La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) afirma que hay un estancamiento de la frontera agrícola en el 3% anual; sin embargo, los datos del INE muestran que solo la soya crece a un ritmo del 6%. La ampliación de la frontera agrícola, junto a los incendios forestales y los asentamientos, implican un drástico cambio de uso de suelo y una continua presión sobre el territorio, lo cual genera impactos socioambientales significativos, como en el caso de San José de Chiquitos. La línea narrativa desinformante agroindustrial se divulga en notas de prensa, páginas web, redes sociales y medios de comunicación, según el rastreo y verificación de La Brava.
Edición 146. Martes, 29 octubre de 2024.
A lo largo del camino hacia San José de Chiquitos, municipio de Santa Cruz, se extienden vastos campos amarillos, donde antes prosperaba un exuberante bosque seco. Los indígenas que habitan estas tierras recuerdan cuando el bosque albergaba una rica biodiversidad y la tierra era generosa. Ahora, el paisaje está acompañado por el humo de los incendios que, desde agosto, han devastado parte de la Chiquitania.
“La deforestación en estos últimos años ha sido grave. Llega gente de otros lugares y no sabe cómo somos aquí en la Chiquitania, que tenemos la costumbre de no deforestar. También están los grandes empresarios que deforestan para sembrar soya en grandes cantidades”, dice Yaqueline Méndez, indígena chiquitana y secretaria de Educación, Salud y Género de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó.
Una revisión de imágenes satelitales revela el avance de la deforestación en San José y otras áreas del departamento de Santa Cruz. En la región de la Chiquitania, esto ha afectado tanto al bosque seco —uno de los más extensos y mejor conservados de Sudamérica— como a las comunidades que lo habitan.
Por este motivo, Bolivia ocupa el tercer lugar a nivel mundial como país con mayor pérdida de bosque primario, según el reporte de la Global Forest Watch (GFW), del World Resources Institute (WRI). Precisamente Santa Cruz es el departamento que más bosque ha perdido desde 2002.
Las causas de esta deforestación son varias: incendios forestales, nuevos asentamientos humanos, la expansión de infraestructura, y sobre todo la ampliación de tierras para la agricultura de exportación (como la soya) y la ganadería, según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO.
Sin embargo, los actores del agronegocio, aglutinados en la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), afirman que la tasa de ampliación de la frontera agrícola por soya de los últimos 10 años es de 3% anuales. Además, esta institución asegura que su objetivo no es ampliar esta frontera a costa de los bosques, sino que pueden “producir más en la misma superficie de hectáreas” y que la introducción de nuevos eventos transgénicos no implicarán un “crecimiento descontrolado”.
«El sector no es responsable de ningún proceso agresivo de deforestación en Santa Cruz, dado el modesto crecimiento anual del 3% en el área de siembra”, afirmó Jaime Hernández, gerente general de Anapo en la web oficial de la organización, en agosto de 2023.
Esta narrativa, impulsada por la Anapo, se reproduce en diferentes medios y plataformas, de acuerdo con el rastreo y revisión que realizó La Brava. Este equipo revisó la información que la Anapo difundió los últimos 15 meses, de mayo 2023 a agosto 2024, en notas de prensa, publicadas en su sitio web oficial y en sus cuentas de TikTok, Facebook e Instagram. Además se rastrearon sus declaraciones en medios comunicación: El Deber, La Razón, El País, Los Tiempos, Opinión, El Diario y El Mundo; agencias de noticias (Urgente.bo, Erbol, ABI y Economy). Asimismo, con el fin de comprender desde cuándo se impulsa esta narrativa, se revisaron memorias institucionales de 2010 a 2023.
Para verificar si el dato del 3% de crecimiento y otros relacionados a la ampliación de la frontera agrícola de soya en Santa Cruz se acercan a la realidad, este equipo periodístico revisó datos oficiales y estudios sobre la temática. Además, visitó San José de Chiquitos, uno de los municipios donde en la última década los cultivos de soya han proliferado.
La Anapo –que este año cumplió 50 años– representa, asesora y asiste a 14.000 productores. Entre sus tareas está defender los derechos e intereses de los productores de oleaginosas y trigo ante el Estado. Por ello, es uno de los principales interlocutores cuando el sector agroindustrial exige al Gobierno condiciones favorables para incrementar la producción, con el objetivo de garantizar la “soberanía alimentaria y la reactivación económica”.
