En una sociedad que ha naturalizado el abandono de hombres a sus hijos, son las mujeres las que deben jalar la cuerda para que no se vulnere los derechos de las y los niños. La autora de este texto relata —en primera persona— todos los trámites que se deben hacer en el juzgado de familia para que los padres irresponsables cumplan con el pago de pensiones dirigido a la manutención de sus hijos.

Ilustración: Merlina Anunnaki.

Edición 30, 13 de julio de 2021

Subo en el ascensor  y oprimo el botón del tercer piso.  Al llegar a este, busco a mi abogado y mis testigos, pero no los encuentro. Las manos me sudan mientras les llamo por celular. “Se solicita a las partes”, se escucha al final del pasillo del juzgado de familia. Solo faltan cinco minutos para que comience la audiencia con el juez, quien tiene la labor de determinar la reducción o no del monto que mi hijo percibe por asistencia familiar.

Son las diez de la mañana de un jueves de enero del segundo año en que el virus del COVID-19 vive en la ciudad de Oruro y en el mundo. Todos los pasillos de los ocho juzgados de familia del Tribunal departamental de Justicia están llenos; varias mujeres con documentos suben y bajan las gradas. En la fila de la ventanilla del juzgado que lleva mi proceso hay mujeres que toman de la mano a sus hijos pequeños, otras cargan a sus bebés envueltos en aguayo y se mecen para calmar el llanto de algunos que lloran. Ellas tienen un solo fin: esperar ser atendidas.

Por suerte, mi madre se quedó con mi hijo de cuatro años y así él no está expuesto al coronavirus; pero no todas las mujeres que están acá tienen la fortuna de tener alguien de confianza para dejar a sus pequeños.

De pronto una mirada intimidante hace que gire hacia las gradas, se trata de una mujer que como usa barbijo no puedo reconocerla. Ya la reconocí es la madre de mi expareja. Ella vino en lugar de Miguel (nombre cambiado), el progenitor de mi hijo, quien no llegó a explicar sus motivos del porqué pidió al juzgado la rebaja del monto de asistencia familiar.

En cambio yo no puedo dejar de asistir a estas audiencias, al igual que el resto de mujeres —que demandan que los papás de sus hijos cumplan con su obligación paterna— debo hacer seguimiento de mi proceso.

A un minuto del inicio de la audiencia llega mi abogado e ingresamos al ambiente donde está el juez, sentado al frente de su escritorio. Nosotros nos sentamos en los sillones del lado derecho y al frente se acomoda el abogado de Miguel, quien le dio un poder legal para representarlo. Su madre está en la puerta pues no puede ingresar.

El juez, de aproximadamente 50 años, comienza la audiencia de la solicitud de rebaja de asistencia familiar y da paso a la parte que la solicitó.

—Por dificultades personales, él (mi cliente) no puede estar presente, —dice el abogado.

—Está bien. Comenzamos, —responde el juez.

—Vengo a solicitar la rebaja de incremento de asistencia. Por las condiciones que se encuentra mi cliente, no le alcanza para seguir pagando los 800 bolivianos mensuales, por el desempleo que existe desde la llegada de la pandemia. Solicitamos la rebaja a 400 bolivianos, como establece la ley.

Mientras argumenta su pedido, en mi mente hago cálculos de los montos para cubrir gastos básicos de mi hijo. El costo de la alimentación diaria —desayuno (frutas, huevos y pan), dos meriendas al día (cereales), almuerzo y cena— sobrepasa los 1.200 bolivianos al mes. A ello se suman el precio de la leche: Bs 160, yogurt: Bs 24, ropa (camisetas, chamarras, deportivos, calzado ortopédicos): Bs 500, vitaminas (recetadas por el pediatra): Bs 130, aproximadamente; consulta médica: Bs 250; medicamentos (cuando se enferma): Bs 100 o más. Lo que hace un total de 2.364 bolivianos. Y eso no incluye lo que se paga en juguetes, peluquería y antojos de mi hijo.

No imagino el gasto en vivienda de aquellas mujeres que deben cubrir una renta de una casa, que en la urbe orureña oscila entre 700 y 2.000 bolivianos. Actualmente mi hijo y yo vivimos en la casa de mis padres, quienes me ayudan con darme un techo y compartir los gastos de alimentación.

