos indígenas y campesinos, como agricultura familiar, agroecología o turismo. El futuro económico de Bolivia vuelve a centrarse en la discusión sobre extractivismo y postextractivismo. 

La diputada Requena explica: “Lo que vamos a necesitar son transiciones postextractivistas, un enfoque que no se limita a lo técnico o jurídico, sino que implica una visión clara del rumbo del país”.

Resalta que dentro del Gobierno hay tensiones de visiones de desarrollo. Dice que, aunque existen esfuerzos dentro del gobierno para avanzar en esta dirección —por ejemplo, en los viceministerios de Energía y Finanzas, que trabajan en transición energética—, persisten contradicciones. Resalta que la transición no es simple, después de varios siglos de extractivismo y 20 años de hiperextractivismo se requiere voluntad política para definir hacia dónde va el país, más en una situación de urgencia económica. 

Por su parte, el Gobierno reconoce el peso actual de los sectores extractivos en la economía, especialmente en un contexto de crisis fiscal. No obstante, el ministro Lupo destaca que el nuevo enfoque apunta a diversificar la matriz productiva, con énfasis en energías renovables, agroindustria sostenible, economías regionales, turismo y generación de empleo.

Así, aunque el Decreto 5503 fue abrogado, la discusión sobre el rumbo económico del país, el alcance del extractivismo y la vigencia de los derechos indígenas sigue abierta, trasladándose del decreto a la ley, y de las calles a la Asamblea.