Cifras Anapo vs datos oficiales
La soya es uno de los principales productos del agronegocio, como lo demuestran las vastas extensiones de cultivos en municipios como Cuatro Cañadas, Pailón, San Julián, El Puente, Guarayos y San José de Chiquitos, que forman parte del complejo agroindustrial.
De acuerdo con el INE, la frontera agrícola de este grano se expande a un ritmo histórico de 44 mil hectáreas por año y en la última década (2012/2013 – 2022/2023) el crecimiento promedio ha sido de 61 mil hectáreas anuales (6% anual).
Sin embargo, la Anapo afirma que el crecimiento de toda la frontera agrícola en el departamento ha sido de 33 mil hectáreas anuales (3% anual), en la última década. En la misma línea, de acuerdo con la revisión realizada por La Brava, la Anapo declara en medios, redes sociales y boletines que el crecimiento de la frontera agrícola en Santa Cruz se ralentizó y asegura que su prioridad es “aumentar la productividad” sin ampliar la frontera.
Los datos oficiales del INE muestran que el avance de la frontera es continuo: la última década el crecimiento promedio de cultivos por año fue de 61 mil hectáreas, contra las 33 mil hectáreas por año que declara la Anapo en el mismo lapso.
De hecho, en el caso de la frontera agrícola soyera los datos oficiales muestran que crece a un ritmo histórico de 44 mil hectáreas por año desde 1983, tomando en cuenta la sumatoria de superficie cultivada por año agrícola y cultivo en Santa Cruz; por lo que su crecimiento nunca se ralentizó.
De la misma manera, los actores del agronegocio cruceño muestran un subregistro de la superficie cultivada: “La superficie sembrada de soya en la campaña de verano 2022-2023 ha sido de 1.171.700 hectáreas”, en tanto que “en la campaña de invierno 2023, (la siembra de soya fue) de una superficie de 399.700 hectáreas”, fue la respuesta de Anapo a un cuestionario de La Brava, lo que representaría en total 1.571.400 millones de hectáreas.
Contrario a este reporte, el INE muestra que en ambas campañas de 2022-2023 el cultivo de soya llegó a 1.767.869 millones de hectáreas. La diferencia entre ambos reportes es de 196.469 hectáreas.
Entre los socios de Anapo, la siembra de soya se realiza de manera rotativa con otros cultivos, principalmente con maíz, sorgo, girasol y chía. La Anapo informó que en 2023 esos cultivos abarcaron una superficie total de 1.327.000 hectáreas, incluyendo la campaña de verano.
Según los datos del INE, sumando las campañas verano e invierno para la soya, junto a maíz y sorgo, la superficie cultivada llega a 2.483.638 hectáreas, lo que representa una diferencia de 1.156.638 hectáreas. No son cifras menores, ya que si se suman los otros dos productos con los que trabaja el conglomerado como chía y girasol la cifra llega a 2.676.197 hectáreas. Si se añade la superficie cultivada de todos los productos agrícolas del departamento registrados en 2022-2023 resulta que la agricultura cruceña actualmente utiliza 3.314.295 hectáreas, con un incremento relevante la última década.
Para Gonzalo Colque, investigador de la Fundación TIERRA, esta variación de datos entre lo que informa la Anapo y los datos oficiales se debe a que la institución reporta lo relacionado a sus asociados. Explica que el INE agrupa esa información y la de otros sectores, y que los datos oficiales son los de la institución estatal.
“Los datos del INE son los que tendrían que contar porque la Anapo y otros utilizan estos datos. El INE recoge datos que tiene Anapo, la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) y los procesa y generalmente saca un dato mayor al que maneja el sector agropecuario oficialmente”, afirma Colque.
Sin embargo, en el caso de la soya, Anapo reporta más del 90% de los productores de soya (y granos) están afiliados a anapo, y que el negocio de los granos está en Santa Cruz, de acuerdo con el estudio “Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia”.
«Claramente, la agenda de ANAPO tienen entre sus propósitos el apoyo decidido al desarrollo y expansión de la agroindustria para la exportación, representando a los agricultores de mediana y gran escala (22 por ciento de las unidades agrícolas) quienes controlan el 90 por ciento del área cultivada de soya (ANAPO, 2011)”, resalta el especialista Ben McKay, autor de dicho estudio.
De una comparación entre los datos del INE y los establecidos en la memoria de la Anapo de 2023 sobre los cultivos de soya en Santa Cruz, se obtuvo una coincidencia del 95,4 %.