La audiencia continúa. Mi abogado se basa en los argumentos legales y pruebas de los gastos erogados en mi hijo, que llegan a Bs 2.364 por mes. Pide que se continúe con el monto acordado hace tres años, que no llega ni a la mitad del total.

El costo de vida de los hijos sube cuando ingresan a etapa escolar. Desde que mi hijo ingresó al pre Kínder cada mes pago una mensualidad de Bs 400, ese monto no está incluido dentro la asistencia y ni soñar con incluirlo, mucho más ahora que Miguel pidió la rebaja de los 800 bolivianos que debe cumplir.

La Ley 603 «Código de las Familias y del proceso familiar”, en su artículo 116, establece la fijación de asistencia familiar debe ser a partir de 20% del salario mínimo nacional, porcentaje que recibió muchas críticas, pues activistas y madres consideran que ese monto no es suficiente para cubrir los gastos de un niño. Debido que para este 2021 se determinó que el salario mínimo sea de 2.164 bolivianos, lo que tiene que pagar la parte que debe cumplir la cuota alimentaria (ya sea hombre o mujer) es de 432,80 bolivianos.

En las demandas de asistencia familiar, los jueces parten de la base de ese monto para determinar cuánto debe cubrir quien no se queda con la custodia del niño, pero también  toman en cuenta las necesidades de este y el ingreso de la madre y del padre, para que el monto fijado no sea inalcanzable. Además, los gastos del hijo deben cumplirse a mitades entre los progenitores, de acuerdo con la ley.

En mi caso, mi ex y yo firmamos, hace tres años, un acuerdo voluntario privado con una abogada y determinamos que el monto que él debe pagar sería de 800 bolivianos, de acuerdo a las necesidades de mi hijo que en ese entonces tenía siete meses. También se detalló en ese documento que los gastos extraordinarios deberían ser compartidos, como establece el Código de familias.

Lamentablemente hasta la fecha Miguel no cubrió ninguno de los gastos extras —como los relacionados a la salud del niño— porque además todos estos deben ser respaldados por facturas, las cuales son validadas por el Juzgado. Por lo tanto, todos esos los cubrí yo, incluso con préstamos.

Abogados de la materia explican que en el Código de familias debería detallarse las necesidades urgentes de los niños cuando se enferman o sucede un accidente, porque la necesidad en esos instantes es económica y muchas mujeres no saben cómo cubrir esos montos.

Pero desde la llegada del coronavirus, no solo los gastos extraordinarios son difíciles de cubrir sino también los ordinarios. Al igual que varias mujeres que perdieron sus fuentes de trabajo por la crisis de la pandemia — algunas sufrieron rebajas en sus sueldos—, yo también fui despedida de mi puesto laboral. Al inicio de la cuarentena cerró el canal de televisión en el que trabajaba como periodista.

De esa forma, como otras madres que recurrieron a las calles a trabajar en puestos informales —incluso con sus hijos a cuestas—, comencé a vender productos los días de feria para sustentar a mi pequeño.

La jueza del Juzgado Séptimo de Familia del Tribunal de Justicia de Oruro, Soraya Estrada, explicó —en una entrevista a La Brava— que los progenitores tienen mayores posibilidades de conseguir un trabajo estable y brindar mayor atención económica al hijo, porque la madre debe repartir su tiempo entre el trabajo y  el cuidado y atención del hijo.

Mientras pasan los minutos en la audiencia, el abogado de la otra parte presenta las facturas para demostrar los gastos que realiza su defendido como prueba de que no le alcanza cubrir la asistencia. El juez las revisa sin ninguna observación.

Mi defensa pide verificar las mismas. En la primera factura se detalla: 3 litros de fanta papaya, coca cola, sprite, cuatro unidades de chicha en lata, entre otros productos.

—Esto es una falta de respeto, —levanta la voz mi abogado, muy molesto.

Así califica las pruebas presentadas, pues considera que hay gastos innecesarios. Reclama que el padre no pueda comprar yogurt o leche a mi hijo, pero sí gaste en bebidas alcohólicas.

 —Con las pruebas presentadas de los interesados en la rebaja, que son una ofensa en esta sala, declaro improcedente la solicitud de rebaja de pensiones, —resuelve el juez.

—No estoy de acuerdo con la resolución, juez. En las próximas horas le haré llegar una interpelación, —refuta en voz alta el otro jurista.

Salgo de la sala y doy un suspiro profundo, me dirijo hacia mis testigos y camino más tranquila al conocer el veredicto del juez, después de que esta audiencia fue reprogramada en reiteradas ocasiones.

