La falta de delimitación de los espacios, la escasa capacidad de las autoridades y el abandono de estas áreas protegidas en el municipio de La Paz facilitan a los avasalladores, loteadores y empresas inmobiliarias a realizar proyectos urbanísticos sin orden, en lugares que no son aptos para construir. Estos planes de edificación ponen en peligro la vida de las personas, la flora y fauna de los espacios.
Edición 180 / Jueves 10 de septiembre de 2026.
Los dientes de acero de una excavadora hidráulica arrancan porciones de suelo del área protegida de Bolognia, del municipio de La Paz, durante una mañana de agosto. Este trabajo avanza sin tregua, pese a que la zona no es apta para la construcción y cuenta con normativas para preservarla.
“Estamos siendo testigos en el momento exacto de la destrucción y la partición del área protegida en varios sectores, en varios fragmentos. Estamos atestiguando la desaparición de una importante área protegida”, dice el activista ambiental Konka Jáuregui a La Brava, mientras observa indignado la escena desde varios metros de distancia.
La máquina se desplaza encima de un farallón que se formó hace millones de años con barro, areniscas y grava, mientras tanto, su escape despide una columna de humo oscuro. A poca distancia del vehículo pesado, una pareja de hombres mira atento sus maniobras.
La excavadora ha dejado los rastros de movimientos de tierra que los activistas califican de “ilegales” y que presumen se trata de una obra de red vial que conectaría las colonias de Kupini, Alto Obraje, Perseverancia y Verde Olivo, en el sur de la ciudad de La Paz.
Por seguridad y debido a la distancia con la cuadrilla, La Brava no pudo conversar con los trabajadores. Además, una persona se acercó al activista para preguntarle por los motivos de su presencia, mientras otra informaba por teléfono sobre sus movimientos. Ante esta situación, se decidió abandonar el lugar.
El área protegida de Bolognia tiene una superficie de 237,1 hectáreas y es catalogado como un valle seco – puna, integrado por varios ríos y quebradas, entre ellos el afluente Kollpajahuira (río de sal). El área colinda con el barrio homónimo de la zona Sur y está rodeada por otros 13 barrios.
Delimitación del Bosque de Bolognia realizada por Geoestadístico La Paz 2022. El círculo indica el lugar donde se observaron rastros de obras.
Jáuregui –ingeniero agrónomo– explica que este es un bosque andino, compuesto por matorrales, arbustos y pajonales de hierbas nativas. Aunque también hay pinos, eucaliptos, acacias que no son propias del lugar. En este espacio perviven varias especies de aves, vizcachas, murciélagos, roedores, reptiles y anfibios.
Según la guía de Áreas Protegidas Municipales de La Paz, elaborado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en 2023, ofrece atractivos como miradores, senderos para el excursionismo, aviturismo, resguarda flora nativa y fauna silvestre, y además permite la investigación científica.
Dicho documento destaca que el área está amenazada por la intervención de los humanos, la erosión continua del suelo, movimientos de tierra no autorizados, incendios. Además, alerta que es “una zona inestable no apta para la construcción de edificaciones urbanas”.
No es la primera vez que Jáuregui –integrante de la comunidad Tayka, un colectivo multidisciplinario en relación con los ecosistemas–, denuncia la destrucción de esta área. En enero de 2024, junto a la Coordinadora en Defensa de la Madre Tierra (Codma) y la Iniciativa La Paz Biodiversa, presentaron a las autoridades un informe de avasallamiento y afectación del lugar, por lo que pidieron una acción correctiva.
Un mes antes de la queja, las organizaciones realizaron una inspección técnica en el lugar, en la que evidenciaron un movimiento de tierra en la prolongación del camino “ilegal”, colindante al río Kollpajahuira y que es usado por los extractores de arena para sacar el material.
La maquinaria pesada abrió un camino de 100 metros de largo y un terraceo de aproximadamente media hectárea y junto con otras obras menores, según el documento de inspección compartido a La Brava.
Tras recibir la denuncia, representantes de la Subalcaldía Sur e integrantes municipales de Gestión Ambiental y Energías Renovables realizaron una inspección sin resultados en el área para reafirmar la prohibición de movimientos de tierra en el sector, según una publicación en Facebook de la Secretaría Municipal Ciudad Verde.
Las imágenes satelitales revelan el avance de la mancha urbana dentro del área protegida de Bolognia entre 2022 y este año. El registro muestra la creación de terrazas en el sector derecho, la apertura de caminos en la parte central y un complejo de edificaciones a la izquierda.