Colque considera que la Anapo se respalda en esos datos bajos como una estrategia para justificar su falta de responsabilidad ambiental y no refleja una realidad precisa, pues el cultivo de soya ha experimentado una expansión significativa entre 2019 y 2023.
“No hay manera de negar que ese crecimiento es a costa de más tierras cultivadas. Aumento de rendimiento no ha habido, más bien ha bajado”, asegura.
En la misma línea el director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) Santa Cruz, Marcelo Arandia, afirma que a la Anapo no le conviene mostrar las cifras que demuestran que se amplió la frontera agrícola por soya, porque está relacionado con su bajo rendimiento. Asegura que la ampliación está relacionada con la deforestación para la soya y girasol.
Al respecto, los datos del estudio de Trase, publicados en 2023, muestran que la producción de soya en 2020 estuvo vinculada a 77.090 hectáreas (ha) de deforestación y conversión, aumentando a 105.600 ha en 2021.
“La intensidad de la deforestación vinculada a la expansión de la soya en Bolivia es mucho peor que en otros países de Sudamérica. En 2021, se talaron 31,8 hectáreas de vegetación nativa por cada mil toneladas de soya producidas en Bolivia; cinco veces más que Paraguay, siete veces más que Brasil y 30 veces más que Argentina”, asegura la investigación de Trase, que es una iniciativa de Instituto Ambiental de Estocolmo y Global Canopy.
Asimismo, el estudio reciente del CEDLA titulado “Causas, actores y dinámicas de la deforestación en Bolivia 2010-2022” establece que de las tierras deforestadas de los últimos 12 años, el 57% se destinaron a la ganadería, el 33% a la agricultura mecanizada y el 10% a la agricultura a pequeña escala. Esta investigación asegura que en los últimos dos años, hubo un notable aumento en la región de la Chiquitania, siendo San Ignacio de Velasco el municipio más afectado.
Expansión agrícola y PLUS
La Anapo asegura que su nivel de ampliación es mínima y que aún no llegaron al límite del Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Santa Cruz, pues afirma que el potencial de superficie apta para la agricultura en el departamento es de “al menos 3,8 millones de hectáreas”.
Pese a ello, en sus memorias institucionales, esta institución resalta su objetivo de gestionar la modificación del PLUS, como parte de su estrategia de seguridad jurídica sobre la tierra, lo que permitiría consolidar el cambio de uso de suelo para la agroindustria.
“Fuimos promotores de lograr acuerdos básicos de trabajo con el Gobierno departamental Autónomo de Santa Cruz, para realizar una modificación responsable y progresiva del PLUS, priorizando las áreas con producción agropecuaria, respetando áreas protegidas, parques y reservas, creadas por normas nacionales. Este trabajo es de suma importancia para el productor agropecuario, porque si bien realiza una actividad conforme la aptitud de la tierra, el PLUS le establece limitaciones que pueden interpretarse como prohibiciones y por ende dar lugar a una injusta reversión de su parcela”, afirmó la Anapo en su memoria de 2018.
El PLUS es un instrumento técnico normativo de ordenamiento territorial, que delimita y asigna un uso al suelo en los territorios de cada departamento. En muchos casos este documento ha sido modificado en los últimos años, por ejemplo, el de Beni se actualizó en 2019, con el fin de ampliar la frontera agrícola en ese departamento de la Amazonía boliviana.
Como se puede ver en las declaraciones de la Anapo a medios de comunicación, las cifras que la entidad plantea para el crecimiento del sector agrícola en Santa Cruz varían entre las 2,8; 2,9 y 3,8 millones de hectáreas.
Esta discrepancia en las cifras se debe a la falta de cruce de información oficial entre el gobierno departamental de Santa Cruz y el gobierno central. La ausencia de controles, autorizaciones y cruces de datos oficiales sobre la legalidad del cambio de uso de suelos facilita la generación de información imprecisa.
¿La agricultura en Santa Cruz ha sobrepasado o está dentro de los límites previstos en el PLUS para tierras de uso agropecuario? consultó La Brava al director departamental de Ordenamiento Territorial de la Gobernación de Santa Cruz, Ricardo Valverde.
“Para todo lo que es agropecuario exactamente no tenemos el dato. Y eso es difícil porque el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) tampoco está facilitando la información […] Todavía nos falta un buen (trabajo de) gabinete para ir certificando eso”, respondió el funcionario.