Es la segunda vez  que  el interesado, quien no visita a mi hijo desde sus siete meses, ni se apareció en la audiencia que pide rebaja de asistencia familiar.

Muchos hombres prefieren abstenerse de audiencias y seguimiento a sus responsabilidades porque ya se naturalizó la irresponsabilidad paterna, explica el responsable del Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Marco Antonio Gutiérrez.

El Tribunal Departamental de Justicia Oruro cuenta con ocho juzgados de familia en la capital orureña, cada uno de estos cubre como un número aproximado de 350 causas entre divorcios y asistencia familiar anualmente.

El juzgado séptimo de familia, hasta el mes de junio  del 2021 ingresó 185 nuevas causas, un aproximado de 90 demandas de asistencia familiar. De estos procesos ya varios están en ejecución de sentencia, otras en plena tramitación y programación de audiencias para dar oportunidad a las partes a llegar a algún acuerdo.

Al salir del edificio de Justicia me llama mi mamá al celular.

—¿Ya acabó la audiencia?

—Sí, mami.

—Cuidado te olvides pasar al banco a pagar la inscripción al pre kínder del  papito. Y te apresuras, él está llorando, —me cuelga y acelero mi paso.

                                                             ***

Del escritorio de mi habitación levanto el folder, que en letras mayúsculas con marcador rojo dice ASISTENCIA. Me siento en la cama y abro el archivador. Veo la última hoja que dice mandamiento de apremio, paso la siguiente hoja y encuentro el documento de liquidación de pensiones. Sigo revisando y son varias hojas de notificaciones que realicé en la última liquidación —medida en la que la justicia obliga a los padres deudores a pagar sus cuotas, con la privacidad de libertad en la cárcel—.

—Mamá me duele aquí, —me dice mi hijo, quien se acerca y señala su cuello.

—Deben ser otra vez tus amígdalas, —respondo, mientras le palpo y le pongo el termómetro—. Más bien no tienes fiebre, hijito.

Busco su jarabe para el resfrío y veo que la botella está vacía. Son las ocho de la noche de un lunes de junio y es la segunda vez en dos semanas que debo comprar este jarabe.

Salgo de casa y camino hacia el cajero, ingreso mi código y veo que no tengo plata en la cuenta que me llega de la asistencia familiar.

Durante esta semana ya compré dos medicamentos, porque mi pequeño tenía síntomas de resfrío, los pagué con mis ahorros que estaban destinados a la adquisición de su propia cama para mi hijo.

Ahora debo pagar Bs 68 para el jarabe, Bs 20 para el mentisán, Bs 5 para las pastillas de miel. Otra vez esta semana tendré que inventarme cerca de Bs 100.

Esto se da porque Miguel no paga las mensualidades hace más de un año y ello dificulta cubrir los gastos para mi hijo.

La última vez que me pagó fue por una liquidación de ocho meses acumulados, y ese monto tuve que hacer alcanzar por varios meses.

La asistencia familiar se puede depositar de dos modos: la primera es en el Depósito Judicial del Juzgado y la segunda en una cuenta bancaria privada. Según la jueza Estrada, en caso de que se incumpla el pago en la segunda opción, pero no exista una demanda de liquidación, la Justicia supone que se está cumpliendo con el derecho del niño.

En mi caso, el depósito es en una cuenta y debido a que inicios de año me contagié del virus del Covid-19 —el cual para curarse demanda fuertes gastos— no pude ir a presentar el memorial de incumplimiento, por ende Miguel no se ve obligado de pagar.

La caminata para la solicitud de liquidación es estresante y agobiante. A veces enferma caminar en papeleos. Hasta la fecha todos los montos que recibí, desde que nos separamos, fueron obligados   a través de la liquidación. Tres liquidaciones, tres ingresos momentáneos a la cárcel en tres años de manutención.

Según la Ley 603, la máxima sanción que existe para los padres deudores, o padres irresponsables como el colectivo feminista Mujeres Creando los llama, es ser privado de libertad durante máximo seis meses.

Recuerdo la última vez que mi ex fue detenido por la liquidación. Me debía un monto de ocho meses: 6.400 bolivianos. Fue casi al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, ese día era la primera audiencia de rebaja de pensiones que se había dilatado en reiteradas veces que por supuestas bajas médicas Miguel no asistía a las fechas programadas.