El avance de construcciones presiona a Auquisamaña
La creciente urbanización no solo afecta a Bolognia, sino también a otras áreas protegidas de La Paz. Es el caso del bosquecillo y serranía de Auquisamaña, la cual es cercada por proyectos de construcción que se realizan muy cerca o dentro de los límites, según imágenes satelitales revisadas por La Brava.
El área protegida de Auquisamaña está ubicada en el macrodistrito Sur, abarca 101,71 hectáreas de valle seco y puna. Este vasto rincón natural funciona como un pulmón urbano y un punto de conexión clave con el medio ambiente, características que hacen honor a su nombre en aymara: “el lugar donde descansan los ancianos”.
Según la guía de plantas y animales del proyecto “Revitalización del Área Protegida Municipal Auquisamaña” en este espacio conviven 76 especies de vegetación –que incluyen vegetación nativas del valle paceño y especies introducidas como pinos y eucaliptos–. Además viven seis especies de anfibios y reptiles, y 12 de mamíferos, como la vizcacha, zorro andino, comadrejas.
“Por su singular belleza y existencia de recursos de flora y fauna, así como geomorfológicos (ciencia que estudia la forma de la superficie de la Tierra) y escénicos y paisajísticos debe ser preservado a fin de conservar las especies existentes en el mismo”, dice la Ordenanza Municipal No. 025/2002, que declaró al bosquecillo Área Protegida en marzo de 2002.
Pero, imágenes satelitales muestran que dentro del área delimitada hay puntos donde se ampliaron caminos, crearon lotificaciones, terrazas, casas y edificaciones cerca del bosquecillo.
Actualmente en las grietas de las paredes verticales y agujas de tierra de la serranía se ve basura escondida. Cerca a estas el suelo abundan cárcavas producto de la erosión que el agua y el viento han ido formando desde hace miles de años.
Aunque un rótulo de la municipalidad advierte que “estos farallones son muy susceptibles a desmoronarse”, los proyectos urbanísticos siguen su curso en los alrededores. Durante una tarde de agosto, un camión mixer distribuye hormigón para una obra en la base de los farallones de la serranía, en otro sector, a un costado de una cancha de fútbol de tierra, descansa una pila de ladrillos y grava a la espera de ser utilizado en el linde del área.
En las casas y lotes vacíos circundantes abundan avisos de terrenos en venta, otros que son propiedad privada o están en “juicio”. Además, se pueden observar lotes cercados con calamina, mallas metálicas y muros de cemento.
La bióloga y coordinadora del proyecto Molotov, Rhayza Cortés, dice que una de las principales preocupaciones de los vecinos Auquisamaña y personas que frecuentan el lugar son los avasallamientos de terrenos, las obras de construcción y el daño al ecosistema.
Durante 17 meses, Cortés coordinó el proyecto “Revitalización del Área Protegida Municipal Auquisamaña” para proteger el paisaje y conectar a las personas con el sitio, un programa apoyado por el Fondo Mundial para la Naturaleza en Bolivia (WWF Bolivia) y la embajada de Suecia en el país.
“Es realmente crítico lo que está pasando, la pérdida de espacios verdes que tenemos a raíz de las construcciones. En Auquisamaña las denuncias eran diarias, de en ingreso de maquinaria y de pedir ayuda al gobierno municipal de La Paz”, dijo a La Brava.
Dos exfuncionarios del municipio de La Paz de gestioens anteriores, quienes hablaron bajo condición de anonimato por razones de seguridad, explicaron que la fiscalización territorial de parte de las autoridades es “ineficaz”. Según explicaron, la institución enfrenta una limitada capacidad de ejecución debido a la falta de personal y a la ausencia de una delimitación de límites municipales.
Uno de ellos, además, aseguró que detrás de estas construcciones existe un gran negocio en el que “corre muchísimo dinero” y que beneficia a grupos inmobiliarios, algunos funcionarios municipales, funcionarios de Derechos Reales y, en última instancia, jueces. Según explicó, se trata de un entramado que los blinda y limita los controles.
Desde hace seis meses, Belén Romero frecuenta este sitio una o dos veces por mes por recreación o estudio. Con amigos o familiares hacen picnics, juegan, practican senderismo o recolectan datos de las especies que habitan.
La estudiante de ingeniería bioquímica de 22 años de edad lamenta el descuido en que se encuentran algunas partes del área. Romero es una apasionada de registrar, fotografiar y comparar los cantos de las aves.
“(El bosque está) muy cerca de lo que son las casas, de la urbanización, existe un ruido masivo ya sea de las fiestas, de los autos y esto llega a afectar también la forma de vida de las aves, porque las aves disminuyen su canto, entonces si disminuyen su canto, disminuyen su reproducción y al final se hace como una cadena de males”, expresa Romero.