La descoordinación entre la gobernación y el INRA se replica con otras instancias, por ejemplo con la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que es la entidad que autoriza los desmontes. “Hemos pedido información al INRA y nos ha sido negada. Y la ABT recién el año pasado nos ha pasado su cobertura de derechos otorgados. Solo que el ABT cuando te da el desmonte, solo te dice desmonte”, argumentó Valverde.
Anapo y su estrategia de difusión
Tras la verificación que realizó La Brava sobre los datos que difunde la Anapo en sus medios institucionales y medios de comunicación se revisaron cuentas de redes sociales tanto de la institución como otras que hablan sobre la temática y que citan los datos de la Anapo. Esta revisión se hizo con el fin de conocer cómo se irradian estos datos.
En redes sociales, La Brava revisó 22 cuentas de TikTok, Facebook e Instagram que difunden información sobre agroindustria. La Anapo tiene cobertura en la red social TikTok a través de las cuentas: Canal Rural, Publi Agro, Eco Rural TV y también en cuentas de medios tradicionales como Red Uno y Opinión. Además, invita a periodistas y tiktokers a los eventos que organiza, como Día de Campo Agrícola, Día del Trigo, Día del Girasol, Expo Soya y otros en los que presentan su producción, insumos, la rotación de cultivos o la biotecnología.
En TikTok, se observó a otros creadores de contenido como Rick Portaciones (habla sobre la biotecnología en la soya) y Adrián Barbero Agro (quien impulsa el concepto de la frontera agrícola y relata su experiencia de trabajo junto a los menonitas). Ellos y otros no difunden contenidos de la Anapo, pero emiten mensajes en concordancia con los de la institución.
La Anapo también convoca a influencers para que cubran sus eventos. Es el caso de Alwa Bolivia (autodenominada “chola rapera”), el presentador de noticias Héctor Uriarte o el cómico Pablo Osorio. Este último produjo un video sobre la rotación de cultivos que sólo se difundió en la cuenta de Instagram de la Anapo. Se suman los comunicadores Gustavo Pozo (de Sabores Bolivianos), quien realizó dos videos para su programa sobre el sorgo y trigo, y Omar Estaimer Torrez Alba (del canal F10) quien elaboró dos publicaciones en Facebook sobre la Anapo.
La Anapo reconoce que las invitaciones a periodistas e influencers son parte de su estrategia comunicacional como refiere el boletín Anapo Noticias del 7 de septiembre de 2023: “La rotación de cultivos y la siembra directa que practican los productores soyeros de Santa Cruz (…) Gracias a ello, el mensaje de que los productores protegen el suelo tiene un alto potencial de llegada a públicos de occidente y a segmentos de jóvenes que muestran mayor preocupación por el medioambiente y la sostenibilidad”.
La Brava también revisó la cuenta del periodista Carlos Valverde, a través de su programa en Facebook Sin Compostura, que tiene 203 mil seguidores. El comunicador opina, debate con invitados del sector y lee noticias sobre la biotecnología, la frontera agrícola y la soya vinculando estos temas a la situación económica del país. En una su entrega del 28 de agosto de 2024 afirmó, citando a la Anapo, que la expansión de la frontera agrícola no es una opción.
“La intención no es la expansión de la frontera agrícola, no hay necesidad ni interés de ampliarla, ¿por qué? Porque todavía se le puede sacar rendimiento a la tierra que se está trabajando”, afirmó y remarcó que no tiene cercanía con la Anapo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) ni con otros empresarios. Sin embargo, los datos muestran que la frontera agrícola sí ha avanzado en los últimos años, incluso más de lo que reconoce la propia Anapo.
Tras el análisis de publicaciones, redes y medios, se puede evidenciar que, pese a lo técnico del tema, la Anapo difunde su posición con estrategias cada vez más renovadas, como presentaciones a influencers y periodistas que replican la información que brinda la Anapo. Pero ¿cuál es la situación cotidiana de los pueblos donde se amplía la frontera? En busca de esa respuesta, La Brava visitó uno de los municipios donde se evidencia el crecimiento de la frontera: San José de Chiquitos.
San José de Chiquitos ¿cómo avanza una frontera?
El aire de San José de Chiquitos está contaminado por el humo de los incendios forestales que comenzaron en agosto y en octubre no dan tregua. “Nos tenemos que adaptar, no queda otra”, comenta el mototaxista que lleva a este equipo periodístico al centro poblado donde, en 1561, se fundó Santa Cruz.