Pero aquella vez, él quiso sobre pasar por alto las leyes y necesidades de mi hijo, por ello se sorprendió con la liquidación.

 Subió las gradas con dos abogados, uno de ellos su tío. Mi defensa me consultó si iba a ejecutar la orden de aprehensión que tenía y le di el visto bueno.

Este le dio la orden judicial a un policía, quien le mostró el documento a Miguel y sus abogados. Al ver el documento él corrió hacia mí.

—Aquí está el dinero, —me dijo mientras sacó los billetes de su bolsillo— Te voy a pagar solo falta unos 200 bolivianos; por favor después voy a completar.

—Te esperé ocho meses para que deposites y no lo hiciste. No es un juego el bienestar de mi hijo —le respondí.

El policía lo sacó a la fuerza de juzgado, mientras mi defensa y yo esperábamos la audiencia. Ese día se quedó detenido por tres días.

Después ello y tras esperar cerca de una hora y media se llevó adelante la audiencia, la que el juez quería suspender por tercera vez porque no se encontraba Miguel.

En esta su abogado calificó como una violación de derechos la aprehensión de su cliente, quien se quedó por tres días. Yo, en medio de un llanto silencioso me decía que él es quien vulnera los derechos de mi hijo, por ello decidí iniciar la liquidación.

Desde que comienza la solicitud de este proceso se espera unos diez hábiles, según las normas;  pero por la carga procesal del juzgado se puede dilatar entre 15 y 20 días.

Aquel día de la audiencia, una mujer con el cabello despeinado y con un aspecto cansado preguntaba si el padre de sus hijos había depositado al juzgado; otra señora de pollera gritaba: “¿hasta cuándo voy a esperar?, hasta eso ya se va desaparecer mi exmarido”. Un señor le recomendaba a una joven madre, que debía ir a preguntar cada día por el pago para que apresuren la liquidación.

Según los datos del juzgado séptimo de familia, de los casos demandados por asistencia familiar alrededor del 60% cumple responsablemente con sus obligaciones de paternidad, sin llegar a extremos, —entre 10 y 15 personas diariamente realizan depósitos judiciales—. El otro porcentaje es obligado a cumplir con la una liquidación de pensiones, después de las órdenes de aprehensión.

El hacer cumplir con los derechos de las y los niños a través de este proceso representa gastos para las mamás, quienes debemos presentar memoriales, copias, notificaciones. A ello se suma el pago por la función que cumple el policía, que oscila entre 100 y 300 bolivianos, al momento de ejecutar la orden; los honorarios  del abogado 10% del monto que se recibe de la asistencia. Incluso, alguna vez para agilizar las notificaciones o liquidaciones tuve que pagar al juzgado “un monto extra”.

Si bien existe la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de Oruro, que lleva los procesos gratuitamente, esta tiene un apretado trabajo por la carga procesal. En 2020, esta entidad asistió 235 demandas de asistencia familiar.

“A veces no nos alcanza el tiempo pero nos damos modos para asistir a las audiencias y cumplir con la defensa de los derechos de los niños”, explica Gutiérrez.

Una mujer cuando conforma una familia monoparental generalmente renuncia a vestirse bien, a tener pasatiempos, incluso a estudiar y crecer profesionalmente, pues prefiere gastar lo que tiene para los gastos de sus hijos, a quienes además se debe dar el modo de cuidarlos mientras se trabaja.

“Las obligaciones debe cumplirse como madre y padre, por eso se trae niños al mundo, mientras exista las posibilidades cumple con las visitas, muestra ese cariño a tu hijo o hija, y no te olvides que los hijos reconocen la atención que les brindas desde niños”, reflexiona la jueza Estrada.

Pero no a todos los progenitores les interesa ello, por eso se van de la ciudad o del país en muchos casos incumpliendo con la paga mensual de sus hijos. Uno de esos es Miguel, quien a inicios de este año se fue de Oruro, sin dejar rastros, por lo que no se le puede ni siquiera notificar una nueva liquidación.

Después de haber comprado los medicamentos en la farmacia y antes de que se haga más tarde, camino deprisa a mi casa para atender a mi hijo. Con el incremento de casos de Covid-19, me preocupa que él pueda haberse contagiado. Inhalo fuerte y espero que solo sea un resfrío simple, SI el jarabe no le hace efecto tendré que llevarlo al médico, no sin antes buscar el dinero para pagar la consulta.