El lugar está amenazado por el cambio de usos de suelo para el establecimiento de urbanizaciones mediante el terraceo de los cerros fuera del área, avasallamientos, apertura de caminos, movimientos de tierra ilegales, incendios y residuos de sólidos, indica la guía de Áreas Protegidas Municipales de La Paz.
Las imágenes satelitales permiten observar cómo la urbanización ha avanzado dentro del área protegida de Auquisamaña durante casi dos décadas. La comparación entre registros de distintos años muestra la transformación progresiva del territorio, con la aparición y expansión de construcciones en sectores que forman parte del área protegida.
En uno de los accesos a Auquisamaña, se encuentra pegado en una valla un descolorido comunicado de la municipalidad de La Paz que alerta que toda actividad, obra o proyecto a desarrollarse en el área debe contar con los permisos de las autoridades, de lo contrario habría sanciones.
La Brava solicitó información al GAMLP si hasta la fecha hubo sanciones por construcciones ilegales en la zona, pero no atendió el pedido.
Áreas Protegidas y los avasallamientos
El municipio de La Paz cuenta con 24 áreas protegidas y un espacio natural de conservación, Hampaturi. En total, posee 30.742.31 hectáreas con tres tipos de pisos ecológicos: punas, valles secos y altoandino.
Estos espacios ricos en biodiversidad se encuentran protegidos por la Constitución y por leyes secundarias, ya que tienen una relación estrecha con una red hidrográfica compuesta por 350 ríos, quebradas y riachuelos que dan forma a la topografía de la urbe donde habitan más de 755 mil personas.
Además, cumplen una función de contención a deslizamientos a través de la vegetación, purifican el aire, contribuyen en temas de salud mental de los usuarios, ya que los ciudadanos necesitan un espacio para conectar con la naturaleza, dicen los expertos.
“Como consecuencia del crecimiento de la mancha urbana y de la intensa actividad antrópica (humana), la cubierta vegetal actualmente se encuentra degradada en todo el valle de La Paz, solo algunos sectores conservan características de la vegetación nativa que se distribuye en pequeñas manchas donde dominan matorrales y comunidades herbáceas”, menciona la guía de Áreas Protegidas Municipales.
Pese a la importancia y servicios ecológicos de estas áreas, durante las tres visitas de La Brava a Bolognia y Auquisamaña no se encontró presencia de guardaparques, cuya tarea es custodiar los espacios. Asimismo, tampoco existe un registro público sobre la pérdida de estos espacios.
Entre otros datos, se consultó cuántas paralizaciones de movimiento de tierra, precintados y retiros de supuestos avasalladores realizó la municipalidad en los últimos años. También se preguntó quiénes son los responsables de estas acciones, cómo se ejecutan y cuáles son las repercusiones legales por afectar el medioambiente.
Además, La Brava solicitó directamente una entrevista con Lissette Revollo, secretaria municipal de Ciudad Verde, y la subalcaldesa del Macrodistrito Sur, Carola Fortún, pero tampoco recibió respuesta.
La bióloga Rhayza Cortés dice que no hay un control formal y rígido de la alcaldía sobre los territorios, tampoco hay una delimitación de las áreas protegidas. Desconoce si hay planes de manejo o actualizaciones públicas de los estados.
“No hay presencia en las áreas protegidas. Entonces, si no hay presencia es mucho más fácil que cualquiera entre y se apropie de un espacio o lo lotee, incluso se lleve la infraestructura”, asegura Cortes.
El descontrolado crecimiento urbano también provoca otras amenazas al construir en zonas de riesgo geológico y franjas de preservación ambiental, como ocurrió con los deslizamientos de Callapa, en 2011, y Kantutani, en 2019.
Un informe de 2024 destaca que la ocupación de zonas ilegales y de alto riesgo en La Paz tiene antecedentes en los procesos de urbanización posteriores a la Reforma Urbana de 1952 y se intensificó desde la década de 1970.
Los activistas ambientales que batallan en la actualidad contra los avasallamientos y loteadores destacan que existen diferentes factores que permiten las tomas de tierra, como la corrupción de las autoridades –alteración de documentos u obtención ilegal de folios reales– e intereses de las empresas inmobiliarias.
Entre tanto, la urbanización sigue ganando terreno sin tregua en zonas de riesgo y en espacios de conservación. Debido a la falta de control por parte de las autoridades, el deterioro de estos ecosistemas avanza aceleradamente, dejando a la biodiversidad local desprotegida ante una mancha urbana que no parece detenerse.
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