Esta tierra, que alberga al Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja, hoy padece incendios forestales que agravan la deforestación de la zona. Por ello, las autoridades indígenas y municipales están concentradas en atender la emergencia.
La Brava llegó a este lugar porque la Anapo afirmó, en una de una nota de Agrosinergia, que San José de Chiquitos, junto a San Ignacio de Velasco, presentó una apertura de frontera agrícola de al menos 120.000 hectáreas de soya, en un contexto en el que explicaba que no se había ampliado esta frontera de manera agresiva
San José de Chiquitos –junto a Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente y Guarayos– forma parte de la zona de la expansión soyera de Santa Cruz. Este factor, sumado a los incendios forestales, la deforestación y los nuevos asentamientos, ha reconfigurado el espacio territorial del municipio y el cambio de uso de suelo con los consiguientes impactos socioambientales.
Marbin Barbery, alcalde de San José de Chiquitos, explica a La Brava que, según el PLUS municipal, en el municipio hay áreas con vocación forestal, pero aun así se les cambia el uso de suelo sin ningún tipo de control.
“Tierras o territorios que son netamente maderables lo vuelven agrícola. Y esto deriva en este desastre que tenemos ahora. (…) Creemos que estos incendios son de nunca acabar, por la cantidad de hectáreas desmontadas y la cantidad de gente que ha venido o ha llegado a nuestro municipio buscando nuevas tierras”, asegura Barbery.
La ampliación de la frontera agrícola y los nuevos asentamientos significan un drástico cambio de uso de suelo y una continua presión sobre el territorio, lo cual genera impactos socioambientales significativos. Este es el caso de San José de Chiquitos, municipio que alberga una gran biodiversidad, entre ellas especies de la fauna como el jaguar, tatú, el pejichi y el oso bandera.
En San José de Chiquitos, la superficie destinada específicamente a tierras agrícolas pasó de 7.495 hectáreas en 1985 a 154.478 hectáreas en 2023, según MAPBIOMAS BOLIVIA de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). En correlación, las 1.665.529 hectáreas de formación boscosa registradas en 1985 han disminuido en al menos 410,339 hectáreas para el año 2023.
De tierra forestal a campo agropecuario
Según el PLUS de Santa Cruz, el municipio de San José de Chiquitos contempla ocho categorías de la vocación de las tierras: 27% son tierras de Uso Forestal, 14% áreas protegidas, 3% tierras de Uso Restringido, 3% tierras de Uso Agropecuario Intensivo. El resto corresponde a lagunas y tierras urbanas.
Según los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en su informe “Santa Cruz industrial y productiva” (2024), la producción agrícola en el municipio de San José de Chiquitos abarca 120.924 hectáreas. Sin embargo, el potencial de los suelos, de acuerdo con el PLUS, tiene una capacidad productiva de 76.666,11 hectáreas tanto para agricultura como para ganadería. Esta situación evidencia que actualmente se ha sobrepasado la tierra de uso agropecuario intensivo planteado por el PLUS.
Esto implica que, contrariamente a lo que afirma la Anapo sobre la posibilidad de seguir expandiéndose bajo el actual PLUS, en este municipio ya se ha excedido el límite permitido.
El estudio “Promesas vacías: Cargill, la soja, los bancos y la destrucción de la selva chiquitana de Bolivia”, publicado por Global Witness en 2023, revela que el gigante alimentario estadounidense Cargill vendió soya a distribuidores bolivianos que habían deforestado ilegalmente. El estudio se centra en la región de la Chiquitania boliviana, donde más de 20.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas desde 2017.
La mayoría de los distribuidores provenían de comunidades menonitas, conocidas por su participación en actividades de deforestación generalizada y poco regulada en el país.
Dentro de la frontera agrícola del municipio de San José de Chiquitos, según los datos del Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en 2023 la soya alcanzó 68.797 hectáreas.
A partir de los datos del SIIP, basados en el censo agropecuario de 2013, se reporta una producción de 21.159 hectáreas de soya en colonias menonitas y colonias menonitas convertidas en comunidades campesinas, como es el caso de Valle Verde, que optó por esta estrategia legal para lograr la titulación de tierras fiscales.
Los dueños de la tierra
Mientras hacen una pausa a sus tareas de atención de los incendios en las distintas comunidades, las y los dirigentes de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICT) hablan del fuego y la deforestación de su bosque.
“En general la Chiquitana ha sido deforestada. La deforestación viene de otra gente de afuera, lo mismo tenemos empresarios también que vienen. La deforestación es un gran problema para nuestras comunidades”, afirma el presidente de la CCICT, Carlos Alba.
Los dirigentes indígenas coinciden en identificar a los agroindustriales como foráneos. “Son los grandes empresarios los que siembran soya y deforestan por cantidad, porque los chiquitanos no tenemos la costumbre ni la plata para deforestar”, dice Yaqueline Méndez, secretaria de Educación, salud y género de la Central.
Méndez cuenta que en 2021 un empresario chino “desvió el agua que iba a la comunidad de San Juan, motores le puso para desviar el agua para su propiedad y dejar a la comunidad sin agua”. Tras inspecciones, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación pidió al empresario que restaure el curso del río San Lorenzo que atraviesa el territorio indígena.
“En un mapeo satelital, usted va a ver que todas las comunidades indígenas son el pulmón de estas propiedades. Porque ya alrededor todo está desmontado; ahorita la mayor parte es la siembra de soya”, complementa Juan Pablo Rojas, secretario de Tierra y Territorio de la central.
Los que llegan
Otra arista de la compleja dinámica es la ampliación de la frontera agrícola son los nuevos asentamientos denominados “interculturales”, indígenas llegados de tierras altas (altiplano y valles de Bolivia).
“A veces el gobierno, nos manda la gente de otros lugares que no sabe cómo somos la gente chiquitana (…) Por ejemplo, nosotros deforestamos, pero no mucho, digamos para sembrar para nuestra vida diaria, en cambio los que vienen de otros lados arrasan con el monte”, lamenta Méndez.
Según datos del Gobierno Municipal de San José de Chiquitos, si bien hay 24 comunidades indígenas y 66 comunidades campesinas reconocidas en el municipio, han identificado alrededor de 400 nuevos asentamientos campesinos.
Para el alcalde Barbery, estos nuevos asentamientos juegan un papel importante en la deforestación. Asegura que el territorio ha sido “loteado” y que debido a que la normativa permite desmontar 20 hectáreas por persona.
“Imagínese la cantidad de comunidades y multiplique por 30 personas de cada comunidad que hagan chaco. ¿Cuánto territorio se está autorizando para que sea desmontado? Obviamente, la primera intención que tiene el humano es limpiarlo para poder sembrar. Y en ese afán, hace que el fuego sea su principal herramienta”, asegura la autoridad.
De acuerdo con Barbery, muchas de estas comunidades cuentan con autorización del INRA, es decir que ha recibido dotación de tierras del Estado, y solicitaron ser reconocidas por la Alcaldía, pero no todas fueron habilitadas.
Respecto a las extensiones de estos nuevos asentamientos, el INRA designa entre 2.000 y 3.000 mil hectáreas por comunidad; aunque en algunos casos se han otorgado 5.000 ó 6.000 hectáreas por asentamiento.
Darío Sotelo, técnico de la Unidad Forestal Municipal de San José, explica que en estas circunstancias el PLUS cambia rápidamente, porque las nuevas comunidades se asientan en áreas no aptas para actividades agropecuarias y eso genera un descontrol de la ampliación de la frontera agrícola.
Lo que arde
En la plaza de San José de Chiquitos, la aguja del panel que indica el nivel de riesgo de incendios marca rojo, señalando alarma. Por ello, este municipio está en emergencia.
Los líderes indígenas expresan con nostalgia los tiempos en que el bosque era vibrante y la tierra era generosa. Rojas menciona que el clima ha cambiado drásticamente, lo que ha afectado las cosechas debido a la deforestación y al mal uso de los ríos y cuencas.
“Nuestra decisión y demanda como pueblo indígena es que respeten nuestro territorio: que ya no haya más asentamientos en nuestra región chiquitana, que paralicen el permiso de desmonte de los grandes agricultores”, finaliza y se prepara para continuar con la atención de los incendios.
Mientras el fuego continúa arrasando a la Chiquitania, los pobladores temen que la ampliación continúe, aunque estos datos no se reflejan en la información que brindan sectores del agronegocio, como la Anapo, y que se reproduce en medios tradicionales y digitales, además de redes sociales.
*Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
Recolección complementaria de datos: María Silvia Trigo y Sara Vásquez.
Reportería complementaria: Karen Gil.
Fotografía de portada: Luis E. Poggi.
Infografías: Giscel Montoya.
Videos: Marcelo Carrasco y Giscel Montoya.
